En teoría, cualquiera de los nueve miembros de la Corte Constitucional podría dejar su cargo a principios del próximo año, pues está previsto un sorteo para una renovación parcial. El sorteo será a la antigua: con papelitos que se sacarán de un ánfora, pero contará con la presencia tanto de todos los jueces constitucionales cuanto de los integrantes de la Comisión Calificadora, que lleva adelante un concurso para ocupar las tres vacantes que se producirán. Está previsto que los tres nuevos jueces se posesionen en febrero de 2022. 

Las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia enviaron ternas para participar en el concurso, lo que significa que por lo menos nueve nombres están propuestos. En un informe aprobado este 22 de noviembre de 2021, la Comisión calificadora aceptó cinco nombres, tras una primera verificación de requisitos, y dejó fuera a otros cuatro postulantes. 

El concurso ya había sido declarado desierto semanas atrás, pero algunos de los postulantes, en especial en la terna del Ejecutivo, volvieron a ser incluidos. La Comisión está presidida por Vanessa Aguirre Guzmán y en la secretaría actúa el constitucionalista Rafael Oyarte. Entre los requisitos que han analizado está el ejercicio de por lo menos diez años de la profesión o la docencia universitaria y para verificar ese aspecto, han analizado si los postulantes tienen abierto un RUC que les permita facturar por su trabajo. 

La correlación de fuerzas en la Corte 

Quiénes sean los nuevos tres jueces constitucionales es algo que podría alterar el equilibrio de fuerzas en el seno del alto tribunal, en donde una mayoría calificada como "progresista" ha logrado, entre otros temas, la aprobación del matrimonio igualitario, frente a otro grupo de jueces considerados más "conservadores" sobre todo en temas políticos y sociales.

La Corte ha tenido roces con el Ejecutivo, pues sus controles de constitucionalidad sobre los decretos de emergencia de Lasso provocaron malestar en Carondelet. En su más reciente decisión, la Corte redujo de 60 a 30 días el periodo del estado de excepción que, por conmoción interna, había dictado Lasso con efectos en todo el territorio nacional, aunque realmente solo era efectivo en las provincias de la Costa y en Quito y su provincia.

La actual Corte, inclusive, llegó a emitir un comunicado rechazando las expresiones de Lasso en Twitter, y sostuvo que el Ejecutivo debe asumir sus propias responsabilidades. 

De ahí que el proceso de renovación sea observado de cerca en el Palacio. De hecho, buena parte de los candidatos del Ejecutivo y algunos de los de la Función de Transparencia provienen de los entornos de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y del secretario Jurídico de Palacio, Fabián Pozo y de los ambientes universitarios privados (no hay nadie de instituciones educativas públicas) como la Universidad de las Américas (de la que Vela fue decana de Derecho antes de entrar al Gobierno), la Universidad Católica o la Universidad San Francisco de Quito, cuyo decano de Derecho, Farith Simon, defendió públicamente a una de las postulantes en un artículo publicado en el diario El Comercio.  El decano dijo que no defendió a candidata alguna, lo que hizo fue criticar la actuación de la mayoría de la comisión calificadora, señaló.

Solo cinco pasan a la siguiente ronda

El informe hecho público este 22 de noviembre de 2021 tiene 14 páginas. En el documento, suscrito por Oyarte, se hace un análisis de los requisitos que se piden para participar en este concurso. En el documento se explica cuáles son los nueve nombres presentados: por la Asamblea Nacional Salim Zaidán Albuja, Alejandra Cárdenas Reyes y Luis Sarango Macas; por el Presidente de la República Richard Ortiz Ortiz, Bárbara Terán Picconi y Jhoel Escudero Soliz; y por la Función de Transparencia Mauricio Guim Alfago, María Fernanda Álvarez Alcívar y Carlos Vásquez Morales.

Según la Comisión, cumplieron los requisitos solo cinco: Salim Zaidan Albuja, Alejandra Cárdenas Reyes, Richard Ortiz Ortiz, Bárbara Terán Picconi y Jhoel Escudero Soliz.

Sobre los otros cuatro, se dio la posibilidad a dos de completar su documentación: es el caso de  Luis Sarango Macas y Carlos Vásquez Morales. A dos más de plano se los descalificó, pudiendo las funciones nominar a otros candidatos: fue el caso de Mauricio Guim Alfago y María Fernanda Álvarez.

¿Pero, quiénes son estos nueve abogados qué pretenden ser jueces constitucionales?

Salim Zaidán, un catedrático comprometido en la coparentalidad

Conocido como analista de temas constitucionales y profesor de la Universidad Católica, Salim Zaidán es activista en un tema que despierta pasiones encontradas: la propuesta de la coparentalidad y la defensa de los derechos de los padres separados, que, según denuncian, son impedidos de ver a sus hijos a pesar de haber cumplido con sus obligaciones económicas.

Zaidán ha hecho pública su lucha contra su ex pareja, una parlamentaria andina electa por el correísmo, con la que tienen constantes disputas para poder ver a la hija de ambos, quien vive en Loja. 

Según la Comisión, Zaidán, quien tiene título de abogado inscrito desde 2007, ha ejercido la docencia durante por lo menos trece años, además de haber sido subprocurador metropolitano, funcionario de carrera de la Procuraduría General del Estado y asesor legislativo, así como un breve paso por la Cancillería. Zaidán presentó también casos en materia constitucional que ha patrocinado en 2019 y en 2020. La Comisión declaró que cumple con los requisitos para el cargo. 

Pero aunque aún no se inicia esa etapa del proceso, Zaidán ya ha sido objetado por algunos sectores. Una resolución en su contra obtenida por la madre de su hija por supuesta violencia sicológica en una comisaría dependiente del Ministerio del Interior, ha motivado el rechazo de organizaciones feministas, que han anunciado que lo impugnarán. Su colega, Ramiro García, ex presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, no ha dudado en tratarlo de "ignorante" en materia constitucional, no sin antes dedicarle algunos otros epítetos. El nombre de Saidán salió del bloque de la Izquierda Democrática, que logró obtener los votos para la aprobación de la terna, que no contó con el correísmo. 

Sobre Zaidán, debido a su postura crítica sobre el feminismo, hay quienes consideran que podría ser un juez más del grupo conservador, en caso de llegar a la Corte, aunque otros opinan que es poco probable que se sume a las posturas más reaccionarias.

Alejandra Cárdenas, una profesora de la UDLA

Dedicada totalmente a la docencia, esta abogada no ha ejercido su profesión, pero sí ha tenido una carrera en la Universidad de las Américas, por lo que se le considera como parte del entorno de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. 

Obtuvo su título en 2005, pero no participa ni del Colegio de Abogados ni del Foro. En cambio, ha sido profesora de la Udla durante nueve años y medio. También ha dado clases durante seis meses en el IAEN y ejercido como decana de derecho, aunque ello no le dio puntos. Entre las clases que dicta Cárdenas están algunas relacionadas con derechos humanos, derecho internacional y género, y se considera que sería favorable a la mayoría progresista, en caso de llegar. Debido a su experiencia académica, la Comisión calificó a Cárdenas y declaró que cumple con los requisitos. Desde 2006 que Cárdenas tiene abierto su RUC.

Luis Sarango Macas, la cuota de Pachakutik

Es poco lo que se conoce sobre Luis Sarango Macas, el tercer integrante de la terna del Legislativo y quien fue invitado a completar su documentación, por lo que está todavía en suspenso su participación. En el Palacio Legislativo se dice que su nombre surgió de Pachakutik. Abogado en Pichincha desde 1999, inscribió su título en 2002. Abrió su RUC en marzo de 2002. Durante dos años, fue director nacional de Comunidades de la Defensoría Pública, entre 2018 y 2020, y asesor jurídico de la Conaie y la Fundación Altrópico. A la Comisión le llamó la atención que Sarango incluya un certificado suyo con el cual destaca los procesos en los que ha intervenido. Sarango envió también unos certificados de la Universidad de la Costa Caribe Nicaragüense, un tanto confusos, al igual que los de otros centros de estudios. Para la Comisión, los papeles presentados por Sarango son insuficientes, por lo que le dieron la posibilidad de completar su documentación.

Mauricio Guim, cercano a Hernán Pérez Loose

Fue descalificado por segunda vez, pues en la declaratoria de desierto del concurso anterior, ya se había señalado que no acreditaba requisitos. Este abogado de Guayaquil forma parte del entorno de Hernán Pérez Loose, y se le considera también cercano al secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, a pesar de que su nombre fue propuesto por la Función de Transparencia. Es subsecretario de Normativa de la Presidencia de la República, y afirmó que aunque no ha estado en el país, pues ha pasado varios años en el exterior, ha participado como pasante en el caso del Diario El Universo, en estudio Coronel y Pérez de Guayaquil. Inscribió su título en 2010, y Pérez Loose le entregó un certificado según el cual su ejercicio profesional se limita a haber formado parte del equipo jurídico que defendió al matutino desde 2011.  El RUC de Guim, que no tenía relación con actividades jurídicas, está suspendido desde 2013, según señala la Comisión en su informe. Los certificados de Guim en universidades de Estados Unidos y México, algunos de los cuales lo presentan "más que como un alumno como un colega e investigador" no fueron tomados en cuenta por la Comisión. 

María Fernanda Álvarez, trabajó con el procurador  Íñigo Salvador

Se le considera como cercana al actual procurador general del Estado, Íñigo Salvador, y también al actual juez constitucional, Ramiro Ávila, quien es la figura más importante del grupo de "progresistas" en la Corte. Trabajó en el estudio particular de Salvador. Inscribió su título de abogada en 2010, pero desde 2008 hacía "asistencia jurídica", lo cual no fue tomado en cuenta por la Comisión. En 2019 fue directora en la Subsecretaría de Derechos Humanos por tres meses, y funcionaria de la Defensoría del Pueblo por tres años. Fue también directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, ya en la gestión de Íñigo Salvador.  Su propio padre, Vicente Álvarez, le dio un certificado de dos años de ejercicio profesional, lo que la Comisión consideró como irregular para alguien que pretende llegar a una magistratura.  Para la Comisión, ello significó que no sea calificada. 

Carlos Vázquez Morales, un ex juez de la Pichicorte

Este profesor y abogado de Guayaquil fue descalificado también por no cumplir los requisitos. Fue parte de la Corte Suprema de Justicia de 2004, la llamada Pichicorte, dato que hizo constar en su aplicación. Obtuvo su título en 1983, si bien hasta 2002 no lo registró. Su RUC data de 2005, y la Comisión consideró que no hay indicios suficientes que acrediten su ejercicio de la abogacía. La Comisión sostuvo que sus certificados de docencia no están claros y que su ejercicio en la Pichicorte como juez supremo duró seis meses. Al igual que Sarango, tiene todavía la posibilidad de completar la entrega de la información. 

Richard Ortiz, profesor de Derecho Constitucional de la UDLA

Encabeza la terna del Gobierno y es considerado como parte del entorno de la ministra de Gobierno y ex decana de Derecho de la Udla, Alexandra Vela. Dicta materia como teoría del Estado y Derecho Constitucional, ya he tenido varios cargos públicos en años pasados. Tuvo varios cargos en la Función Electoral, por lo que se le considera un experto en la materia. Obtuvo su título en 1992, aunque lo inscribió en 2002. Durante siete años y siete meses ha dado clases en la Udla en materias jurídicas. También fue profesor por dos años en la Universidad San Francisco y por poco más de un año en la Universidad Internacional. 

Además, fue director ejecutivo del Instituto de la Democracia y secretario del Tribunal Contencioso Electoral, estuvo dos años como asesor en la Asamblea Nacional y fue asesor de Mauro Andino en la Constituyente de Montecristi. Ortiz fue calificado por la Comisión. No hay consenso sobre cuál podría ser su postura entre los grupos de la corte en caso de llegar, pero se tiende a pensar que los abogados del entorno de Vela podrían inclinarse por los progresistas. 

Bárbara Terán, una abogada cercana a los liberales

Su padre, Oscar Terán Terán, es un conocido abogado quiteño, militante de las causas del liberalismo. Aunque su nombre fue rechazado en primera instancia por la Comisión, que señaló que había abierto su RUC hace poco tiempo y no parecía poder acreditar su experiencia profesional, el nombre de Terán, fue nuevamente presentado por el Ejecutivo. Tendría cercanía al entorno de Fabián Pozo, el secretario jurídico del Palacio. Es columnista del portal 4Pelagatos. Alumna del Colegio de Jurisprudencia de la San Francisco, registró su título en 2003, y el estudio Terán y Terán, le concedió un certificado de ejercicio profesional entre 2006 y 2011 y 2013 y 2019. Para la Comisión, el certificado fue considerado insuficiente. También ha sido docente de manera intermitente desde 2016 en el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco, aunque ha dictado materias relacionadas con derecho laboral y corporativo.

Terán subsanó las dudas de la Comisión con la presentación de documentos sobre su participación en peticiones administrativas, arbitrajes, providencias judiciales, peticiones a órganos jurisdiccionales y demandas por lo menos de 2006, lo que para la Comisión significó que cumplió con los diez años de ejercicio. Aunque en su primer informe la Comisión destacaba que su RUC había sido abierto recientemente y que sus declaraciones de renta evidenciaban escasos ingresos, este detalle no fue mencionado en esta ocasión.

Jhoel Escudero, profesor de la UDLA y de la Andina

Abogado desde 2007, ha sido profesor y vicerrector del IAEN. También  fue profesor de derecho en la Universidad de Las Américas, así como en la Universidad Andina Simón Bolívar por cinco y diez años respectivamente. Fuentes confiables lo describieron como un abogado con conexiones con la ministra Vela, pero también con abogados como Ramiro Ávila y Agustín Grijalva, el primero actual juez constitucional, dada su larga trayectoria en la Andina. De su paso de varios años en la Corte Constitucional le acreditaron dos años, pues fue asesor del ex juez Roberto Brunis. Escudero también fue calificado y se sostiene que, en caso de llegar a la Corte, podría alinearse con el grupo progresista.