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14 de Mayo del 2020
Historias
Lectura: 19 minutos
14 de Mayo del 2020
Redacción Plan V
Sin votos en la Asamblea, el Gobierno abandonó su intento de crear "contribuciones"
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Fotomontaje: PlanV

 

El Gobierno, sin apoyo político en la Asamblea, retrocedió en su intento de crear nuevos impuestos para las personas naturales y jurídicas, tomando como referencia los ingresos de 2019. Varias otras iniciativas del proyecto de Ley Humanitaria, como un blindaje para los inquilinos y el control de tarifas electrónicas, como una suerte de "flexibilización laboral" se aprobaron con 74 votos. La Ley de Ordenamiento de Finanzas cuyo ponente es el hasta ayer morenista Daniel Mendoza, fue postergada para la mañana del sábado 16.

La Asamblea Nacional aprobó, con 74 votos, la propuesta de Ley de Apoyo Humanitario, pero sin ningún tipo de impuesto adicional como había planteado el Ejecutivo en un inicio. Los bloques del PSC, el correísmo ortodoxo y algunos independientes votaron en contra.  El Gobierno dio marcha atrás en su propuesta de intentar crear dos polémicas "contribuciones" con las que pretendía obtener financiamiento adicional para la crisis económica y la falta de recursos del Estado, ante la falta de apoyos. En cambio, la suerte de la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas se decidirá finalmente la mañana del 16 de mayo, pues no hubo votos para aprobarla ni para negarla. 

En un sorpresivo anuncio en Twitter, el presidente Lenin Moreno pidió que se "elimine" de su propia propuesta lo referente a las "contribuciones" que tenían la forma de un impuesto temporal por nueve meses, que debían pagar los ciudadanos y también, un porcentaje de las utilidades de las empresas más grandes del país. Aunque el ministro de Finanzas, Richard Martínez, había planteado originalmente que todas las personas con más de USD 500 de ingresos mensuales en 2019, pagaran las contribuciones, para el segundo debate se acordó que el nuevo impuesto debían pagarlo quienes ganen más de USD 2500 en adelante y las empresas que hubieran ganado en 2019 más de 2,5% de utilidades.

En diálogo con el programa PLANV EN VIVO, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, explicó que el retiro se debe a que el presidente Moreno decidió privilegiar la conservación del empleo, sobre todo en el sector privado, por encima de las necesidades de financiamiento del Estado. 

El pedido del presidente ocurrió en medio del debate virtual de la ley, por lo que el asambleísta por Pichincha, Fabricio Villamar, mocionó que se elimine todo el capítulo de la propuesta de ley, con lo que la norma se referirá a otros aspectos, como una precisa regulación del teletrabajo, garantías para los inquilinos de no desalojados y otras medidas para enfrentar las quiebras que se produzcan por la crisis sanitaria. Villamar sostuvo también que se incluya la Ley de Extinción de Dominio y se elimine la cuota política en el servicio exterior.

José Serrano, asambleísta nacional y ex ministro correísta, también mocionó la misma eliminación. "No se puede ser insensible ante el dolor y el sufrimiento de las personas", dijo Serrano. 

José Serrano, asambleísta nacional y ex ministro correísta, también mocionó la misma eliminación. "No se puede ser insensible ante el dolor y el sufrimiento de las personas", dijo Serrano.

Aunque en el Gobierno se estimaba que se podría producir que las dos normas planteadas por el Ejecutivo pasen por el ministerio de la ley (lo que ocurriría si hasta el 16 de mayo la Asamblea no se pronuncia), al final fue el propio Gobierno el que anunció que desistía de sus propuestas y la Asamblea pudo pronunciarse dentro del plazo. 

Gobierno sin votos

Pero, ¿qué ocurrió? Al parecer, las intensas presiones de sectores como el empresariado, que cerró filas pidiendo el archivo de la ley, y la falta de apoyo político en el pleno del Legislativo (se necesitaban por lo menos 70 votos), hicieron que el presidente Moreno anunciara su decisión de dar marcha atrás en la polémica norma. Solo en lo referente a los impuestos para personas naturales, se estimaba que se podrían recaudar poco más de USD 500 millones. 

En una rueda de prensa virtual, los miembros del Comité Empresarial Ecuatoriano rechazaron de manera unánime las contribuciones. Para Pablo Arosemena, de la Cámara de Comercio de Guayaquil, los cerca de mil millones que se iban a generar solamente alcanzaban para pagar los sueldos de un mes de burocracia. 

Para Pablo Arosemena, de la Cámara de Comercio de Guayaquil, los cerca de mil millones que se iban a generar solamente alcanzaban para pagar los sueldos de un mes de burocracia.

Patricio Alarcón, de la Cámara de Comercio de Quito, insistió en el archivo de la propuesta de ley y no solamente en retirar el capítulo de las contribuciones. 

Los partidos de la centro derecha representados en la comisión por César Rohón, del Partido Social Cristiano (PSC), y Guilllermo Celi (Suma), plantearon al Pleno un informe de minoría con incentivos para la repatriación de capitales al país y la creación de un fideicomiso en la bolsa.También se había opuesto CREO a los nuevos impuestos, a pesar de que en el primer informe sí apoyó la propuesta de contribuciones. Durante el debate, Rohón apeló la presidencia de César Litardo, y el vicepresidente César Solórzano debió continuar la dirección de la sesión virtual. Celi, en las primeras horas del debate, insistió en que su informe de minoría plantea formas de obtener recursos sin crear nuevos impuestos. 

Para asambleístas como Mae Montaño, quitar el capitulo sobre contribuciones, permite "profundizar temas de interés como la reactivación social y económica, disminuir las tasas de interés y el fondo de garantía estatal para facilitar el acceso al crédito". La asambleísta Karla Cadena apoyó el retiro de las contribuciones, al igual que Héctor Yépez. 

Desde el correísmo ortodoxo, Marcela Aguinaga sostuvo que "su bancada no cede a presiones", y afirmó que al país "se le levanta defendiendo a la gente, aunque incomode a grupos de poder. La gente necesita recursos para comer, las empresas liquidez para pagar la nómina".  El también correísta Pabel Muñoz sostuvo que "no basta con eliminar el tema de impuestos que hoy es impertinente y siempre lo dijimos. Quiten entero el otro puñal: lo laboral. Ninguna precarización. Una posible Ley debe ser de compensaciones para la ciudadanía".

Henry Cucalón, del PSC, aseguró que, tal como estaba planteada la ley, solo "asfixiará más a los ecuatorianos". 

Las propuestas de leyes de Ordenamiento de las Finanzas Públicas y de Apoyo Humanitario, que habían sido enviadas como económicas urgentes, no tuvieron apoyo de los legisladores en las comisiones y provocaron rechazo de la mayoría de sectores políticos. Nuevamente, se evidenció la orfandad política del Gobierno, pues el bloque "morenista" no cuenta con la posibilidad de conformar una mayoría sin el apoyo de CREO y los independientes del BADI.

Tras varias postergaciones durante todo el día 15 de mayo, el proyecto de ley fue finalmente votado con el resultado indicado. 

La Ley de Ordenamiento sigue en veremos; el morenista Daniel Mendoza cae en desgracia y su entorno es detenido

En el caso de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, la Asamblea postergó durante toda la mañana del 14 de mayo su tratamiento, y se alegó sobre todo que el informe apenas fue enviado a los correos de los legisladores a las 06:08 de la madrugada del jueves 14. Sobre el texto hay tres mociones de archivo del proyecto. El ponente de este proyecto es el morenista Daniel Mendoza (Manabí) cuyo entorno sufrió un sorpresivo allanamiento durante ese mismo día. 

La tarde del 15 de mayo, Mendoza se excusó de ser el ponente del proyecto y tras todo el día de postergaciones, se anunció la votación para las 18h00. Finalmente pasadas las 20:00 del 15 de mayo, la Asamblea votó y la moción de aprobar el informe solo obtuvo 67 votos a favor (precisaba 70) y además hubo 65 votos en contra y 5 abstenciones. Las tres mociones de archivo del proyecto fueron unificadas en una sola, pero tampoco hubo votos para el archivo, con lo que el tema sigue en debate. 

La caída de Daniel Mendoza

Mendoza, que era considerado un cuadro del morenismo en la provincia costeña, había tomado distancia de buena parte del proyecto de ley del Ejecutivo, y, al parecer, coincidencialmente, parte de su entorno era investigado supuestamente por posibles manejos irregulares de obra pública. 

La Fiscalía anunció el operativo en contra del entorno del asambleísta la tarde del jueves 14 y dio más detalles el viernes 15, haciendo profusa difusión de fajos de dinero incautados por la Policía en varias localidades manabitas. En las fotos publicadas por la Fiscalía, la Policía y la propia ministra de Gobierno se ven armas, dinero, sellos de entidades como la Prefectura de Manabí, entre otras pruebas que habría encontrado la Policúa sobre todo en la casa de Jean Carlos Benavides, en Calceta. Benavides es el principal asesor de Mendoza en la Asamblea. 

Según la Fiscalía, en Pedernales, Calceta, Bahía de Caráquez y Portoviejo se realizaron allanamientos en contra del entorno del asambleísta por Manabí.

La detención de nueve personas, una de ellas, Juan Carlos Benavidez y del principal contratista del nuevo hospital en Pedernales (al que la Policía detuvo en su casa en horas de la tarde del 14 de mayo) sería, según el Gobierno, el resultado de una investigación relacionada con hechos de corrrupción en la obra pública en Manabí.

El propio presidente Lenin Moreno se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter en la mañana del 15 de mayo y reivindicó "los primeros resultados": 

Según medios de Manabí, "José V. S., uno de los miembros del Consorcio Pedernales Manabí, que construye el hospital básico de este cantón, fue detenido la tarde de este jueves 14 de mayo. "Al lugar de la construcción llegó un grupo de uniformados quienes, luego de esposar a José V. S., procedieron con la detención. Así también hicieron conocer que previo a la detención, en el lugar estuvo presente un miembro del Servicio de Contratación de Obras quien luego de realizar algunas consultas procedió a retirarse minutos antes de la intervención policial".

"En este cantón los trabajos de construcción del hospital se están realizando en un terreno de aproximadamente 5.925 metros cuadrados, ubicado en la avenida Samanes y quinta transversal de la lotización Vientos del Pacífico del barrio Divino Niño, donde se levantará el nuevo hospital. El Gobierno ya había entregado el 50% del monto total de la obra, que es de 16 millones de dólares. Dinero que está en las cuentas del contratista y con la que estaba realizando los trabajos".

Germán Rodas, de la Comisión Nacional Anticorrupción, dijo a PLANV que se está investigando la construcción del hospital de Pedernales, en donde podría haber sobreprecios. En el caso de Mendoza, dijo, se había conocido su injerencia en los hospitales de Manabí.

Germán Rodas, de la Comisión Nacional Anticorrupción, dijo a PLANV que se está investigando la construcción del hospital de Pedernales, en donde podría haber sobreprecios. En el caso de Mendoza, dijo, se había conocido su injerencia en los hospitales de Manabí. La Comisión en Manabí habría encontrado indicios de "contratos a la medida" en la construcción del hospital en Pedernales, pero la Comisión aún se encuentra en investigación del caso. Rodas dijo que el problema del control de los hospitales es en todas las provincias del país y que se convirtió en una forma de clientelismo político. Rodas cree que la acción de la Comisión Nacional Anticorrupción ha hecho imposible que se sigan ocultando este tipo de manejos políticos y de "retaceo del Estado", que viene desde el gobierno anterior. La Comisión prepara un anuncio sobre este tema en los últimos días. 

Rodas dijo que la Fiscalía debe investigar el manejo de los USD 3500 millones que se habrían desviado en la reconstrucción de Manabí luego del terremoto de 2016. 

Daniel Mendoza se pronunció en su cuenta de Twitter y fue el único asambleísta que no se conectó al reinstalarse el pleno virtual. Y la sesión en la que debía ser el ponente del proyecto de Ordenamiento de Finanzas Públicas, que había sido convocada para las 09:00, ha quedado postergada para las 14:00.

Aunque el BADI se había pronunciado por el archivo, Wilma Andrade de la ID dijo a Radio Majestad que sus doce votos serán por la aprobación de la propuesta legal, lo que al parecer salvaría buena parte de los contenidos de la norma enviada por el Ejecutivo. 

Según publicó el portal La Historia, el apoyo de Mendoza y otros asambleístas al actual Gobierno tenía relación con un "reparto" en el control de hospitales en la provincia, y a Mendoza la correspondían cargos en los hospitales de Portoviejo y Bahía de Caráquez.

El sistema consistiría en que los asambleístas nombran personas de su confianza en los cargos administrativos de los hospitales para poder controlar las compras y el manejo de los recursos. Antiguo simpatizante de Rafael Correa como muchos en la actual administración, Mendoza se decantó por el morenismo y abandonó el correísmo ortodoxo, aunque en su cuenta de Twitter había tomado distancia del proyecto enviado por el Gobierno, que pretede permitir al Ministerio de Finanzas un mayor control de los gastos de los municipios, consejos provinciales e institutos de seguridad social. 

 

Sobre el texto del proyecto de Ordenamientos de las Finanzas Públicas ya hay tres mociones de archivo del proyecto, que ya sumaban por lo menos 59 votos.

Un escollo que la ley nunca pudo superar fue el referido a la autonomía de las entidades de la seguridad social y los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Desde la seguridad social, tanto civil cuanto militar, se cuestionaron las propuestas de control que se habían incluido en el proyecto legal, como por ejemplo que el Ministerio de Finanzas tenga más facultades para el control del gasto y que esa capacidad se amplíe a los municipios y consejos provinciales, que manejan sus recursos de manera autónoma, al igual que las empresas estatales y las entidades de la seguridad social, como el IESS y el ISSFA.

Para ese control, que significaba que el Gobierno podía fijar los techos del gasto, se propuso la definición de "sector público no financiero", lo que no obtuvo apoyo en el Legislativo.  A pesar de que en el informe para segundo debate se garantizó la "autonomía", y se excluyó a la seguridad social, no se lograron los apoyos necesarios. 

 

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