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9 de Enero del 2024
Historias
Lectura: 19 minutos
9 de Enero del 2024
Fermín Vaca Santacruz
¿Qué implica el "conflicto interno armado" declarado por el Gobierno de Noboa?
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Daniel Noboa pasó de la retórica bélica a declarar un conflicto interno armado.  Fotos Policía Nacional, Extra y Captura de video de TC Televisión

 

El decreto 111 firmado por el presidente Daniel Noboa, como alcance al Estado de excepción que ya había declarado, abre una situación sin precedentes en el país. El Gobierno declaró terroristas, pero al mismo tiempo reconoció como beligerantes no estatales, a por lo menos 22 bandas criminales, algunas de las cuales tienen rencillas entre sí. Varios expertos reaccionaron sobre los alcances de la inédita medida.


El Gobierno de Daniel Noboa quemó las naves y dió paso a una declaratoria que ya se había insinuado durante la administración de su antecesor, Guillermo Lasso. Por medio de un decreto ejecutivo, el 111, hecho público la tarde de este 9 de enero de 2024, declaró al Ecuador en un estado de "conflicto interno armado" una situación que no se había visto por lo menos desde hace más de un siglo, cuando concluyeron las últimas monteras alfaristas en la provincia de Esmeraldas.

Aunque las guerras civiles y los conflictos armados en el Ecuador fueron comunes durante el siglo XIX, en que se convirtieron en una forma de hacer política, la situación decretada por Noboa es inédita, y responde a una concepción del Ejército, que asegura que la actual crisis de inseguridad, provocada por la emergencia de bandas armadas vinculadas al narcotráfico, es una suerte de "insurgencia criminal" contra la cual cabe aplicar algunas de la teorías del siglo pasado con relación a las viejas guerrillas marxistas.

En el decreto 111, se explican algunas de estas concepciones, que ganaron fuerza durante el gobierno de Lasso, quien sin embargo, prefirió no hacer una declaratoria formal de terroristas contra las pandillas y grupos criminales, que, en cambio, aparecen mencionadas con nombre y apellidos en el decreto de Noboa.

El decreto, en su exposición de motivos, explica la teoría según la cual la gran cantidad de bandas armadas que operan en el país, con cierto grado de coordinación con los cárteles mexicanos de la droga, han dejado de ser grupos criminales, para pasar a ser un amenaza contra la soberanía e integridad del Estado, lo que les convierte en un problema de seguridad nacional. Es decir, para el Gobierno, que a si vez cita informes de la Policía y las Fuerzas Armadas, la situación es equiparable a una guerra, en la que se debería aplicar el derecho internacional humanitario.

Este es el texto completo del decreto 111 anunciado por el Gobierno. Ver PDF

Según el decreto de Noboa, el inicio de la consolidación de este panorama de violencia puede ubicarse en 2014 y se extiende por lo menos hasta 2022. Para justificar la gravedad de la situación, se recurre a estadísticas sobre la incautación de armas, y, en lo doctrinario, se explica que los conflictos actuales muestran la participación de lo que llaman "beligerantes no estatales", entre los que enumeran a milicias, paramilitares, ejércitos de señores de la guerra, bandas criminales, mercenarios y grupos tribales. Además, se argumenta en el justificativo de esta declaratoria de guerra interna, el crimen organizado en el país es capaz de planificar, coordinar, ejecutar y atribuirse actos de violencia contra la población civil.

Aquello significa, dice el decreto, que a las pandillas armadas en el país les cabe el calificativo de terroristas, por lo que se les declara las dos cosas: por un lado, grupos terroristas, y, por otro, actores beligerantes no estatales, lo que también implica reconocerles como combatientes. 

El decreto, que cita la Convención de Ginebra de 1949, contiene un error, pues habla de una ratificación ocurrida en 1854, error que se repite en dos párrafos. A  continuación, apela a los requisitos para considerar la existencia de un conflicto armado, citando un pronunciamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En ese criterio, se establecen elementos como que el grupo que provoca el conflicto tenga motivos claramente diferenciables de la delincuencia común, como podrían ser aspiraciones de autodeterminación o autogobierno, o también aspiraciones identitarias, aunque no queda muy claro en qué parte de la cita aplica la situación actual del Ecuador.

El decreto de Noboa cita también el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal, que se refiere al terrorismo, y lo castiga con entre 22 y 26 años. 

Y tras los considerandos, el decreto acoge los informes del Ejército y la Policía con relación a la declaratoria como grupos terroristas (y al mismo tiempo, beligerantes no estatales) a pandillas armadas como los Águilas, los Águilas Kiler, los AK47, los Caballeros Oscuros, los Chone Killer, los Choneros, Los Corvicheros, el Cuartel de las Feas, los Cubanos, los Fatales, los Gánster, los Kater Piler, los Lagartos, los Latin Kings, los Lobos, los P27, los Tiburones, la Mafia 18, la Mafia Trébol, los Patrones, los R7 y los Tiguerones, grupos que en su mayoría tienen cuarteles generales en la Costa, pero extendienden sus tentáculos por todo el país.

Además, amparado en esta medida, el Gobierno dispone a las Fuerzas Armadas la realización de "operaciones militares" para combatir a las bandas, que deberán regirse al derecho internacional humanitario y "respetar los derechos humanos", lo que en la práctica llega la militarización a su máximo nivel: el de una guerra interna.

La imagen más clara de ello fue la presencia del contralmirante Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien desde el vestíbulo de Carondelet anunció que cada una de las bandas serán "objetivos militares", en una corta alocución en la que el presidente Noboa no apareció y en la que los ministros de Estado no dijeron ni una palabra.

Pero, ¿qué significa esta declaratoria y qué alcances tendrá en el futuro? Varios juristas reaccionaron a la decisión del Gobierno que acoge la teoría de la "insurgencia criminal" que venía larvando desde el gobierno anterior.

El Ejército y la Policía retomaron el control del canal estatal TC Televisión tras el ataque de una banda terrorista Foto: AFP

¿Maleantes o combatientes con más derechos?

Al declararlos como "beligerantes" y al apelar al derecho internacional humanitario, el Gobierno concede a los integrantes de las bandas de la mafia el estatus de combatientes, según la lectura del ex juez constitucional Ramiro Ávila.

"Esto es un error jurídico y político garrafal. Admisible estar en guerra como retórica política. Pero en derecho internacional es otro cantar. Están dando status de combatiente a criminales que no tienen un mando capaz de cumplir el derecho internacional humanitario (DIH)", explicó el también catedrático en su cuenta de X. 

"Yo no niego que existe una violencia inusual, que amerita la intervención y el apoyo a las FF.AA. Las causales "agresión" y "conflicto armado" se definen por el DIH y el Derecho Penal Internacional. Y lo que pasa en Ecuador no cabe en esas definiciones", insistió Ramiro Ávila.

Al paso le salió el constitucionalista Ismael Quintana: "Detonan puentes, explotan carros, atacan medios de comunicación, centros comerciales, extorsionan. Infunden terror, todo con armas y una estructura identificable, pero para un exjuez constitucional, imposible invocar la causal de conflicto armado interno. Dios mío", quien además sostuvo que la decisión del régimen implica "Reconocer a esas bandas ya no como grupos delincuenciales, sino como grupos beligerantes genera un efecto jurídico innegable: las Fuerzas Armadas tienen total habilitación constitucional para neutralizarlos con la colaboración de la Policia", dijo el jurista.

Sin embargo, para el también abogado Alejandro Ponce, hay aspectos que considerar con cuidado, pues la declaratoria de combatientes que les hace el Gobierno podría terminar beneficiando a los integrantes de pandillas criminales: "Hay que revisar con detenimiento el Protocolo Adicional II , hay muchos detalles que no se están considerando. El crimen organizado no se debe beneficiar del Derecho Internacional Humanitario", explicó. Ponce sostuvo también que "Es inadmisible que se les de estatus de combatientes a los miembros del crimen organizado. Esto lo ha hecho el presidente al declarar la existencia de un conflicto armado interno. Más adelante bajo las mismas normas se les deberá conceder amnistía", dijo el jurista. Ponce dijo también que "es un grave error declarar la existencia de un conflicto armado interno. Existen normas que protegen a los combatientes y otras aplicables a este tipo de conflicto. El crimen organizado nos se debe beneficiar de ello. Gran ignorancia sobre el alcance del derecho internacional humanitario".

La norma a la que hace alusión Ponce, y que sería aplicable a esta situación, es el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, firmado en 1977.

Este protocolo establece que se aplicará en hostilidades  "que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo". Entre otras cosas, el Protocolo establece en su artículo 6 que el hecho de que se haya declarado un conflicto armado interno no significa que no se cumplan las normas del debido proceso contra los presuntos criminales, y que las fuerzas combatientes deberán garantizar la vida y los derechos de quienes estén en combate. 

Sin embargo, y aunque se admite que las 22 bandas tienen algún tipo de jefatura, no ha quedado claro que todas operen de manera coordinada, ni que tenga una autoridad central que se pueda comprometer a cumplir con las normas de la guerra, pues es del dominio público que en algunos casos mantienen conflictos entre sí. 

En general, el protocolo establece que se prohíben "los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal, así como los castigos colectivos, la toma de rehenes,  los actos de terrorismo y los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor".

Ponce explicó que el principal beneficio que podrían obtener los grupos criminales al reconocerles como beligerantes y combatientes está en el artículo 6.5 que dice "a la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado", lo que podría beneficiar a personas que hasta antes de la declaratoria de este Gobierno eran solamente delincuentes comunes.

"El problema está en que se refiere a quienes se encuentren privadas de la libertad por motivos relacionados con el conflicto y en este caso se ha delitimitado el conflicto a la existencia de los delitos y las organizaciones criminales", advirtió a PLANV Alejandro Ponce. 

Ni la Asamblea ni la Corte Constitucional  revocarían el decreto, estiman analistas

Por su parte, el constitucionalista Salim Zaidán, en diálogo con PLANV, puso en evidencia que hay algunos problemas relacionados con esta declaratoria, como que el terrorismo no podría surgir de una declaración política, sino de una sentencia ejecutoriada por un juez. Zaidán explicó que tanto la Corte Constitucional cuanto la Asamblea Nacional pueden pronunciarse sobre la declaratoria, pero sostuvo que cree poco probable que sea revocada, dada la situación de violencia que vive el país. Zaidán explicó que dado que existe una tipificación del terrorismo en el paós, cabe esperar que se emita primero una sentencia por ese delito, de manera de poder determinar si realmente han ocurrido actos terroristas. Zaidán dijo también que la declaratoria de conflicto interno y la apelación al derecho internacional humanitario requiere el cumplimiento de una serie de requisitos, que deberían ser analizados antes de tal declaratoria.

Para el jurista, el aumento de la violencia y el control del territorio podrían ser elementos para esa decisión, que ya había sido anunciada por el Consejo de Seguridad Pública durante la administración anterior. "La identificación que se hace de estos grupos significaría que podrían ser tratados como enemigos, y se convertirían en blancos legítimos de las fuerzas del orden". Zaidán recordó que el gobierno de Álvaro Uribe en Colombia tomó medidas similares en ese país, pero destacó el nivel de organización de las bandas armadas. 

Pero como cualquier decreto, la Corte Constitucional podría decretar la inconstitucionalidad del decreto de Noboa, pues, en criterio de Zaidán, podrían haber elementos cuestionables en la interpretación del derecho internacional humanitario. Sin embargo, descartó que, dada la situación política actual es poco probable que esto ocurra. 

Para el jurista Mauricio Alarcón, aún es temprano para determinar qué debería ocurrir cuando se aplique la condición de beligerantes que el Gobierno les ha concedido. Pero el reconocimiento oficial de esta categoría faculta a las Fuerzas Armadas para operaciones militares contra éstos grupos, que deberán regirse al cumplimiento de los derechos humanos.

Alarcón dijo que se deben ejecutar las acciones dispuestas recordando la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de la mayoría. Según el jurista, las normas del derecho internacional humanitario son claras sobre la necesidad de reconocer a las organizaciones beligerantes, que es lo que acaba de hacer el decreto. 

¿Se legitima con esto el uso de la fuerza por parte de los criminales?

Desde el ámbito de las relaciones internacionales, los profesores de Derecho Internacional Humanitario de la UIDE, Santiago Carranco Paredes y Johanna Egas Velasco, realizaron su propio análisis. Destacaron que "La opinión pública ha utilizado el término de “guerra interna” para referirse a la situación actual en Ecuador. Sin embargo, ese término no existe bajo el Derecho Internacional Humanitario, que regula los conflictos armados internacionales y los no internacionales"

Agregaron que para considerar a los grupos beligerantes, se deben considerar "varios factores indicativos. Estos incluyen la presencia de una estructura de mando clara, la aplicación de normas disciplinarias, el control del grupo sobre el territorio, su capacidad para adquirir armas, reclutar y proporcionar entrenamiento militar, así como su eficacia en la coordinación y ejecución de operaciones militares, entre otras consideraciones relevantes". 

Para los académicos, hay dificultades a la hora de establecer si las pandillas armadas cumplen con los requisitos, en especial, si las bandas "cumplen con el elemento de organización, lo que  plantea interrogantes sobre la idoneidad de la clasificación de la situación como un conflicto armado no internacional. La necesidad de una organización estructurada es crucial para diferenciar entre conflictos armados y actos delictivos".

Para los expertos, "la declaración de un conflicto armado no internacional no es un acto unilateral, sino que debe basarse en la concurrencia de los elementos constitutivos mencionados anteriormente. La premura en la decisión y la falta de evidencia sustancial pueden afectar la legitimidad de la clasificación", advirtieron.

Otra dificultad que tendría la declaratoria del Gobierno tiene que ver con la consideración de combatientes de los delincuentes de la mafia: "La consideración de miembros de grupos delictivos como objetivos militares legítimos requiere la demostración de una función continua en el combate, un criterio que podría ser desafiante en el contexto actual. La carga probatoria en este sentido es substancial y debe abordarse de manera rigurosa", señalaron.

Además, esta declaratoria "puede tener el efecto no deseado de legitimar el uso de la fuerza por parte de grupos delictivos, contraviniendo el principio de igualdad entre beligerantes. Este aspecto plantea cuestionamientos sobre la coherencia y eficacia de la estrategia adoptada por el Gobierno ecuatoriano". 

Los expertos concluyen que "la realidad actual implica que tanto el gobierno ecuatoriano como los grupos armados se deben someter a las normas del Derecho Internacional Humanitario. En este contexto, la aplicación de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución es esencial para resolver la crisis con la menor afectación posible a los derechos humanos y minimizar las afectaciones a los civiles. No obstante, las operaciones militares tienen que ser rápidas, por lo que el peor escenario sería caer en un conflicto prolongado".

Pero aún quedan varias cosas sin definirse: ¿Al ser reconocidos como combatientes, dejan de ser simplemente criminales y se legitima su accionar violento? ¿Tienen las 22 pandillas armadas un mando central que les obligue a cumplir con la Convención de Ginebra y otras normas del derecho internacional humanitario? ¿Los motivos que invocan los criminales de las mafias son distintos de la delincuencia común, tal como reclama el ACNUR a la hora de reconocer un conflicto bélico? ¿Las decisiones que se tomen a futuro en la lista de terroristas, podrían por ejemplo incluir a grupos indígenas o activistas que se oponen a la explotación minera o petrolera?

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¿Qué implica el "conflicto interno armado" declarado por el Gobierno de Noboa?
 


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