La Asamblea Nacional ni bien regresó de su vacancia entró en una nueva pugna. Esta vez por el caso de la abogada María Belén Bernal, cuyo femicidio fue tratado esta semana en dos sesiones del Pleno en esta semana. El momento más evidente de esa disputa sucedió el pasado martes cuando la Comisión de Justicia convocó para las 15:30 a ocho directores y al Comandante General de la Policía, a dos ministros, un viceministro, a dos secretarios, a la Fiscal General y el Defensor del Pueblo. Al mismo tiempo apareció otra convocatoria, esta vez de presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, a las mismas autoridades para el Pleno del pasado miércoles.

La tensión empezó el lunes por la noche cuando la Comisión, liderada por asambleístas de la ID, difundió que su convocatoria no se suspendería. Las autoridades habían confirmado su asistencia. En la mañana del martes, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, asistió a la sesión de la Comisión de Garantías y luego a la de Justicia. Allí los asambleístas miembros de la misma acordaron la conformación de un equipo técnico para el seguimiento de la investigación del caso en la Fiscalía. Y en la tarde, la Asamblea acordó crear una comisión especial ocasional con el mismo fin después de la intervencón de Otavalo. La moción la presentó Mireya Pazmiño, de Pachakutik, con el apoyo del correísmo.

Elizabeth Otavalo pidió justicia por el crimen de su hija ante el Pleno. Fue su tercer discurso en el Legislativo, pues antes estuvo en dos comisiones.

Johanna Moreira, miembro de la Comisión, cuestionó que en la Asamblea “se quiera usar la muerte de María Belén como un trofeo para fines partidistas”. Dijo que la Comisión de Justicia es a la que le corresponde tratar ese tema, aunque se mostró abierta a que la Comisión de Garantías. “Hoy estamos politizando más el tema, lo estamos haciendo totalmente partidista, por pelearse a donde va o a quien simplemente por intereses de figureteo personal de asambleístas”. Moreira dijo que la ID no iba a participar en la nueva comisión.

La confrontación se mantuvo durante la tarde del martes. La Comisión de Justicia finalmente canceló su sesión donde tenía previsto recibir a las autoridades porque la sesión del Pleno se extendió. Hasta la sala de la Comisión habían llegado seis representantes de la Policía y César Córdova, defensor del Pueblo.

Al día siguiente, el miércoles, el resto de autoridades asistieron al Pleno, donde no se permite preguntas a diferencia de las comisiones. Juan Zapata, nuevo ministro del Interior; Diego Ordóñez, secretario de Seguridad; el general Fausto Salinas, comandante de la Policía; Paola Flores, secretaria de DDHH; Diana Salazar, fiscal General, hablaron entre todos durante una hora y 25 minutos, donde cada uno presentó su propia línea de tiempo o justificaron sus acciones.

Autoridades con poca información

El ministro Zapata, el secretario Ordóñez y el general Salinas fueron los que menos hablaron ante el Pleno, este miércoles 28 de septiembre. Zapata se quejó del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop) para responder a las críticas de por qué los 12 policías vinculados al caso Bernal no estaban fuera de la institución. Los sumarios administrativos pueden llegar a tener una resolución a los 45 días en el mejor de los casos, dijo el ministro. El plazo que puede extenderse hasta los 90 días. Y aprovechó su intervención para pedir a los asambleístas reformas a esa norma.

El informe de Diego Ordóñez consistió en enumerar las llamadas que hizo a la madre de la víctima.

“En tres llamadas telefónicas le expresé nuestra empatía, a nombre del presidente Lasso y a nombre personal”. Con ese dato Ordóñez empezó su discurso para rendir cuentas sobre sus labores en este caso. Según el funcionario, en esas llamadas expresó a Elizabeth Otavalo el compromiso del gobierno de usar todos los recursos en la búsqueda de María Belén. Enseguida, reconoció que por pedido de la madre se unieron a las búsquedas tanto bomberos como un grupo especializado de las Fuerzas Armadas. No mencionó más acciones.

Ordóñez pasó rápidamente a cuestionar los comentarios en redes sociales. “En el fragor de las emociones y en el reducido espacio de 140 caracteres, es fácil perder de vista la verdad y alterar la palabra”, afirmó antes de referirse a la Policía como una institución que deber ser saneada y depurada y del esfuerzo de crear “instituciones para la vida”.

Mientras que Salinas dijo que hablaba en nombre de los 52.000 policías que existen en el país. Se refirió a Cáceres como un servidor que manchó el uniforme, que aplicó la violencia contra el más débil y como una persona que desprecia la vida. El general dijo que la Policía solicitó autorización a la Fiscalía para hacer vigilancia y seguimiento a Cáceres, uno de los temas criticados del caso, pues el policía logró huir. La Policía inició 13 sumarios, ocho contra policías técnico operativos, y cinco contra el alto mando por faltas muy graves, informó Salinas. Entre ellos está Cáceres a quien se le suspendió el pago del sueldo.

El general Fausto Salinas hizo una cronología muy breve de los hechos.

Paola Flores, secretaria de DDHH, dijo ante el Pleno dijo que el 14 septiembre se enteró sobre el caso de la abogada. Ese día le llegó un oficio del subsecretario de Seguridad del Ministerio del Interior y tuvo alertas de medios de comunicación. A las 19:00, dijo que llamó a la madre por WhatsApp para ofrecerle acompañamiento y apoyo psicológico. Y se solidarizaron. La acompañaron en sus gestiones en la Fiscalía y después en las búsquedas. La funcionaria mencionó que entregaron ropa adecuada para esas salidas. También se presentaron en el colegio del hijo de la abogada. Tras su intervención, hubo reclamos en el pleno y Saquicela recordó que las preguntas se harán en la Comisión. “Por favor, tengan la bondad de mantener la compostura señores asambleístas”.

Hubo reclamos después del discurso de Paola Flores.

Salazar justifica por qué no levantó cargos contra Cáceres

La fiscal Diana Salazar se presentó ante el Pleno de la Asamblea con grandes números. Mencionó que la Fiscalía ha realizado 63 impulsos y 96 diligencias investigativas en el caso de Bernal. Entre ellas, reportes telefónicos, allanamientos, verificación de cámaras en la Escuela de Policía y sus alrededores, cotejamientos de voz y de perfiles genéticos, entre otros. Además, la Fiscalía ha tomado 41 versiones a personas que podrían conocer sobre los hechos.

La fiscal Diana Salazar reveló que a la 00:40 del 21 de septiembre se encontraron los primeros indicios que llevaron al cuerpo de María Belén.

Salazar presentó su propia cronología, al igual que las anteriores autoridades. En ese momento aprovechó para contar por qué el fiscal del caso no pidió la detención y formulación de cargos contra Cáceres después de que este rindió su versión.

Salazar afirmó que recién con la versión de la cadete Joselyn S. se detectaron “inconsistencias” en la versión del policía. Él estuvo en la Fiscalía de Pichincha desde las 12:00 hasta las 22:40 del martes 13 de septiembre. Mientras que la cadete se presentó a las 21:30 de ese mismo día y concluyó su versión a las 23:19, según Salazar. “Para ese momento, el denunciante, por ley, tuvo que abandonar las instalaciones de la Fiscalía”.

La autoridad confirmó que el fiscal del caso recibió un parte policial que solicitaba el seguimiento y vigilancia de Cáceres, a las 23:45. A las 00:16, la Fiscalía solicitó la autorización judicial para esas acciones. Un juez autorizó ese pedido a las 02:10 e inmigración, según la Fiscal General, se envió el documento al Jefe de la Dinased. Estas horas no calzan con las mencionadas por Ordóñez, en una rueda de prensa del 16 de septiembre. El funcionario sostuvo que esa autorización llegó a las 04:00, por lo tanto, la fuga de Cáceres se dio entre las 22:40 del martes y las 04:00 del miércoles.

Esto a su vez contradice a la defensa de la familia de Bernal. Galo Quiñónez, abogado de la familia de Bernal, dijo en una entrevista con PlanV que la Policía le confirmó que Cáceres estaba siendo vigilado y que el miércoles, después de la versión, el policía habría estado supuestamente por Solanda, en el sur de Quito.

La Fiscal informó que el 22 de septiembre se dispuso la entrega de copias certificadas del expediente para la apertura de una nueva investigación por un presunto delito por fraude procesal para determinar el resto de responsabilidades en el caso. “¿Quiénes ocultaron información?, ¿quién no brindó la misma en el momento en el momento oportuno?, ¿quién encubrió este hecho?”, se preguntó. Esta investigación inició al siguiente día, después de reformulación de cargos de Joselyn S., quien estaba procesada inicialmente por la desaparición involuntaria de Bernal. A partir de ese día enfrenta cargos por el femicidio de la abogada. En esa misma diligencia, Cáceres fue vinculado al proceso, 11 días después del crimen.

Salazar contó que tanto Cáceres como la cadete entregaron sus celulares con la clave de acceso. El 15 de septiembre se dispuso a la Dinased que remita de forma inmediata el análisis telefónico. Recién ese día, a las 18:23, el fiscal consideró como sospechoso a Cáceres y por eso solicitó su detención.

Manifestó que las acciones y decisiones han respondido “exclusivamente a la información que a ese momento obraba en el expediente, en respeto de principios como el debido proceso y presunción de inocencia”.

Otra revelación que hizo fue respecto al hallazgo del cuerpo. Dijo que a las 00:40 del 21 de septiembre, el fiscal Giovanny García fue alertado por el teniente coronel Miguel Ángel Egas Tobar, jefe de la Unidad de Investigaciones de la Dinased, sobre el hallazgo de indicios cerca de una zona despoblada del cerro Casitagua.

Dada la intervención de policías en este caso, la Fiscalía dispuso que un grupo especializado de peritos civiles formen parte del proceso. La Fiscal confirmó que para el levantamiento del cuerpo de la abogada se trasladaron un antropólogo forense y dos médicos legistas civiles. Salazar descartó que en el domicilio de la hermana de Cáceres se haya encontrado la moto del policía. Hubo una llamada al 1800 Delito con esa denuncia que resultó ser falsa.

La fiscal Salazar informó también a la Asamblea Nacional que se ha solicitado una orden especial de inmovilización del inmueble en el que se habrían suscitado los hechos, para evitar su destrucción y preservar evidencias.

La fiscal cuestiona las noticias falsas

Salazar fue la que más habló ante el Pleno y al final de su discurso se refirió a la publicación de información reservada y de la desinformación que ha existido en este caso: “Fiscalía rechaza la circulación de información falsa e imprecisa sobre el presente caso y exhorta a la opinión pública a abordar los procesos judiciales siempre en el marco de la ley, y más cuando se trata de delitos contra la integridad y vida de las personas. Como institución, somos respetuosos y promovemos la libertad de expresión, que encuentra sus límites, por ejemplo, en la vulneración de los derechos de las víctimas o sus familias, de su intimidad y dignidad, no puede estar por encima de ley. No se puede permitir que circulen historias médicas, información que es reservada. La intervención de terceros en una investigación o proceso penal pueden entorpecer el trabajo de la justicia, generar falsas expectativas en la sociedad y actuar a favor de los responsables, al adelantar información, generar alertas que le puede dar ventaja. Es fundamental que este tipo de delitos reciban un tratamiento preciso y empático (sic)”.