Donald Trump no quiso aceptar su derrota en las urnas. Y sus abogados plantearon una serie de recursos para que la justicia de Estados Unidos decida en materia electoral. En el país, como es habitual, las cosas tienden a ocurrir al revés: aún no va la gente a las urnas, pero un aluvión de impugnaciones, "recursos subjetivos" y otras demandas definidas con tecnolectos jurídicos se han convertido en un arma más de la precampaña.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que funciona en un edificio del norte de Quito, tomó parte de las atribuciones del antiguo Tribunal Supremo Electoral: entre ellas, la administración de justicia electoral en las disputas entre los candidatos y los movimientos políticos. Así, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) se encarga de la parte operativa de los procesos, esta corte, integrada por cinco jueces titulares y cinco suplentes, resuelve las disputas que pueden surgir entre los candidatos y las campañas. Entre los temas que tratan están, por ejemplo, decidir se si se han cumplido con los requisitos legales para la inscripción de las candidaturas o la formación de alianzas, o servir como instancia de apelación de las decisiones que toma el pleno del CNE o, también, resolver las disputas que se produzcan luego de las elecciones, con relación a los escrutinios y los resultados.

Dos binomios en litigio

Actualmente, hay 15 binomios presidenciales inscritos para las elecciones generales de 2020. Pero la atención se centra en el de correísmo, conformado por Andrés Aráuz y Carlos Rabascall, quienes aún no han logrado su inscripción definitiva. Este fin de semana, el TCE resolvió una de las últimas presentadas, por el ex ministro de Lucio Gutiérrez, Carlos Arboleda, que podría significar que la alianza por la Esperanza, el paraguas electoral que cobija al correísmo más ortodoxo, se desarme. 

El TCE envió el caso al CNE, que deberá pronunciarse en esta semana sobre si la alianza UNES podía o no inscribir al abanderado de Correa y su binomio. Semanas atrás, el TCE había resuelto favorablemente el caso del movimiento Justicia Social, que intentó postular a Álvaro Noboa Pontón a la presidencia de la República, pero se estrelló con la negativa del pleno del CNE, que alegó que nunca había impedido que el movimiento registre candidatos a tiempo y que la candidatura de Noboa no procedía. 

El TCE tiene hasta el 29 de diciembre para resolver los recursos electorales, es decir, todo el mes de diciembre aún. El calendario estableció también que hasta el 4 de diciembre se pueden presentar reclamaciones ante el CNE y las juntas provinciales electorales. El calendario precisa también que la validación de las candidaturas será entre el 30 de diciembre y el 6 de enero y el listado oficial debe estar completo hasta el 7 de enero de 2021. La campaña electoral, en teoría, empieza el 31 de diciembre, en plenas fiestas de año nuevo y concluye el 4 de febrero.

Actualmente, el CNE tiene que resolver el caso de Aráuz y Rabascall, mientras aún el TCE aún no se pronuncia sobre la eventual candidatura de Álvaro Noboa y Gino Cornejo, quienes insistieron en presentarse a la presidencia y vicepresidencia por Justicia Social. El plazo para el trámite de estos recursos es de 15 días y las sentencias se ejecutorían en tres días.

¿Será que alcanzan?

Pero la presentación de recursos por parte de los abogados que litigan en el Contencioso Electoral preocupa en el CNE, sobre todo, por el temor de que no esté clara la papeleta presidencial en la fecha límite que se ha acordado con el Instituto Geográfico Militar, la dependencia del Ejército en cuyos talleres se imprimirán las boletas.

La presidenta del CNE,  Diana Atamaint, se declaró "preocupada" por la serie de incidentes, demandas y contrademandas que han llegado al TCE sobre todo en relación con las polémicas candidaturas de Aráuz y Noboa. "Sí nos preocupa que el proceso de aclaración y ampliación ante el TCE pueda provocar un retraso en la definición de la candidatura de Álvaro Noboa. Esperamos que se pronuncie en el menor tiempo posible. De no tener una definición traería serias complicaciones al armado de los kits electorales", dijo en una rueda de prensa, y aclaró que espera que hasta el 12 de diciembre se acaben de resolver los recursos en el TCE, pues esa es la fecha de cierre para la impresión de las papeletas en los talleres militares.

Su aspiración es que hasta el 12 de diciembre estén sustanciados los recursos, pues es la "fecha máxima" para que el IGM empiece con la impresión de las papeletas.

En diálogo con este portal, el ex diputado demócrata cristiano, Ramiro Rivera, sostuvo que temía sobre la supuesta influencia del correísmo en un grupo de los jueces electorales, pero, ¿quién es el quién en la corte electoral?

El legado de Trujillo

Como muchas otras cosas en el llamado proceso de "descorreización", el actual TCE es una herencia del Consejo Transitorio de Julio César Trujillo, que removió a tres de los cinco vocales de la corte electoral y en su lugar, colocó a tres nuevos integrantes, así como nombró a cinco suplentes que, si el TCE se ve desbordado por las causas en los próximos comicios, podrían también resolver algunos de los procesos, con el fin de cumplir con el calendario electoral. 

Dos de los vocales del TCE anterior se quedaron luego del paso del Consejo Transitorio por la justicia electoral. El uno es el actual presidente, Arturo Cabrera, el juez que más experiencia tiene. La otra es la jueza  y vicepresidenta Patricia Guaicha. 

Nombrados por el Consejo Transitorio tras un concurso fueron Ángel Torres, Joaquín Viteri y Fernando Muñoz, mientras que los suplentes son Wilson Ortega, Ivonne Coloma, Juan Maldonado, Richard González y Roosevelt Cedeño, quienes, eventualmente, podrían ser convocados a despachar causas si estas llegan en elevado número. 

Arturo Cabrera y su pasado correísta

Arturo Cabrera Peñaherrera, nacido en 1965 y domiciliado en Quito, es el presidente del TCE. Ya formaba parte del TCE anterior, pero el Consejo Transitorio lo ratificó, esto, a pesar de su pasado como asesor del correísta Virgilio Hernández, con quien tiene una cercana relación de amistad.

Estudió en la Universidad Central del Ecuador y en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, y de todos los integrantes del TCE es el que más experiencia tiene en la Función Electoral. Aunque ya había tenido cargos en el sector público en la época anterior al correato fue, por ejemplo, funcionario del Congreso Nacional, del Tribunal Supremo Electoral, del Consejo Nacional de Tránsito y del Ministerio de Finanzas, en 2008 empieza a trabajar como asesor de Virgilio Hernández en la Constituyente de Montecristi, luego pasa a la Corte Constitucional de Transición y en 2008 ingresa a la Delegación provincial de Pichincha del  Consejo Nacional Electoral. En 2009 entra directamente a trabajar como funcionario del Consejo. En el CNE, Cabrera ocupa cargos como director de Asesoría Jurídica, así como también de director provincial de la Delegación de Pichincha. 

A pesar de que algunos lo identifican con ese pasado en las instituciones controladas por la autoproclamada "revolución ciudadana", Cabrera Peñaherra no tuvo ninguna dificultad para ser ratificado por el Transitorio y llegó a ocupar la presidencia del Contencioso. Su última actuación despertó algunas suspicacias: el pasado fin de semana, cuando el Pleno aceptó parcialmente el recurso del coronel Carlos Arboleda contra Andrés Aráuz, él emitió un voto salvado, pues su postura fue que, de plano, debía negarse totalmente. Para un ex integrante del TSE que habló a condición del anonimato, Cabrera es, de los cinco jueces, quién más sabe de derecho electoral. 

Patricia Guaicha, la abogada de los choferes de Gualaceo

Es jueza y vicepresidenta del TCE. Nació en 1969 y proviene de la provincia del Azuay. Patricia Guaicha es la segunda persona que el Consejo Transitorio dejó en el pleno del TCE. Pero a diferencia de su colega Cabrera, su experiencia registrada en la Función Electoral es inexistente. Es poco conocida en el foro capitalino, sobre todo, porque la mayor parte de su vida ha residido en el cantón Chordeleg, en donde llegó a ser concejala del Municipio local. 

Doctora y abogada por la Universidad de Cuenca, obtuvo en esa misma casa de estudios diplomas superiores en derecho constitucional y procesal. En la Universidad del Azuay, en cambio, logró un diploma en gerencia. 

Su experiencia laboral, en cambio, tiene poco que ver con los temas electorales. Declaró que desde 2002 ha sido abogada en libre ejercicio profesional en el cantón Chordeleg, así como asesora jurídica, durante seis años, del Sindicato de Choferes Profesionales de Gualaceo.

Al llenar su ficha de inscripción en el concurso para  que fue nombrada, la abogada azuaya dejó en blanco la casilla de "experiencia específica".  Lo único que destacó como experiencia política fue haber sido concejala de Gualaceo entre 2003 y 2006. Un observador de temas electorales que prefirió no ser nombrado en esta nota sostuvo que la experiencia de Guaicha es, evidentemente, en derecho penal de tránsito, pues a ello se dedicó como asesora jurídica de los choferes de Gualaceo. 

Joaquín Viteri, el abogado sindicalista

Joaquín Viteri Llanga, un riobambeño afincado en Guayaquil, antiguo funcionario de la Seguridad Social, nació en 1948. Es el juez de mayor edad del TCE, del que ya fue presidente antes de Arturo Cabrera. La mayor parte de su vida la dedicó al derecho laboral, y, sobre todo, a la asesoría a las centrales sindicales. 

Un perfil suyo publicado hace nueve años por el diario El Comercio destaca que Viteri Llanga fue baterista de las orquestas Falconí Juniors y Los Halcones, en Guayaquil, en donde tocaba mientras estudiaba Derecho en la Universidad Estatal. En el ámbito de lo musical se acercó al sindicalismo, al formar parte del  Sindicato Nacional de Músicos. Para 1981, Viteri empezó a especializarse en el derecho laboral colectivo, relata El Comercio, al ayudar en la negociación del contrato colectivo de los empleados de la desaparecida empresa Correos del Ecuador. Otro juicio grande en el que participó fue el de 40 auditores del IESS, quienes fueron restituidos en sus cargos. Para 2011, llevaba el caso de  200 ex funcionarios  del Banco de Fomento, a quienes se había obligado a firmar una renuncia "obligatoria". 

En junio de 2012, Viteri Llanga, junto con Julio César Trujillo, quien también fue cercano a los movimientos sindicales, preparó un proyecto de Código Orgánico del Trabajo, que fue entragado a la Asamblea, entonces presidida por Fernando Cordero. Viteri Llanga participó en el documento, según relata Mesías Tatamuez en una comunicación de la época, junto con Trujillo y Alfredo Borja Velasco.

Estos antecedentes evidencian que Viteri Llanga ha tenido la misma línea por lo menos desde hace 40 años: cercano a los movimientos sociales y en particular al sindicalismo, varias de cuyas demandas auspició a lo largo de los años. 

Aunque obtuvo su título de abogado en 1976, el doctorado en Derecho le fue conferido en 2003. Con ese requisito, realizó estudios de posgrado en la Universidad Andina, en donde obtuvo una especialización superior en derecho administrativo y una maestría en derecho, también relacionada con el derecho administrativo, esto último en 2007. 

Viteri Llanga fue también director de la carrera de Derecho en la Universidad Central, y profesor principalmente de derecho laboral y seguridad social. Sobre los cargos que ha desempeñado, fue en 2018 presidente del TCE que actualmente integra, asesor parlamentario y director en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Si se puede afirmar que Viteri Llanga tiene algún compromiso, ha sido históricamente con los trabajadores. 

Ángel Torres y su pasado en CREO

Es otro abogado poco conocido en la capital, sobre todo, porque la mayor parte de su carrera la ha realizado en las provincias de Zamora y Loja, de donde proviene, pues nació en la provincia de Zamora Chinchipe en 1963. Sobre él, en las pasadas elecciones seccionales de 2019, CREO, el movimiento de Guillermo Lasso, hizo la siguiente aclaración: "nos vemos en la obligación de aclarar que el juez Ángel Torres no pertenece ni tiene relaciones con CREO desde hace más de 6 años cuando fue candidato postulado por nuestro movimiento en el año 2013. Si el PSC estima que el pasado político del juez Ángel Torres lo descalifica para ejercer su rol de manera independiente, debió haberlo impugnado meses atrás, cuando dicho funcionario fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social presidido por el Dr. Julio Cesar Trujillo, cosa que nunca sucedió".

Esto, luego de que Torres denunciara públicamente que emisarios del PSC de Los Ríos llegaron a ofrecerle un soborno para supuestamente fallar a favor de las candituras amarillas en esa provincia en las pasadas elecciones. En un comunicado, el TCE explicó que "el Juez Torres señala que un representante del Partido Social Cristiano, en nombre del candidato (Jhonny) Terán Salcedo, y de tres candidatos a alcaldías de la provincia de Los Ríos, le ofreció dinero para que archive las causas que se encuentran en su conocimiento, en especial la No. 120-2019-TCE, presentada por el señor Galo Lara Yépez. Obviamente la oferta fue rechazada de inmediato y los detalles serán entregados a la justicia para que sanciones a sus responsables”.

La denuncia no pasó a mayores, pues el juez electoral dijo que no conocía ni podía identificar a los emisarios y el PSC de Los Ríos negó cualquier nexo con los supuestos personajes.

El expediente que Torres entregó en el Consejo de Participación en el concurso es uno de los más voluminosos, pues tiene cientos de páginas. 

Doctor y abogado por la Universidad Nacional de Loja, obtuvo varios posgrados en universidades del país y del exterior, como la Universidad Andina Simón Bolívar, donde al igual que su colega Viteri, estudió Derecho administrativo y una maestría en Derecho Constitucional. Es, inclusive, candidato a un PhD por la Universidad Externado de Colombia. 

Como abogado, ha defendido casos de todo tipo, sobre todo en las provincias de Zamora y Loja. Desde alimentos, tránsito, asuntos penales, divorcios y acciones en tribunales contencioso-administrativos de la región sur de la Amazonía. 

Su primera particupación política ocurrió en el Congreso de 1996, donde llegó en calidad de diputado por Zamora Chinchipe. Sería también asesor en el Congreso y director jurídico en la Asociación de Municipalidades. 

Ha sido abogado de municipios pequeños como Macará, Penipe, Espíndola o Catamayo y en el Consejo Provincial y la Gobernación de Zamora Chinchipe.  También ha sido profesor en universidades de Zamora, Azuay, Loja y Pichincha. En 2013, como precisó CREO, intentó ser asambleísta por su provincia, por no obtuvo una curul. A pesar de su fallida postulación con CREO, fuentes consultadas por este portal estiman que Torres habría contado con la simpatía de Trujillo, a quien conoció en la Universidad Andina. 

Fernando Muñoz, el abogado de la UTE que resucitó las formaciones correístas 

La Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) destacaba en mayo del año pasado, tras la posesión como juez electoral de Fernando Muñoz, profesor y abogado de esa casa de estudios, su trayectoria en la institución. 

"Ha formado parte de la Universidad UTE desde 1982, cuando ésta aún era “Instituto Tecnológico Equinoccial”. Fue procurador de la Universidad durante 17 años asumiendo la conducción jurídica de la Institución y cuenta con 36 años de docencia en las cátedras de Derecho, en la Facultad de Ciencias Administrativas, impartiendo derecho laboral y empresarial, entre otras", dijo la UTE en su portal.

“La Universidad es parte de mi actividad diaria y es un compromiso muy personal. Yo estoy comprometido con la Universidad desde el inicio”, le dijo Muñoz al portal de la UTE, y agregó que  “los profesores tienen que trascender fuera del campo universitario y hacer presencia en el sector público y privado para transmitir el valor universitario a otras áreas. Esto es un imperativo en la sociedad, se va reconociendo a la Universidad por la presencia que tiene en otros campos y la gente espera la participación de la Universidad en todos los ámbitos”.

Muñoz dijo también en esa ocasión que “los miembros de la comunidad universitaria UTE debemos estar conscientes que el conocimiento y la ciencia  no son un fin en si mismos, nuestro deber es proyectar la academia y la investigación a la sociedad, nos formamos de la mejor manera para ser un factor multiplicador”.

Se le considera hombre cercano al actual rector de ese centro de estudios, Ricardo Hidalgo, quien no oculta sus simpatías por el régimen correísta y ha formulado duras críticas contra el morenismo. 

Nacido en Quito en 1954, estudió en la Universidad Central del Ecuador, donde se doctoró en Jurisprudencia. Sus estudios de posgrado estuvieron enfocados al derecho empresarial. Su principal actividad durante toda su carrera ha sido la de ser secretario general, procurador y profesor de la UTE, en lo que ha ocupado la mayor parte de su vida laboral. No ha tenido postulaciones políticas, aunque formó parte del desaparecido movimiento UNO, un partido de centro derecha, en Pichincha. Entre sus obras publicadas están un libro de Ética Profesional, otro de Legislación Educativa y un ensayo sobre el Bicentenario del Primer Gobierno Autónomo de Hispanoamérica, que trata sobre la Junta de Quito de 1809. 

Como proviene de la academia, y no precisamente del derecho electoral, su experiencia en la materia no está documentada. Pero ello no le impidió tomar una decisión polémica: en agosto de 2020, Muñoz  dejó sin efecto la resolución del CNE en la que se dispuso suspender a cuatro movimientos políticos, acogiendo un informe de la Contraloría. Así, resucitó a Fuerza Compromiso Social; Justicia Social,  Libertad es Pueblo y Juntos Podemos, que habían sido eliminados del registro electoral por el pleno del CNE. En su resolución, Muñoz sostuvo que eliminar a los cuatro movimientos “vulnera los derechos de organización política de miles de ciudadanos que presentaron su apoyo para la conformación de una organización política”. Y a las sospechas de su cercanía con el rector Hidalgo, se sumó una calurosa aprobación de Rafael Correa, quien dijo en Twitter: "Parece que hay vestigios de decencia en el TCE. Entonces que también dejen sin efecto la reforma -con dedicatoria- del reglamento que exige aceptar en forma “personalísima” las candidaturas, absurdo que perjudica además a decenas de miles de migrantes y personas vulnerables". 

Los cinco jueces deberán resolver, entonces, si dos de los candidatos más polémicos, como son Álvaro Noboa y Andrés Aráuz corren para la presidencia. Y la decisión que tomen podrá cambiar radicalmente no solo las artes para imprimir la papeleta, sino el futuro político del país.