Luis Verdesoto y Enrique Pita, los vocales de minoría en el Consejo Nacional Electoral (CNE) no se callan. Aunque el reparto en la Función Electoral gira en torno de la mayoría de tres consejeros, Verdesoto y Pita se han empeñado en una suerte de resistencia. Pero un simple vistazo a las designaciones de funcionarios como delegados, presidentes, vicepresidentes y secretarios de la Función Electoral en las provincias evidencia lo asimétrico de la lucha. Mientras Diana Atamaint ha nombrado a 18 altos cargos, José Cabrera a 23 y Esthela Acero a 21, Verdesoto solo ha podido hacerlo con 6 y Pita con 4.

En las designaciones de coordinaciones y direcciones nacionales, la mayoría también se impuso. Atamaint ha nombrado a 14 funcionarios, Cabrera a 10, Acero a 4, Verdesoto a 2 y Pita a ninguno. 

A pesar de ello, la semana pasada formularon una nueva denuncia, que puso en evidencia las falencias del sistema informático del CNE que, estiman ambos vocales, podrían haber permitido la mapulación de ciertos resultados electorales por medio de ventanas en el sistema informático electoral, al interior de las delegaciones provinciales. 

Las denuncias fueron atajadas por la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y por el presidente de la Delegación provincial del Guayas, Julio Candell, quienes minimizaron los cuestionamientos de Pita y Verdesoto. Empeñados en una suerte de guerra de guerrillas en el pleno electoral, los dos vocales se enfrentan a la mayoría conformada por Atamaint, José Cabrera (identificado con el PSC) y Esthela Acero, una dirigente indígena de simpatías correístas. Candell contestó en términos descomedidos a los dos vocales, pero ellos, en cambio, destacaron que el presidente de la Delegación del Guayas no ha logrado desvirtuar su denuncia. 

Pero aunque se reconoce que las falencias detectadas no invalidarían los resultados electorales ni las credenciales que se ya entregaron a alcaldes, prefectos y concejales municipales en todo el país, las denuncias de Pita y Verdesoto pusieron en evidencia irregularidades en los escrutinios, en especial, en Guayas, que habrían podido afectar los resultados. ¿Se trata de un fraude? Los dos vocales no descartan calificarlo así, aunque reconocen que no se trata de una falla masiva del sistema electoral, sino que pudo haber afectado a ciertas actas y a ciertas localidades, sobre todo pequeñas, en el interior del país. 

Se trataría entonces de una especie de "microfraude", pero, ¿cómo pudieron haberse realizado y en donde?

Las "ventanas" del sistema informático

Pita y Verdesoto denunciaron, desde el principio del actual CNE, que fueron marginados por la mayoría en general y por la presidenta del organismo en particular de cualquier actividad. Ello, sin embargo, no les impide realizar sus propias tareas de fiscalización. Sus equipos fueron a la provincia de Guayas y encontraron algunas falencias, que expusieron en una rueda de prensa. Pero la presidencia del CNE hizo su propio anuncio: contrató al académico Enrique Mafla, experto informático, como asesor del CNE, con la intención de solucionar las irregularidades denunciadas. 

Irónicamente Pita respondió a la presidenta Atamaint que le de alguna tarea, siempre y cuando no sea "barrer el auditorio", cuando la ex dirigente indígena le acusó a él y a Verdesoto de no "trabajar". Los vocales de la minorían denunciaron también raros fenómenos en sus cuentas de Twitter, que atribuyeron también a algún tipo de acción de los vocales de la mayoría. 

En ese caldeado ambiente, los dos vocales explicaron cómo habrían funcionado estos "microfraudes" electorales, sobre todo en Guayas, y en localidades pequeñas donde unos pocos votos pueden hacer la diferencia entre ganar y perder. 

Una mecánica con siete pasos

Según Pita y Verdesoto, hay varias falencias en el momento en que los datos de las juntas receptoras del voto llegan a las Delegaciones provinciales. Ambos admiten que es complicado manipular las actas en las juntas, pero una vez que llegan a las delegaciones y se piden reconteos, es posible que haya una serie de irregularidades que detallaron.

La primera irregularidad que detectaron tiene que ver con que "el sistema informático permite crear usuarios supervisores que tienen la facultad de cambiar el estado de un acta de escrutinio “acta en proceso de digitación o control de calidad” a “acta con inconsistencia”, lo que posibilita la impresión de un acta de reconteo y proceder a un nuevo conteo de papeletas".  Según la investigación que realizaron, uno de estos supervisores fue la secretaria de una delegación provincial, algo que los dos vocales consideran inapropiado, pues el personal administrativo no debería tener la posibilidad de modificar de esa manera las actas. 

Pero no solo que alguien puede tener los permisos para cambiar las actas: "el Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados (STPR) no guarda registros de auditoría de los usuarios que cambian dicho estado, por lo que no es posible conocer cuántas actas fueron cambiadas de estado de inconsistente por un usuario determinado".

Una segunda falencia detectada por los dos vocales es que "existe vulnerabilidad para ingresar al Sistema de Transmisión y Presentación de Resultados (STPR), al permitir que cualquier dispositivo se conecte a la red de datos electoral con solo tener un punto de red habilitado en el CPR". Esto, explican Pita y Verdesoto, no quiere decir que cualquier particular se pueda conectar al sistema, sino que lo puede hacer alguna persona que ya se encuentra dentro del Centro de Procesamiento, como puede ser un funcionario electoral. 

Una tercera falencia guarda relación con cuántas veces se pueden imprimir las actas de reconteo, que son las que finalmente consignan los resultados electorales: "Cuando un acta se encuentra en estado “acta inconsistente”, el sistema permite imprimir el acta de reconteo, para lo cual se genera el acta impresa en formato PDF, lo que permite imprimir dicha acta de reconteo las veces que deseen, e inclusive el sistema permite escanear fotocopia de un acta de reconteo. Esta vulnerabilidad es una ventana abierta para que se pueda imprimir y llenar un acta de reconteo cuantas veces se desee. Adicionalmente, no se imprime ninguna copia del acta de reconteo para entregarlo a los candidatos u organizaciones políticas, lo que no permite a los candidatos controlar que los resultados pertenezcan al acta original de reconteo", explicaron los dos vocales.

La cuarta falencia tiene relación con el número de votantes: "el sistema informático no controla ni verifica que este número de sufragantes sea el mismo en todas las actas de una junta receptora del voto. Del análisis realizado, existen 9.557 juntas receptoras del voto que tienen actas con diferente número de sufragantes, en algunos casos con diferencias de 100 sufragantes. Las 9.557  representan el 24% del total de 40.276  en todo el país;  es decir que, si el sistema hubiera tomado en cuenta estas diferencias como una inconsistencia numérica, este porcentaje no se hubiera establecido en un 8.52% sino, aproximadamente, en un 24%, lo que significaría, además, un elevado nivel de error en la capacitación a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto", agregaron los vocales.

Y para probar su afirmación presentaron algunas actas: así, en una misma mesa en Milagro, Guayas, votaron 325 para alcalde y solo 281 para prefecto. En Duale pasó algo similar: 331 votaron para alcalde y apenas 275 para prefecto. 

Una quinta falencia es que "el sistema está diseñado para que un operador decida si la imagen del acta de escrutinio contiene o no la firma del secretario o del presidente de la junta receptora del voto, situación que permite que un acta de escrutinio sin ninguna firma sea aceptada por el sistema como acta con firma". Y por ello, no fue difícil encontrar actas sin firmas que el sistema había considerado como válidas. 

La sexta falencia tiene relación con la posibilidad de que varíen los votos blancos y nulos. Pita y Verdesoto señalan que "existen actas cuyos datos de votos blancos y votos nulos varían entre el acta original; es decir la elaborada por la Junta Receptora del Voto y el acta recontada. En estos casos también existe aumento y/o disminución en la votación de uno o varios candidatos en proporciones similares a las variaciones de blancos y nulos".

La séptima falencia encontrada, sobre todo en Guayas, es que muchas actas de reconteo no tenían las firmas de los delegados de las organizaciones políticas. Si se recontaron votos, no hay constancia de que se hizo ante los delegados de los candidatos: "En el caso específico de la provincia del Guayas se pudo establecer mediante la observación de firmas de las actas que fueron recontadas en cada uno de sus cantones, que existieron actas en las que constaban únicamente la firma de los escrutadores, actas con firmas de escrutadores y de representantes de organizaciones políticas y actas recontadas sin firmas". El fenómeno en Guayas fue, al parecer, masivo: "De las 3.188 actas recontadas en la provincia del Guayas, 2.480 no cuentan con firmas de delegados de organizaciones políticas; es decir que no participaron en el escrutinio del 78% de actas".

¿Se ajustaron así los resultados electorales en los centros de cómputo, violentando la voluntad de los electores, en especial en circunstancias en que las diferencias entre un candidato y otro eran mínimas? Pita y Verdesoto creen que sí y han anunciado que enviarán sus hallazgos a la Fiscalía para que se investigue un fraude. Después de todo, explica Verdesoto, el fraude se puede realizar alterando documentos electorales y hay serios indicios de que así ha ocurrido, al menos en el muestro realizado en Guayas.