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18 de Marzo del 2019
Historias
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18 de Marzo del 2019
Redacción Plan V
Los reparos legales a la elección del Consejo de Participación
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Foto: PlanV

El propio titular del Consejo de Participación, Julio César Trujillo, se ha sumado a la campaña por el voto nulo en la elección del próximo Consejo. 

 

Dos demandas han sido presentadas en la Corte Constitucional contra el proceso de elección del Consejo de Participación y Control Social. Una de ellas incluía un pedido de medidas cautelares cuyo objeto era suspender el proceso electoral de este domingo 24 de marzo. Pero la Corte no concedió las medidas, si bien tramitará los reparos presentados.

Los reparos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no son solamente políticos. Hay por lo menos dos demandas de inconstitucionalidad contra las normas que viabilizaron su elección por votación popular, que se realizará por primera vez este 24 de marzo de 2019. 

Marcelo Espinel 

Ambas demandas fueron presentadas ante la Corte Constitucional. La primera, el año pasado, fue suscrita por los abogados Mauricio Alarcón y Marcelo Espinel, así como por el actual vocal del Consejo Nacional Electoral, Luis Verdesoto, y por Carolina Ponce. La demanda presenta una serie de cuestionamientos a la Ley que la Asamblea aprobó para la elección popular del CPCCS, y que será aplicada totalmente este domingo. Sin embargo, la anterior Corte Constitucional no avocó conocimiento de la demanda y, por lo tanto, nunca la tramitó. Según Marcelo Espinel, hubo varias reuniones entre el Consejo Electoral Transitorio y la Corte Constitucional, pero hubo poco interés de los magistrados por conocer el tema, en especial, cuando ya estaban siendo evaluados y en camino de ser reemplazados. 

Ismael Quintana

La segunda, en cambio, fue presentada hace quince días por tres abogados: Juan Carlos Benalcázar, Ismael Quintana y Rafael Oyarte. El reparo legal fue formulado, en esta ocasión, no contra la Ley en sí, sino contra la resolución que el Consejo Nacional Electoral adoptó para convocar a elegir al CPCCS. Además de la demanda de inconstitucionalidad, los tres abogados incluyeron un pedido de medidas cautelares que pretendía detener el proceso. Finalmente, la Corte Constitucional, si bien aceptó a trámite la demanda, no concedió las medidas cautelares, por lo que las elecciones para el CPCCS deben cumplirse tal como están previstas. 

La Corte Constitucional, si bien aceptó a trámite la demanda, no concedió las medidas cautelares, por lo que las elecciones para el CPCCS deben cumplirse tal como están previstas.

Al mismo tiempo, tiene lugar una campaña por el voto nulo, auspiciada por sectores políticos, académicos y algunos medios de comunicación, que sostienen que la ciudadanía debe expresar su rechazo al funcionamiento del CPCCS, instancia que se convirtió en un mecanismo de control político de varias entidades del Estado y que, en su criterio, debería ser eliminada del ordenamiento jurídico nacional. 

Para los críticos del Consejo de Participación, la potestad de nombrar a las autoridades de control debe volver al Poder Legislativo, como ocurre en casi todos los países de la región, pues la institución correísta lo único que hizo fue concentrar el poder en manos del Ejecutivo y de grupos cercanos al Gobierno. Aunque varios abogados han advertido que votar nulo no va a significar que desaparezca el Consejo de Participación, su propio titular, Julio César Trujillo anunció que apoya el voto nulo para que, en el futuro, se apunte hacia la desaparición de la polémica institución. 

Aunque varios abogados han advertido que votar nulo no va a significar que desaparezca el Consejo de Participación, su propio titular, Julio César Trujillo anunció que apoya el voto nulo para que, en el futuro, se apunte hacia la desaparición de la polémica institución.

En la práctica, ambos documentos son en la actualidad reparos presentados ante la Corte Constitucional, y mientras no sean resueltos no tendrán ningún efecto. Sin embargo, hemos revisado los argumentos más contundentes de ambas demandas sobre por qué no se debe votar para elegir al CPCCS. 

1.- La violación al derecho a ser elegido y a la discriminación

En la demanda presentada por Mauricio Alarcón y otros, se destaca que la Asamblea en la Ley que regula el proceso, estableció que para ser candidato al CPCCS se debe tener "título de tercer nivel" un requisito que no se pide para ningún otro cargo de elección popular y que recuerda a los tiempos de las votaciones censitarias, en las que se debía ser hombre, saber leer y escribir o tener cierta cantidad de dinero y bienes para elegir y ser elegido. Para el abogado Marcelo Espinel, uno de los suscriptores de la demanda, ese requisito es claramente inconstitucional, pues apenas el 15% de la población en el país ha tenido acceso a la educación superior y tiene un título universitario. "La participación puede volverse elitista de mantenerse ese tipo de requisitos en lides electorales", precisa Espinel. Este curioso requisito, que ha sido tomado en cuenta con los candidatos al CPCCS viola la jurisprudencia interamericana para la participación política y podría ser claramente discriminatorio. Para los demandantes, esto significa también que se ha violado la jerarquía normativa, pues mientras la Constitución establece comos requisitos solo ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos, se ha implementado la necesidad de un título universitario que no consta en el ordenamiento legal. 

2 • La falta de un debate entre los postulantes

Este es un reparo que aparece en la demanda suscrita por Ismael Quintana y otros dos abogados. Según esta tesis, el CNE debió propiciar un debate entre todos los candidatos y dar a conocer sus propuestas programáticas, cosa que los demandantes estiman que no ocurrió. El abogado Quintana asegura que los debates son una obligación legal para quienes participan en la elección y que al no querer debatir algunos candidatos están violando la ley. Al mismo tiempo, la demanda asegura que el CNE no dio a conocer de manera suficiente las propuestas de los candidatos, a pesar de que el CNE ha transmitido cuñas en donde estos aparecen, se presentan brevemente -indicando sus títulos y experiencia- y realizan algunas ofertas en caso de llegar a ocupar una silla en el CPCCS. 

3 • La violación del derecho a votar

La norma que rige la votación del domingo es cuestionada también por Espinel y Alarcón cuando obliga al votante a escoger solo siete personas que deben ser tres hombres, tres mujeres y una proveniente de los minorías étnicas. Espinel explica que esa predeterminación del género de la persona por la cual hay que votar es claramente una violación al derecho al voto que también contraviene ls legislación internacional. Con el pretexto de la discriminación positiva, destaca Espinel, lo que se ha hecho es crear tres circunscripciones, una de hombres, otra de mujeres y una tercera de minorías étnicas, cuando el elector debería tener la libertad de elegir a quien estime conveniente independientemente de su género o etnia. 

Con el pretexto de la discriminación positiva, destaca Espinel, lo que se ha hecho es crear tres circunscripciones, una de hombres, otra de mujeres y una tercera de minorías étnicas, cuando el elector debería tener la libertad de elegir a quien estime conveniente independientemente de su género o etnia.

4 • Hay quienes quieren que se elimine el Consejo de Participación y no han sido consultados

Este argumento proviene de la demanda de Quintana, Oyarte y Benalcázar. Se fundamenta en que, según sondeos de opinión, hay personas que estiman que debe desaparecer el CPCCS y que el Estado les debió consultar. Al no hacerlo, aseguran los tres abogados, se cometió una inconstitucionalidad por omisión. La demanda cita una encuesta de Cedatos que asegura que un alto porcentaje de la población está en contra del funcionamiento del órgano de participación social. 

5 • La violación a la legalidad

Las normas con las que se establecieron los requisitos para ser candidato al CPCCS también están plagadas de ambigüedades que podrían poner en duda el principio de legalidad. En la demanda de Marcelo Espinel y Mauricio Alarcón se detalla como se pusieron aspectos como "la probidad notoria" y el "reconocido prestigio", así como la "conducta intachable", todas ellas consideraciones subjetivas y arbitrarias. Para los demandantes, es evidente que poner requisitos como esos en la ley es la puerta para consideraciones meramente subjetivas. 

6 • La violación del derecho de asociación

Al establecer que solo los representantes de organizaciones sociales legalmente reconocidas y con un tiempo definido de vida jurídica puedan presentar postulaciones, se habría violado el derecho a la asociación, estiman Alarcón y Espinel en su demanda. 

7 • Las restricciones a la libertad de expresión

La actual campaña para el Consejo de Participación, destacan Alarcón y Espinel, contiene otras disposiciones cuestionables. Una de ellas es la que impidió que cualquier persona realice actos proselitistas a favor o en contra de los candidatos al Consejo de Participación. Esa norma, sostienen los abogados, significó que ser impida la libertad de expresión. Haber impedido que se realicen esos actos de campaña por parte de la población constituyó un acto de censura, estiman los abogados en su demanda. 

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