Un diálogo con los dirigentes de la CONAICE y la FENOCIN

Si existe una organización social que ha medido con peculiar precisión el espesor del caparazón disciplinario de la revolución ciudadana ha sido el movimiento indígena.

Desde luego, se debe reconocer que el grueso de sus formaciones históricas apoyaron, al inicio, con desenfado, el proyecto correísta, e incluso llegaron a ser parte de sus movimientos autoritarios. Así pues, en octubre del 2007, la Conaie y varios otros grupos indígenas escupieron épicamente hacia el cielo, cuando cerraron simbólicamente el Congreso Nacional y apoyaron plenamente la anulación del Legislativo respaldando a la revolución ciudadana. Este hecho, en términos futbolísticos, bien podría haberse definido como un magnífico autogol, pero los dirigentes no parecieron notar el alcance de esta circunstancia en aquellos tiempos.

La aproximación de los indígenas al proyecto correísta se extendió lo suficiente como para apoyar varios eslogans, y significantes vacíos que el gobierno incluyó en la Constitución de Montecristi, haciendo pensar a la dirigencia que tenían relación con las demandas históricas de sus organizaciones. De este modo, mientras  las organizaciones indígenas se tomaron en serio elementos como: la plurinacionalidad, los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza, o el sumak kawsay, para el  gobierno estos significantes no representaban ningún elemento dentro de lo real, y fueron  empleados como consignas, cuyo significado es aún hoy, en el 2016, abiertamente incierto.

Más temprano que tarde las principales organizaciones indígenas se dieron cuenta de la abierta tensión entre el mundo semiótico, poblado de signos cuyo significado es cerrado, objetivo  y tangible; y el mundo simbólico donde las palabras siempre tienen significados, abiertos, ambiguos, oscuros o incluso vacíos. A partir de entonces una sólida tensión se vivió entre el movimiento indígena y la revolución ciudadana. En caso que el precavido lector necesite recordar algunas de las circunstancias donde varias de las   organizaciones vivieron ásperas experiencias frente el músculo tonificado de las instituciones correístas, me propongo a refrescar su memoria, con algunos momentos notables por su conflictividad:

En mayo del 2008, las organizaciones alrededor de la Conaie plantearon  algunas de sus  primeras muestras de inconformidad al haber sido excluidos de las conversaciones en torno a la ley minera. Las protestas sobre la  mencionada normativa les valieron, unos meses después (en enero del 2009), su primera insinuación de ser cuerpos golpistas, que buscaban aliarse con políticos opositores en contra del  régimen. Ese mismo año, para el movimiento indígena ya estaba claro que el gobierno no cedería un centímetro en su encendido afán por continuar proyectos petroleros y mineros en territorios tradicionalmente ocupados por sus comunidades. Una meticulosa cadena de desacuerdos se había inaugurado.

Para las elecciones de abril del 2009, organizaciones tradicionales como la Ecuarunari, aleccionadas por una experiencia negativa,  se negaron a apoyar a alguno de los candidatos, y fueron especialmente críticos con el representante de la revolución ciudadana. Ese mismo año, las manifestaciones en contra de varios puntos de la ley de recursos hídricos, particularmente los que comprometían el uso comunitario de los canales de riego, levantaron nuevas protestas.

Mientas Conaie se mantenía crítica, el gobierno trató de crear nexos con otras organizaciones para tener respaldo y legitimidad ante los ojos de la proto-opinión pública, que aún veía en los indígenas un actor de innegable poder simbólico.  De ese modo, Correa se reunió con representantes de la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales, Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador (Fenacle), Confederaciones Nacionales Campesinas Indígenas Eloy Alfaro (Confeunassc) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (Fenocin), otras organizaciones como el Seguro Social Campesino se sumaron al bloque de actores que respaldaban al régimen. 

En julio del 2010, durante la  Cumbre de los pueblos indígenas del ALBA, en Imbabura, las agrupaciones indígenas  organizaron  protestas pacíficas que se desarrollaron en aquella ciudad. En realidad, los indígenas no podían entender aquella amable paradoja según la cual se pretendía generar discursos de apoyo a los indígenas mientras se violentaba sus demandas más importantes.  La fiscal de Otavalo, influenciada por la presión del ejecutivo, acusó a buena parte de la dirigencia indígena de terrorismo

En Septiembre del 2010, un juez de Morona Santiago, admitió los cargos de sabotaje y terrorismo contra el dirigente indígena José Acacho, a quien se acusaba de incitar a la violencia durante protestas ocurridas en aquella provincia.

En el 2011, abrumada por la poco disimulada presión  del régimen, la Conaie denunció infiltrados del gobierno en el movimiento indígena, en este  contexto se plantearon investigaciones que dejaron resultados ambiguos.

En marzo del 2011, estalló una crisis en el Codenpe por falta de recursos, debido a la ruptura entre la Conaie y el gobierno. El mencionado Consejo sufrió un desfinanciamiento demoledor que dejó por el suelo a una organización que había apoyado de manera constante el crecimiento del movimiento indígena.

En ese año mismo año (2011), el gobierno propuso una consulta popular con varios temas, entre ellos algunos que comprometían a la libertad de expresión, y particularmente la posibilidad que el ejecutivo tenga influencia directa con el Consejo de la Judicatura, y por ende con la función judicial. Desde esta circunstancia se creó una nueva  "Coordinadora de movimientos sociales", la cual incluía algunas organizaciones indígenas distanciadas de la Conaie, y afines a la revolución ciudadana.

Durante el  2012, se plantearon protestas y movilizaciones  en torno a la ley de educación intercultural, que erosionaba la autonomía y la continuidad de la educación bilingüe administrada por los mismos indígenas.

Reunión del gobierno nacional con miles de indígenas en Chimborazo.

En diciembre del 2014, el  Estado ecuatoriano pidió el  desalojo de la sede de la Conaie. Que sin embargo aún no se ha concretado por la oposición de los movimientos sociales y la esfera pública.

En agosto del 2015, se planteó un levantamiento por varios temas conflictivos:  las enmiendas constitucionales, el decreto 016, el extractivismo, las leyes de tierras y agua. Los indígenas, y otros colectivos sociales, fueron reprimidos con peculiar violencia, varios fueron heridos, golpeados con desmedida energía, algunos sufrieron lesiones serias, hubo cientos de detenidos, y muchos quedaron a la espera de sentencias poco creíbles como sabotaje y terrorismo.

En el 2016, varios indígenas de la comunidad Saraguro, fueron sentenciados a cuatro años de prisión por paralización de servicios públicos (simplemente por cerrar carreteras), una sentencia desmedida, y atentatoria de sus derechos. Muchos otros están a la espera de sentencias similares.

¿Me entiende? Existen sobradas razones para que las organizaciones indígenas tradicionales se muestren poco dispuestas a confiar en el proyecto correista. Esto se puede comprobar analizando los discursos de instancias críticas como Ecuarunari, Conaie, o movimientos políticos como Pachakutik. ¿Pero que pasa con aquellos dirigentes indígenas que aún confían en la revolución ciudadana? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuáles son sus razones? ¿Qué lógicas, intereses, y objetivos están en juego en ese tipo de relación? Los líderes indígenas tradicionales, afirman que el apoyo que aún mantienen ciertos cuadros al actual gobierno se puede explicar desde las categorías de la captación, y el clientelismo, sin embargo en el presente artículo no abordaremos ninguno de los temas. No porque no valga la pena ahondar en ellos, sino porque se ha preferido escuchar la versión, de manera directa, de algunos dirigentes que aún manifiestan confianza al proyecto de la revolución ciudadana. Hemos optado por escuchar sus puntos de vista, y tratar de comprender sus razones de primera mano. Permitir que ellos narren su propia historia. 

En esta ocasión dialogamos con Franklin Columba dirigente encargado temas políticos de la Confederación Nacional de Organizaciones, Campesinas, Indígenas y Negras, Fenocin; y con Edison Aguavil, dirigente de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana, Conaice. Ambos personajes representan organizaciones que han despertado la polémica frente a los grupos indígenas tradicionales por haber respaldado de varias maneras las políticas del presidente Rafael Correa.

La constitución y sus símbolos. Empezamos hablando de lo que significó la Constitución de Montecristi, y como esta procesó las demandas de los indígenas. Para los interlocutores este documento es esencialmente positivo, porque incluyó varios elementos representativos que concuerdan con algunas demandas históricas de los indígenas, si bien no necesariamente discuten o cuestionan cual fue el desarrollo posterior de estas propuestas.  En palabras de Edison Aguavil: "justamente en base al proyecto organizativo y político que se mantiene, la Constitución significó la reivindicación de los derechos netamente. En tal virtud, el movimiento indígena como tal tuvo una participación bastante activa, en cuanto a la inserción de los principios como el Estado Plurinacional, Intercultural o el Buen Vivir, y algunas otras políticas reconocidas a en el art. 57, como son los Derechos Colectivos.  En base a estas peticiones se ha logrado avances constitucionales que no solo los podemos caracterizar como Conaice, sino como movimiento indígena….¨

Franklin Columba, plantea ideas similares, aunque va con más cautela: "bueno, en el punto específico, yo creo que en realidad no un 100%  si no un 80% de nuestras demandas han sido acogidas. Sobre todo aquellas de la Fenocin, la cual tenía que ver con el tema de la soberanía alimentaria, de la interculturalidad, derechos sobre el Buen Vivir, como también el tema por ejemplo del socialismo del Buen Vivir. En ese sentido yo creo que la Constitución actual acoge la demanda, y creo que talvez habrá pequeñas propuestas que talvez no fueron incluidas.  Pero en sí, yo creo que la constituyente ha sido un espacio fundamental.

Los puntos planteados por ambos dirigentes coinciden en la importancia de los elementos simbólicos contenidos en la Constitución sin detenerse a cuestionar si estos fueron reflejados en leyes secundarias y cumplidos cabalmente en la práctica.

El mito del estado plurinacional y la justicia indígena.  Es obvio que el significado de un Estado plurinacional es distinto para el gobierno que para las organizaciones indígenas tradicionales, que se decepcionaron por la manera cómo la revolución ciudadana ha venido abordándolo. Si es que lo ha hecho. Sin embargo, los representantes de Conaice, y Fenocin parecen tener una perspectiva mucho más positiva en torno a este debate.  Franklin Columba, plantea: "En ese punto, exclusivamente, podríamos decir con toda certeza  que ha habido interés en fortalecer el tema de la interculturalidad, pero también hemos visto una perdida en el camino. Porque se dio a entender como que simplemente, el incluir al indígena, al campesino, montubio, afro ecuatoriano, en los espacios de las instituciones públicas significaba avanzar el ámbito de la interculturalidad, pero más bien se debió construir el verdadero sistema de la interculturalidad rompiendo con el Estado patriarcal, con el Estado neoliberal, el Estado capitalista. Yo creo que deberíamos decir que ha habido un proceso de avance, un proceso, pero decir que en la actualidad hemos logrado visualizar en sí totalmente la interculturalidad, estaríamos mintiendo".

El tema de la justicia indígena es un elemento ligado a la noción de Estado plurinacional, por eso las organizaciones históricas siempre han reclamado que no se ha procesado adecuadamente un sistema que incluya normas de justicia comunitarias. Los dirigentes de organizaciones como la Fenocin, sin embargo, defienden la vinculación de todas las comunidades indígenas a la justicia tradicional del Estado.  Franklin Columba argumenta: "Creo que el país maneja normas adecuadas. En este país todos tenemos que asumir la responsabilidad del manejo de las normas. Yo creo que no hay que confundir la justicia indígena con la justicia ordinaria, son dos mundos distintos, pero también siempre tiene que haber un manejo de respeto. En ese sentido, el mundo ordinario tiene su propia norma, su propia instancia jurídica, hablemos del COIP (Código Orgánico Integral Penal), y dentro de la COIP ustedes pueden entender que no se puede atentar contras las propiedades tanto públicas y privadas, y además está prohibido en ese marco, incluso varias cosas de lo que hoy, se ha visto y se ha suscitado. Creo que más bien ahí nos hace falta hacer entender también, y creo que nos hace falta formar dentro de las organizaciones campesinas, indígenas, sobre qué mismo es lo que tenemos nosotros que asumir como responsabilidad dentro de la justicia indígena".

Finalmente Franklin Columba plantea su punto de vista desde una perspectiva tácita, sobre  el uso de la ley  por el gobierno para reprimir las protestas sociales, incluyendo aquellas que han terminado provocando el encarcelamiento de dirigentes indígenas y añade: "estamos viendo que las luchas son simplemente a palos y piedras. Yo creo que esos modelos quedaron para la historia…todos piensan como que el gobierno tiene la culpa".

¿Cómo debe ser la participación indígena en el contexto de la revolución ciudadana?

Franklin Columba: ¨Yo creo que las normas, las aperturas, las leyes, el tema de la participación ciudadana, la misma Constitución, su normativa son un avance, pero en la práctica, todavía estamos muy atrasados, necesitamos hacer de esta herramienta jurídica una realidad, en eso todavía estamos débiles. Los mismos compañeros que hacemos las organizaciones sociales debemos tomar la batuta y hacer que esto sea una realidad, porque esperanzados que desde el Estado nos quieran fortalecer estos sistemas, yo lo veo medio complicado. Más bien esta ley, (la de Participación), debería permitir que los movimientos sociales se empoderen más, y además permitan a su masa popular hacer una revolución popular en este país. Yo creo que ese un papel fundamental que deberíamos hacer, porque las normas existen, las leyes ya están, pero nos hace falta también que desde la ciudadanía o desde la colectividad nos empoderemos de estos temas.

Edison Aguavil: "bueno, es bastante notoria la participación de algunos perfiles de las nacionalidades y pueblos en algunos cargos. En cuanto a espacios públicos como tal, a veces no lo vemos con muy bueno ojos, toda vez que aún se mantiene, esa falta de criterio, esa autonomía.  Claro que está legalizado sí, pero a veces no corresponde al sentir de la mayoría, al sentir del cual estamos representados, y ahí  justamente caemos en ese tema de que no hay esa representatividad o no hay esa legitimidad de estos cargos, que mantienen algunos perfiles de nuestras organizaciones de nuestras nacionalidades. En síntesis, queremos decir que esos espacios tienen que ser de cogobernabilidad con las organizaciones, con los dirigentes, con las bases que conforman nuestras instituciones organizativas".

Ninguno de los entrevistados critica las leyes, es decir la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, o la Ley Orgánica del CPCCS. Ambos reconocen que la participación no ha llegado a manejarse de manera autónoma por las organizaciones, pero no critican al gobierno ni a las normativas por ello; más bien plantean que sean los mismos grupos sociales los que tomen la iniciativa. Esta argumentación no contempla, sin embargo, todas las dificultades que se les ha presentado a la sociedad civil para vivir una organización efectiva.

En este mismo contexto, el directivo de la Fenocin señala que las normativas de la revolución ciudadana han mejorado de manera significativa los enfoques de género. Columba: "en el tema de género, yo creo que ustedes lo pueden analizar, en ninguno de los viejos modelos de atrás, en este país, la mujer era valorizada como debe ser. Incluso no solamente la mujer, sino también otras formas de identificación en el aspecto de la humanidad, por ejemplo los compañeros, compañeras en el tema de los LGBT, no eran totalmente tomados en cuenta, eran marginados, criminalizados, satanizados, y así ha habido una política totalmente sucia, marginal, y además una política que no daba en cuenta a beneficio de una colectividad, sino a ciertos intereses. Creo que esa política de género ha tenido una avance significativo en este país, porque se ve hoy en la actualidad, ministras, asambleístas, mujeres en las instituciones públicas, incluso de los compas LGBT, también generando políticas, discutiendo políticas, yo creo que eso ha sido también fundamental". De este modo el dirigente propone que la participación debe salir del enfoque único de mirar lo que ha pasado con las organizaciones indígenas y busca hablar de los avances en temas de género, sin embargo no se comenta elementos centrales alrededor de los enfoques de género como el tema del aborto, o la violencia verbal dirigida hacia las mujeres por el primer mandatario.

Los Derechos en disputa. A ninguno de los dirigentes de las organizaciones entrevistadas parece generarles algún conflicto las constantes referencias a la erosión de derechos que han sido denunciados por otros líderes de organizaciones históricas. En efecto, para ambos el tema de los derechos es un área que ha sido manejada de manera apropiada por el actual gobierno. Así pues, Columba plantea: "yo creo que, en ese sentido, hasta el momento no he visto un acto de atentatorio, o que se haya atentado o que se haya vulnerado derechos fundamentales en este país. Yo creo que más bien hay un avance significativo, tenemos una defensoría de derechos humanos, defensorías públicas, tenemos varias instancias que nos tienen que defender. Yo creo que, hasta la actualidad, sobre todo en este gobierno, no he visto vulnerabilidad, no he visto atropellos hacia los derechos humanos, más bien se ha logrado tener garantías en el tema, en el aspecto sobre todo de la parte jurídica en este país. En ese sentido, hasta el momento desconozco que haya existido vulneraciones hacia los derechos humanos".

En lo que respecta a los derechos de la naturaleza Columba añade: "dentro del socialismo del Buen Vivir se estaba discutiendo también el tema de la defensa de los derechos de la  madre naturaleza, incluso en el mismo código procesal, por ejemplo, está incluida la defensa, la protección a los derechos de la madre naturaleza. Específicamente una ley sobre este tema no la tenemos, pero vemos que en algunos códigos, en algunas leyes ya se visualiza el defender, el proteger a la madre naturaleza, como en el mismo COIP. Otra vez el dirigente da su apreciación sobre la efectividad de las normativas pero no realiza una aproximación crítica a su cumplimiento, o a la manera en que la perspectiva estractivista del régimen  las interpreta.

La construcción de consensos y la relación con organizaciones críticas.  ¿Cómo se construyen los consensos en la revolución ciudadana? Es decir, cómo se consigue que colectivos y organizaciones sociales acuerden políticas públicas y modelos de administración política con el gobierno. El tema es complejo, especialmente si se toma en cuenta que el grueso de organizaciones indígenas históricas ha manifestado no haber recibido la atención del gobierno para procesar sus demandas. Ante esto, Columba empieza aclarando la trayectoria de su organización en relación con las demás: "ustedes saben, el pueblo sabe, que la Fenocin tiene mucha más historia que otra organización. Bueno, antes eso está la FEI (Federación Ecuatoriana de Indios).  La FEI tiene un poco más de historia, estamos hablando más o menos de 60 años de vida; la Fenocin tiene sus 48 años de vida; la Conaie tiene unos 17 años de existencia (en realidad fue fundada en 1986, y por tanto tiene 30 años). En ese sentido yo creo que más allá que mirar los procesos y el aspecto de cual se creó primero, yo creo que es una cuestión de mirar cuáles son las demandas que vamos a defender.  Lamentablemente, los dirigentes que están al frente de cada organización, a veces no tomamos en cuenta que en este país existimos diversidad de movimientos sociales, y además al movimiento indígena siempre lo quieren hacer aparecer como que es solamente la Conaie, como que es la única organización en este país. Yo creo que somos parte de organizaciones sociales, sabemos quiénes hacemos el movimiento indígena, y campesino, es decir la FEI, Feine, Fenocin, Conaie, y es importante que la relación se debería mantener desde la hermandad, más de humildad, porque yo creo que aquí estamos para luchar por el bien común, para luchar por el Buen Vivir".

Columba continúa su exposición de algunos elementos que alejan a la Fenocin de la Conaie, y hace énfasis en varias leyes que considera válidas: "en el tema de tierras, aguas, yo creo que ahí la Fenocin ha jugado un papel fundamental. Hemos visto muchas organizaciones, incluso a la misma Conaie, estar en contra de varias de las leyes, como la ley de agua, de tierras, por ejemplo. La Fenocin ha tenido otro proceso, ha tenido otro carácter, pero siempre visualizando cosas fundamentales, que vayan hacia el respeto a la comunidad y que vayan en el fortalecimiento de la comunidad. Nosotros como Fenocin hemos respaldado la ley de aguas, hemos respaldado la ley de tierras, y de alguna u otra manera tenemos que decir al pueblo ecuatoriano que no podíamos seguir continuando con leyes caducas, que no nos sirven para nada,  porque yo creo que hay que avanzar, es un papel fundamental que ha jugado la Confederación..".

Édison Aguavil plantea elementos parecidos respecto de la organización que él representa, la Conaice, y su interacción con grupos indígenas críticos: "nosotros, como somos base de la Conaie, seguimos en la misma lucha por la reivindicación de los derechos, el tema de lograr la calidad de vida de nuestras familias, de nuestras comunidades. Pero en este último tiempo ha habido algún tipo de distanciamiento, si bien no en el tema organizativo, sino más bien en el tema de no compartir algunos criterios. Vemos que la Conaie ahorita se encuentra sumida en un tema bastante político electoral, y justamente eso es lo que debemos evitar como organizaciones indígenas o sociales, vernos pintados de alguna manera de algún tipo de proselitismo político. Yo creo que aquí, más es cuestión de respeto de parte y parte, es como si en estos tiempos estuviéramos confrontados entre hermanos. El gobierno de una u otra manera ha llamado a diálogos, y si no han existido esas comprensiones en el diálogo se debería buscar otros mecanismos, pero no la confrontación de herirnos entre hermanos.

La ilusión simbólica y el desencanto semiótico. Como ya se dijo antes, este texto no gira en torno a las nociones de captación y clientelismo, aunque estos conceptos siempre sean mencionados por las organizaciones indígenas históricas para referirse a los grupos afines al régimen. En esta ocasión nos referiremos únicamente a los elementos que se pueden identificar en los diálogos con los dirigentes que amablemente aceptaron conversar con nosotros. En este contexto considero que la principal diferencia entre las organizaciones indígenas críticas al régimen y aquellas que de una u otra manera lo justifican es su recepción del discurso planteado por la revolución ciudadana.

Las organizaciones críticas, principalmente vinculadas a la Conaie esperaron una interpretación semiológica de las ofertas gubernamentales a sus demandas. Los indígenas críticos vieron en el discurso gubernamental signos, es decir  significantes que demandan un significado cerrado, concreto y tangible. Por eso no les bastó con ver palabras como buen vivir, estado plurinacional derechos colectivos, derechos de la naturaleza, derecho a la resistencia, "derecho humano al agua" (sic), o consulta previa en la Constitución y el discurso oficial, si no que demandaron que estos signos, es decir estos significantes, sean definidos. Al negarse el gobierno a darles una definición real y al distorsionar su alcance y significado  con normativas  que contradecían su lineamiento original, los indígenas críticos se levantaron.

El antagonismo de la Conaie y sus grupos afines no es necesariamente ideológico, basado en antagonismos políticos, o en intereses de sus dirigentes. Se trató de un fenómeno lingüístico, de un grupo que fue estafado por palabras, cuyo significado fue constantemente cambiado al antojo de los grupos que detentan el poder para crear, desde la fuerza remedos de juegos de lenguaje que se impusieron de manera violenta a la sociedad.

Las organizaciones afines al régimen, por otro lado, vieron las consignas correistas  como símbolos. Es decir, elementos de significación abierta, dispersa, ambigua y en el mejor de los casos polisémica. Al no necesitar significados específicos, su nivel de conflicto con respecto a las normas y políticas que el gobierno utilizó para procesar demandas indígenas fue significativamente bajo, o nulo en algunos casos. La plurinacionalidad, el buen buen vivir, o el derecho a la resistencia fueron percibidos como mitologías y por lo tanto trascendieron la necesidad de ser encapsuladas en elementos tangibles. Por eso sus dirigentes aún justifican las políticas gubernamentales con respecto a los indígenas, aún cuando varios de los miembros de organizaciones históricas están ahora mismo en la cárcel con sentencias significativamente desproporcionadas, por el mero hecho de protestar. Para los dirigentes afines al régimen, los símbolos manejados por la revolución ciudadana son todavía promesas de alguna cosa incierta, indefinida, desconocida, que podría ocurrir en el futuro. Como un sobre sellado con una carta sin leer por la que vale la pena soportar cualquier cosa, incluso la cárcel de sus propios hermanos.

Para leer más sobre el proyecto de observatorio indígena de perspectiva múltiple, donde se busca entender de que manera los indígenas observan las condiciones socio políticas actuales visitar:  http://observatorioindigena.com