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17 de Abril del 2024
Historias
Lectura: 12 minutos
17 de Abril del 2024
Redacción Plan V
Seguros del Estado y las Fuerzas Armadas: del monopolio a la reserva y la opacidad
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Hasta el momento, la Fuerza Aérea no logra cobrar la póliza que protege al radar destruido en el cerro Montecristi. Foto: Archivo El Universo

 

La adjudicación de seguros para los bienes estatales pasó del monopolio de Seguros Sucre y sus redes de corrupción a la opacidad legalizada por decretos de la actual administración de Daniel Noboa.

Las normas para la contratación de pólizas de seguro para la infraestructura y los bienes del Estado han ido cambiando en los últimos años. Si durante el correato Seguros Sucre, una empresa de seguros que había sido incautada, se convirtió en la aseguradora oficial del Estado para todo tipo de póliza, durante el gobierno de Guillermo Lasso se apuntó a la liberalización de este tipo de pólizas estatales.

Buena parte de la infraestructura estatal, como los equipos de la industria petrolera, la de generación de energía, los edificios y otros activos de la nación son aseguradas por decenas de miles de dólares (solo los seguros de Petroecuador han llegado a alcanzar seis mil millones), pero un porcentaje importante tiene que ver con los arsenales e instalaciones militares, sobre los que el actual Gobierno de Daniel Noboa ha facilitado la reserva en las compras y en los procesos de aseguramiento, que se convertirán en secretos durante cinco años.

Las Fuerzas Armadas y la Policía recurren a aseguradoras del sector privado para pólizas sobre sus equipos, que alcanzan decenas de millones de dólares. Es el caso de la que ampara los equipos  electrónicos de la Armada y la Fuerza Aérea, como las sistemas de drones y los radares de la defensa aérea, firmada durante el gobierno de Guillermo Lasso con la compañía Interoceánica por cerca de 91 millones de dólares.

La póliza de Interoceánica se encuentra en reclamación por parte de la Fuerza Aérea, que aún no logra cobrar una indemnización tras la destrucción del radar que se instaló en octubre de 2021 en la cúspide del cerro Montecristi, en Manabí.

Pero la actual administración, una serie de reformas realizadas a la Ley de Contratación Pública, que han sido reglamentadas por un decreto ejecutivo 206 del presidente Daniel Noboa Azín, ha blindado todos los procesos de compras y contrataciones en las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el SNAI (Servicio carcelario) lo que también incluye a las pólizas de seguros.

Hace pocas semanas, y en cumplimiento de estas disposiciones, un acuerdo ministerial firmado por la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, declaró como reservada toda la información relacionada con la contratación de seguros de la Policía. El acuerdo, firmado el 4 de abril por la ministra Palencia aplica toda la nueva normativa decretada por Noboa en el pasado mes de marzo, y declaró la reserva total sobre todo el proceso de contratación de seguros de la Policía Nacional. El nuevo marco legal privilegia nuevamente el "régimen especial" que consiste en adjudicaciones opacas a empresas que son invitadas por los funcionarios sin ningún concurso público. 

La ministra Mónica Palencia declaró la reserva sobre la contratación de pólizas de seguros en la Policía Nacional.  Foto: David Vela / Asamblea Nacional

Las normas aprobadas en esta administración prácticamente blindan todo tipo de compra o contratación por parte de las Fuerzas Armadas, la Policía o el sistema carcelario, lo que incluye desde las más prosaicas, como la compra de animales como perros o caballos antimotines, hasta las del armamento mayor de los arsenales del Ejército, la Marina o la Aviación.

Inclusive, las normas permitirán a estas instituciones realizar invitaciones a oferentes seleccionados directamente, tanto para la compra de armamentos cuanto para las pólizas de seguros, imponiendo reservas sobre la información de hasta cinco años, bajo prevenciones de acciones penales contra quienes difundan la información restringuida. 

Sin embargo de lo curioso del mecanismo, las normas aprobadas por Noboa supuestamente le permiten a la Contraloría General del Estado la realización de acciones de control, pero la información no podría ser publicada por los medios de comunicación, debido a la reserva que pesa sobre ella. Así, las compras de armamento, equipos antimotines, licencias de programas espías (como por ejemplo, el Pegassus, desarrollado en Israel para espiar celulares de periodistas y opositores) entre otros temas relacionados con el gasto militar y policial quedarán en la opacidad más absoluta.

El monopolio de Seguros Sucre y el escándalo de coimas

En la Asamblea disuelta en 2023, el ex asambleísta Ricardo Vanegas inició un proceso de fiscalización a las contrataciones de seguros de entidades del Estado. En el informe, publicado en mayo de 2023, Vanegas relató que desde 2010, el gobierno de Rafael Correa permitió que se consolide un monopolio de las pólizas de seguros estatales, por medio del empresario Diego Sánchez.

Diego Sánchez ha sido requerido hace pocos días por la justicia norteamericana, con la que ha hecho un acuerdo para no ser juzgado y convertirse en testigo, en el marco del juicio contra el ex contralor Carlos Pólit.

Según el informe, el monopolio de Seguros Sucre (Correa defendía en muchas ocasiones que los seguros del Estado no debían estar en manos de privados) significó el cometimiento de actos de corrupción en pólizas de seguros, como por ejemplo, en Petroecuador, hasta cuando en 2021 el ex presidente Guillermo Lasso ordenó su liquidación.

El informe de Vanegas, que cita investigaciones del asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio, sostiene que Sánchez mantenía cercanas relaciones con ex contralores como Carlos Pólit y Pablo Celi, así como con funcionarios del correato como agentes de la Secretaría de Inteligencia y también con figuras cercanas al gobierno de Lenin Moreno, como Santiago Cuesta.

El informe detalla también que el monopolio de Seguros Sucre alcanzó a mover $786 millones en contratos con 965 instituciones públicas. Ejecutivos de esa aseguradora, como Juan Ribas, recibieron sobornos que luego intentaron lavar en Estados Unidos, por parte de empresas de reaseguros de Reino Unido. El mecanismo de corrupción consistía en cobrar coimas a los reaseguradores extranjeros para mantenerlos en el negocio o para darles los reaseguros en condiciones ventajosas para ellos, pero perjudiciales para el Estado, como cuando reaseguraban las pólizas por valores menores a los que se debían pagar. Juan Ribas, ex presidente de Seguros Sucre y la reaseguradora Rocafuerte, fue condenado a prisión en Estados Unidos por este tipo de sobornos. 

Como es fácil suponer, las polizas de seguros de las Fuerzas Armadas durante el correato también fueron emitidas por la misma empresa, en un valor estimado en $168 millones de dólares. Las adjudicaciones a la empresa estatal se daban por régimen especial, es decir, sin concursos. Entre 2013 y 2017, las pólizas de seguros de cascos y responsabilidad civil para aeronaves de las Fuerzas Armadas (que cubren las operaciones de todo tipo de aeronave militar) fue emitidas por esta aseguradora, sin que eso evite que hayan reclamos por parte del Ministerio de Defensa por incumplimientos.

Del monopolio a la liberalización

Ante los escándalos de corrupción y las enormes pérdidas que empezó a tener la aseguradora estatal, el gobierno de Guillermo Lasso decretó su liquidación e implementó un nuevo sistema para la contratación de seguros del Estado, en el que también estaban las Fuerzas Armadas y la Policía.

Así, se dispuso un régimen de contratación de seguros con la posibilidad de hacer contratos de ínfima cuantía, por un lado, y de licitaciones de las pólizas de seguros, poniendo especial énfasis en las garantías de reaseguros que deben entregar las empresas al Estado, con el fin de evitar que las pólizas no se puedan pagar, como ocurrió con Seguros Sucre.

Otras empresas entraron en escena en la contratación de seguros para el Estado: Hispana de Seguros, Latina de Seguros y Aseguradora del Sur. En el informe del ex legislador, se consigna que entidades pequeñas del Estado, desde 2020, han realizado contrataciones de ínfima cuantía mayoritariamente con Hispana de Seguros, pagando una proforma enviada por la empresa. Las licitaciones, en cambio, se hacían por medio del Sercop y su portal de compras públicas. Esto era de acceso público también para las Fuerzas Armadas, la Policía y el SNAI, hasta la reciente decisión del Gobierno de Noboa.

En las conclusiones de su informe, el ex legislador Ricardo Vanegas sostiene que "Los vínculos de las empresas públicas actuales con las aseguradoras es un tema desconocido y el Sercop no lleva un Censo de las adjudicaciones de seguros y los reaseguros ganadores. Esa información debe ser pública y visible permanentemente. La falta de transparencia alrededor de esta industria ha permitido grandes contrataciones en el sector público para un grupo de compañías de seguros que se manejan un mismo bróker de reaseguro, porque ellos manejan los reaseguros y control de las bases de los pliegos de los contratos".  Y con las reformas actuales, la situación no va a ser más transparente.

¿Qué tipos de contrataciones del Estado quedaron bajo reserva en el Ecuador?

El decreto 206, firmado por Daniel Noboa el pasado 21 de marzo de 2024, hace reformas a la reglamentación de varias leyes, con la intención de que mantengan concordancia con la nueva Ley Orgánica para el Ahorro y la Monetización de Recursos, aprobada por la Asamblea.

El presidente modificó, con ese decreto, el Reglamento de la Ley de Contratación Pública, blindando todo lo relacionado con procesos de contratación, en especial, en las Fuerzas Armadas, la Policía y el SNAI. Los proveedores, tanto que le vendan al Ejército caballos cuanto seguros o tanques, deberán firmar claúsulas de confidencialidad en todo el proceso y hasta varios años después. 

Entre las compras que ya no se podrán conocer de manera publica están, en lo referente a las Fuerzas Armadas, la Policía y el sistema carcelario:

1.- Adquisición y modernización de armamento

2.- Adquisición de equipos de intendencia y material de guerra 

3.- Adquisición de unidades navales, aéreas o terrestres

4.- Mantenimiento de sistemas de defensa aérea

5.- Adquisición de equipos tecnológicos y de ciber defensa

6.- Adquisición de programas de inteligencia 

7.- Contratación de transporte internacional de equipos y partes

8.- Contratación en el exterior de servicios especializados para seguridad

9.- Adquisición de raciones de combate

10.- Contratación de servicios de capacitación, instrucción y adoctrinamiento

11.- Adquisición y adiestramiento de animales para seguridad y defensa (por ejemplo caballos y perros)

12.- La contratación de obras o consultorías para construcción de obras de infraestructura para defensa 

13.- Servicios de consultoría

14.- Bienes y servicios usados en periodo electoral tanto por las Fuerzas Armadas cuanto por la Policía

15.- Las contrataciones de seguros de los bienes tanto de las Fuerzas Armadas, cuanto de la Policía. La reserva también blinda a las contrataciones de seguros del sistema carcelario. 

16.- Los "estudios estratégicos" sobre seguridad interna y externa

17.- Las contrataciones sobre el almacenamiento y destrucción de drogas capturadas.

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