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6 de Diciembre del 2021
Historias
Lectura: 32 minutos
6 de Diciembre del 2021
Mariana Neira

Periodista de investigación, dirigió la redacción de la revista Vistazo en Quito.

¿Qué pasó con el Ama llulla, Ama shua?
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El cantante y alcalde, Delfín Quishpe, ha enfrentado una serie de cuestionamientos y acusaciones de presunta corrupción como alcalde de Guamote. Foto: Facebook Gad de Guamote

 

Son la comunidad, la justicia y la prensa las que, arriesgándose a ataques, las que están destapando actos de corrupción de alcaldes, prefectos, asambleístas y subalternos, indígenas o mestizos.


Delfín Quishpe sigue saliendo en las páginas de los medios de comunicación más importantes de América y Europa pero, como él, varias autoridades ligadas a las organizaciones indígenas son juzgadas por actos de corrupción, pero pocos se atreven a decirlo por miedo a ser señalados como enemigos de los indígenas, racistas. O porque, simplemente, en Ecuador y el mundo poco se conoce sobre lo que sucede en las patrias chicas.

Delfín hasta el fin se hizo famoso porque en sus tiempos de artista, tras el ataque terrorista a las torres gemelas de Nueva York efusivamente cantó: ‘¡No puede ser! ¡Nooooo!’, melodía que se hizo popular dentro y fuera del país. Los chilenos también lo recuerdan por la canción Todo hombre es un minero, dedicado a los 33 mineros chilenos atrapados en el norte de su país.

Ahora su nombre está incluso en un periódico de Rusia por la condena a cinco años de prisión que le dio un juez de Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo, por ilegalidades en la compra de material sanitario para enfrentar al covid.

En nuestro país, esa acusación ha puesto en los celulares, computadoras y todos los medios de comunicación un problema de moral y ética de algunas autoridades indígenas que no ha sido discutido ni sancionado por ninguna organización indígena, ni siquiera con los baños de agua fría y ortigazos con los que su ‘justicia indígena’ acostumbra a castigar a los abigeos y ladrones de poca monta que roban en su territorio.

Son la comunidad, la justicia y la prensa mestiza las que, arriesgándose a ataques, las que están destapando actos de corrupción de alcaldes, prefectos, asambleístas y subalternos, indígenas o mestizos.

En los juicios publicados por los medios de comunicación se observa, principalmente en la provincia de Chimborazo y en la Asamblea Nacional: sobreprecios en las obras públicas; sobreprecios en las medicinas compradas para enfrentar al covid; negativa a pagar liquidaciones a los empleados; cobro de diezmos a sus subalternos (varios de ellos indígenas); glosas.

Sume: nepotismo múltiple y descarado. Y, como ya aprendieron a tapar lo llevado, a sus familiares y amigos los convirtieron en testaferros que, supuestamente, prestaron sus nombres para la compra de terrenos y más inmuebles. Así se convirtieron en los nuevos terratenientes equivalentes a los hacendados del pasado que odiaban u odian. Hoy, ellos son los ricos del presente.

Este fenómeno se viene observando, especialmente, desde el gobierno de Rafael Correa y aumenta los cuestionamientos al principio indígena: ‘Ama Quilla, Ama Llulla, Ama Shua’ (expresión quichua que significa: No ser ocioso, no mentir, no robar). Detalles sobre esta teoría se puede leer en varios libros y artículos de prensa como este titulado: Ama Quilla, Ama Llulla, Ama Shua, el legado indígena que busca armonía, publicado en El Telégrafo, el 6 de octubre 2018.

El destape del político multifacético

Chimborazo es una de las provincias con mayor población indígena  en Ecuador y  la mayor concentración de esta etnia está en los cantones Guamote y Colta, donde también se registra la población más desnutrida del país y de América Latina.

Mariano Curicama es un eterno funcionario público, principalmente en Guamote, desde 1988, o sea, desde antes del primer gran levantamiento indígena de 1990 que exigió atención del Estado a los pobres indígenas que siguen siendo pobres, pero hay excepciones.

Curicama es terrateniente, propietario de un vehículo 4x4 (de esos que consumen bastante gasolina), dueño de un movimiento político y asambleísta.


Mariano Curicama, ex prefecto de Chimborazo y ahora legislador. Foto: Asamblea Nacional

Las sospechas de su rápido enriquecimiento comenzaron durante el gobierno de Correa y se confirmó en el reportaje Vía pone en duda gestión del prefecto Curicama, publicado por el diario La Prensa de Riobamba, el 3 de diciembre 2013. Vamos a resumir algunas partes:

“2014. Declaración juramentada de bienes, presentada en la Notaría Séptima de Riobamba, el funcionario provincial acepta ser propietario de 4 terrenos en Chambo, sectores de Canaloma y Asagtus, tres en el cantón Guamote y una propiedad en Riobamba. También declara ser el propietario de un carro Toyota valorado en USD 45.000. El total declarado de su patrimonio –incluidos semovientes o vacas- es de USD 349.604, todo esto a la fecha de su última posesión como prefecto, en el año 2014”.

Y Curicama dijo: “Yo fui el primer indígena que tuvo carro en Guamote y carro del año, en 1982… yo tengo terrenos desde 1979, gracias a Dios fui beneficiario de la reforma agraria y me adjudicaron 25 hectáreas de la hacienda Totorillas y mi comunidad se llama Cochaloma Totorillas”.

Pero según denunciantes, sería mucho más lo que tendría. Habría comprado algunas propiedades del cantón Chambo, aplicando la fórmula del ‘testaferrismo’. El ex asambleísta Paco Fierro, del Partido Sociedad Patriótica dijo: un “caso concreto sería de la compra venta hecha a favor del asesor de Curicama en la prefectura, Segundo Alfonso Zárate, y de los hijos de Zárate, también enrolados en la Prefectura, Juan Bernardo Zárate y Jaime Patricio Zárate. También aparecen con propiedades dos tíos políticos del prefecto, Ángel Lema Gadvay y Segundo Lema Gadvay. En total, se habla de 52 hectáreas que se negociaron en 2013”.

“A Fierro le sorprende que por las tierras se pagó USD 100.000, de los que USD 92.000 provinieron de un crédito del Banco de Fomento, cuyo gerente firmó, siendo domingo, en la notaría para formalizar la hipoteca de las tierras. Pero las tierras valen más, sostiene el político: en el municipio de Chambo están  catastradas por USD 300.000, pero su valor comercial es de USD 600.000”.

Para llegar a sus propiedades, Curicama habría construido una carretera. (Fuente: Curicama, el terrateniente indígena. La Historia. 20 de mayo de 2018. Marlon Puertas).

Dudosa adquisición de obra pública

“Covipal es la constructora de Santiago Oviedo Moreano, y una de las principales contratistas del gobierno provincial de Chimborazo que lidera Mariano Curicama desde hace catorce años. Covipal también tiene contratos en el Ministerio de Obras Públicas, y en otras prefecturas y gobiernos locales como Riobamba y Guaranda.

Es una constructora que ha crecido en facturación con el tiempo. En 2004 pagó de impuesto a la renta USD 2340 y su mejor año lo tuvo en 2011, cuando pagó USD 1.267.000 de impuesto a la renta. Los últimos años, 2016, pagó USD 144.644 y el año pasado USD 118.825.

De esos ingresos, no se conoce cuánto corresponde a contratos adjudicados por la prefectura de Curicama. Ni siquiera su propietario Santiago Oviedo ha hecho la cuenta, según declaró para este reportaje. En una revisión hecha, sumamos contratos por más de USD 23 millones en el periodo 2009-2012 y en dos contratos de asfaltado inaugurados este 2018 suman ocho millones, financiados con créditos internacionales”.

“Lamentablemente, hay gente que no sabe soportar el progreso de los chimboracenses y lo único que hacen es enlodar el buen nombre de muchos profesionales capaces”, indicó. Eso sí, reconoció su buena amistad desde hace muchos años con el prefecto, quien es, además, su compadre. “Él tuvo la gentileza de ser padrino de un hijo mío en un bautizo”.

“Eso y algunos ideales políticos comparten el contratista Oviedo con el prefecto Curicama. Ahora ambos forman parte del nuevo movimiento político Minga, Movimiento Intercultural de Gente Activa, la misma palabra con la que se viene promoviendo la prefectura de Chimborazo en campañas de comunicación desde hace algún tiempo”.

Patricia Herrera, militante del movimiento Pachakútik, dice que la primera administración de Curicama en la prefectura no tuvo mayores sobresaltos. En la segunda, ella participó como viceprefecta, en 2009, y ganaron. De esta gestión conjunta, Herrera no guarda gratos recuerdos.

Lo primero que pasó, dice ella, fue cuando Curicama viajó a Corea y quedó encargada de la prefectura.

Fue entonces que le llevaron contratos de trabajo para sobrinos políticos del prefecto. “Mis principios no toleran el nepotismo’, relata Herrera, quien recuerda que al hacer las averiguaciones, descubrió que Curicama estaba divorciado, por lo que no se cumplía la figura del nepotismo. Y firmó los contratos.

usd 800 mil DÓLares era el presupuesto del sistema de riego "cebadas" que no se hizo porque los campesinos no asistieron a las marchas políticas organizdas por el prefecto.

Ahora, se da cuenta que no debió haberlo hecho. “Luego se supo que el divorcio fue nada más que una estrategia para poder contratar a la familia política”, relata la ex funcionaria de la prefectura.

La ex viceprefecta Herrera denuncia que “se dio un chantaje a las comunidades indígenas: te doy obras, pero a cambio de apoyo político. Apoyo que se traducía en acudir de forma obligatoria a los actos del gobierno local y del gobierno nacional. Así se llenaron coliseos y estadios, sobre todo cuando llegaba el ex presidente Rafael Correa, con quien había una estrecha alianza. ¿Qué pasaba si no había ese respaldo? Les quitaban los proyectos. Patricia Herrera recuerda el proyecto de sistema de riego para la parroquia Cebadas, que tenía un presupuesto de USD 800.000, se los quitaron como represalia porque la gente no cumplió con las marchas. Era una suerte de hacienda trasladada a una institución pública, en la cual existía un amo patrón”.

Hernán Novillo, quien fue dirigente de Pachakutik, opina que “algunos dirigentes siguen teniendo la figura de patrones en sus cabezas. Y ahora ellos quieren ser los patrones. Pero nunca lucharon para que ya no haya patrones”.

Mesías Usigña, presidente del Seguro Campesino, hace cálculos que “aproximadamente 750 millones de dólares se utilizaron en la última década en el gobierno provincial de Chimborazo. El resultado de beneficios para la provincia, según el criterio de Usigña, es pobre, porque se ha privilegiado el clientelismo político. “Se entregan cuyes, borregos, especies menores, pero así no se soluciona la pobreza. No me opongo a eso, pero no es suficiente. El sistema de riego Chambo-Guano, por ejemplo, que beneficiará a 6000 personas con 11.000 hectáreas, hay que tecnificarlo y no se ha hecho”. Después, si se reclama por estas omisiones, hay represalias, cuenta el dirigente. “Mi parroquia Quimiag, no ha recibido nada. ¿Por qué? Porque Usigña reclama y protesta”, añade.

La ex viceprefecta Patricia Herrera se suma al tema. “El porcentaje de contratos adjudicados a una sola empresa es elevado. El hijo de Curicama también es el dueño de una empresa de volquetas.
El ex diputado Guillermo Haro es directo en su acusación: “La administración de Curicama tiene corrupción por la serie de contratos que se han hecho, por las ventajas económicas que se han sacado.

Él tiene que responder por enriquecimiento ilícito, utilizando testaferros, empleados de él han adquirido propiedades en Chambo… Además, utilizando maquinaria del Consejo Provincial, hizo mejoras en el carretero que conduce a su casa”. (Fuente: El compadre contratista de Curicama. La Historia 23 de mayo 2018).


El presidente Lenín Moreno también pasó por el "podio" del prefecto del Chimborazo, a pesar de las denuncias.

Diez años demoró en pagar

Las publicaciones a las que hacemos referencia también denunciaron que “por las inobservancias del exprefecto de Chimborazo, Mariano Curicama, se debió transferir a 90 trabajadores del Consejo Provincial más de 450.000 dólares, luego que no se cumpliera con el contrato colectivo firmado. Tuvieron que pasar más de 10 años de lucha para poder concretar esta realidad”.

Este no es el único conflicto que ha tenido el exprefecto con los trabajadores de la institución que presidió, sino que un grupo de jubilados lo demandaron por no pagarles una diferencia de sus jubilaciones y también está el presunto cobro de diezmos… (Fuente: ‘Trabajadores cobran después 10 años de lucha’. La Prensa. 25 agosto 2020.)

El 13 de diciembre de 2019, el exprefecto de Chimborazo, Mariano Curicama, fue sentenciado a un año de prisión por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, luego de negarse a pagar una diferencia económica a un grupo de jubilados de la Prefectura de Chimborazo.
Pero el exprefecto presentó el recurso de apelación y se le suspendió el año de prisión que dictó el juez.

Prefecto y viceprefecta cobraban diezmos

El ex prefecto Mariano Curicama y la ex vice prefecta Tránsito Lluco, fueron enjuiciados por el delito de concusión porque, “de acuerdo a la documentación que reposa en la Prefectura de Chimborazo, se evidencia que a los servidores de la institución se les realizaba descuentos supuestamente como aportes para un partido político. En estos se puede observar que dice: “Gobierno Autónomo Descentralizado de Chimborazo, detalle de fondos de terceros, fondo común Pacha, descuentos del mes…”

Durante la administración de Curicama y Lluco, se habría realizado descuentos de dinero a 472 empleados y 143 trabajadores, superando el millón de dólares. Este dinero, de acuerdo a la denuncia, se iba a una cuenta particular, la misma que estaba a nombre de la exviceprefecta. Según las denuncias de los trabajadores, se les hacía firmar una hoja en la que indicaban que, supuestamente, autorizaban dicho descuento, pero nunca se les dio a conocer para qué, y así no hubo quejas, por el miedo a perder sus trabajos”. (Fuentes: ‘5 meses sin respuestas del Caso Curicama’. La Prensa. 2 septiembre 2020. ‘Juicio contra el asambleísta Curicama por el caso diezmos’. La Prensa. 8 junio 2021).

Por sus acciones, en septiembre 2020 un juez ordenó a Curicama que usara grillete, pero el gobierno no disponía de grilletes. Mientras continuaba el proceso jurídico, él hacía su campaña electoral y ganó un puesto en la Asamblea Nacional, en representación de Chimborazo, por el movimiento Minga que él fundó. Recién entonces, el 5 de mayo 2021, se le puso grillete.

El 7 de julio 2021, ya elegido asambleista, la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo le declaró culpable y lo sentenció a dos meses de prisión por el delito de concusión. Igual a Lluco y a la ex tesorera de la prefectura, Ana Castro. Los tres ya cumplieron esa sentencia y fin. (Fuente: Asambleísta Mariano Curicama fue sentenciado a dos meses de prisión por cobros de diezmos en Chimborazo. La Prensa. 7 julio 2021).

Hoja de vida de Mariano Curicana Guamán

Título profesional: 2008: Abogado por la Universidad Técnica Luis Vargas Torres  de Esmeralda.

Funciones:

Municipio de Guamote: Coordinador del Comité de Desarrollo Local del Cantón en varios períodos. Concejal (1988 – 1992). Alcalde por dos períodos (1992 – 1996 – 2000). Fue el primer alcalde indígena de Ecuador y América Latina, a poco de los levantamientos indígenas, dice su biografía en Wikipedia.

1995 fundador de Pachakutik, expulsado en 2012, junto a Miguel Lluco, acto que no fue oficializado.
Marzo 2002. Aparece como Subsecretario de Desarrollo Rural. Ministro encargado en varias oportunidades.

Proncicia de Chimborazo: Prefecto 5 de enero de 2005-14 de mayo de 2019.
Afiliado al Movimiento Alianza País, liderado por Rafael Correa. (Wikipedia sin fecha, pero este partido apareció en 2007).

2009 Presidente de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A.
2014-2019: Prefecto del GAD Municipal de Chimborazo.
2017. Creó su movimiento Minga.
2019-2020: Subsecretario de Agua Potable y Saneamiento Básico.
2021-Actualidad: Asambleísta por la provincia de Chimborazo.

Alcalde con tentación volcánica

Entre enero y febrero 2010 hubo una reactivación del volcán Tungurahua que arrojó ceniza sobre varias zonas del centro del país. Uno de los afectados fue el cantón Penipe de la provincia de Chimborazo que soportaba, además, una sequía. El gobierno de Rafael Correa declaró el ‘estado de excepción’. Penipe pidió recursos para la rehabilitación de las vías de evacuación, reconstrucción de aulas, equipamiento de los centros médicos, reactivación productiva y mejoramiento de los canales de riego, pero pasó un mes y la ayuda no llegó.

Esto preocupó a Fausto Chunata, alcalde de este cantón, que dudaba sobre el cumplimiento del estado de excepción. “Nos dan a entender que no cumplirán con nuestras solicitudes en su totalidad, sino en lo que a ellos creen”.

La miseria humana

La gente estaba desesperada por los cultivos perdidos por la falta de lluvias, la ceniza, sus animales muertos. Y buscaba como sobrevivir. Carlota Jaya contaba que sus cultivos de maíz se dañaron por la ceniza del volcán y optó por trabajar lavando ropa, ganaba USD 5 al día. “Con el dinero compro la comida y financio los estudios de mi hija”. (Fuente: Ecuador: La ayuda oficial no llega a Penipe. El Comercio. 15 Mar 2010).

Mientras, el dinero del Municipio lo desviaban a la cuenta privada de su máxima autoridad. La fiscal provincial de Chimborazo, Mayra Moreno, demostró –con pruebas periciales, documentales y testimoniales– que este ilícito lo habían cometido en el 2012, Fausto Chunata y Paulina A., ex tesorera. En el 2020, en plena pandemia del coronavirus, “la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo les declaró culpables del delito de peculado y los sentenció a ocho años de pena privativa de libertad”. Fausto Ch. fue alcalde del cantón Penipe desde el año 2009 al año 2013.

Según la investigación, los sentenciados transfirieron 634.269 dólares, cuyo desvío ilegal se develó gracias a informes técnico-jurídicos, certificados de las transferencias y auditorías de la Contraloría General del Estado. (Fuente: Ex Alcalde De Penipe Sentenciado A 8 Años De Prisión Por Peculado.  EldiariodeRiobamba.com 12 septiembre 2020).

El cantante con tentaciones de pandemia

El 24 de marzo 2019, Delfín Quishpe ganó la elección de alcalde de Guamote. Él “se postuló en representación del Movimiento Pachakutik (vinculado a la organización indígena Conaie) y en su campaña comprometió sus esfuerzos a la internacionalización de Guamote”.

“Estamos muy agradecidos con el pueblo de Guamote por el respaldo incondicional. La gente me apoyó primero como músico y ahora como dirigente”, dijo.


Delfín Quishpe fue nombrado alcalde luego de labrar una carrera como ícono de la música popular de la Sierra centro. Foto: Facebook Gad de Guamote

“Según Quishpe, su primera acción como alcalde del cantón será eliminar la contaminación visual que dejó la campaña electoral. Luego se dedicará a su proyecto emblema que consiste en crear una marca cantonal y posicionarla a escala internacional para atraer turismo e inversionistas”.

“Lo que Guamote necesita es empleo. Queremos que nuestra gente permanezca aquí y no migre, y que los migrantes regresen, para eso buscamos atraer inversionistas”, explicó Quishpe”.

“Guamote es uno de los cantones con mayor pobreza y pobreza extrema del Ecuador, por necesidades básicas insatisfechas. Allí la mayor parte de la población es indígena y está dispersa en las comunidades”. (Fuente: ‘Delfín Quishpe se proclama ganador de la Alcaldía de Guamote’. El Comercio. 25 marzo 2019).

Negocios turbios

El 2020 llegó la pandemia de coronavirus que obligó a compras apuradas de material sanitario y médico, y algunas autoridades empezaron a mostrar su otro yo.

“El Municipio de Guamote, al mando el cantante Delfín Quishpe, en la provincia de Chimborazo, fue allanado este jueves por la Fiscalía y la Policía Judicial. Se llevaron computadoras y documentos para investigar supuestos malos manejos de dinero en la adquisición de insumos para combatir la emergencia sanitaria. Concretamente, los fiscales investigan un supuesto peculado en la adquisición de desinfectantes”. (Fuente: ‘Guamote: Fiscalía allana municipio del alcalde Delfín Quishpe por presunto delito de peculado’. El Universo. 4 junio 2020).

Lanza la piedra y esconde la mano

Casi un año después, 2 de abril 2021, “el candidato por la alianza CREO-PSC (de derecha), Guillermo Lasso, denunció que su ingreso al cantón Guamote fue impedido… A través de las redes sociales, Lasso responsabilizó al alcalde de Guamote, Delfín Quishpe, de haber bloqueado la carretera de acceso a un evento en esa localidad de la provincia de Chimborazo. “Tomó piedras en sus manos, lanzó las piedras a los autos que nos acompañaban para llegar a Guamote”, afirmó el candidato.


Durante la campaña, Quishpe impidió que Lasso ingrese a Guamote. La delegación del candidato, y luego Presidente, fue atacada con piedras. Foto: Diario El Norte

Agregó que para evitar los actos de violencia, él y su equipo optaron por retirarse del lugar. En redes sociales también se registraron imágenes con mensajes en contra del candidato e impidiendo su paso.

Por su parte, Quishpe denunció en una rueda de prensa maltrato físico y moral por parte del equipo de Guillermo Lasso. Contó que debió obstaculizar por un momento la vía mientras ingresaba con su vehículo a su propiedad. Denunció que le rompieron el parabrisas de su vehículo. Aclaró que “no tengo nada que ver con la política sucia”. (Fuente: ‘Candidato es impedido de ingresar a Guamote para dialogar con la comunidad’. Fundamedios. Ecuador, 3 de abril de 2021.)

Lasso, el candidato que no era de su simpatía, fue elegido presidente de la república y, el 11 de mayo 2021, Delfín le pidió disculpas por el incidente en la campaña electoral y le invita a visitar Guamote.

El presidente Lasso dijo: “No tenemos ningún resentimiento con el alcalde Quishpe. Por ahí vi que cogió unas piedras, pero no importa vamos a ir a Guamote y trabajar con Delfín Quishpe. Vamos a ver quién canta mejor…" (Fuente: ‘Delfín Quishpe pide disculpas a Guillermo Lasso por incidente en la campaña electoral’. Expreso. 11 mayo 2021.)

Condenado a cinco años de prisión

Delfín Quishoe, polémico alcalde de Guamote.

Mientras se daba la reconciliación, el proceso judicial en contra de Delfín Quishpe que había empezado en el 2020, continuaba. El 31 de mayo 2021,  él y tres hombres más fueron llamados a juicio por el presunto delito de tráfico de influencias. El 1 de junio 2021 el juez le prohibió a Quishpe salir del país. El 9 de septiembre 2021 se dio una sorpresa: el alcalde era recibido por Lasso en el palacio de gobierno y se creía sería el primer paso para cambiar la dirección del juicio en contra de Quishpe. No fue así.

El 18 de noviembre 2021, Delfín Quishpe y los funcionarios municipales Iván M. y Segundo P. recibieron una condena de cinco de prisión por tráfico de influencias.

Los tres fueron procesados por irregularidades en la compra de insumos de bioseguridad (mascarillas, amonio cuaternario, guantes y otros), durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Según las pruebas de la Fiscalía, en esa operación hubo un sobreprecio de $ 96.608 más el impuesto al valor agregado (IVA), que favoreció a Rafael Q. (Fuente: ‘Delfín Quishpe fue sentenciado a cinco años de prisión por tráfico de influencias; Tribunal lo declaró autor del delito’. El Universo. 18 noviembre 2021.)

Lo último que se supo, el 19 de noviembre, fue que tras la sentencia Quishpe dejó de ir al Municipio y sus abogados preparaban la apelación. Y hay quienes le aconsejan en las redes sociales que siga escondido hasta que le cambien la sentencia de prisión por grillete. Es la moda en Ecuador.

Pendientes

Por el mismo motivo: compras irregulares de insumos sanitarios, también fueron allanados por la Fiscalía la alcaldía del cantón Licto, en mayo 2020, y la Prefectura de Chimborazo, en abril. Aún no se conocen resultados.

Glosas, otras tentaciones

Tanto dinero en la mano, el desconocimiento de las leyes, la prisa por hacer obras, lleva a las autoridades mestizas e indígenas a cometer otra forma de perjuicio al Estado que es detectada por la Contraloría. Son las famosas glosas.

Hay tres personajes vinculados a las organizaciones indígenas –ahora asambleístas- que tienen glosas (gastos por justificar o pagar) y eso ocasionó, incluso, una pequeña crisis al interior de la asamblea. Veamos un resumen:

Salvador, cuando era prefecto

Salvador Quishpe, actual diputado nacional, fue prefecto de Zamora Chinchipe.

“El ex prefecto de Zamora Chinchipe Salvador Quishpe podría rezar un rosario por cada una de las glosas que posee y completar dos novenas. Este portal encontró 20 glosas, que suman un valor total de USD 503.541,24 como valor individual.  Sin embargo el monto en firme a pagar que CGE determina hasta el momento es de USD 174.919,04.

Ocho de las glosas que lo responsabilizan se iniciaron por informes de auditoría que se realizaron en 2016, el último año de gobierno del economista Rafael Correa. Esas auditorías se relacionaron a procesos de contratación, liquidación de fondos de cuentas, comodatos, pagos por moras, responsabilidades patronales

Las auditorías que se ejecutaron desde 2017 se relacionan a exámenes técnicos a procesos de contratación, gastos por combustibles y tres exámenes a la construcción de un puente vehicular en el cantón Nangaritza”.

La presidenta también tiene una glosa

“La presidenta de la Asamblea Nacional, Esperanza Guadalupe Llori Abarca… ha dicho que algunas son tan ínfimas que no superan los USD 300. 

Las glosas de Llori se iniciaron por informes de auditoría en 2007 a las operaciones financieras y administrativas y análisis a las adquisiciones realizadas a la Casa Comercial “Servicios Técnicos Agrícolas, en  2012 a la auditoría a estados financieros, años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana, en 2014 al Examen a gastos en publicidad y propaganda entre octubre de 2013 y enero de 2014, y 2015 al examen de ingeniería a la construcción de puentes entre enero de 2011 y agosto de 2014.

Esos informes se derivaron en cuatro glosas que a nivel personal significan el pago de USD 109.739,4. Entre varias impugnaciones que realizó la ex prefecta, logró desvanecer un valor a pagar de USD 30.983,34, pero la CGE le ha confirmado hasta el momento un monto por restituir de USD 78.756,07.

Las glosas del terrateniente

Guadalupe Llori también apareció con glosas tras sus gestiones como prefecta de Orellana.

En la lista de glosados con altos montos aparece el ex prefecto de Chimborazo Mariano Curicama Guamán. Cuatro glosas en su contra suman USD 107.013,47 y se relacionan a irregularidades en fondos de publicidad, inversiones financieras y en bienes inmuebles.

Tiene a su favor un recurso de revisión y el desvanecimiento y caducidad de USD 250.000 en las glosas que lo señalan como responsable.

Los pendientes de Mariano Curicama vienen desde hace 13 años. Dos informes de auditoría se elaboraron en el 2008, el DR6-0030-2008 por anticipo de fondos y el DR6-0035-2008 por gastos de difusión. Estos informes dieron origen a las glosas 1457-70 y 1466-70, respectivamente.

Luego llegó la glosa 2314-70 que predeterminó, el 15 de agosto de 2012, un monto menor (USD 6732) que hizo un examen especial a la cuenta de bienes inmuebles de la prefectura.
El siguiente año, 2013, se emitieron las glosas 2762-70 y 2801-70, esta última fue un examen al presupuesto institucional del año 2008 y le predeterminó un valor a pagar de USD 60.177”.

(Fuente: La lista vetada: glosas y cuentas pendientes de los asambleístas. La Historia. 3 de septiembre de 2021.)

La funcionaria que no quiere pagar

La Contraloría notificó a la subcoordinadora de Pachakutik, Cecilia Velasque que pague casi  USD 400.000 de glosas confirmadas con orden de reintegro hecha hasta por los tribunales. “Ella contesta que se deje sin efecto este pedido, para no pagar”. (Fuente: LaHistoria. 16 noviembre 2021).
No es platita de ustedes, señores políticos, es del Estado, de los impuestos que pagamos, de los recursos naturales que vendemos para financiar sus sueldos, la obra pública, salud, educación, bonos, etc.

Agreguemos diezmos

A estos actos irregulares debemos sumar los ‘diezmos’, cobro de dinero a los subalternos a cambio de empleo, acto en el que también están involucrados autoridades regionales y asambleístas, mestizos e indígenas como lo publicamos en el artículo: ‘Legisladores: ‘Pipones’, ‘diezmos’ y el retorno del amo. Mariana-neira.blogspot.com y planv.com.ec. Octubre 18, 2021.

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