El presidente Correa ha dicho que no descarta la opción de llamar a consulta popular para que los electores decidan si se aprueba o no la reelección indefinida. Esa opción renace tras la crisis política y de credibilidad del oficialismo frente a varios sectores sociales, la cual ha cambiado la percepción del futuro en Carondelet.

Antes de las marchas sindicales y sociales del 17 de septiembre, las cuales según los organizadores convocó a cerca de 80 000 manifestantes en 22 ciudades del país, el gobierno veía como un camino en bajada la aprobación de las enmiendas constitucionales para cambiar la Constitución de Montecristi, sin mayor costo político.

Sobre todo en el tema de la reelección indefinida, al parecer la piedra filosofal del correísmo. Pero de acuerdo encuestas, que se han hecho públicas y también conoce el gobierno, una buena parte de la población estaría por la opción de ir a una consulta popular para cambiar la Constitución. Una encuesta de Cedatos determinó que un 60% de la población está de acuerdo con que los cambios constitucionales deben hacerse vía consulta, pero solo un 17% está de acuerdo que se lo haga vía Asamblea, como es la propuesta del oficialismo. Un 12% adicional no quiere ningún tipo de cambio en la Constitución, lo cual se puede interpretar que ese porcentaje de consultados está en contra de la propuesta. De darse la consulta, un 53% rechazaría los cambios en la Constitución. Mientras que un 65% está dispuesto firmar porque se llame a consulta popular.

La tendencia es a exigir una consulta popular y de darse esta, la tendencia es a rechazar la reelección indefinida y demás enmiendas.

Si el oficialismo desoye este clamor y reforma la Constitución en la Asamblea, estaría dando un arma formidable a la oposición en contra de la reelección indefinida y un elemento reunificador en un proceso político de recolección de firmas. Si el Presidente llama a consulta, en cambio, estaría contradiciendo todos los argumentos levantados desde hace meses para justificar los cambios constitucionales vía Asamblea. Si va a consulta y pierde, no tendría opción electoral alguna para el 2017; si va a consulta y gana, el Presidente tendría una posibilidad de ser reelecto.  Tal es el escenario que, según fuentes del oficialismo, estaba analizado Carondelet. Para el martes 30 de septiembre, el Mandatario y su equipo tenían ya el informe final de sus asesores, que corrieron encuestas y las analizaron el fin de semana anterior.

Pero la marcha nacional del 17S cambió el tiempo político y prendió la luz amarilla en el palacio de gobierno.  También provocó algo adicional: en la teoría de la restauración conservadora y el retorno de la derecha (que sabe más a una disputa del siglo 19 contra los liberales que a una teoría política contemporánea) no cuadra la composición social y política de la protesta. ¿Cómo explicar que sean los sindicatos, los anarquistas, los movimientos sociales, los estudiantes, el movimiento indígena y todo el bloque social que ha sido históricamente patrimonio de la izquierda, los que hayan protagonizado la protesta social más potente de los últimos seis años contra el “gobierno de izquierda”?

La marcha fue la eclosión de varios descontentos. Aunque la convocatoria fue del Frente Unitario de Trabajadores, unas 12 organizaciones de diverso tipo, incluida la Conaie, se sumaron a una plataforma de lucha, que reedita el liderazgo del FUT luego de varios lustros de ostracismo.

Fue el resultado de un escenario de conflictividad en el cual el gobierno ha puesto diversos sectores sociales en su contra, que son los mismos que lo apoyaron en el primer periodo de la revolución ciudadana, esto es, hasta enero del 2009, cuando las propuestas de carácter colectivo ceden el paso al caudillismo de Rafael Correa.

Para varios fundadores del Movimiento PAIS, hoy fuera del gobierno y del partido, los que el correismo hizo fue “traicionar” los postulados democráticos de los sectores sociales que llevaron al triunfo a la corriente de la revolución ciudadana.

Uno de estos, y quizá el de carácter central, fue el sistemático desmantelamiento de los derechos históricos de la clase obrera ecuatoriana.

El bloque obrero-sindical, el primer afectado

Resulta interesante ver cómo el protagonismo de la lucha social volvió a los trabajadores, luego de que en los últimos 20 años fue el movimiento indígena el que movió y concentró las reivindicaciones de los movimientos sociales. Al perder el apoyo del sindicalismo, el gobierno estaría frente a una derrota estratégica, pues el modelo político y económico impuesto por Alianza PAIS ha desmantelado sistemáticamente los derechos históricos de los trabajadores ecuatorianos, esencialmente los derechos de estabilidad y de huelga.

Verónica Montúfar, analista del movimiento obrero ecuatoriano y directora de Internacional de Servicios Públicos, hizo un estudio sobre la situación de los sectores laborales públicos y privados durante la revolución ciudadana.  En este sostiene que la regresiva política laboral y su consecuente devastación de los derechos colectivos de los trabajadores públicos se han implementado por etapas. 

Según Diego Cano, dirigente petrolero y destituido durante el gobierno de Correa y citado en su estudio por Montúfar, la primera corresponde al período de desregulación y flexibilización del gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja, que marca el inicio de la etapa neoliberal, en donde a pesar de la difícil situación del movimiento sindical representado en el FUT, “los sindicatos públicos, conformaron un movimiento social que logró levantar un proceso de resistencia al neoliberalismo, la defensa de la propiedad pública y de las áreas estratégicas de su economía: petróleo, electricidad, telecomunicaciones, agua, minería, salud, educación, seguridad social, saneamiento ambiental, para que estas continuaran en manos del Estado.”  

Cano, señala como la segunda etapa, la que inicia en el año 2000 con los gobiernos de Noboa y luego Gutiérrez; y, dentro de esta etapa la que impulsa el régimen de Rafael Correa, la que categoriza como una fase de profundización.

De igual manera, dentro de esta fase de profundización de la desregulación y flexibilización laboral que se extiende hasta la actualidad, dice Montúfar, tanto en la formulación como en la implementación de las políticas regresivas para el sector público, se pueden identificar momentos, que a la vez corresponden a los períodos presidenciales de Alianza País, a los procesos de avance del modelo económico parte de su proyecto político y a las variaciones en la hegemonía.

En cada momento se aprecia incluso la implantación de una política focalizada y selectiva hacia subsectores dentro del sector público, organizaciones y dirigencia. Aquí es donde claramente entra en juego la lucha de clases. (Gráfico periodización en anexo). Los momentos señalados por la socióloga Montúfar son los siguientes.

Momento 1: Mandatos Constituyentes y Constitución-2008

Correspondiente al primer período presidencial. Los Mandatos 2 y 4 afectan el derecho de estabilidad laboral y el Mandato 8 el derecho de negociación colectiva. La nueva Constitución, tiene 3 puntos regresivos fundamentales:  la promoción de la injerencia del Estado en las organizaciones, la profundización de la división social del trabajo entre servidores públicos y obreros con la respectiva fragmentación de régimen laboral; y, la prohibición de la paralización de todos los servicios públicos. Se producen los primeros despidos en el sector público petrolero del período con la aplicación del Mandato 8.

Momento 2: Legislación secundaria y decisiones administrativas-Finales del 2008, 2009 y 2010

Correspondiente al período posterior al referéndum aprobatorio de la Constitución y la elección del primer período presidencial, post Constituyente. El período inicia con la implementación del Mandato 8, a través de la revisión unilateral de los contratos colectivos del sector público, que involucran la expedición de una serie de decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales, con clara injerencia gubernamental en la conculcación de derechos protegidos por la contratación colectiva, la jubilación patronal y en la autonomía de las organizaciones sindicales.  Posteriormente se da la expedición de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que fundamentalmente ejecuta el dictamen constitucional de la división de régimen laboral entre trabajadores y suprime la participación de los trabajadores en los directorios de las empresas públicas. Le sigue la Ley Orgánica del Servicio Público, la que fue aprobada en el desenlace a la crisis política ocurrida el 30 de septiembre de 2010. 

Esta ley difumina la carrera administrativa, mantiene a los trabajadores como servidores públicos por fuera de la ley laboral y flexibiliza las causales para la salida del empleo público, introduciendo a los resultados de las evaluaciones de desempeño, como una de ellas. Los primeros sectores en los que se desarrolló la revisión unilateral de los contratos colectivos fueron en este orden, el sector petrolero, seguridad social y salud. En este período se producen despidos de los trabajadores tercerizados que por efecto del Mandato 8  fueron vinculados a las plantas de las empresas o instituciones públicas y a quienes se les aplicó el plazo máximo, que en realidad se planteaba como derecho mínimo de estabilidad de un año y también se despide a trabajadores del sector eléctrico “disidentes”.

Momento 3: Criminalización y despidos masivos-Finales del 2010, 2011 y 2012.

Corresponde al período de salida a la crisis del 30 de Septiembre y desarrollo de la campaña electoral para el segundo período presidencial.  Se desata con la implementación de sumarios administrativos y demandas penales a la dirigencia sindical y gremial del sector público que participó en las manifestaciones de rechazo a las maniobras gubernamentales en la Asamblea Nacional para incluir todos los puntos del veto presidencial en la Ley Orgánica del Servicio Público .  Estos procesos legales de intimidación se producen fundamentalmente en dos sectores: petrolero y en la administración pública central.  Posteriormente y debido a que la crisis política no posibilitó integrar la figura de la “renuncia obligatoria” se expide vía decreto ejecutivo un Reglamento a la Ley y posteriormente una reforma al Reglamento, en el cual se vuelve a integrar la figura de la “renuncia obligatoria”, cuya implementación dejó fuera del sector público a más de 15.000 trabajadores de la administración pública central y el sector salud en sólo tres meses. De manera paralela continuaron los despidos en el sector petrolero.

Periodo de los cambios laborales y legales desdel el 2007 en adelante.

Momento 4:   Profundización del paralelismo, promoción de organizaciones patronales, control de organizaciones “independientes”-2013

Corresponde al período post-electoral de inicio del segundo período presidencial y está marcado por cuatro hechos: el proceso de aprobación de un nuevo Código de Relaciones Laborales que configurará la armonización de la reforma regresiva en una sola ley, perpetuando la fragmentación de régimen laboral en el sector público; la expedición del Decreto Ejecutivo 16 sobre el Reglamento para el funcionamiento de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, atentatorio a los principios de autonomía y que incrementa la capacidad de control del Estado hacia las organizaciones; la continuación de los despidos incluyendo viejas y nuevas figuras jurídicas, ahora con énfasis en las jubilaciones obligatorias; y, la sentencia de segunda instancia a 8 años de prisión por el “delito” de sabotaje y terrorismo a la ex presidenta de la Unión Nacional de Educadores-UNE.

Momento 5:   Profundización de la fase de acumulación por desposesión, ampliación de la contra reforma al sector privado y eliminación del sindicalismo público-2014.

Este período corresponde al post-electoral de autoridades de los gobiernos locales, que marcaron un giro en la tendencia política hegemónica del régimen de Alianza País, el que tuvo un revés en las principales ciudades del país como Quito, Guayaquil y Cuenca; así como también en gobiernos provinciales fundamentalmente de las zonas en conflicto por la extracción minera y petrolera. Este hecho marca un distanciamiento electoral de un importante número del electorado; a pesar que en términos cuantitativos el movimiento Alianza País, todavía controla la mayoría de autoridades a nivel nacional. Este hecho junto con la emergencia de luchas de diversos grupos sociales han obligado al gobierno a intensificar su proyecto político, económico e ideológico, con la finalidad de lograr sus objetivos en el menor tiempo posible y con el saldo de legitimidad que aún le queda dentro de los grupos de poder; así como también dentro de los sectores populares.

Se ha podido observar, dice el estudio de Montúfar, en los distintos niveles una intensificación del control estatal tanto a nivel de los otros poderes del Estado; como en la vida social; que ha sido justificado en lo ideológico por la retórica del advenimiento de la “restauración conservadora con relaciones internacionales”; los “tira piedras de la izquierda ortodoxa y extremistas” y la necesidad de dar continuidad al proyecto del régimen a través de la “relección presidencial”.

El trabajo de la Asamblea Nacional ha sido intenso con la aprobación de nuevas leyes (Código Integral Penal y Ley de Recursos Hídricos); discusión de proyectos de ley (Código Monetario y Financiero, Ley de Tierras y Código de Relaciones Laborales); y, al final de este semestre la elaboración de propuestas de enmiendas a la constitución, entre las que se encuentra una que atenta contra la libertad sindical de todos los trabajadores y trabajadoras del sector público. De pasar la enmienda a la Constitución, el sindicalismo del sector público quedaría legalmente desaparecido.

El trabajo del Consejo Electoral de igual manera ha sido intenso; con la negación de la solicitud de consulta popular por el tema de la extracción de petróleo del parque Yasuní.  Así mismo, el del Consejo de Participación Ciudadana, que no ha dado paso a los planteamientos de la sociedad civil en torno al Decreto 16 de 2013 que a través de un sistema de registro que incrementará el control estatal en las organizaciones sociales. 

El poder Judicial, ha acelerado los dictámenes de casos emblemáticos de criminalización de dirigentes laborales como el Carlos Figueroa y Mary Zamora (dirigentes de la Federación Médica Ecuatoriana y la Unión Nacional de Educadores respectivamente). Finalmente en este período se entregó el informe de una comisión de investigación de los hechos del 30 de septiembre de 2010, en el que se vincularon a organizaciones sindicales como la CEOSL y la UGTE, dentro de la lista de conspiradores para el supuesto golpe de Estado; el mismo que está en poder de la Fiscalía.

En lo político, todos los sectores sociales (profesionales de la salud, indígenas campesinos, ecologistas, jóvenes y centrales sindicales) que han desarrollado críticas al proyecto del régimen están divididos, ya sea por contradicciones internas; como por obra del régimen. A cada hecho de movilización popular, se ha desarrollado una “contra marcha” de adhesión a la política gubernamental. Finalmente en lo económico, el modelo extractivista se ha intensificado, y la discusión sobre la nueva matriz productiva no ha dado señales de fortalecimiento de procesos de industrialización, sino más bien de una mayor especialización del Ecuador en bienes primarios y materias primas para el mercado internacional; tal como lo ratifica la reciente firma del TLC con la Unión Europea.

Los cinco momentos denotan que el Estado sigue al servicio del capital, señala la autora del estudio, “entregando soterradamente competencias, subsidiándolo y transfiriéndoles servicios. Tras la apariencia del interés general (representación de la unidad nacional) el régimen construyó un imaginario de salvataje de lo público frente a los intereses corporativos de los sindicatos y de los trabajadores (generando su aislamiento). Es ahí donde toma forma la cooptación e intervención estatal en todos los aspectos de la vida laboral y organizativa de los trabajadores públicos; acompañada de una estrategia mediática. En este período se desplaza con mayor fuerza hacia el empleo público la contradicción entre capital y trabajo”.

El informe señala que actualmente existen ocho centrales sindicales, que agrupan a algunos sectores de trabajadores públicos, dos organizaciones de servidores públicos de carácter nacional no afiliadas a ninguna central sindical, así como también varios sindicatos nacionales, federaciones de rama y una federación sindical internacional. El empleo público representa el 10% de la PEA, bordeando los 600.000 trabajadores, de los cuales 125.000 han sido clasificados como obreros, de los cuáles únicamente 40.000 están sindicalizados. Los restantes 475.000, están compuestos por servidores públicos de carrera, con contratos de servicios ocasionales y otras formas de empleo precario, lo que implica que sólo unos pocos de los primeros son parte de las confederaciones y federaciones del sector y que la mayor parte de estos trabajadores no forman parte de ninguna organización. Por otra parte existen en el período 2007-2012 la cantidad de 184.213 trabajadores que han salido del empleo público a través de varias figuras: despidos intempestivos, vistos buenos, sumarios administrativos, evaluaciones de desempeño, renuncias obligatorias, jubilaciones forzosas. Este grupo representa un importante sector de trabajadores públicos.