Casi dos horas debieron esperar la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, y los miembros del Consejo de Administración de la Legislatura para que el delegado del Ejecutivo, el secretario de Comunicación Andrés Michelena, llegara al Palacio Legislativo para entregar la propuesta del Gobierno para reformar la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). 

Cuando finalmente llegó, Michelena hizo público un documento de 32 páginas en el que si bien se propone desaparecer la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) en un plazo de seis meses desde la publicación de la ley, sus cuestionables atribuciones de control de contenido de los medios siguen intactas.

La reforma la cocinó directamente el Gobierno, en varias instancias como la Secretaría de Comunicación, la Secretaría Jurídica del Palacio presidencial y el actual Cordicom. Y aunque el presidente Moreno había anunciado en su enlace de los lunes que desaparecería la Supercom, este portal conoció que hasta último momento hubo pujas de abogados y asesores que querían mantener la criticada entidad casi sin modificaciones. 

El discurso de los "derechos" para el control mediático

En efecto, las reformas que propone el Gobierno mantienen sin alteración la posibilidad discrecional de que entidades del Estado procesen a los medios de comunicación por supuestas violaciones de "derechos", solo que esta vez, la potestad de control de contenidos de los medios pasa a la Defensoría del Pueblo. Al mismo tiempo, un consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información, integrado en su mayoría por funcionarios del Estado, será el encargado de decidir en qué términos se puede publicar la información en el país. 

Al final, en el Palacio de Gobierno se impuso el criterio de que anular las normas abusivas de la LOC, que fueron la principal defensa de la gestión del ex superindente Carlos Ochoa, sería "regresivo de derechos", por lo que simplemente la supervisión de qué hacen o publican los medios ha pasado en su mayoría a la Defensoría del Pueblo, actualmente encargada a Gina Benavides, una académica de la Universidad Andina, hasta que el Consejo de Participación Transitorio realice el respectivo concurso. 

De ahí que aunque la propuesta del Ejecutivo deroga doce artículos de la Ley de Comunicación, como el que dio vida institucional a la Supercom, entidad que llego a tener hasta 325 empleados en todo el territorio nacional, entre abogados y comunicadores dedicados al monitoreo y vigilancia de los medios ecuatorianos, así como el artículo de la dudosa figura del "linchamiento mediático" que en la práctica se convirtió en la muletilla de políticos de todas las tendencias, no es menos cierto que atribuye todas sus potestades, salvo la de imponer multas, a la Defensoría del Pueblo y al Consejo de Regulación.

El argumento para mantener el control estatal sobre los medios ecuatorianos es el mismo que, en su momento, esgrimió Carlos Ochoa ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional: alguien debe velar por las mujeres, los pobres, las minorías étnicas y, en general, por la conservación de un orden basado en la corrección política y la moral de cuño religioso. 

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La Defensoría del Pueblo ¿un nuevo censor?

Así, prácticamente todos los artículos de la reforma propuesta por el Gobierno de Lenin Moreno remiten a la Defensoría del Pueblo, que será fortalecida en su nueva dimensión de control mediático con el personal, los recursos y la infraestructura de la Supercom, de la que es legalmente sucesora. 

Al mismo tiempo, el Consejo de Regulación, presidido por un delegado del Ejecutivo con voto dirimente, será el encargado de decidir qué es o no es discriminatorio en los medios nacionales. El Consejo estaría integrado también por un representante de "los consejos nacionales de Igualdad", otro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, uno más de los gobiernos autónomos descentralizados, un representante de la Defensoría del Pueblo, un representante de la institución pública encargada de la comunicación del Estado, y uno más de las universidades que tengan la carrera de Comunicación. 

"Veedurías ciudadanas" con dedicatoria

Las reformas proponen también, a título de "participación ciudadana" que se pueden organizar "veedurías ciudadanas" para analizar el trabajo de cualquier medio de comunicación, argumento que ya fue probado, y con éxito, por el correísmo, cuando los denunciantes de medios como la Radio Redonda se atribuían el caracter de "pueblo ofendido". Muchas de las denuncias presentadas y tramitadas por la Supercom fueron presentadas por "colectivos ciudadanos", generalmente vinculados al propio correísmo, quienes, según comunicadores como Luis Baldeón, presentaban denuncias prefabricadas. 

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Las reformas de la Ley, lejos de eliminar el contenido ideológico y subjetivo del que se valió la Supercom de Ochoa para imponer sanciones abusivas, precisan una larga lista de prohibiciones, entre las que se cuentan aspectos como evitar señalar el envejecimiento como un aspecto negativo, y "abstenerse de obtener información o imágenes con medios ilícitos", como si de pruebas judiciales se tratase. De esta forma, la propuesta de Moreno sigue manteniendo la prohibición de difundir vídeos o grabaciones sin permiso judicial -como fue el caso de los Pativideos- o de publicar cualquier tipo de filtración, argumento que el correato esgrimió, por ejemplo, en el proceso que siguió contra el periodista Fernando Villavicencio por supuestamente hackear correos del Palacio presidencial. 

Casi sin ninguna modificación quedan en la propuesta de Moreno las visiones moralistas, como la que considera que los medios no deben formentar "actitudes morbosas frente a tragedias", argumento pacato que la Supercom de Ochoa usó hasta el absurdo para sancionar a medios de comunicación en todo el país. 

Y como si el periodista fuera un individuo deshonesto por naturaleza, se quiere colocar en la Ley la prohibición de que los comunicadores "obtengan beneficios personales" de su condición de periodistas.

Aunque la propuesta de reforma incluye que "nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones" resulta que, a reglón seguido, sostiene que todas la opiniones tienen "responsabilidad ulterior", paradoja usada ampliamente durante el correato como mecanismo de intimidación contra los comunicadores y columnistas. 

La propuesta de Ley obliga también a un estricto control de los comentarios en los páginas digitales, control que se vuelve complejo pues se requerirá entregar, antes de dar cualquier opinión por la cual "no debería ser molestado" datos como "nombre, dirección electrónica y cédula de ciudadanía". 

En prácticamente toda la reforma legal, se le da la Defensoría del Pueblo la potestad de "otorgar de manera inmediata medidas de protección y restitución de derechos; active el patrocinio en acciones constitucionales o solicite el juzgamiento y la sanción ante autoridad competente". Esto significa, al menos a la altura de las "medidas de protección", que la Defensoría podría disponer a los medios decisiones administrativas que, a diferencia de las que tomaba la Supercom, no van a requerir ningún tipo de proceso previo, y quedan a la facultad discrecional de la defensora del Pueblo. 

El cabildeo de varios empresarios de medios, en especial, de la radiodifusión, logró que se les atribuya un porcentaje adicional en un nuevo concurso de frecuencias a quienes ya han operado alguna con anterioridad, en homenaje a su experiencia. 

El proyecto del Ejecutivo deberá sumarse a otras 17 iniciativas de reforma a la LOC que se encuentran presentadas en la Asamblea Nacional.