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6 de Agosto del 2018
Historias
Lectura: 20 minutos
6 de Agosto del 2018
Gonzalo Guillén / hispanopost.com
Las razones de la investigación penal a Álvaro Uribe

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, enfrenta un proceso penal en la Corte Suprema, por graves delitos. 

Dos columnas del periodista investigador colombiano, Gonzalo Guillén, explicaron al país del norte las razones por las cuales el poderoso senador y expresidente de Colombia estaba inmerso en una investigación penal, y luego en un llamado a juicio por la justicia colombiana. Uribe renunció a su curul en primera instancia, pero luego dejó sin efecto su renuncia.

Presidente de la Corte Suprema de Justicia investiga a
Álvaro Uribe Vélez por “concierto para delinquir, homicidio y otros


 Presidente de la CSJ, magistrado José Luis Barceló Camacho.

El senador Álvaro Uribe Vélez es investigado por la Sala de Instrucción de Aforados de la Corte Suprema de Justicia –CSJ– “por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y otros”, reveló a este periodista una fuente de la Fiscalía General de la Nación.

La investigación es dirigida personalmente por el Presidente de la CSJ, magistrado José Luis Barceló Camacho, de acuerdo con documentación oficial firmada por él que reposa en manos de La Nueva Prensa.

La investigación contra Uribe Vélez involucra a varios abogados suyos de los que la CSJ posee filmaciones y otro tipo de evidencias documentales en las que aparecen amenazando y tratando de sobornar a testigos.

En un auto del pasado 9 de abril enviado a la Fiscalía General mediante oficio número 13141, el magistrado Barceló Camacho reclama especial protección para Guillermo Monsalve Pineda, testigo de cargo contra Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago y otros.

Un apoderado de Uribe visitó a un detenido en La Picota y trató de forzarlo a cambiar su testimonio mediante amenazas de muerte a su familia. También, le han prometido utilizar una presunta amistad estrecha con el Fiscal General de la Nación para darle libertad tres meses...

Un oficio del magistrado Barceló Camacho a la Unidad de Protección de Testigos de la Fiscalía dice que Monsalve Pineda “se encuentra privado de la libertad en la cárcel Picota y desde que se dio a conocer su nombre, en 2011, como testigo de excepción de alguno de los hechos delictivos que le atribuyen a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, ha sufrido dos atentados contra su vida, uno en la cárcel de Cómbita y otro en la cárcel Modelo”.

Dos abogados penalistas de postín –uno de ellos reconocido apoderado de Uribe Vélez– y cuyas identidades conoció La Nueva Prensa, pero deben ser mantenidas en reserva, han visitado a Monsalve en La Picota y tratado de forzarlo a cambiar su testimonio mediante amenazas de muerte a su familia. También, le han prometido utilizar una presunta amistad estrecha con el Fiscal General de la Nación para darle libertad tres meses después de que acceda a sus pedidos ilícitos, los cuales han sido rechazados por el testigo.

Tras la visita a Monsalve de los delegados de Uribe Vélez, el magistrado Barceló Camacho reclamó oficialmente a la dirección de la Picota copias de los videos que captaron el ingreso de los abogados, pero habían desaparecido. No obstante, hizo el mismo pedido a la sede central del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia –INPEC– y consiguió copias auténticas de respaldo que fueron incorporadas al acervo probatorio del expediente.

Las exigencias hechas por los abogados a Monsalve Pineda buscan que se retracte, pero también a que le pida perdón públicamente a Álvaro Uribe Vélez, a quien se refieren como “el señor presidente Uribe” y en cuyo nombre, dicen ellos, asisten a visitarlo.

Los homicidios más antiguos que se le atribuyen a Álvaro Uribe Vélez en la investigación de la CSJ (expediente UI-38451) ocurrieron “en predios de la hacienda Guacharacas, predio de la familia Uribe Vélez”, escribió Barceló Camacho.

“Él [Pineda Monsalve] ha recibido visitas de un abogado a nombre del doctor Uribe, con el fin de que se retracte de sus manifestaciones”, reitera el presidente de la CSJ.

“También, ha ido a verlo, con el mismo propósito coercitivo, un congresista del Huila, de apellido Prada, y sus pedidos ilícitos a Monsalve Pineda están filmados de manera legal”, reveló la fuente consultada de la Fiscalía General de la Nación.

Dentro del concierto para delinquir que instruye Barceló Camacho, la CSJ ha establecido que otros dos testigos (Gabriel Muñoz Ramírez y Ramiro de Jesús Henao Aguilar) fueron forzados a dar declaraciones contrarias a la verdad y en beneficio específico de Álvaro Uribe Vélez. Estas manifestaciones contrarias fueron conseguidas por el abogado Wilser Molina Molina, ex alcalde de Amagá, Antioquia, y existen en su contra grabaciones legítimamente obtenidas, en las que recibe instrucciones de Álvaro Uribe Vélez sobre la necesidad de recaudar falsos testimonios en su favor.

Muñoz Ramírez es un ex paramilitar acusado de 500 homicidios, fue miembro de la Policía Nacional y militó en el Bloque Metro, cuya fundación tuvo lugar en la finca Guacharacas, de los Uribe Vélez.

Henao Aguilar, por su parte, comandó el frente paramilitar Batalla de Santuario, del Bloque Metro, que operó en el oriente de Antioquia.

Los homicidios más antiguos que se le atribuyen a Álvaro Uribe Vélez en la investigación de la CSJ (expediente UI-38451) ocurrieron “en predios de la hacienda Guacharacas, predio de la familia Uribe Vélez”, escribió Barceló Camacho.

El recluso Monsalve Pineda, estableció el magistrado, “fue testigo y participó de varios de los homicidios cometidos entre 1996 y 1997 en los municipios de San Roque, Santo Domingo y otros”.

Y agrega que posee material probatorio acerca de “la conformación de un grupo armado ilegal, en cuyo auspicio participaron Álvaro y Santiago Uribe Vélez, Alberto y Juan Guillermo Villegas y Santiago Gallón Henao”.

En el pedido de protección especial de la CSJ para Monsalve, se lee:

“Importa precisar que la sola expectativa de que Juan Guillermo Monsalve reitere ante una autoridad judicial los señalamientos que ya ha hecho en contra de los señores Álvaro y Santiago Uribe Vélez, no solo en cuanto a su participación del Bloque Metro de las autodefensas, la orden de algunos homicidios y la intervención del primero a través de Juan Guillermo Villegas Uribe para presionar a miembros de su familia como su padre y su hermano para rendir declaraciones que lo desmientan, han sido suficientes para evidenciar riesgo serio e inminente contra su vida y la de su esposa, fundamentalmente en estos momentos”.

La esposa de Monsalve Pineda, Deyanira Gómez Sarmiento, la semana pasada fue interceptada en Bogotá por sicarios armados cuando se dirigía a declarar en la Corte Suprema de Justicia a bordo de un carro blindado y acompañada de dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección, que Barceló Camacho ordenó asignarle.

Ella, “ha comparecido como testigo y ha aportado y colaborado en la obtención de información relevante, incluso con riesgo para su seguridad personal, situación que ameritó por parte de esta Corporación la solicitud de medidas cautelares de protección a la Unidad Nacional de Protección, de las cuales goza en la actualidad”, certificó Barceló Camacho.

Respecto de Monsalve Pineda, “ha comparecido como testigo y ha aportado información relevante, la cual se ha verificado con resultados positivos para el desarrollo de la pesquisa”, certificó el magistrado.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, hizo un llamado para reforzar la seguridad y preservar la vida de Monsalve Pineda, su esposa y Pablo Hernán Sierra, otro paramilitar convicto y testigo de cargo contra los Uribe Vélez, seriamente amenazado de muerte.

Francisco Villalba, un testigo más de la participación de los Uribe Vélez en la creación y dirección de grupos paramilitares, cayó asesinado en 2009.

La primera orden especial de Barceló Camacho para proteger a Monsalve cobijó de la misma manera al testigo paramilitar Carlos Enrique Areiza, quien, sin embargo, fue asesinado en abril pasado en el municipio antioqueño de Bello. Había salido de la cárcel en libertad condicional.

“La Sala Penal de la Corte Suprema de Colombia ha demostrado una notable valentía al iniciar esta investigación sobre Uribe”, declaró Vivanco, y agregó: “Pero tal vez nunca se descubra la verdad si las autoridades penitenciarias, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección no garantizan la máxima protección a los testigos y sus familiares”.

Otro testigo contra los Uribe Vélez, José Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania– igualmente fue puesto en libertad condicional, viajó a Medellín y la semana pasada varios sicarios provistos de armas de guerra intentaron asesinarlo, pero logró huir y su paradero se desconoce.

Francisco Villalba, un testigo más de la participación de los Uribe Vélez en la creación y dirección de grupos paramilitares, cayó asesinado en 2009 mediante el mismo patrón delincuencial: fue puesto en libertad condicional y eliminado por sicarios días más tarde. Había declarado contra Uribe Vélez y advertido que este lo asesinaría, lo que, en efecto, ocurrió.

Corte Suprema está obligada a arrestar a
Álvaro Uribe Vélez, aseveran expertos

El presidente de la Corte Suprema de Justicia –CSJ–, José Luis Barceló Camacho, instructor de la investigación penal matriz contra el senador Álvaro Uribe Vélez (expedientes UI38451 y 40248) en múltiples documentos ya ha calificado los delitos del caso como “concierto para delinquir, homicidio y otros”.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia –CSJ–, José Luis Barceló Camacho, instructor de la investigación penal matriz contra el senador Álvaro Uribe Vélez (expedientes UI38451 y 40248) en múltiples documentos ya ha calificado los delitos del caso como “concierto para delinquir, homicidio y otros”.

Se basa en el abundante cúmulo probatorio recaudado por un equipo especial de investigadores a su cargo, que incluye la cooperación de una agencia de inteligencia europea, informaron fuentes de la Fiscalía General de la Nación.

El más estructurado de los delitos calificados en contra de Álvaro Uribe en términos probatorios (concierto para delinquir) proviene de la cantidad de casos en los que los testigos de cargo son obligados a cambiar sus versiones acusatorias o asesinados cuando rehúsan hacerlo.

Con ocasión del asesinato del paramilitar Carlos Enrique Areiza, otro testigo de cargo en su contra, Uribe Vélez celebró el homicidio en su cuenta de Twitter y lo describió como “un buen muerto”.

Entre la documentación que obra en los expedientes se encuentran grabaciones legales en las que Álvaro Uribe Vélez habla con el abogado Wilser Darío Molina Molinas sobre la necesidad de obligar a cambiar testimonios de testigos que lo perjudican. También, en charla con quien fue identificado como Juan Guillermo Villegas, da a conocer que tiene informaciones sobre que está siendo interceptado por la CSJ y le avisa a su interlocutor: “esta llamada la están oyendo esos hijueputas” (oír aquí la grabación completa).

La calificación de concierto para delinquir en uno de los delitos que se le investigan a Álvaro Uribe fue ratificada por Barceló Camacho.

“La Corte ha encontrado un patrón e identificado a un grupo de personas que, con Uribe, se han concertado para delinquir en esos aspectos”, explicó una de las fuentes consultadas de la Fiscalía General.

La calificación de concierto para delinquir en uno de los delitos que se le investigan a Álvaro Uribe fue ratificada por Barceló Camacho en oficios que ordenó enviar el pasado 6 de abril al Tribunal Superior de Bogotá. Copias de ellos reposan en poder de este periodista.

Entre las pruebas más recientes y poderosas figuran, básicamente, registros fílmicos y documentales de visitas en la cárcel La Picota, de Bogotá, al testigo de cargo Guillermo Monsalve Pineda por parte de abogados y un congresista que le ofrecieron recompensa por cambiar su testimonio. También, le lanzaron amenazas contra su familia, aseguran las fuentes.

(Recomendamos leer: “Presidente de la Corte Suprema de Justicia investiga a Álvaro Uribe Vélez por “concierto para delinquir, homicidio y otros”)

De acuerdo con los informantes consultados, sobre este aspecto puntual de la investigación, entre ellos reclusos de La Picota, figuran dos abogados que al ingresar se identificaron como Jaime Lombana y Diego Cadena, así como un congresista del Huila de apellido Prada. Ante el recluso se presentaron como enviados directos del “señor presidente Álvaro Uribe”.

Prada visitó a Monsalve Pineda en una oportunidad diferente.

Las fuentes sostienen que fueron al presidio con la excusa de ver a otro preso y su ingreso está, además, documentado, entre otras cosas, con videos de control del Instituto Nacional Penitenciario, INPEC, el cual expidió copias, dijo a este periodista una fuente de esa entidad.

En cuanto a los abogados referidos, la CSJ no puede enjuiciarlos y por ello debe “compulsar” [enviar] copias exactas de las evidencias a la Fiscalía General de la Nación, entidad que debe llevar una instrucción penal paralela.

La CSJ solamente puede investigar y juzgar a Álvaro Uribe Vélez y a Prada por ser congresistas, posición que les concede un fuero según el cual su único juez es la CSJ.

Las evidencias fílmicas y otras recaudadas por la CSJ muestran a enviados de Uribe presionando a Monsalve Pineda a cambiar su versión contra Álvaro Uribe por una favorable y a pedirle perdón de manera pública.

La agencia de inteligencia europea que coopera con la investigación ha recaudado evidencias técnicas y electrónicas tales como interceptaciones de conversaciones entre los involucrados y otras.

Expertos cercanos a la CSJ explicaron que frente a esas pruebas infraganti respecto del delito de concierto para delinquir, las normas penales disponen el arresto inmediato del involucrado “y en caso de no ser practicado, el funcionario judicial del caso incurre en los delitos de prevaricato y omisión de denuncia”, precisaron

No obstante, el magistrado Barceló Becerra ha argumentado que no puede arrestar al senador Uribe Vélez, como es su deber, porque la CSJ todavía no tiene conformada la Sala de Instrucción de Aforados Constitucionales, de nueve magistrados, creada por el acto legislativo 01 de 2018 para poner en práctica la recién instaurada doble instancia en el caso de las causas penales contra los aforados. Estos últimos antes solamente gozaban de una única instancia.

En carta oficial a la Fiscalía General de la Nación, el magistrado Barceló Camacho escribió:

“La situación coyuntural que se presenta en la actualidad con motivo del Acto Legislativo 01 de 2018, que creó una sala de instrucción para el trámite de investigaciones contra aforaros constitucionales y una sala de juzgamiento en primera instancia, con el propósito de que en esta clase de asuntos se garantice el derecho a la segunda instancia, impiden en este momento calcular el tiempo aproximado de duración de las investigaciones en comento, pues una vez se nombren los H. Magistrados que habrán de ocupar tales dignidades, este tipo de procesos deberán pasar a su conocimiento”.

Es decir, la CSJ se declara en un inusual receso judicial en cuanto tenga que ver con Uribe Vélez, hasta cuando se integre la nueva Sala de Instrucción.

Esta posición contrasta con el hecho de que este año, por el contrario, ya han sido arrestados tres congresistas y para ellos no se tuvo en cuenta la inexistencia de la nueva Sala para que puedan hacer apelaciones en segunda instancia. Son ellos Aida Merlano, Álvaro Ashton y David Char, por cargos de fraude electoral en el caso de ella y parapolítica en el de los otros dos.

Los delitos calificados por Barceló Camacho en el caso de Uribe Vélez y quienes han actuado con él son de mucha mayor gravedad (“concierto para delinquir, homicidio y otros”), y aun así no se aplica ninguna de las medidas de aseguramiento que obliga la ley para estos eventos, como ocurrió contra Merlano, Ashton y Char.

Juristas especializados consultados para esta noticia indicaron que Barceló Camacho y la CSJ mantienen sus funciones como instructores mientras no exista la nueva Sala.

Los delitos calificados por Barceló Camacho en el caso de Uribe Vélez y quienes han actuado con él son de mucha mayor gravedad (“concierto para delinquir, homicidio y otros”).

En los casos de los citados Merlano, Ashton y Char la CSJ no les ha aceptado el argumento de que no pueden ser investigados y juzgados mientras no se integre la Sala de Instrucción.

“La CSJ y el doctor Barceló no pueden interrumpir sus deberes. Deben entregarle a la nueva Sala los expedientes a que haya lugar, incluso con presos y llamados a indagatoria, si es el caso, cuando aquella exista”, dijo uno de los juristas consultados.

“Actuar de manera distinta y favorable con Uribe frente a Char, Merlano y Ashton va contra los principios de igualdad y seguridad jurídica. O todos en la cama o todos en el suelo”, precisó otro de los expertos.

Las listas de 10 candidatos cada una para elegir a los nueve magistrados que integrarán la nueva Sala de Instrucción, ya fueron elaboradas por el Consejo Superior de la Judicatura y se encuentran a disposición de la Sala Plana de la CSJ para que haga la elección.

Esta es una de las nueve listas:

No obstante, la elección de los miembros de la nueva unidad podría tardar años, si bien en ella intervienen intereses de todo tipo que detienen, entorpecen y dilatan el proceso: desde políticos hasta del crimen organizado. Muchos sectores quieren tener injerencia en ese tipo de funcionarios y debido a ello en las altas cortes del país impera hoy lo que se ha dado en llamar el “cartel de la toga”.

De acuerdo con documentos firmados por el magistrado Barceló Camacho, algunas de las interceptaciones telefónicas ordenadas por la CSJ han desaparecido de las “Salas Esperanza”, de la Fiscalía General, cuyo fin es apoyar a la justicia con inteligencia y pesquisas electrónicas.

Es por el anterior motivo que ese tipo de caudal procesal lo recauda ahora para la CSJ una agencia europea en casos altamente sensibles, indicaron fuentes de la Fiscalía General.

El magistrado Barceló Camacho no contestó a llamadas telefónicas hechas por este periodista.

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