En mayo de este año, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se renovará. Hasta tanto, se han posesionado siete suplentes que deberán terminar el periodo, avanzando en algunos procesos de selección de autoridades que aún no se han podido concretar.

Pero el proceso para la elección del nuevo Consejo de Participación evidenció que buena parte del electorado mostró su repudio a las candidaturas presentadas, aunque en las preguntas del referéndum referidas a eliminar la mayoría de las atribuciones de la institución ganó el no.

Efectivamente, en preguntas como la 5 y la 6, en donde se consultó a la población sobre una profunda reforma que significaba eliminar las atribuciones del Consejo para la designación de autoridades, el no se impuso de manera significativa. En la 5,el No se impuso con el 57.84%, mientras que en la 6 el No ganó con el 58.09%. 

Pero si bien la población rechazó el intento de quitarle a la institución como tal la más importante de sus atribuciones, la participación electoral para elegir a sus integrantes no fue tan decidida. Según los resultados oficiales del proceso electoral para el Consejo, en la elección de tres consejeros hombres, la opción más votada no fue ninguno de los postulantes, sino el voto nulo, que alcanzó el 26.39% de los sufragios, seguido del voto en blanco, que llegó al 21.18% y de ahi aparecen los tres candidatos más votados que son los que ocupan las tres sillas masculinas en el Pleno: Augusto Verduga, con el 17.36%, Alembert Vera con el 8.19% y Andrés Fantoni, con el 8,12%.

En la elección de las tres integrantes femeninas se evidenció una situación similar: los votos nulos sumaron el 26%, mientras que mientras que los blancos alcanzaron el 20.73%. En el caso de las mujeres, la mujer más votada fue Yadira Saltos, con 14.60%, seguida de Mishelle Calvache, con 11.51% y Jazmin Enríquez, con 8.40%.

En la papeleta que permitió elegir a representantes de nacionalidades y ecuatorianos en el exterior, la población respondió de manera similar. El voto nulo fue de 24.73%, seguido de los blancos con un 16.83% mientras que Johanna Verdesoto, quien alcanzó la mayor votación y por lo tanto la séptima silla en el Consejo, obtuvo el 19.50% de la votación.

Al igual que en la última elección, la representativad de los consejeros en el Consejo se ve muy limitada por su escaso impacto electoral, pues ninguno obtuvo una votación ni siquiera cercana a los dos millones de votos en un padrón de cerca de 13 millones de electores.

Varios de los ex integrantes del Consejo anterior, que fueron destituidos por la Corte Constitucional, intentaron volver reelegirse para mantenerse en el cargo. Es el caso de David Rosero, quien a pesar de su experiencia en el Consejo como consejero en varios periodos,  y por tanto de su mayor exposición mediática, obtuvo solamente el 6.04% de los votos y se ubicó a por lo menos 300 mil votos de distancia de la última curul disponible.

Les fue peor a las candidatas que buscaban la reelección como Ibeth Estupiñán (2.71% de los votos) o María Fernanda Rivadeneira, con  4.16% de los sufragios, lo que les ubicó muy por debajo de la última en entrar, Jazmín Enríquez.

En la lista de nacionalidades, el montuvio manabita Francisco Bravo, que buscaba la reelección, obtuvo el 9,57%, casi diez puntos por debajo de Verdesoto, la persona que ocupa la curul.

Así las cosas, el Consejo se conformó con gente nueva, aunque con poca representatividad, ya que la mayoría de ellos obtuvieron una votación muy pequeña si se la compara con el universo de electores y tuvieron un amplio triunfo el voto nulo y el blanco, que evidenciaron el desinterés de los electores y el desconocimiento de las candidaturas. 

Al mismo tiempo, la estrategia del Gobierno y sectores afines, que daban el sí como un hecho, según la predicción de algunas "encuestas" pudo desmotivar a muchos electores, que sintieron la elección del Consejo como algo sin utilidad dado que la instancia podría perder sus atribuciones. Inclusive, candidatos alineados con el discurso del Gobierno al respecto del sí centraron sus propuestas de campaña en atender las atribuciones que supuestamente sí le iban a quedar al Consejo, como es la lucha contra la corrupción, evitando el eje de la designación de autoridades. Al final, el no se impuso en toda la consulta pero con especial fuerza en el intento de rehacer la institución del Consejo, lo que significó que el Gobierno descuidó un frente en donde la oposición, sobre todo identificada en el PSC y la RC, pueden tomar una mayoría de manera muy fácil, pues las decisiones se toman con cuatro de los siete votos.

Pero, ¿quién es quién en este Consejo de Participación 2023 y qué se puede esperar de ellos? Se lo contamos a continuación.

Augusto Verduga, el abanderado correísta

Sócrates Augusto Verduga Sánchez es un guayaquileño nacido en 1988, que estudió derecho en la Universidad Católica de Guayaquil e hizo dos posgrados: un máster en argumentación jurídica en la Universidad de Alicante, y un magister en Derecho Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Su padre es Pedro Verduga Cañarte. 

Su primer trabajo fue como practicante en la Fiscalía del Guayas y luego entró al estudio jurídico Castelblanco y Asociados, en donde ingresó como asistente legal y llegó a ser abogado senior. Trabajó también, durante el correato, en la Aduana del Ecuador, el Ministerio del Ambiente y el Consejo de la Judicatura, pasando luego a ser defensor público, cargo en donde tiene un nombramiento permanente en la Defensoría de Guayas. Al mismo tiempo, ha sido docente en las universidades Ecotec y Católica de Guayaquil. En las universidades de Guayaquil, Verduga enseñó historia y filosofía del derecho y también ciencias políticas. En sus trabajos, entre tanto, como asesor jurídico preparaba documentos y resoluciones en la Aduana y en el Ministerio del Ambiente. 

Otro de sus trabajos fue asistir al ex juez constitucional, Ramiro Ávila, en el levantamiento de información, investigación bibliográfica y búsqueda de doctrina en una investigación que realizaba Ávila para la Universidad Andina Simón Bolívar y cuyo tema fue "El Sumak Kawsay: una crítica al modelo de desarrollo capitalista y una alternativa posible desde las voces indígenas".

El compromiso político de Verduga con el correísmo se evidencia por medio de su vinculación con el medio digital La Kolmena, alineado con las tesis políticas de Rafael Correa, en donde su hermano Abraham es uno de los periodistas principales. Según La Kolmena, su hermano Abraham tuvo una activa participación en el aparataje mediático del correísmo, pues a diferencia de él, no ejerció el derecjo que había estudiado en la privada Universidad Católica de Guayaquil. 

La Kolmena retrata así a Abraham Verduga, hermano del flamante consejero: "Nació el mismo día que Vargas Llosa (28 de marzo), solo que 51 años después y un poco más al norte, a la izquierda, bien a la izquierda, en Guayaquil, Ecuador. Este guayaquileño amante del encebollado con chifle se graduó de abogado (UCSG), pero decidió dejar las leyes y las corbatas, por el micrófono, las cámaras, los jeans cómodos y la mochila. Como comunicador (Ecuador TV, TeleSur), ha ejercido distintas funciones, desde pasar cables y cargar cámaras, hasta escribir libretos, reportear, hacer documentales, presentar informativos, llegando incluso a dirigir un departamento de noticias y conducir un programa de opinión (Mundo al revés) que transmitió la televisión pública de Ecuador hasta que salió “favorecido” en una“optimización de personal por ajuste de presupuestos” … Verduga interrumpe su faceta de comunicador en 2017 para realizar un Máster en "Democracia" (USAL) en el "Reino" de España, sí… tal como lo leen. No contento con sus escasas horas de sueño cursa actualmente un doctorado en Comunicación Política en la Universidad de Salamanca y hace radio en el programa La Pizarra. ¡Orgulloso obrero de La Kolmena desde su fundación!".

Como se ve en el colorido párrafo autobiográfico, los hermanos Verduga son parte de las clases medias de Guayaquil, con acceso a educación privada y posgrados en el exterior, un tipo de cuadros que el correísmo siempre propició y promovió.

En su declaración de principios, La Kolmena recurre a un discurso de barricada ochentera que asimila el medio a una suerte de célula militante ad honorem: "En la Kolmena hemos logrado eliminar esa cultura capitalista de raíz, ya que nosotros practicamos una militancia socialista coherente, tanto en nuestra vida pública como privada. Para nosotros militar es sinónimo de sacrificio, es luchar por transformar nuestra conciencia, practicando día a día los valores y principios del mundo nuevo que soñamos". 

Los hermanos Verduga encontraron en el correísmo su expresión política. De ahí que la campaña de Verduga fue promovida directamente por la jerarquía correísta.

Uno de los requisitos para participar en la elección fue suscribir una carta, en donde el candidato expresaba sus intenciones frente al cargo. Augusto Sócrates Verduga remitió la misiva el 14 de junio de 2022. 

En ella, fijaba su postura frente al Consejo de Participación como institución: Verduga admite en la carta que la institucionalidad y el Estado de Derecho han colapsado en el Ecuador, mientras reseñaba que el Consejo de Participación había sido considerado como "superfluo" por analistas políticos. Verduga admitía que el Consejo había sufrido manipulación e instrumentalización, así como falta de crebilidad e indiferencia de la población.

Pero a pesar de ello, Verduga se mostró partidario de fortalecer al Consejo, al considerarlo como un articulador entre la ciudadanía y la gestión del Estado. Su candidatura, decía Verduga, busca restaurar el "prestigio plebeyo" que la otorgó al Consejo la Carta de Montecristi. Verduga sostuvo que el Consejo es un "ágora" en donde los ciudadanos depositan sus iniciativas de interés público. El consejero electo enfatizó en que su Consejo será para "construir pueblo", y, además, dejar sentado un tipo de organización que les impida a quienes lleguen al Consejo lograr un "borrón y cuenta nueva".

Finalmente, Verduga sostenía que si bien los consejeros provienen del sufragio popular, son funcionarios que deberán legitimarse por medio de sus acciones en el ejercicio del cargo. Verduga podría lograr la presidencia del organismo, si es que consigue un voto adicional a los de su bloque, pues se necesitan cuatro para investirlo.

Alembert Vera, el penalista estrella de Rafael Correa

Este abogado de Guayaquil, de 40 años, se hizo conocido como abogado de cabecera de Rafael Correa, desde 2010, en cuyo nombre realizó algunas sonadas demandas. Es soltero y vive en una urbanización elegante de Guayaquil.  Tiene un perfil similar al de su colega de bancada, Augusto Verduga. Estudiante del Colegio Americano de Guayaquil, optó por el bachillerato internacional, y según su certificado de notas,  se le calificó con una nota de tres sobre cinco, considerada mediocre en su monografía de economía y en teoría del conocimiento, si bien le fue mejor en español y métodos matemáticos, donde obtuvo cuatro sobre tres, considerado satisfactorio, que son algunas de las notas con las que se graduó de bachiller en 1999. En donde mejor le fue es en idiomas, pues aprendió muy bien inglés e inglés jurídico. 

Estudió derecho en una universidad privada, la Católica de Guayaquil, y luego hizo un doctorado en derecho penal en la Universidad Complutense de Madrid y un máster en Derecho Penal. En España, revalidó su título de Guayaquil. Es hijo del abogado Guttembert Vera Páez, en cuya empresa familiar ha trabajado la mayor parte de su vida. Es un lector de las obras de Gabriel García Márquez. 

Uno de sus casos más sonados fue el juicio de Rafael Correa contra el Diario El Universo, cuando el ex presidente se querelló contra el editorialista Emilio Palacio por una columna. En esa ocasión, Vera obtuvo una condena de cárcel y una indemnización millonaria, aunque años después la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró las violaciones de derechos cometidas por la justicia ecuatoriana contra El Universo y Palacio y obligó al Estado al pago de una indemnización y a disculpas públicas por la "condena", destacando la dudosa aplicación de la ley en ese caso. Tanto Vera con su estudio cuanto en representación de Correa, presentaron en la Corte Interamericana amicus curiae en el caso, pero la Corte los desechó. 

La mayor parte de la trayectoria laboral de Vera ha sido en el sector privado, y apenas registra un breve paso de cuatro meses por la Corte Provincial del Guayas. Durante 11 años ha trabajado en los estudios jurídicos Vera Páez y Vera Abogados, junto a su padre y hermanos. Ha sido profesor, sobre todo de derecho penal, en universidades de España y Guayaquil, e inclusive tiene registro profesional en el Colegio de Abogados de Madrid, lo que le permite ejercer en la Península Ibérica.

Vera registra una intensa vida académica, como profesor en España, en Brasil o en México, y también el reconocimiento de sus colegas del gremio abogadil del Guayas, que le declararon el abogado del año 2014, cuanto ya era el representante de Correa.  Ese fue un buen año para los reconocimientos, pues un desconocido gremio llamado Confederación Nacional de Periodistas también lo declaró jurista del año. 

Los abogados Vera tienen amplias influencias en Guayaquil, como evidencia la carta de 2004 firmada por el ex presidente León Febres Cordero, en donde el ex mandatario recomendaba a Alembert Vera ante la Universidad Complutense de Madrid. En esa misma época, Alembert Vera obtuvo una recomendación para la universidad española firmada por el abogado Jorge Zavala Baquerizo, otro conocido jurista del Puerto Principal.

En su carta de inscripción ante el Consejo Electoral, Vera hace un resumen de sus estudios desde el jardín de infantes en Guayaquil y luego declara que se ha preparado toda la vida para ser consejero de Participación. Su objetivo, dijo es reestablecer en el Ecuador un país de disfrute y goce de derechos, y para ello considera que el Consejo y el Quinto Poder son herramientas adecuadas. Según explica Vera, su objetivo es enfocarse en la fiscalización desde el Consejo, así como en asegurar que los "mejores ciudadanos" llegan a los cargos que designa la entidad.

 En uno de los párrafos finales de su carga, en la que se muestra seguro de ganar, el abogado guayaquileño cita a Gabriel García Márquez, a quien llama "Gabo" y ofrece acabar con la "soledad ecuatoriana" haciendo una alusión a obras como Cien Años de Soledad.

Andrés Fantoni, un activista social con poco de PSC

Es un guayaquileño de 36 años, y completa el grupo de tres hombres del Consejo, todos provenientes del Puerto Principal. Declara tener una discapacidad física, ser casado y vivir en una urbanización de la Vía a la Costa. A diferencia de los anteriores, Fantoni no es abogado, sino profesor, pues estudió en la Universidad Metropolitana una licenciatura en Ciencias de la Educación. En esa misma casa de estudios realizó una maestría en Orientación Vocacional. Y su estilo es radicalmente distintos a los otros dos nuevos consejeros: para inscribirse en el Consejo Electoral, apenas llenó el formulario con lo indispensable y no la agregó ningún anexo. Y tampoco se muestra muy interesado en tecnicismos legales, sino más bien en promover el trabajo con sectores marginales. 

La mayoría de sus trabajos han estado relacionados con tareas administrativas en el sector educativo público más que con la docencia, aunque fue rector del colegio privado American School en Guayaquil. 

En 2014, fue apenas un mes director de un distrito educativo en Guayaquil, y durante poco más de un año fue coordinador de cumplimiento de metas en la Subsecretaría de Educación en Guayaquil. En 2017, presentó varias denuncias contra maestros fiscales presuntamente vinculados en casos de abuso sexual, gestiones que ha mencionado a lo largo de su campaña y que concluyeron con una condena por abuso sexual contra un docente de Guayaquil. 

En 2019 su carrera dio un giró y dejó de trabajar en el ámbito educativo, para ser nombrado coordinador del Registro Civil y luego asesor en el Registro Civil de Guayaquil. También ha sido asesor en la Agencia de Tránsito de Guayaquil, lo que lo ha relacionado al Partido Social Cristiano y a su control del Municipio guayaquileño. Pero poco o nada de la retórica social cristiana ha transmitido durante sus intervenciones públicas. Su mensaje es más bien el de un activista social. 

Además de su paso por el sector público, Fantoni dirige una Fundación de ayuda social llamada Dibujando Sonrisas, que despliega brigadas médicas en barrios marginales de Guayaquil.

En su carta de presentación, Fantoni da cuenta de sus motivaciones y propuestas para la consejería: "Crecí bajo el concepto de “Ser más para servir mejor”, razón por la cual a lo largo de mi vida he estado en constante formación y preparación. La misma no ha sido únicamente académica; sino que mi crecimiento ha sido también personal, a través de mi involucramiento con la sociedad, a la que me debo y con la que me he involucrado progresivamente a lo largo de mi vida".

Al hacer un relato de su trayectoria, Fantoni destaca: "Desde el 2011 hasta el 2014, y posteriormente, desde el 2017 hasta el 2019, estuve involucrado activamente en el mundo educativo. En este sector no solamente tuve la satisfacción de ver crecer, en un sentido amplio, a niños y adolescentes, a través del aprendizaje; sino que supe escuchar y entender sus sueños, de ser mejores, de ser profesionales, de salir adelante por y para su país. Este anhelo no es solamente de ellos, o de sus familias, sino también mío, de juntos transformar el Ecuador hacia una idea que, a pesar de parecer utópica, es la de un país desarrollado, de oportunidades, de prosperidad".

"Desde aquí, mi compromiso será para con los ciudadanos ecuatorianos; un compromiso que representa ser un veedor constante de las gestiones de todas aquellas autoridades que inciden directamente en el desarrollo de los derechos y garantías de todos y cada uno de nosotros, y cuando quepa, un investigador y denunciante de aquellos actos que afectan directamente a todo el Ecuador". 

Yadira Saltos, la correísta orgánica

Esta manabita de 46 años reside en Portoviejo y es la candidata más votada para el Consejo de Participación. Es el tercer voto seguro de la formación política de Rafael Correa. Su ámbito profesional es la contabilidad y la auditoría, en los que obtuvo una licenciatura en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. En la Escuela Politécnica Nacional, hizo una maestría en Gerencia Financiera. Pero durante el correato, se convirtió en el modelo de correísta orgánica, ocupando varios cargos en la capital en el entorno de varios de los jerarcas correístas. Su hermano Rafael Saltos fue el candidato de la RC para alcalde de Portoviejo, aunque en un principio se la había considerado como precandidata. 

Saltos se vinculó desde los primeros años al correato, y trabajo en la Secretaría de Telecomunicaciones con el ex vicepresidente Jorge Glas. Su relación con Glas es tan estrecha que inclusive se presentó en la cárcel para recibirlo luego de su fallida liberación, evento al que asistió con toda su familia. Se conoce que su paso por el Ministerio Coordinador de Conocimiento fue como asesora del ex candidato correísta Andrés Araúz, así como asesora en la Asamblea durante la presidencia de José Serrano. También fue coordinadora de la Zonal 3 del ARCSA. Su trabajo en el correísmo lo ha complementado con promoción social y capacitaciones sobre emprendimiento. 

Saltos lanzó un programa en su canal de YouTube, llamado El Poder Ciudadano, en donde publicó cerca de 10 episodios.  El programa más visto consistió en un diálogo con un grupo de mujeres jóvenes de Manabí y el otros capítulos se refieren a diálogos con figuras del correísmo como Gabriela Rivadeneira, Ricardo Patiño, Alembert Vera, que han logrado entre 50 y 500 visitas dependiendo de los entrevistados. Buena parte de su mensaje estuvo dirigido a los jóvenes, por lo que propuso una aplicación celular para vigilar al sector público mediante la publicación de servicios, manejo de recursos y proyectos. 

En su carta de postulación, Yadira Saltos evitó recurrir a la retórica política, jurídica y hasta literaria de sus compañeros de la bancada correísta. La carta es totalmente escueta, de una sola carilla, y destaca siete puntos redactados de manera simple. El primero, que quiere contribuir a la sociedad con su experiencia en el sector público. El segundo, quiere promover el bien común para el buen vivir. En tercer lugar aspira a exigir que las instituciones públicas y servidores rindan cuentas a la sociedad. El cuarto aspecto que menciona es lograr que los ciudadanos conozcan y ejerzan sus derechos de particupación ciudadana. El quinto, garantizar la participación de las mujeres, el sexto representar los intereses de participación de la ciudadanía y el séptimo gestionar el control social de forma transporente y ética. La carta no da mayores detalles sobre ella, su trayectoria o su personalidad.

Mishelle Calvache, la ex reina de belleza sin conexiones políticas

Esta ambateña de 36 años vive al norte de Quito, estudió derecho en la Universidad de las Américas y tiene un máster en derecho administrativo en la Universidad de Loja. Además, cursa otro máster en Políticas Públicas. En el pasado fue reina de Ambato y empresaria turística en su ciudad natal, en donde creó una agencia de viajes junto con sus familiares. La empresa está actualmente en liquidación. Sus vinculaciones políticas son desconocidas. Oficialmente, no tuvo el apoyo de ninguna fuerza política, por lo que se le considera como una de las independientes en el nuevo Consejo de Participación. 

Como abogada, Calvache ha prestado sus servicios profesionales en varias entidades del Estado. Por ejemplo, fue secretaría abogada y comisaria en una Comisaría de Quito, coordinadora de normativa en el Ministerio de Coordinación del Conocimiento, abogada de la Procuraduría Metropolitana, analistas jurídica en el Ministerio de Salud Pública, jefa de régimen disciplinario en el Consejo de la Judicatura, directora de Asesoría Jurídica, en el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, gerente de Gestión Normativa en el Ministerio Coordinador de Producción, directora de Ejecuciones en la Agencia de Control Metropolitana, coordinadora  jurídica en el Ministerio de Salud, subcoordinadora de Transparencia en el propio Consejo de Participación, y secretaria general en la Empresa Eléctrica Quito. El dilatado servicio público de Calvache, qu suma por lo menos 11 cargos, se caracteriza por cortos periodos laborales, pues en muchos de sus cargos se mantuvo menos de un año.

En su carta de postulación, Calvache relata su trabajo social en los años 2003 y 2004, cuando la erupción del Tungurahua afectó a su provincia. Ahí, destaca, que como reina de Ambato realizó gestiones para tener terapias respiratorias y víveres para los afectados. Su experiencia en el reinado de belleza le pemitió descubrir que su vocación era el derecho.

Calvache destacó también su paso por el sector público con "una trayectoria intachable" y  también sus esfuerzos por realizar estudios de posgrado. Ella se describe como "una líder que se compromete con un estado social de derecho que funcione en favor de los habitantes y no debiéndose a un partido político de turno" con la conciencia necesaria para luchar por los ciudadanos, según destaca la nueva consejera.

Nicolle Bonifaz, una quiteña que creció en EE.UU. 

Nicole Bonifaz López tiene 33 años, buena parte de los cuales los ha dedicado a obtener títulos universitarios. De hecho, tiene cuatro títulos, y en su carta de intenciones ante el Consejo Electoral, declaró que a los 32 años decidió hacer una segunda carrera en derecho. Residente en Estados Unidos durante ocho años, estudió en Miami, Florida, en donde obtuvo una ingeniería en administración de empresas. También tiene una maestría en negocios internacionales y otra en gerencia de negocios digitales. Actualmente es soltera, pero destaca que tiene mascotas. Volvió al país en 2017, en los últimos días del gobierno de Rafael Correa, y obtuvo un cargo como asesora en la Asamblea Nacional de José Serrano. Vive al norte de Quito y destaca, además de cargos públicos, su participación en la Fundación Intikilla. Nació en Estados Unidos, pero tiene nacionalidad ecuatoriana. 

Ha ocupado seis cargos en el sector público, el último en este gobierno como asesora del ex gerente de Petroecuador Ítalo Cedeño. En el gobierno anterior, estuvo en el ministerio de la Producción, siendo ministro Iván Ontaneda, quien formó parte del Gabinete de Lenin Moreno. Ocupó en ese mismo gobierno un cargo en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, la entidad que nombra a los gerentes de las empresas del Estado en sectores estratégicos. Junto con su madre, ha participado en la empresa Ecualettnik Servicios & Representaciones S. A.

Durante la pandemia, realizó un voluntariado en el cantón Durán, con la Fundación Embajadores Solidarios, así como promovió iniciativas a favor de los artesanos con la Federación Nacional de Artesanos, lo que presentó certificaciones. También colaboró con la organización Cómo Es Posible en la realización de talleres en la Universidad Central. El asambleísta del correísmo, Ferdinand Álvarez, certificó en una carta la participación de Bonifaz en talleres para la reforma de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Se le asocia con el Partido Social Cristiano, aunque la documentación que presentó no permite colegir cuál podrá ser su postura en el pleno del Consejo. 

Johanna Verdezoto, la candidata montubia

Esta joven de 31 años se declaró montubia en su autoafirmación étnica y reside en Montalvo, una localidad de la provincia de Los Ríos. Por ello su nombre apareció en la papeleta de minorías étnicas, en donde obtuvo una alta votación.

Estudió derecho en la Universidad Autónoma de los Andes, un centro de estudios con presencia en el interior del país, y se ha dedicado mayormente al ejercicio de su profesión por lo menos desde 2012. Ha ocupado cargos en la delegación de Los Ríos de entidades como la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Judicatura o la Procuraduría General del Estado. También hizo una maestría en derecho penal en Guayaquil. 

Se ha desempeñado, además de sus cargos públicos, como asesora jurídica de la Asociación de Productores Agropecuarios 7 de Abril de Los Ríos, así como voluntaria en la organización de Trabajadores Agropecuarios Laguatán en la provincia de Bolívar.

En su carta de intenciones, la postulante señala que su experiencia en funciones públicas en Los Ríos, sobre todo en la Defensoría del Pueblo, le permitieron conocer casos de discriminación contra las mujeres, por lo que enfatizó que su gestión en el Consejo de Participación se enfocará hacia evitar ese tipo de abusos. La abogada no tendría conexiones políticas y aunque vive en Los Ríos y ha tenido conexiones con las organizaciones campesinas del sector, ha sido una funcionaria pública urbana la mayor parte de su carrera. Se cree que podría ser otro voto independiente en el Consejo.