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30 de Octubre del 2017
Historias
Lectura: 20 minutos
30 de Octubre del 2017
Redacción Plan V
Se firmó el "acta de divorcio" del movimiento Alianza PAIS

El caso del vicepresidente Jorge Glas: un golpe que el antes todo poderoso movimiento Alianza PAIS no pudo procesar políticamente. 

 

El colapso de la unidad de Alianza PAIS se concretó la noche del martes, cuando los principales jerarcas correístas de la organización cesaron en su cargo de presidente nacional de la tienda verde flex a Lenin Moreno y abrieron las puertas para una eventual expulsión. Desde el Palacio de Gobierno, en cambio, la vicepresidenta (e) Alexandra Vicuña minimizó lo actuado y les recordó que el movimiento "no es una hacienda". Rafael Correa sostuvo que si hay una convención de AP volverá para saber quiénes "pueden mirarlo a los ojos".

Esta es la resolución de Alianza País que cesa a Lenin Moreno de la presidencia del movimiento.

Las tensiones en Alianza PAIS se desbordaron la noche del martes 31 de octubre de 2017. En pleno Día del Escudo y mientras en el Occidente se festejaba la Noche de Brujas,  y cuando el país se prepara para un largo feriado, los principales portavoces del correísmo: Gabriela Rivadeneira, Doris Soliz y Ricardo Patiño anunciaron una resolución de la Directiva Nacional verde flex con la cual, por presuntas violaciones a la normativa interna del movimiento y por haber dejado de asistir a las reuniones partidistas, cesaban de su cargo de presidente nacional al jefe del Estado, Lenin Moreno. 

La resolución deja abierta la puerta también para la expulsión del primer mandatario, toda vez que los correístas le acusan de haber cometido una serie de violaciones a sus normas, como actuar políticamente a favor de políticos y posturas contrarias a la autodenominada "revolución ciudadana".

La resolución deja abierta la puerta también para la expulsión del primer mandatario, toda vez que los correístas le acusan de haber cometido una serie de violaciones a sus normas, como actuar políticamente a favor de políticos y posturas contrarias a la autodenominada "revolución ciudadana".

En la presidencia nacional, la facción correísta nombró al ex canciller Ricardo Patiño, quien sostuvo que Lenin Moreno está gobernando con las tesis de la oposición, a pesar de haber ganado las elecciones con el amparo de la tienda correísta. 

Los correístas acusaron a Lenin Moreno, entre otras cosas, de "manifestar públicamente criterios divergentes en menoscabo de los principios y decisiones del movimiento", así como registrar "faltas consecutivas e injustificadas" a las sesiones convocadas por la Directiva Nacional. 

Por ello, se declaró la "pérdida inmediata" de su dignidad como presidente de Alianza PAIS, y el envío del caso a su Comisión Nacional de Ética", para que "adopte las resoluciones que correspondan".

Al mismo tiempo, la directiva nacional de PAIS posesionó en la presidencia del movimiento a Ricardo Patiño, e invitó a Rafael Correa a "acompañar el proceso de fortalecimiento orgánico y la reestructuración de PAIS", lo que fue interpretado como un invitación para que el ex presidente retorne al Ecuador.


Encabezados por Ricardo Patiño, los correístas dejaron entrever su intención de expulsar a Lenin Moreno de País.

Finalmente, la Directiva de PAIS comunicó lo resuelto a Lenin Moreno y al Consejo Nacional Electoral.

Vía Twitter, el ex presidente Rafael Correa anunció su respaldo al cese de Moreno y dijo que si hay una convención de PAIS él vendrá, para ver cuántos "pueden mirarlo a los ojos". 

Mientras tanto, la fractura en el bloque de PAIS es cada vez más evidente. El asambleísta Augusto Espinosa ha admitido que las diferencias en PAIS son tan significativas, que lo más probable es que se produzca un "divorcio" en la bancada verde flex y que se formen dos bloques. Espinosa no dudó en calificar como "un golpe de Estado" a la resolución del contralor contra Glas, y dejó entrever que dicha operación política proviene del Palacio de Gobierno.

De hecho, los miembros de Alianza PAIS que forman parte del Gabinete concurrieron la semana pasada al Palacio de la Vicepresidencia, y se retrataron en el vestíbulo con la vicepresidenta Vicuña, evento político al que no asistieron los asambleístas de la línea correísta más dura.

Uno de esos dos bloques que se han marcado de facto, eventualmente, podría sumar sus votos al pedido de juicio político de la oposición, en el que la resolución de la CGE contra Jorge Glas podría ser un elemento adicional.

Si la oposición, por la vía del anunciado divorcio de PAIS consigue una mayoría más amplia, la destitución de Glas y la designación de un sucesor de una terna enviada por el Ejecutivo podría viabilizarse.

En un diálogo con este portal, el analista Gabriel Hidalgo había anticipado, hacia varias semanas, la posible salida o expulsión de Moreno, quien buscaría crear su propio movimiento político, con miras a las elecciones seccionales del 2019. La base de ese movimiento, estimó Hidalgo, podría ser la Democracia Sí de los hermanos Larrea. 

José Serrano se alínea con Lenin Moreno 

A primera hora del miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, se alineó con la postura del Ejecutuvo. En una rueda de prensa en el Palacio Legislativo, Serrano dijo que "se ha violentado en torno a esta órbita la Constitución, no se ha permitido la participación del presidente del movimiento Alianza PAIS en la sesión donde espúreamente se ha tomado la decisión de separarlo del cargo como presidente". "Se ha violentado por una minoría, no sé a qué intereses responden", dijo el político cuencano.

"Primero se le sanciona y se le dice que vaya a la Comisión de Ética, si el presidente del movimiento tiene que elegir y nombrar la convención, es esta convención la que tiene que determinar si se ha incumplido con una falta" dijo José Serrano. 

Serrano agregó que para él, Lenín Moreno sigue siendo el presidente del movimiento y a la vez calificó de "vergüenza" que se maneje la política de esa manera en Ecuador. "Primero se le sanciona y se le dice que vaya a la Comisión de Ética, si el presidente del movimiento tiene que elegir y nombrar la convención, es esta convención la que tiene que determinar si se ha incumplido con una falta", mencionó. "Estamos listos para irnos a la casa mañana mismo, pero no vamos a claudicar", sostuvo. Para evitar posibles compras de conciencias, anunció una medida sui géneris:  "Desde el día lunes vamos a prohibir que ninguna persona ingrese con maletín o mochila acá a la Asamblea Nacional". 

La reacción del Gobierno

Pasadas las 21:30 de la Noche de Brujas, en los patios del Palacio de Gobierno, la vicepresidenta encargada Alexandra Vicuña y el secretario de la Política, Miguel Carvajal, respondieron a la medida tomada por los correístas.

Vicuña lamentó la decisión de la directiva nacional  y agregó que le "ha causado risa que desafortunadamente algunos miembros de la dirección nacional, en desconocimiento y en forma inconsecuente tomen decisiones arbitrarias que no van con el sentido de las bases del movimiento". Según ella, la facción correísta no "escucha a las bases, que a lo largo de todo el país han expresado su pronunciamiento irrestricto de respaldo al presidente del país y del movimiento, Lenín Moreno".

"No solo no son consecuentes con esos pronunciamientos populares y responden a actitudes arbitrarias. Desconocemos tamaña arbitrariedad" dijo la vicepresidenta encargada, quien reiteró que Moreno está dispuesto a la consulta popular y al diálogo nacional, pero también al diálogo al interior del movimiento verde flex.

"Dirigentes y compañeros perdieron la brújula de un proceso transformador para cambiar la vida de miles de ecuatorianos, esta no es una hacienda, ni es una finca, la propuesta del gobierno está en plena ejecución y se sostiene en un sólido tejido social. Solo una asamblea nacional del movimiento, así como eligió a Lenín, lo podría remover", aseguró. 

"Dirigentes y compañeros perdieron la brújula de un proceso transformador para cambiar la vida de miles de ecuatorianos, esta no es una hacienda, ni es una finca", dijo la vicepresidenta encargada, Alexandra Vicuña. 

Según Vicuña, 26 de 30 dirigentes provinciales "se pronunciaron en irrestricto apoyo a la gestión de Lenín. Ellos pidieron la realización de una convención nacional. Las bases piden renovación", aseguró. 

De su lado,  Miguel Carvajal,  dijo que la decisión es "apresurada" y la desconoció. "Hemos visto una acción virulenta en contra del presidente y contra algunos de nosotros",  y habló de "asombro" ante la medida. 

Los voceros del Ejecutivo dijeron que tampoco les preocupa un eventual retorno del ex presidente Rafael Correa al país. 

En horas de la  noche del 1 de noviembre, el secretario de la Presidencia de la República, Eduardo Mangas, dijo en Twitter que se obtuvo un recurso judicial a favor del presidente Lenin Moreno, que habría dejado sin efecto la decisión de la Directiva Nacional  y advirtió que pedirá la expulsión de los correístas que cesaron a Moreno. 

En efecto, la Secretaría de Comunicación confirmó que un Tribunal de Garantías Penales con sede en la capital concedió un recurso de medidas cautelares de los derechos constitucionales del presidente Moreno, y dispuso al Consejo Nacional Electoral no inscribir el nombramiento de Ricardo Patiño, por no haber sido electo en una Convención Nacional, tal como establecen los estatutos de Alianza PAÍS. 

El empantanamiento del caso Glas, en manos del Legislativo

La resolución de la Contraloría General del Estado (CGE) no menciona, en parte alguna, que la sanción de destitución contra el vicepresidente Jorge Glas Espinel sea de su cargo actual, sino del de ministro coordinador de Sectores Estratégicos, por las irregularidades encontradas en el proceso del campo Singue, que fueron denunciadas por Fernando Villavicencio y publicadas en su momento por este portal. 

LEA: Las irregularidades del campo Singue

"El día de la firma de los contratos, Wilson Pástor Morris anunciaba las bondades de su obra: una inversión de 130,3 millones de dólares durante los 20 años de vigencia, en los tres campos (Singue, Ocano-Peña Blanca y Eno-Ron), un promedio de U$ 40 millones por bloque. Según palabras de Pastor, el Estado tendría un beneficio de U$ 496 millones, un 90.2% de participación en la renta petrolera, mientras las compañías recibirían un 9.8%. Pero las cifras del Ministro solo quedaron en el papel, pues la caída del precio del petróleo desnudó la realidad: el Estado quedó como un mendigo mirando a las compañías privadas llevarse el tesoro, sin zafarse el nudo de la corbata.

En un campo con reservas probadas, pozos perforados, en el cual se requerían pequeñas inversiones, el haber establecido una tarifa descomunal de 33,50 dólares por barril (U$/BL), rubro al que se debe sumar el costo de transporte, fue una decisión perjudicial para el país, y configuraría el delito de peculado", explicaba el reportaje de Fernando Villavicencio. 

"El haber establecido una tarifa descomunal de 33,50 dólares por barril (U$/BL), rubro al que se debe sumar el costo de transporte, fue una decisión perjudicial para el país, y configuraría el delito de peculado".

Villavicencio relató también que "considerando un promedio diario de 7000 mil barriles, descontando el 25% de margen de soberanía, la contratista recibe por pago de tarifa, U$ 175 mil dólares diarios, un aproximado de U$ 64 millones anuales, mientras el Estado, sumando el costo de transporte, con un barril de U$ 35, recibe 1 dólar por cada barril extraído; de cotizarse en U$ 40, la participación subiría a U$ 6 por barril. El 90.8% de participación a favor del Estado ofrecido por Pástor, fue al revés, acabó en los bolsillos de las contratistas, en este caso en la empresa manejada por su hija".

Estas fueron las razones por las que la CGE emitió un informe con responsabilidades penales contra el entonces ministro Jorge Glas, del ex ministro Wilson Pástor, del ex viceministro Carlos Pareja y de otros funcionarios. Al no obtener los descargos de ley, emitió una resolución  de destitución contra Glas y una multa.

Pero la resolución dice claramente: "Confirmar la responsabilidad administrativa culposa (...) que corresponde a una multa de USD 5840 (...) y sanción de destitución predetermminada en contra del señor Jorge David Glas Espinel, miembro del Comité de Licitación Hidrocarburífera, ministro coordinador de los sectores estratégicos de la Secretaría de Hidrocarburos".

A esto se sumaron dos informes más, hechos públicos a principios de semana, en los que se establecieron un total de USD 80 millones en glosas contra Glas, por su gestión en el Ministerio Coordinador, en relación a manejos, según la CGE, inadecuados en el área del gas y la electricidad. 

Aunque en ninguna parte la resolución de la CGE hace referencia al cargo de Glas como vicepresidente, lo cierto es que la supuesta destitución provocó el rechazo de la defensa tanto del segundo mandatario cuanto de abogados y académicos que no pueden ser identificados como simpatizantes correístas, sino como opositores.

Aunque en ninguna parte la resolución de la CGE hace referencia al cargo de Glas como vicepresidente, lo cierto es que la supuesta destitución provocó el rechazo de la defensa tanto del segundo mandatario cuanto de abogados y académicos que no pueden ser identificados como simpatizantes correístas, sino como opositores.

En efecto, para el abogado de Glas. Eduardo Franco Loor, "Es una burla al derecho y es írrita, absolutamente nula, carece de eficacia jurídica porque Jorge Glas no obstenta ese puesto público. Él es vicepresidente de la República desde el año 2013 y por tanto está sujeto a la supremacía constitucional" y recordó que "la Contraloría no tiene competencias ni facultades legales para destituir al Vicepresidente. Por tanto esta resolución es totalmente nula", pues el procedimiento para hacerlo está expresamente normado en los artículos 129 y 130 de la Constitución. 

Con este criterio coincidió el ex candidato a la vicepresidencia de la República por la FE de Dalo Bucaram, Ramiro Aguilar, quien sostuvo que la resolución es "una idiotez. Terminará beneficiando a Glas pero por Dios a quién en su sano juicio se le puede ocurrir que el Contralor puede destituir al vicepresidente".

Aguilar explicó que "el vicepresidente no tiene autoridad nominadora fue electo y solo lo puede enjuiciar y destituir la Asamblea Nacional", al tiempo que agregó que "el contralor subrogante está actuando fuera de la Constitución y la Ley. Es un peligro el hombre con su encargo a dedo". Aguilar precisó también que la resolución de la CGE "es írrita y no tiene valor constitucional alguno". "Jamás en la historia republicana un Presidente o Vicepresidente de la República pudo ser destituido por el Contralor", finalizó el ex asambleísta.

De su lado, el rector de la Universidad de Las Américas y ex diputado, Carlos Larreátegui, se sumó a las críticas a esa interpretación. Para Larreátegui, se trata de algo "absurdo por no decir payasada. La Contraloría no tiene competencias. Sería precedente nefasto para que cualquier Polit destituya presidentes" y agregó que "semejante desvarío solo favorece al reo".


La facción de Alianza PAIS que colabora en el Gabinete presidencial demostró su apoyo al Gobierno y a la Consulta, mientras correístas de línea más dura se mantienen críticos al Ejecutivo y cesaron a Moreno como presidente de PAIS. 

Un nuevo elemento para la Asamblea 

Por su parte, el asambleísta del PSC, Luis Fernando Torres, aseguró que "el contralor Celi hizo lo correcto al disponer la destitución como Ministro y no como Vicepresidente por infracciones administrativas anteriores del Ministro, ahora Vicepresidente que han tenido ramificaciones civiles y penales en tema de campo petrolero". Para Torres, sin embargo, la decisión del contralor "es otro elemento para avanzar con juicio político al Vicepresidente y destituirlo como tal por estar inhabilitado".

Y es precisamente en esa línea que se han manifestado algunos de los diputados, en especial de la oposición, a los que se han sumado algunos que fueron electos en el actualmente fragmentado bloque de Alianza PAIS.

Aunque la resolución de la CGE no se refiere a su cargo actual, sí podría destrabar el intento de CREO y otros bloques de oposición de volver a plantear la destitución de Jorge Glas por la vía del juicio político.

Aunque la resolución de la CGE no se refiere a su cargo actual, sí podría destrabar el intento de CREO y otros bloques de oposición de volver a plantear la destitución de Jorge Glas por la vía del juicio político. Según los opositores, ya contarían con por lo menos 54 votos para volcer a plantear el juicio político, que deberá ser calificado por el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL).

El legislador por Pichincha, Jorge Yunda, quien es la cabeza visible de la facción pro Lenin Moreno en el bloque de PAÍS, dijo inclusive que se sumaría al pedido de juicio político si el oficialismo no se decide por el pedido. 

Ana Galarza, asambleísta por Tungurahua de CREO, sostuvo que "las causales contra Jorge Glas se han amontonado. ¿Qué espera para  convocar al Pleno, el presidente de la Asamblea, para que  se destituya  al símbolo de la corrupción?".

De esta forma, si el estancamiento en el que se encuentra actualmente el Ejecutivo con la prisión de Jorge Glas y el nombramiento de María Alexandra Vicuña como vicepresidenta encargada se resuelve, podría ser por la vía de una salida en la Asamblea Nacional, en donde se necesita una votación de dos terceras partes para lograr la destitución del segundo mandatario.

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