El proceso está en marcha y, aunque parece ser legal, no todos creen que es legítimo. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación (Cordicom) y la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones (Arcotel) lo publicitan como la oportunidad de que haya "frecuencias para todos". En la página web del Cordicom, inclusive, es posible encontrar una herramienta que permite realizar un proyecto comunicacional, para que quien esté interesado en que se le concesione una frecuencia de radio o televisión pueda participar.

Se trata de renovar la concesión de por lo menos 846 frecuencias en FM, 148 en AM y 478 de televisión en UHF. Algunas de ellas, actualmente ocupadas por medios como radio Visión del periodista Diego Oquendo, Centro, EXA Democracia (del periodista Gonzalo Rosero), Sucesos, Platinum FM, Sonorama o FM Mundo.

El concurso no se abrió para estaciones de televisión VHF, por lo que 180 estaciones que tienen sus frecuencias caducadas, entre las que se encuentran Ecuavisa, Teleamazonas, GamaTV y Telerama, tendrán que participar por una frecuencia en UHF.  

Ana Proaño, directora de la Arcotel, sostuvo que esto se hace como “paso previo” a la migración a la televisión digital, que aún no tiene fecha.

Con ocasión de la tragedia en Manabí y Esmeraldas, se extendieron los plazos para el concurso, pero solo en esas provincias. 

El Cordicom anuncia que brinda asesoramiento gratuito y que no es necesario contratar consultoras privadas. Para participar en el concurso, según los términos aprobados por el Cordicom en la resolución CORDICOM-PLE-2016-09, se debe realizar un registro en esta página, lo que permite acceder a un formato predefinido. Según el contador de visitas de esa página, hasta el 9 de mayo de 2016 la había visto 2296 personas. La misma página indica que se han registrado en el proceso, hasta el 9 de mayo, 312 personas. 

Al mismo tiempo, y durante todo este mes, el Cordicom realiza jornadas de socialización de este proceso, tanto en Quito cuanto en ciudades del interior del país, como Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Portoviejo, Puerto Ayora y Nueva Loja. 

Según la información oficial, los talleres, que tienen una duración prevista de tres horas de duración, evidencian que el Cordicom "se encuentra presto para apoyar con asistencia técnica para lograr el éxito de un proceso y reafirma su compromiso de continuar  trabajando para  la democratización de la comunicación e información junto a la ciudadanía".

Los cuestionamientos de Fundamedios 

Pero el polémico concurso no convence a todos los sectores. Para la organización Fundamedios, que dirige César Ricaurte, el concurso está viciado y debería ser suspendido. 

En efecto, en un comunicado hecho público el 29 de abril, Fundamedios señala que "entre los procesos de este tipo, este sería el más grande en la historia de los medios en Ecuador y probablemente en toda la región. Un proceso de esta envergadura no debería generar dudas o cuestionamientos de fondo, sino implementarse cumpliendo los principios de independencia, transparencia, rendición de cuentas, justicia, pluralidad e inclusión, como señalan los parámetros internacionales y particularmente los “Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente” de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".

Para Fundamedios, "las mayores sombras en el proceso provienen del hecho de que las entidades gubernamentales a cargo de la calificación de los postulantes, la Arcotel y el Cordicom, han demostrado no ser independientes del poder político y/o económico".

Según sostiene la organización, "La actuación de la Arcotel en el proceso de concesión de curiosas e irregulares frecuencias temporales a favor de un grupo económico que acumula medios de todo tipo, muestra claros favoritismos para ciertos empresarios", en referencia al grupo El Comercio, que fue vendido recientemente por la familia Acquaviva Mantilla al magnate extranjero Ángel González. 

Para Fundamedios, "el Cordicom está dirigido actualmente por un militante político que no acredita ni experiencia ni conocimientos en el área de las telecomunicaciones o de la comunicación social. A esto debemos sumar que las propias autoridades han admitido que no se dará cumplimiento a la reserva de 34% de frecuencias para los medios de carácter comunitario, situación que es consecuencia directa de la falta de políticas públicas de real impulso y desarrollo de estos medios sin fines de lucro".

Fundamedios cuestiona a Patricio Zambrano Restrepo, el actual presidente del Cordicom y delegado de la Función Ejecutiva, quien, según información de la página web del Cordicom es "Magister en Relaciones Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar, Licenciado en Sociología de la Universite de Paris VIII, Diplomado en Políticas Públicas e Integración del Instituto de Altos Estudios para la Integración y el Desarrollo de Bogotá, Colombia. Parlamentario Andino reelecto por dos períodos consecutivos (2009-2013 y 2013-2017)" pero no tiene experiencia ni formación en comunicación y es militante del movimiento oficialista Alianza PAÍS. 

Para Fundamedios, el concurso que llevan adelante tanto el Cordicom cuanto la Arcotel "tiene grandes riesgos de transformarse en una herramienta de control y presión política sobre los medios, más aún si consideramos que estamos en un año eminentemente electoral, cuando es especialmente crítico que se garantice el libre acceso a los medios de comunicación a todas las corrientes políticas. Cabe recordar que sin prensa libre no existe posibilidad de elecciones libres".

Las dudas sobre el proceso, explica Fundamedios, se sustentan en el hecho de que es llevado a cabo por dos entidades del Estado que no son independientes del poder político: "la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE) señala que, para garantizar una radiodifusión libre e incluyente, es necesario que la autoridad de aplicación y fiscalización en materia de radiodifusión no esté sometida a injerencias políticas del gobierno ni del sector privado vinculado a la radiodifusión", recuerda Fundamedios.

La organización de defensa de la libertad de expresión también sostiene que los plazos fijados son demasiado cortos y arbitrarios: "el concurso tendría resultados en diciembre, apenas días antes de que se inicie la campaña electoral para los comicios de febrero de 2017".

El Cordicom también se ha reservado el derecho de exigir a los concursantes que declaren de manera expresa su "orientación" lo que, para Fundamedios "podría interpretarse como una valoración de la línea editorial, lo cual, ante un ente claramente politizado, implica una desigualdad de condiciones para medios de comunicación caracterizados por mantener una línea editorial crítica o, incluso, opositora".

"La evaluación de los planes comunicacionales por parte del Cordicom se caracteriza por una amplia subjetividad y esto contraría la declaración de principios sobre la libertad de expresión pues, en lugar de prohibir la presión, castigo, premiación y privilegio a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, se lo está fomentando", sostiene Fundamedios. 

La posibilidad de que se apliquen ciertas normas de la Ley de Comunicación, que facultan a la reversión de frecuencias en caso de "incumplir con el plan comunicacional" también es cuestionada por Fundamedios, pues "abre la posibilidad de que las personas naturales y jurídicas puedan denunciar ante el Cordicom un supuesto incumplimiento del plan comunicacional presentado, lo que daría lugar a una posible reversión de la frecuencia otorgada. Considerando la falta de independencia del ente de control, esto podría constituirse en una herramienta de persecución y hostigamiento a medios de comunicación que mantengan líneas editoriales investigativas".

El concurso tampoco incluye la presencia de ninguna veeduría ciudadana independiente, entre otras falencias, concluye Fundamedios.

La crítica de los actuales concesionarios

Aunque la norma permite que quienes tienen, actualmente, la concesión de las frecuencias, participen en el concurso para conservarlas, también hay dudas entre ellos. Es el caso del empresario Álvaro Rosero, de la Radio Democracia, quien cuestionan el concurso. La radio, que emplea a 40 personas, mantiene un espacio de opinión y entrevistas matinales que ha tenido frecuentes roces con el Gobierno. 

Para Álvaro Rosero, desde su perspectiva, hay mucha preocupación en el sector. Rosero cree que hay elementos que ponen en riesgo su permanencia como concesionarios de las frecuencias. Según la propia Ley de Comunicación, el concesionario vigente debe tener un 20% de puntaje extra por concepto de experiencia e inversión. La inversión en radio, dice, requiere de una constante inversión económica. Pero hay aspectos que el Cordicom se ha "inventado", como darle un 30% extra a los medios comunitarios, y estas ventajas se aplicarán solo a la primera etapa del proceso. El riesgo para los medios privados, en especial, en la segunda etapa del concurso que manejará el Cordicom, son las ventajas a favor de los llamados "medios comunitarios" que podrían ser instrumentos de cualquier colectivo. 

De esta forma, colectivos con orientación política podrían obtener una amplia ventaja, pues en la segunda fase del concurso se les entregará 15 puntos extra a los medios comunitarios. Como todas las frecuencias que salen a concurso pueden ser entregadas a medios comunitarios, Rosero teme que supuestos colectivos comunitarios puedan ganar los concursos más allá del 34% que se estableció originalmente en el marco legal. 

El concurso, sostiene Rosero, consistirá en "ajustarse a la expectativa de la autoridad". Un colectivo como  "Rafael Contigo Siempre", sostiene Rosero, podría acceder a la categoría de medio comunitario y llenar el dial de frecuencias concesionadas a este tipo de medios. 

Rosero cree que la gran discrecionalidad de las entidades del Estado podría permitir que "todo el mundo gane si se presenta como comunitario", pues la definición de la Ley de Comunicación es muy vaga. 

Para el empresario, se deben presentar complejos documentos económicos y técnicos, así como un "plan comunicacional" que establece reconocer más puntos a comunicación educativa, formativa y de información. Este plan dejaría por fuera la opinión y el entretenimiento, que han sido aspectos clave de los medios privados. Para el 20 de junio está prevista la entrega de los planes, y la Arcotel deberá seleccionar cinco finalistas por cada una de las frecuencias que están en el concurso.

Rosero sostiene que la frecuencia es clave, pues los nuevos aspirantes le van a apuntar a las frecuencias más conocidas, pues cualquier persona puede concursar por la frecuencia que estime. El marco legal, cree Rosero, no se puede aplicar para un concurso tan elevado de frecuencias. "El Gobierno se negó a renovar las frecuencias desde por lo menos 2008 hasta 2012 que está en vigencia la Ley", sostuvo, y aseguró que la Arcotel no tiene recursos para realizar una evaluación confiable de las postulaciones.

Para Rosero, todas estas acciones del Gobierno le permitirán evaluar inclusive los contenidos y hay dudas sobre el impacto que este concurso pueda tener en el proceso electoral que se avecina. "Hay poca claridad en los concursos y el concurso debería aplazarse, para que no se convierta en una herramienta política, hay muchos intereses en juego", afirma, quien teme que el Gobierno "ajuste cuentas a su estilo con medios que ejercen un estilo crítico de periodismo". 

No obstante, reconoce que hay división en el gremio de los radiodifusores, y que hay algunos dueños de medios que parecen creen que, con alguna influencia en el Gobierno, podrán lograr condiciones favorables.