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4 de Mayo del 2021
Historias
Lectura: 24 minutos
4 de Mayo del 2021
Redacción Plan V
Quito en piloto automático mientras el cerco sobre Jorge Yunda se estrecha
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La incertidumbre sobre el futuro político y judicial del alcalde Jorge Yunda mantiene a la administración capitalina semi paralizada.
Foto: Diario El Universo

 

Mientras la justicia de Pichincha lo llamó a juicio como autor mediato de un peculado en las pruebas de covid, el alcalde metropolitano enfrenta una posible remoción que deberá ser analizada por el Concejo capitalino. Su estrategia es incidentar el proceso y ganar tiempo. Mientras tanto, se investigan los presuntos manejos de su hijo Sebastián, lo que podría abrirle otro frente judicial. "Yunda está atento a su suerte jurídica, pero no a la ciudad ni al Concejo", advierte la concejala Luz Elena Coloma.


El alcalde de Quito, Jorge Yunda, se atrinchera en la Alcaldía, decidido a no renunciar y a extender los procesos tanto de control político cuando judiciales en su contra lo más posible. Su estrategia es ganar tiempo y propiciar la declaratoria de nulidad, al menos en los procesos de remoción que se adelantan en su contra en el Concejo, mientras sus abogados se alistan para la audiencia preparatoria en el juicio penal que, por peculado, se tramita en su contra en la Corte Provincial de Pichincha. 

La semana anterior, la Fiscalía emitió un dictamen acusatorio contra Yunda, su secretaria de Salud, Ximena Abarca, su asesora Linda Guamán y otros funcionarios y ex funcionarios municipales, por el caso de la compra de pruebas moleculares coreanas cuya sensibilidad fue cuestionada y, ademas, que debían ser procesadas con otra tecnología distinta al PCR, lo que se considera como un incumplimiento del contrato.

Mientras tanto, en el Concejo, avanza un proceso que consiste en analizar varios pedidos ciudadanos de remoción, una figura prevista en el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), la ley que regula a los municipios, que algunos consideran una especie de juicio político que se tramita ante la Comisión de Mesa del Concejo y que luego pasa ante el pleno del Cabildo, que debe resolver, con por lo menos 14 votos, si cesa o no al alcalde. La estrategia de Yunda, además de asegurar los votos en el Concejo, es crear incidentes que le permitan elevar en consulta el caso ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que debe analizar si en el proceso se han cumplido con todos los procedimientos, y que podría revocar una decisión adversa. Pero todo el trámite podría tomar varias semanas. En lugar de Yunda en la Comisión de Mesa -el alcalde no puede ser juez y parte- integra la Comisión de Mesa la concejala Analía Ledesma (ID), además del vicealcalde Guarderas, el concejal Fernando Morales (Concertación) y Mónica Sandoval (correísmo). 

En lugar de Yunda en la Comisión de Mesa -el alcalde no puede ser juez y parte- integra la Comisión de Mesa Analía Ledesma (ID), además del vicealcalde Guarderas, el concejal Fernando Morales (Concertación) y Mónica Sandoval (correísmo).

El ex secretario del Concejo Metropolitano e integrante de la organización Gobernanza Local EC, Diego Cevallos, sostiene que tras la calificación de por lo menos dos de las tres denuncias contra Yunda, se trata de la primera vez que estos procesos pasan a trámite ante el Concejo en la historia reciente de la capital. Los pedidos de remoción en contra de Yunda deberán tramitarse de forma individual, señala Cevallos, quien sostiene que hay varios precedentes de sentencias del Tribunal Contencioso Electoral que han revocado decisiones de remoción de municipios por el incumplimiento del procedimiento. Y es por eso, estima Cevallos, que la defensa del alcalde intentaría obtener la nulidad de una resolución que le sea adversa de esa forma.

Lo que el TCE revisa, explica Cevallos, es si se ha cumplido con el debido proceso y con los términos o plazos, y no entra a analizar el fondo de la cuestión. Esta valoración, que es totalmente política, le corresponde únicamente a los concejales de Quito, señala.

Para Cevallos, Yunda y la Secretaría del Concejo estarían generando incidentes en el trámite de las denuncias de remoción, como fue en el caso de la primera denuncia que formuló Marcelo Hallo, del colectivo Quito Unido. Para evitar cualquier alegato de nulidad, Hallo retiró su primera denuncia y la volvió a ingresar, por no estar de acuerdo con el trámite que le dio la Secretaría del Concejo, quien realizó una consulta al procurador metropolitano.

Se encuentran calificados los pedidos de remoción de Marcelo Hallo y de Carolina Moreno, quienes sostienen que el alcalde Yunda ha incumplido sus obligaciones, tanto las establecidas en el COOTAD cuanto las que enaman de las ordenanzas. Un tercer pedido fue presentado por un colectivo.

Yunda pierde una batalla en el Concejo y no logra recusar a su ex aliado, Guarderas

Mientras tanto, el Concejo negó con 11 votos afirmativos y 9 abstenciones (la mayoría del correísmo) este martes 4 de mayo de 2021 un pedido de alcalde Yunda de que el vicealcalde Santiago Guarderas se excuse de tramitar los procesos en su contra, lo que fue rechazado por la mayoría de concejales. En su carta, Yunda citaba varias declaraciones públicas de Guarderas en las que este se había pronunciado en su contra y criticado su gestión.  Guarderas se apartó públicamente de Yunda, en cuya lista llegó al Concejo, tras filtrarse los chats del hijo del alcalde en donde se revelarían manejos, al parecer ilícitos, de compras y contratos municipales.

Pero no solamente Guarderas se alejó de Yunda, sino también el concejal René Bedón y el concejal Marco Collahuazo, quienes antes solían acompañarlo a sus entregas de obras. Ante la falta de apoyo político en el Concejo, que dependería de los votos correístas, aún inciertos, el alcalde intenta, reitera Cevallos, obtener anular una decisión de los concejales en su contra con un recurso al TCE. El abogado precisa que es la propia ley la que establece que debe ser el vicealcalde quien debe tramitar los pedidos en su contra, por lo que no tenía asidero el pedido del alcalde, que fue negado por los concejales. Además, Cevallos explica que este proceso "no es administrativo, sino de control político", de forma similar a los que se realizan en la Asamblea Nacional. 

Para la concejala Luz Elena Coloma, el argumento del alcalde de que los concejales que le critiquen no podría juzgarlo políticamente no tiene sentido. El pedido de Yunda contra Guarderas, explica Coloma, era una "movida" del alcalde que no tenía fundamento, pues el vicealcalde no se ha pronunciado específicamente sobre el pedido del colectivo Quito Unido. 

El pedido de Yunda contra Guarderas, explica la concejala Luz Elena Coloma, era una "movida" del alcalde que no tenía fundamento, pues el vicealcalde no se ha pronunciado específicamente sobre el pedido del colectivo Quito Unido.

Pero el proceso será largo. Primero se deberá abrir un término de prueba de diez días, en donde el alcalde y sus acusadores deberán ir ante la Comisión de Mesa. Luego habrá cinco días adicionales para elaborar un informe por parte de la Comisión y a los dos días debería reunirse el Concejo para escuchar nuevamente los argumentos, en una forma similar a como se realiza un proceso político en la Asamblea. Se necesitan 14 votos para remover a Yunda. Los días previstos en la Ley son días hábiles, por lo que el proceso podría extenderse a lo largo del mes. Tras la resolución, hay por lo menos 13 días hábiles más de trámite ante el Tribunal Contencioso Electoral, durante los cuales el alcalde Yunda se mantendrá en el cargo. 

Coloma señala que la situación actual en el Municipio capitalino es de incertidumbre. "Yunda está llevando a la ciudad a un momento crítico. Todos los días se oye que va a haber renuncias, se habla de malos tratos y falta de liderazgos. Se cambian los funcionarios en Obras Públicas, Salud, Espacio Público, la Procuraduría", explica la concejala, quien destaca que se teme de nuevos allanamientos por las indagatorias de la Fiscalía. "Yunda está atento a su suerte jurídica, pero no a la ciudad ni al Concejo. La ciudad está descabezada y la situación es crítica", advierte la concejala, quien insiste en que Yunda debe renunciar a su cargo. 

El proceso penal se complica, pero Yunda no irá a prisión preventiva 

En horas de la madrugada del 30 de abril, la Fiscalía publicó que Jorge Yunda iría a juicio por el caso Pruebas PCR Quito. En una audiencia que duró 5 días, Yunda y 13 procesados más fueron investigados por el delito de peculado. Como evidencia, la Fiscalía presentó más de 80 elementos vinculantes. Se pidió su prisión preventiva, lo que habría obligado al alcalde a pedir licencia o vacaciones por no más de 120 días. Pero esto no ocurrió. 

Los fiscales habían pedido prisión preventiva para el alcalde, pero el presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jhayya, no modificó las medidas cautelares contra Yunda, quien usa un grillete electrónico. Yunda dijo en su twitter “mi defensa evidenció a lo largo del proceso que no existe peculado alguno. Estamos listos para demostrarlo en juicio”.

Los fiscales habían pedido prisión preventiva para el alcalde, pero el presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jhayya (foto), no modificó las medidas cautelares contra el alcalde, quien usa un grillete electrónico. Yunda dijo en su twitter “mi defensa evidenció a lo largo del proceso que no existe peculado alguno. Estamos listos para demostrarlo en juicio”.

Los implicados son 13 funcionarios del Municipio, incluido el alcalde, y un empresario privado que vendió las pruebas, de origen coreano. Se los acusa de irregularidades en el contrato de USD 4,2 millones entre el Municipio y Salumed S.A. para la adquisición de 100.000 pruebas que, según el contrato, debían ser de tecnología PCR-Polimerasa. Pero en lugar de las PCR, la empresa vendió pruebas de la marca Isopollo Covid-19 que tienen una menor sensibilidad y especificidad para detectar el virus y se procesan con tecnología lamp. Según la Fiscalía, por esa razón el contrato debía terminarse unilateralmente, se debían aplicar multas y declarar a Salumed como proveedor incumplido. Sin embargo, nada de esto pasó y el contrato se finiquitó por mutuo acuerdo.

El 16 de abril de 2020 se firmó un contrato de emergencia para la adquisición de reactivos para la determinación del Covid-19 por PCR-Polimerasa. Salumed S.A. se adjudicaría el contrato por un monto de USD 4,2 millones, pero informes presentados por la UDLA y Synlab indicaron que las pruebas no eran del tipo PCR-Polimerasa sino RT Lamp y que tenían una sensibilidad de detección más baja que la establecida por contrato. El alcalde Yunda, a pesar de que habría tenido conocimiento sobre los informes, habría dado disposiciones para que se procesara las pruebas a través de entidades públicas y privadas para poder seguir utilizándolas.

La tesis de la Fiscalía: ¿qué hizo cada quién?

Jorge Yunda, autor mediato

Aunque no tiene el dominio fundamentado en la ejecución, tiene el poder de la voluntad conductora de la acción de otra persona. Según la Fiscalía, el alcalde tuvo conocimiento del proceso de contratación y preparó las condiciones para su suscripción al eliminar el techo de contratación pública que establecía un límite de USD 2.9 millones. Tras lo cual el ex secretario de Salud, Lenin Mantilla firmó un contrato por USD 4,2 millones con Salumed para la adquisición de pruebas PCR. Habría mantenido comunicación con Ximena Abarca, Secretaria de Salud del Municipio, y Linda Guamán, Coordinadora Técnica de la misma institución, donde conoció que la pruebas eran RT Lamp y no PCR. El alcalde habría dado instrucciones de que se valide las pruebas RT Lamp mediante laboratorios privados y públicos. Yunda habría dado también la orden de terminar el contrato con Salumed por mutuo acuerdo y no por culminación unilateral como había propuesto la Secretaría de Salud.
Juan Pablo Albán, abogado del Alcalde, hizo alusión al cuarto día de audiencia con un expediente con cerca de 42.000 folios. “Más de 38 horas de alegatos y estos documentos ´nomás´ debe revisar el Presidente de la Corte Provincial para retomar con su resolución en minutos”. Alban dijo que recibió ataques personales tras haber asumido la defensa del alcalde Yunda.

Lenin Mantilla, ex secretario de Salud: autor directo

Habría participado en esta supuesta disposición arbitraria de fondos públicos. Mantilla habría mantenido constante comunicación con quienes tenían a su cargo el determinar la validez de las ofertas de los contratistas. Tomando en cuenta que las investigaciones determinaron que la propuesta de Salumed era la más cara e incompleta, su decisión de aceptarla perjudicó al Estado. El procesado no habría considerado la necesidad de tomar en cuenta el procesamiento de las pruebas, lo que obligó a la Secretaría de Salud a buscar convenios con la UC, PUCE, UTE, IESS Sur y OneLabt. Tampoco habría elaborado el plan de contingencia que le fue asignado por parte del alcalde.

Juan Vinelli, Gerente de Salumed: autor directo

Habría incumplido con el contrato al entregar pruebas Isopollo Covid-19 con tecnología RT Lamp en lugar de PCR Polimerasa como estaba acordado con el Municipio. El convenio establecía los parámetros de sensibilidad en 99% a 100%, pero los informes emitidos por varias entidades daban sensibilidades menores, la más baja del 15% detectada por el Inspi. Las pericias establecieron que Salumed habría establecido un precio 16% mayor con respecto a las demás empresas oferentes. La Fiscalía destaca también que la empresa habría presentado cuatro proformas en tres días consecutivos con cantidades y precios diferentes.

Ximena Abarca, Secretaria de Salud: coautora

Pese a haber tenido conocimiento de que las pruebas no eran las determinadas en el contrato, habría ejecutado acciones para continuar con el contrato con Salumed. Habría cumplido las disposiciones del Alcalde de validar las pruebas Isopollo Covid-19, al buscar entidades como (Korea Testing Verification) KTC, Synlab, Inspi o UDLA, para seguir usándolas a pesar de no ser PCR. Abarca habría tenido conocimiento de los informes de la UDLA y la Secretaría de Salud México sobre la baja sensibilidad de las pruebas coreanas.
En un inicio, Abarca habría decido terminar unilateralmente el contrato, pero por disposiciones del Alcalde habría cambiado su decisión y terminó el contrato por mutuo acuerdo, causando un perjuicio de USD 62.374 al Estado. La funcionaria firmó un contrato de externalización con OneLabt que provocó un pago estatal adicional de USD 650.000. La defensa de Abarca dijo que La Ley de Apoyo Humanitario señala que los contratantes no pueden terminar contratos por valores de pago pendientes antes de los 12 meses.

Linda Guamán, Coordinadora Técnica de Salud: coautora

Habría tenido conocimiento de que las pruebas recibidas por el Municipio eran RT Lamp y no PCR. Guamán habría buscado validar los reactivos a través de KTC, Synalab, Inspi y la UDLA. Además, habría sido la primera funcionaria en conocer los informes de la UDLA y la Secretaría de Salud México que determinaron la baja sensibilidad de las pruebas y recomendaban que no se utilicen. La UDLA informó a la coordinadora que las pruebas ni siquiera tenían autorización de ser utilizadas en su país de origen, Corea del Sur. La procesada también emitió un informe técnico que permitió a Ximena Abarca terminar el contrato con Salumed por mutuo acuerdo y sugerir la externalización de servicios con OneLabt, que provocó un pago adicional del Estado de USD 650.000.
María del Mar Gallegos, abogada de Guamán, alegó que su representada ingresó a la institución dos meses después de la firma del contrato por lo que no habría estado en la fase precontractual. Además, Gallegos dijo que Salumed indicó que entregaron pruebas lamp, que habrían sido consideradas  comp pruebas moleculares de la familia PCR según el ARCSA. Según la jurista, Guamán solo habría solicitado “opiniones académicas” a las distintas entidades para validar las pruebas. También solicitaron un peritaje a los informes de la UDLA que habría concluido invalidez científica y legal en los informes de esa universidad.

Daisy Hidalgo, administradora del contrato: coautora

Habría conocido que se entregaron pruebas RT Lamp y no habría informado por escrito este incumplimiento. La falta de esta advertencia habría permitido que Ximena Abarca contrate el proceso de externalización de procesamiento de pruebas con Onelabt. Habría recibido kits con fechas de caducidad menores a las establecidas en el contrato y omitido informarlo.

Jessica Paola C., Analista de contratación: coautora

Se habría detectado que la funcionaria pidió ofertas previo a la aprobación del documento denominado “Especificaciones Técnicas”. De esta manera habría violado el artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que establece que “Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad”.

Erik Andrade, excoordinador jurídico de la Secretaría de Salud: coautor

Andrade tenía como obligación garantizar que se cumplan las clausulas del contrato con Salumed. Por lo tanto, habría participado en los informes de necesidad, mercado y especificaciones técnicas. En su calidad de coordinador jurídico habría conocido desde un inicio que las pruebas eran RT Lamp y no PCR-Polimerasa. Las investigaciones intervinieron chats de Andrade con Jessica Paola C. donde el funcionario dijo: “todo pasa por mi en este proceso. Resolución, procesos…”. Andrade habría omitido la advertencia del incumplimiento del objeto del contrato por parte de Salumed. Tampoco habría especificado en el contrato la forma de entrega de los kits, lo que a su vez permitió que la empresa contratista no se responsabilice por retrasos en la entrega.

Marco Rubio, excoordinador jurídico de la Secretaría de Salud: coautor

Habría efectuado las acciones que resultaron en la vigencia y permanencia contractual suscrita con Salumed. A pesar de haber conocido sobre la invalidez de las pruebas, no habría cumplido con su rol de asesorar a la Secretaría de Salud de terminar el contrato unilateralmente por incumplimiento de objeto. Al contrario, suscribió un informe técnico que permitió a Ximena Abarca terminar el contrato por mutuo acuerdo.

Enrique Bucheli, Director Metropolitano de Gestión de la Secretaría de Salud: coautor y Simón V, responsable del laboratorio UMS-SS: coautor

La participación de ambos, como miembros de la Comisión Técnica de la Secretaría de Salud, fue en la fase precontractual, habrían suscrito el acta de recepción de ofertas y recomendado que se inicie la contratación con Salumed. Las pericias no encontraron un criterio para determinar la cantidad y uso de los 200.000 kits que se preveían en un inicio. Para aceptar la oferta de Salumed redujeron la necesidad a 100.000 kits, que es la cantidad que la empresa había ofertado en su proforma.
Ambos habrían aprobado un informe donde descarta a otra empresa oferente por no cumplir formas de pago y especificaciones que, según las investigaciones si estaban presentes en la cotización. Simón V. habría suscrito un informe de vialidad a favor de la empresa AWT S.A. Sin embargo, no lo mencionó en el acta de apertura de ofertas por lo que, según la investigación habría ocultado deliberadamente un proceso anterior.

Diego Salazar, coordinador de medicamentos y dispositivos médicos de la Secretaría de Salud: coautor

Suscribió un informe de viabilidad de ofertas, donde se descartó a GenLife y a Global Expansion 360, por no cumplir especificaciones, y recomendó a Salumed por cumplir con todos los requisitos. Esto a pesar de que Salumed ofertaba 100.000 kits y se habían pedido 200.000. Estas acciones habrían permitido que la Secretaría de Salud suscriba el contrato con Salumed, la oferta más costosa y que menor cantidad de kits ofertaba.

Iván Manzano, coautor y José Morales, coautor

Eran responsables del estudio de mercado en la Secretaría de Salud. Suscribieron el informe donde se recomendó iniciar la contratación con Salumed que incluía sensibilidad del 99% a 100% . Además, dentro del mismo informe se descartó a GenLife. Según la Contraloría el estudio de mercado tiene como objetivo establecer un análisis comparativo mas no descartar ofertas.

Los 14 implicados han sido llamados a juicio por presunto peculado. La defensa de los acusados negó la existencia del delito. Los juristas dijeron que la ARCSA es el único organismo que puede determinar la validez de las pruebas. También dijeron que las pruebas para la detección de Covid-19 estaban destinadas fundamentalmente para salvar vidas y presentaron estadísticas que mostraron que en los meses en que se emplearon las mismas el número de muertes se redujo.

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