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21 de Septiembre del 2021
Historias
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21 de Septiembre del 2021
Redacción Plan V
Las reformas clave para fortalecer a las organizaciones políticas
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Las elecciones pasadas evidenciaron que muchos de los vicios de la política electoral no se superan en Ecuador. Foto: Archivo PlanV

 

Un reciente estudio determina varios puntos en donde el control por parte de la Función Electoral sobre las organizaciones políticas y su prácticas podría mejorarse. Tres líderes políticos responden a las propuestas.


La falta de credibilidad y el desprestigio de los partidos y movimientos políticos requieren de una serie de reformas que permitan mejorar el control por parte de la Función Electoral y contribuir a un aumento de confianza por parte de la ciudadanía.

La Guía para las organizaciones políticas. Ver PDF

Esta es una de las recomendaciones que constan en la Guía para las Organizaciones Políticas 2021, un documento que, según explican sus autores, "nace del acompañamiento al proceso electoral realizado en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la administración, fiscalización y comunicaciones electorales en Ecuador – elecciones 2020 – 2021” realizado por la Fundación Esquel, con el apoyo del Instituto Republicano Internacional, IRI".

La Guía aborda varios temas relacionados con las organizaciones políticas, como son  los Partidos y movimientos políticos, el Registro Nacional de Organizaciones Políticas y Registro de Afiliados y Adherentes Permanentes a los Partidos y Movimientos, la Democracia Interna: Elecciones Internas y Primarias, las Alianzas y Fusiones,  y el Financiamiento y administración de los recursos.

El control y la información de los partidos y movimientos

Según el estudio, "la acción de control desde el Estado es un complemento necesario y tiene como razón de ser coadyuvar a conseguir el funcionamiento adecuado del sistema de partidos y movimientos políticos en la sociedad ecuatoriana. Si bien las normas constitucionales y legales señaladas son claras la realidad del sistema de partidos y movimientos políticos en el Ecuador de hoy tiene graves falencias, atraviesa por una profunda crisis institucional caracterizada por una escasa y en ocasiones inexistentes: vida funcional de las organizaciones, acción de formación ideológico política, democracia interna, fomento de líderes y lideresas, así como fluida relación con los intereses y aspiraciones de los distintos sectores de la sociedad".

Al respecto, se formulan algunas recomendaciones como una acción conjunta entre el Consejo Nacional Electoral y las organizaciones políticas. "Si los pasos a darse para mejorar la situación actual de las organizaciones políticas son diseñados de común acuerdo con seguridad su eficacia será mayor", apunta la Guía y agrega que es necesario que el Consejo "dicte una política institucional que le posibilite ejecutar adecuadamente el acompañamiento, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones de las organizaciones políticas dispuestas en la Constitución, la ley, los reglamentos y sus estatutos o regímenes orgánicos".

Otra recomendación es que el Consejo tenga disponible más información sobre los partidos y movimientos, tales como "nombres y apellidos de los integrantes de los órganos directivos, electorales, de formación política e ideológica, de ética y disciplina, los defensores de los afiliados o adherentes permanentes, las directivas de las organizaciones de mujeres y de jóvenes, con las fechas de designación y de terminación del período de gestión en cada caso".

Según el estudio, es necesario que el CNE cuente con "el estado actual del registro de afiliados o adherentes permanentes de cada organización política y la instancia del partido o movimiento responsable de custodiar y administrar esas nóminas".

Además, sería necesario que el CNE cuente con "el estado actual del registro de afiliados o adherentes permanentes de cada organización política y la instancia del partido o movimiento responsable de custodiar y administrar esas nóminas" y los "estatutos, reglamentos, instructivos o cualquier otro instrumento que establezca procedimientos para la actividad y funcionamiento del partido o movimiento. Convendría también se haga una revisión de sus contenidos a fin de establecer se cumplen las disposiciones constitucionales y legales, así como se respetan los derechos de sus integrantes".


El Consejo Nacional Electoral ejerce el control de las organizaciones políticas. Foto: PlanV

El registro e identificación de militantes y adherentes 

En este tema, la Guía propone mejor la identificación y el registro de los simpatizantes de las organizaciones políticas: "solo si desde el inicio del proceso de incorporación al registro de afiliados o adherentes de cada organización política se realiza con apego a las normas pertinentes, es decir que en cada ficha de afiliación o formulario de adhesión consten con claridad nombres y apellidos, número de identidad, huella dactilar y firma de todas y cada una de las personas que se suman voluntariamente al partido o movimiento será posible que en el futuro pueda cumplirse con la obligación constitucional y legal de mantener y actualizar el registro de afiliados o adherentes permanentes" señala la propuesta.

La huella dactilar, que actualmente no se usa en los formularios para los afiliados y adherentes, debería ser implementada como parte del proceso de registro, según se consigna en el documento: "incorporar a los registros de afiliados y adherentes la huella dactilar de las personas como mecanismo que facilitará establecer, con un procedimiento tecnológico idóneo, que cada afiliado o adherente efectivamente es quien dice ser".

La huella dactilar, que actualmente no se usa en los formularios para los afiliados y adherentes, debería ser implementada como parte del proceso de registro "como mecanismo que facilitará establecer, con un procedimiento tecnológico idóneo, que cada afiliado o adherente efectivamente es quien dice ser".

También es necesario "ratificar la obligación de las organizaciones políticas de mantener y actualizar los registros de sus integrantes, notificando regularmente al Consejo Nacional Electoral cuando se produce la inclusión de nuevas personas, así como la información de quienes se retiran, a su vez el organismo electoral debe remitir a las organizaciones políticas la información de las desafiliaciones o retiros que los ciudadanos y ciudadanas le hubiesen comunicado por escrito, conforme dispone la ley".

Para poder implementar estas reformas, se recomienda "el diseño y entrega por parte del Consejo Nacional Electoral de un sistema informático de uso obligatorio para las organizaciones políticas, tanto para las existentes como para las que pudieran formarse a futuro, que permita tener actualizado el registro de afiliados y adherentes permanentes de todas y cada una de ellas. La responsabilidad de la administración del registro será de cada una de las organizaciones". Estos registros deberían actualizarse por lo menos una vez al mes.

Además, sería necesario "el rediseño de los formatos de las fichas de afiliación para los partidos y los formularios de adhesión y los de adhesión permanente de los movimientos, en ambos casos cada forma será destinada para una sola persona, y ubicará con claridad y espacio suficiente los sitios para los nombres y apellidos, número de identidad, fecha de nacimiento, firma y para la captura o impresión de la huella dactilar de los dedos índices de la persona".

La implementación del uso de las huellas digitales requeriría, se destaca, de un convenio con el Registro Civil.


Los partidos y movimientos más votados reciben dineros del Estado.  Foto: Archivo PlanV

La democracia interna

Según el estudio, es necesario que el Consejo Nacional Electoral tome más medidas para asegurar el cumplimiento de la democracia interna en los partidos políticos, sobre todo, porque en 2020 fue evidente que ni las directivas ni las nominaciones de los postulantes parecen haberse hecho de acuerdo con criterios de respeto a la democracia interna.

Por ejemplo, las organizaciones deberían  informar sobre el"inicio de los procesos electorales internos para la designación de autoridades o candidaturas a cargos de elección popular.

Se acompañará el pertinente calendario electoral que será elaborado conforme las disposiciones constitucionales, legales y estatutarias" además de "notificar al Consejo Nacional Electoral de la realización de los eventos de capacitación y formación política de sus integrantes". Esta información debería ser analizada por las diferentes instancias del sistema electoral, tanto provincial cuanto nacional.

Las alianzas y fusiones

Otro aspecto que analiza la Guía tiene relación con la regulación de las alianzas y fusiones. Tras analizar la normativa vigente sobre las alianzas y fusiones, la Guía observa que "no existe fecha para el inicio del registro de las alianzas entre organizaciones políticas y, lo que es más importante, el plazo para esta inscripción finaliza luego de que transcurrieron los quince días destinados para escoger las candidaturas para cargos de elección popular".

Al respecto, comenta que "no puede ser que la norma haga posible que el registro de las alianzas políticas se produzca luego de que terminaron los procesos para escoger candidaturas puesto que esto permite que las candidaturas de las alianzas no sean el resultado de elecciones primarios o procesos democráticos internos".

Esto ha provocado que las alianzas en las últimas elecciones  "no fueron resultado de procesos de construcción de acuerdos con la participación de los órganos directivos, ni las bases de las organizaciones políticas aliadas, no se hicieron sobre la base de una propuesta programática y/o de gobierno, sino que prevaleció la voluntad de algunos dirigentes para potenciar el favor electoral de las personas que participaron como candidatas y candidatos".

Esta falta de regulación ha terminado produciendo una gran proliferación de alianzas en los recientes procesos electorales: "la participación de decenas de alianzas, cuando se trata de elecciones generales, (Presidencia y Vicepresidencia de la República, Asamblea Nacional y Parlamento Andino), y centenas de alianzas en las elecciones locales, (gobiernos autónomos descentralizados), propiciando así una oferta electoral demasiado amplia", destaca el estudio.

Las alianzas en las últimas elecciones  "no fueron resultado de procesos de construcción de acuerdos sino que prevaleció la voluntad de algunos dirigentes para potenciar el favor electoral de las personas que participaron como candidatas y candidatos".

Para corregir esta distorsión política, la Guía formula algunas recomendaciones, como, por ejemplo, "que las alianzas se produzcan para impulsar en conjunto un proyecto político electoral y todas sus candidaturas. Así, en las elecciones generales las alianzas deberán ser realizadas por las organizaciones políticas nacionales entre si para todas las candidaturas. Por excepción, las organizaciones nacionales podrán aliarse con movimientos provinciales, en cuyo caso los movimientos provinciales se incorporan al proyecto político electoral nacional".

Así mismo, para las elecciones locales "las alianzas pueden ser hechas entre organizaciones políticas del mismo nivel de gobierno para constituir nuevas organizaciones políticas del correspondiente nivel de gobierno".

La recomendación se concreta en que "la conformación de las alianzas deberá producirse antes de la realización de las elecciones primarias o procesos electorales internos en que se seleccionen las candidaturas".


Definir las alianzas antes de los candidatos es una de las recomendaciones. Foto: Archivo PlanV

El financiamiento y los recursos

Aunque se menciona con frecuencia los recursos estatales para el financiamento de las organizaciones políticas, el estudio determina que son más bien pocas las organizaciones que reciben financiamiento del Estado, siendo la mayoría de los recursos privados.

"Sin lugar a dudas los recursos económicos privados son la principal fuente de financiamiento de las organizaciones políticas, tanto las que reciben el fondo partidario permanente como de las que no tienen acceso a él, de las 280 organizaciones políticas de alcance nacional, provincial, cantonal y parroquial registradas en el Consejo Nacional Electoral, apenas entre 7 y 10 organizaciones nacionales han recibido asignación del fondo partidario en los últimos años. Sin embargo, a pesar la obligación establecida en la Constitución y la Ley para que la información sea pública, todas las cifras sobre el uso del dinero en la política en el Ecuador no son conocidas, ni siquiera por la autoridad electoral".

El incumplimiento de las normas vigentes y su propio diseño ha llevado, según el estudio a que "el monto, origen y destino del dinero que se usa en la política es un elemento oscuro del sistema democrático del Ecuador".

La recomendación para enfrentar esta situación es que "el Consejo Nacional Electoral puede dictar un solo reglamento donde se aborden todos los temas relativos al financiamiento de la política. Para su construcción deben establecerse procedimientos que permitan conocer las opiniones que sobre la materia tienen diferentes actores como el Tribunal Contencioso Electoral, la Contraloría General del Estado, las instituciones especializadas en perseguir el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito, las propias organizaciones políticas, sectores de la academia, organizaciones y personas interesadas en transparentar el uso del dinero en la política".

El incumplimiento de las normas vigentes y su propio diseño ha llevado, según el estudio a que "el monto, origen y destino del dinero que se usa en la política es un elemento oscuro del sistema democrático del Ecuador".


El financiamiento privado es la principal fuente de ingresos en la política ecuatoriana.

La visión de los partidos

Pero quienes están en el día a día de los partidos políticos tienen visiones un tanto distintas de estos problemas y coinciden con otras para solucionarlos. Conversamos con Guillermo Herrera de la Izquierda Democrática, Gustavo Larrea de Democracia Sí y Guillermo Celi de Suma sobre las propuestas de la Guía. 

El presidente de la Izquierda Democrática, Guillermo Herrera, destaca de las propuestas de la Guía la que se refiere a implementar las huellas digitales. "Los actuales formularios que autoriza el Consejo Nacional Electoral carecen de información, ni dirección domiciliaria, ni correo electrónico, entre otras. Creo que se debe modernizar el proceso de afiliación, para los formularios que son físicos está bien la huella digital, pero se debe permitir afiliaciones en línea con un sistema de reconocimiento facial, de tal manera que cuando son los procesos de democracia interna de un partido político quienes puedan participar sean todos los afiliados. Actualmente el CNE no brinda esa información a las organizaciones políticas", explica el dirigente naranja.

"Para los formularios que son físicos está bien la huella digital, pero se debe permitir afiliaciones en línea con un sistema de reconocimiento facial, de tal manera que cuando son los procesos de democracia interna quienes puedan participar sean todos los afiliados", propone Guillermo Herrera de la ID.

Herrera apoya mejoras en el control de los simpatizantes y adherentes y en sus registros: "el CNE no tiene una base de datos actualizada, en el caso de la ID llevamos el control interno de las afiliaciones nuevas", sostuvo. 

En el tema de las alianzas, Herrera apoya que se regulen de forma similar a lo que propone el estudio: "Todas las alianzas deberían ser nacionales, caso contrario sucede que a nivel nacional un partido se presenta solo y a nivel local se dan alianzas totalmente contrarias", como ha ocurrido en las recientes elecciones. 

Sobre el control de los recursos económicos, Herrera sostuvo que "ya existe el Código de la Democracia y el Reglamento de utilización de fondos de campaña, es obligación de los partidos presentar informe de gastos que son auditados por el CNE".

De su lado, Gustavo Larrea apoya la propuesta de que se incluya la huella digital, sobre todo debido a la experiencia de su agrupación que cuestionó la forma en la que en el CNE se "validan" las firmas desechando miles. Larrea precisa que su movimiento no fue legalizado oportunamente porque se desconocían las firmas y con la huella digital habría mayor seriedad en el proceso. El cambio evitaría que un funcionario alegue que la firma no corresponde y también evitaría el uso de firmas falsas, que también han ocurrido. El Registro Civil debería entregar una copia de las huellas dactilares a toda la población. 

Además, el líder de Democracia Sí cree que debe haber un mejor control de los adherentes y simpatizantes, pero no apoya la "estatización" de la vida política. Larrea dice que las organizaciones deben tener verdadera estructura y que tanto los movimientos cuanto los partidos informan de manera constante al CNE sobre los cambios de directiva. 

Gustavo Larrea precisa que su movimiento Democracia Sí no fue legalizado oportunamente porque se desconocían las firmas y con la huella digital habría mayor seriedad en el proceso.

Larrea admite que las organizaciones polítiica no tienen una actualización de adherentes, pues las desafiliaciones suelen ser notificadas al CNE de manera preferencial y no les envían copia a los movimientos. Eso significa que, efectivamente, no hay un registro actualizado y completo. En el caso de Democracia Sí, un movimiento que tiene tres años, hay 126 casos de desvinculaciones y 84 mil casos de nuevos simpatizantes. 

Sobre las alianzas, cree que se no se puede poner "una camisa de fuerza a la realidad" pues suele pasar que no siempre hay acuerdos en todas las provincias. La ley no puede imponer alianzas totales sino mantener las alianzas parciales que ocurren en la política local. Lo que sí apoya Larrea es que la alianzas se produzcan antes de la designación de candidaturas y antes de las primarias. 

Gustavo Larrea sostiene que se debe racionalizar la reglamentación sobre el financiamiento político, para transparentar aportes y evitar los vericuetos. 

Por su parte, Guillermo Celi, del movimiento Suma, sostiene que las directivas tanto nacionales cuanto provinciales de su movimiento están debidamente registradas en el Consejo Electoral. Pero afirma que semestralmente se debería realizar una actualización de las listas de simpatizantes y adherentes, lo que permitiría una mayor transparencia con la ciudadanía.

Celi sostiene que debería haber una interconexión en línea con las organizaciones políticas para poder actualizar las listas. Sobre la huella digital en las afiliaciones, Celi la considera positiva pues daría más certezas al proceso electoral.

En el caso de los procesos de democracia interna, Celi destaca que ya se da la presencia del Consejo Nacional Electoral en ese tipo de eventos.

Sobre las alianzas, Celi destaca que las alianzas nacionales no necesariamente se pueden reproducir en las provincias, por lo que debe seguir habiendo flexibilidad para realizar alianzas dependiendo de la situación en cada provincia. 

Celi sostiene que sí sería conveniente primero realizar la alianza y el plan de gobierno antes de escoger candidatos, como propone la Guía.

Finalmente, Celi asegura que se debe unificar la normativas que regulan los aportes para lograr transparentar los fondos que se usan en los procesos eleccionarios.

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