A ocho días de la irrupción de por lo menos 15 policías de las fuerzas especiales, apoyados por tropas del Ejército, en la Embajada de México, al norte de Quito, las primeras consecuencias en foros internacionales empezaron a sentirse.

Tal como había anunciado, el Gobierno mexicano llevó el caso al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se reúne en la sede hemisférica de Washigton, en donde se trató el operativo, cuyo fin fue detener a Jorge Glas, quien había recibido asilo por parte del Gobierno mexicano en esa misión.

Con el apoyo de 29 de los 32 integrantes de la OEA (el embajador mexicano se ausentó para evitar cualquier alegación de conflicto de intereses y El Salvador se abstuvo) se aprobó una resolución que condenó el asalto protagonizado por la Policía ecuatoriana, y se hizo un llamado al respeto tanto de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que rige las relaciones de todos los países del mundo, cuanto de la Convención sobre el Asilo de 1954, al que están suscritos solo 19 países de América. 

Con 29 de 32 votos, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó el asalto a la Embajada de México en Quito.  Foto: EFE / Lenin Nolly

Pero más allá de eso, no hubo más sanciones. Ecuador, al momento, no ha incurrido en violaciones que puedan llevarlo a una sanción motivada por la aplicación de la Carta Democrática, por lo que la OEA no puede actuar contra la soberanía nacional. El secretario de la OEA, el político uruguayo Luis Almagro, cuestionó que actos como éste queden en la impunidad, pero al final no se tomó ninguna decisión que pudiera sentar un precedente. Almagro comparó varias veces la incursión de la Policía ecuatoriana con la toma de las oficinas de la OEA en Managua, en 2022, cuando la dictadura de Daniel Ortega violó la inmunidad diplomática de dichos predios. 

La OEA también ofreció sus buenos oficiales, y advirtió que "seguirá ocupándose" de este tema.

¿Ecuador queda a salvo de acciones de la OEA?

Para el experto en relaciones internacionales, Santiago Carranco, la lectura de la resolución de la OEA no puede quedarse en lo literal.

"Ecuador recibe la condena de 29 países. Los cuales no cambiarán su posición en otros mecanismos regionales y multilaterales. Esto marca una tendencia para el resto de la comunidad internacional.  Lo que quiere decir que de aquí en adelante tenemos al menos 29 votos en contra", explica el catedrático.

Carranco sostiene, sobre la resolución de la OEA, que "los primeros puntos son de irrestricta condena hacia la violación del derecho internacional público por parte de Ecuador. Los puntos 4,5,6 son una aceptación de la tesis de Ecuador (que no significa respaldo a sus acciones) y los puntos finales exhortan a buscar el diálogo entre ambos paises".

El catedrático también explica cuál es la estrategia tras la ausencia del representante mexicano en la votación: "Mexico coherente con su postura no asiste a la OEA, Venezuela ya no es parte, eso explica ambas ausencias. En términos futbolísticos no empatamos como dijo el viceministro de gobierno, Esteban Torres, perdimos por goleada un partido que nuestro rival ni siquiera se presentó".

"Mexico podrá pedir reparaciones integrales que pagaremos todos los ecuatorianos y a su vez puede solicitar condenas por parte de la comunidad internacional, el peor escenario es un bloqueo parcial. Es una posibilidad real, así que no hay que perderla de vista", advierte Carranco. 

La Policía, con respaldo del Ejército, ingresó a la Embajada de México el pasado 5 de abril. Foto: Redes Sociales

La CELAC, el otro frente regional en donde se mueve México

Mientras tanto, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, una antigua simpatizante de Rafael Correa y el correísmo ecuatoriano (es esposa de Manuel Zelaya, el ex presidente de ese país derrocado por militares al que Correa y otros mandatarios de izquierdas intentaron en vano ir a apoyar), aprovechó que ejerce la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para convocar una cumbre virtual de presidentes, que debía realizarse este viernes 12 de abril pero ha sido reagendada para este martes 16, a la que se espera asistan todos los mandatarios de la región. Fundada en 2011, la CELAC es un foro alternativo de países latinoamericanos que excluye a Canadá y Estados Unidos. 

En el orden del día, la presidenta hondureña ha planteado, como primer punto "una firma condena" a la irrupción en la Embajada de México, mientras habla del "secuestro" de Jorge Glas. El segundo punto es que la CELAC logre del Gobierno de Daniel Noboa una "rectificación" por los sucesos de la Embajada, así como "reconducir" el proceso de asilo de Jorge Glas. Finalmente, la convocatoria habla de facilitar el diálogo con México, pero advierte sobre la necesidad de "tomar posiciones políticas "en conjunto, bilaterales o en organismos multilaterales" para obligar a Quito al cumplimiento de sus decisiones. 

Pero como anticipa la convocatoria, la CELAC tampoco tiene posibilidad de imponer más sanciones al Ecuador que una condena por el asalto, aunque deja entrever que Honduras buscará el apoyo de otros regímenes simpatizantes del correísmo para lograr alguna "posición política" en contra del Gobierno de Noboa.

De momento, todos los países de la región han condenado la irrupción, con la excepción hecha de El Salvador de Nayib Bukele, quien se abstuvo en la OEA y ha mantenido silencio absoluto sobre el caso.

¿Qué puede pasar en la Corte Internacional de Justicia?

Aunque se anticipa que puede tomar meses (y si Noboa no logra la reelección, le quedará de herencia al nuevo Gobierno que tome en poder en 2025) la demanda mexicana en la Corte Internacional de Justicia pide que el Ecuador sea suspendido de la ONU, algo que, como se ha aclarado desde Nueva York, no puede ordenar la Corte, sino que debería ser resuelto por la Asamblea General.

México pide ante ese tribunal de la ONU:

1.- Juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las dilaciones de sus obligaciones han causado y siguen causando a México.

2.- La suspensión del Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas en tanto no se emita una disculpa pública, reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infringido.

3.-  Juzgar y declarar que, en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas similar a las cometidas por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial adecuado para determinar la responsabilidad de un Estado, a fin de iniciar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de dicha Carta.

4.- Establecer el precedente de que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsada en definitiva de la ONU con base en la evaluación previa del artículo 6.

5.- Es tan importante evitar la repetición de estos casos que la Corte Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el Derecho Internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros.

La demanda mexicana implicaría la toma de decisiones inéditas, como la suspensión en la ONU por un Estado, y una serie de reformas al propio procedimiento del organismo global, pues en general, el veto de las grandes potencias: Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña y Francia se aplica a todos los temas y no tiene ninguna excepción, tal como se diseñó la ONU en 1945, tras la derrota de Alemania, Japón e Italia en la Segunda Guerra Mundial.

De momento, los abogados mexicanos han reconocido que la demanda, que en Ecuador deberá ser enfrentada por la Procuraduría General del Estado y la Cancillería, está en su etapa más inicial, y que cuando corresponda presentar alegatos, en algunos meses, se estima presentarán las pruebas de como la inteligencia ecuatoriana tenía interceptadas sus comunicaciones, así como habría provocado lesiones al diplomático mexicano Roberto Canseco. No se habla de reparaciones económicas, pero estas podían concederse. 

La Corte deberá pronunciarse sobre el pedido mexicano de medidas cautelares, que consisten en que se les permita desocupar la casona de la Embajada, llevándose sus muebles y archivos, así como las casas de los 20 diplomáticos mexicanos que debieron abandonar el Ecuador sin poder llevarse sus muebles, vehículos y enseres. Hasta el cierre de este artículo la Corte no las concedía. 

Este 12 de abril, el representante permanente de México en la ONU, Héctor Vasconcelos y Cruz, entregó al secretario general adjunto de Asuntos Jurídicos de la ONU, una comunicación dirigida al secretario general António Guterres, en donde detalló nuevamente su denuncia sobre el asalto a la Embajada, lo que incluyó imágenes y videos de seguridad. El Ecuador está representado en la ONU en Nueva York por el ex secretario anticorrupción de Lenin Moreno, José de la Gasca. 

Finalmente, México ha anunciado la posibilidad de denunciar posibles delitos cometidos con el asalto ante la justicia ecuatoriana, mientras el presidente mexicano descartó que en su país se puedan activar acciones legales contra su compatriota, la ministra del Interior Mónica Palencia, quien se nacionalizó ecuatoriana justo antes de asumir el Ministerio y se excusó de participar en el operativo por tener un conflicto de interés. La ministra Palencia es originaria de Durango, al norte de México, pero radica en Guayaquil desde hace varios años. 

La tarde del 12 de abril, la Corte Nacional de Justicia, que conoció un habeas corpus que presentó la defensa de Jorge Glas para intentar liberarlo, declaró que la captura del ex vicepresidente en el predio de soberanía mexicana fue "ilegal y arbitraria", entre otros motivos, porque la incursión de la Policía no contó con la autorización del jefe de la misión diplomática extranjera.