Raúl González se quedó con dos documentos en las manos a los que el Gobierno no da valor alguno: el acta de su posesión, en la Asamblea Nacional, en donde la mayoría opositora al Gobierno de Guillermo Lasso le juramentó en el cargo, y una acción de personal, emitida por el Ministerio de Trabajo a pedido de la Superintendencia de Bancos, en donde se le oficializaba como autoridad de la Superintendencia con fecha 11 de agosto de 2022, basándose en el acta de posesión en la Asamblea Nacional, y en una resolución del Consejo de Participación Ciudadana del 20 de julio de 2022, en donde se le designó para el cargo. Su lugar de trabajo sería la ciudad de Quito y su remuneración de USD 4.463. Una acción de protección, concedida por la polémica jueza de Samborondón, Larissa Ibarra, le dejó sin posibilidad de ocupar el cargo a pesar de haber ganado el concurso, el 1 de agosto. 

Raúl González juró su cargo ante la Asamblea Nacional por vía telemática.  Foto: Asamblea Nacional

No solo que no pudo entrar a su oficina: la tarde del 16 de agosto, el Gobierno pasó a la ofensiva judicial y presentó en la Fiscalía denuncia en su contra por tres delitos: incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente (por no acatar la decisión de la jueza Larissa Ibarra), usurpación y simulación de funciones públicas (por insistir en que es el superintendente) y peculado (aún no está claro por qué). La denuncia la presentó el secretario jurídico del Palacio, Fabián Pozo. 

González no ha podido llegar al despacho del superintendente, ubicado en una torre de la avenida 12 de Octubre al norte de Quito, debido a que decenas de policías impiden el acceso al edificio a la ciudadanía —se está atendiendo por correo electrónico— y al propio González, quien obviamente no consta en el listado de funcionarios que la Policía tiene y deja pasar.

El piquete policial, que está en el lugar desde la noche del domingo, ha colocado un vallado en todos los accesos al edificio de la Superintendencia, por lo que González se presentó en la vereda de enfrente de las oficinas provinciales de la entidad en Guayaquil, para dar una rueda de prensa en compañía de su abogado y de su madre.

Antes de partir hacia Houston en un jet privado, en donde se realizará más exámenes sobre el cáncer de piel que le ha sido diagnosticado, el presidente Guillermo Lasso justificó la presencia de la Policía en la Superintendencia de Bancos: "no podía ser posesionado ese señor, por eso procedimos como lo hicimos durante el fin de semana", dijo.

Acompañado de su madre y de su abogado, Raúl González anunció demandas internacionales. 

Los argumentos de González

En su rueda de prensa desde un portal de Guayaquil, González, quien al momento carece de oficina —no ha venido a la capital ni para su posesión, que fue telemática— ha anunciado acciones legales contra varias personas y ha cuestionado a la jueza de Samborondón, Larissa Ibarra, a quien por segunda vez le llegan por sorteo justo las causas que parecen coincidir con la agenda de Hernán Ulloa, según destaca su abogado, Robert Friend, quien lo acompañó en su declaración.

Friend cuestiona el uso de la fuerza pública, del que responsabiliza a la Presidencia de la República y el ministerio del Interior, para acordonar la Superintendencia de Bancos a pesar de los hechos de inseguridad, violencia y sicariato en el Ecuador, que requieren más la atención de la Policía.

El abogado destaca que la superintendenta encargada, Guadalupe Cabezas, dispuso la acción de personal a favor de Rául González que fue emitida por el Ministerio del Trabajo y luego escribió al propio González entregándole la acción de personal. En criterio de Friend, el encargo de Cabezas terminó ese mismo 11 de agosto cuando ya empezó a tomar decisiones González. Pero el domingo 14, la Policía acordonó el edificio. 

El abogado acusa de usurpación de funciones a Guadalupe Cabezas, quien se ha mantenido en el cargo con una disposición emitida por el presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa. Friend sostiene que esa decisión no la ha tomado el pleno sino Ulloa "a título personal" por lo que cree que el presidente del Consejo también está usurpando funciones en este caso. Además, se habría cometido otro delito al ordenar el acordanamiento de la Superintendencia, de lo que deberían responder el ministro de Gobierno y el del Interior.

Decenas de policías impiden el acceso al edificio de la Superintendencia de Bancos en la capital. Se dejó de atender al público y se ha abierto un correo para recibir documentos y pedidos. 

Friend sostiene que la Asamblea no puede tomar ninguna medida adicional, mientras que cuestiona el abuso del derecho que habría cometido la jueza Ibarra. "Es exactamente la misma jueza que puso a Ulloa como presidente del Consejo y el Gobierno tiene un interés muy notorio, que debería transparentar, sobre la Superintendencia de Bancos", dijo el abogado.

Pero Friend es conciente de que en el Consejo de Participación, la mayoría de consejeros tiene apuro para retomar un nuevo concurso, pues Ulloa fue uno de los votó a favor de la impugnación presentada contra Rosa Matilde Guerrero, que según dijeron fuentes cercanas al proceso, era realmente la candidata que esperaba colocar el Gobierno en el cargo. Ulloa, sostiene Friend, trata de quedar bien ahora porque esa decisión allanó el camino para González.

El proceso se descarrilló

Fuentes del Gobierno admiten que el proceso se salió de las manos: al aceptarse la impugnación —con el voto del propio Hernán Ulloa— el asunto se desacarrilló, y en Palacio se acusa a González de haber tenido agenda propia y no cumplir un compromiso que el Gobierno habría hecho con los integrantes de la terna: renunciar en caso de que Rosa Guerrero no pudiera ser designada. Así se explicaría el lance con Aparicio Caicedo, quien no negó la reprimenda al postulante, pero sí precisó que González había perdido la confianza del Gobierno y preferido conversar con asambleístas y políticos (de oposición, se entiende). Una alta fuente del Gobierno dijo que González llegó a la terna porque se le pidió a Guerrero que recomiende a alguien de su confianza para la conformarla, y que González era un funcionario de la Súper de Bancos y tenía la confianza de la primera de la terna. "Tenía una buena hoja de vida", dijo el alto funcionario, aunque dijo que en esta no constaba su paso como liquidador del Banco Territorial. Admitió que no hicieron una investigación profunda de González, solo que habían llegado al compromiso de que los demás de la terna debían renunciar si no se concretaba el cargo para Guerrero.

Ulloa ha sido identificado como simpatizante del Gobierno, dice Friend, y tras votar contra la candidata del Ejecutivo, "trata de no perder la confianza y la venia del Gobierno haciendo ilegalidades", enfatiza el abogado.

Friend sostiene que si la jueza Ibarra declaró la nulidad del concurso, todo debería quedar sin efecto, como los pasos previos como la comisión de calificación o las veedurías, pero Ulloa ha decidido solamente pedir una nueva terna que conoce la misma comisión de calificación. 

González y su abogado presentarán una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mientras cuestionan las decisiones de la jueza de Samborondón, en una de las cuales ya se le ha declarado un error inexcusable, a pesar de lo cual no ha sido suspendida, enfatiza Friend. 

Friend recuerda que esto ya habia pasado antes, en la crisis del Consejo de Participación, con el mismo modus operandi: mandar la Policía y recurrir a jueces dudosos del interior del país en busca de acciones constitucionales. "¿Por qué para el Gobierno el habeas corpus de Glas no es válido y la sentencia de Larissa Ibarra sí?" se pregunta el jurista. 

El concurso y sus etapas

El origen de los superintendentes siempre es una terna enviada por el presidente de la República, según la ley. Así que el 11 de abril de 2022, en un oficio dirigido al presidente Lasso, el presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa, solicitó al Gobierno una terna.

El proceso había iniciado a principios de marzo de 2022, con la convocatoria a la veeduría ciudadana y la aprobación del Reglamento. Los requisitos son ser ecuatoriano, tener título profesional de tercer nivel en derecho, economía, finanzas, administración y áreas afines, diez años de experiencia en áreas relacionadas, no estar incurso en conflictos de interés y cumplir con los requisitos para ser funcionario público. 

El Consejo conformó una Comisión Técnica para este proceso, integrada por  Julio Senefélder Pimentel, Edgar  Urbina, Rafaella Uzcátegui,Nelson  Silva Torres y Patricia Pozo Ojeda, todos funcionarios del Consejo.

El 12 de abril de 2022, al otro día del pedido del Gobierno, llegó la terna al Consejo de Participación. Estuvo integrada por Rosa Guerrero, quien era la aspirante con el apoyo del Gobierno y por ello encabezaba la lista, Raúl González y Doris Padilla, quienes habrían sido recomendados al Gobierno por la primera y se habría  comprometido a renunciar, lo que Aparicio Caicedo habría reclamado luego a  González en la llamada filtrada a un canal de televisión.

El resguardo policial se extendió a la sede de la Superintendencia en el centro de Guayaquil. 

Para el 17 de mayo, la Comisión Técnica había emitido un informe de verificación de los requisitos de los postulantes. El documento destaca la larga carrera de Rosa Guerrero desde 1999, cuando entró al despacho de la Superintendencia de Bancos como asesora y su paso por varios cargos en la entidad, hasta llegar a ser superintendencia subrogante desde febrero de 2022. Al concurso presentó una carpeta con 259 hojas. 

Destaca también como la tercera en la terna, Doris Padilla, no cumplía con los requisitos de experiencia de diez años, pues trabajaba como funcionaria en las oficinas de Guayaquil de la Superindentencia desde 2019. 

De esa forma, Padilla se quedó en el camino habiendo solo dos postulantes: Guerrero y González. Al igual que Padilla, González provenía del funcionariado de la propia Superintendencia de Bancos.  Había sido nombrado liquidador del Banco Territorial, así como de la Mutualista Guayaquil y funcionario público, perito del Consejo de la Judicatura y auditor en el sector privado. Su carpeta en el concurso tuvo 568 hojas. 

El 8 de junio se emitió un informe sobre las impugnaciones. Se presentaron tres, todas ellas contra Rosa Guerrero y ninguna contra Raúl González. Los impugnantes de Guerrero fueron el ex candidato correísta Andrés Arauz, David Mogrovejo y Diego Trujillo.

La impugnación de Mogrovejo se centraba en que Guerrero había sido muy cercana a la ex superintendenta Ruth Arregui, quien fue destituida por la Asamblea Nacional por incumplimiento de de funciones, de lo que podía ser copartícipe. Además, que tenía conflictos de interés en temas bancarios. Fue desechada por no cumplir requisitos. 

De su lado, Andrés Aráuz insistió en la relación entre Arregui y Guerrero, afirmando que habían tenido una empresa juntas. Además, le acusó de cómplice del feriado bancario en 1998. La impugnación de Araúz fue desechada por inconsistencias en los documentos, pero la que sí llegó a conocerse fue la de Diego Trujillo, que centró su cuestionamiento en que el título de tercer nivel de Guerrero era de socióloga por la Universidad Católica, y que aunque tenía otros títulos del área económica y administrativa, este grado en sociología le inhabilitaba para ser superintendenta, duda que ya había surgido en el proceso y que se había, supuestamente, resuelto con un pronunciamiento de la Secretaría de la Ciencia y Tecnología sobre que los títulos de Guerrero sí eran compatibles con el cargo. Trujillo destacó que la Secretaría pertenece al Gobierno y se pronuncia sobre una terna del Gobierno, lo que le quita imparcialidad.

Descalificada por socióloga

Tras la audiencia respectiva, el 12 de julio de 2022 y con el voto del propio Hernán Ulloa, el Consejo decidió aceptar la impugnación contra la socióloga Guerrero y descalificarla, dejando solo en el camino a González, quien, dicen en Carondelet, viéndose más cerca que nunca del despacho de la Superintendencia, decidió no cumplirle al Gobierno y no renunciar, lo que produjo la intervención de la jueza de Samborondón, Larissa Ibarra, quien a pedido de una desconocida ciudadana de ese cantón suspendió todo el proceso.

El 20 de julio de 2022 tuvo lugar la sesión para resolver el caso. Una moción de Hernán Ulloa para no designar a Carrión alegando falta de ideoneidad solo obtuvo tres votos cuando se necesitaban cuatro. En cambio, la moción para designarlo, presentada por David Rosero, sí obtuvo los cuatro votos requeridos, por lo que fue el propio Consejo el que pidió a la Asamblea que lo posesione. 

Para el 1 de agosto, el Consejo de Participación pidió al Gobierno una nueva terna, manteniendo las veedurías y la Comisión Técnica del proceso anterior. Lo hizo citando la sentencia de la jueza Ibarra de esa misma fecha, que disponía pedir una terna.

La nueva terna está integrada por Roberto Romero, un economista de Quito con trayectoria en el IESS y otras entidades públicas; Rosa María Herrera otra funcionaria de carrera de la Superintendencia de Bancos, y Felipe Cabezas, un abogado de Guayaquil. Ellos deberán pasar a la etapa de calificación y luego a la impugnación. De entre los tres podría salir un nuevo superintendente de Bancos.