I. 2021, errores primerizos y malos cálculos en la contienda por el segundo puesto

El conteo rápido de la primera vuelta electoral de las elecciones presidenciales del 2021 arrojó resultados preliminares erróneos respecto del segundo candidato más votado. La Presidente Atamaint, aproximadamente a las 20h27 pm, fue quien protagonizó este traspié. Este desacierto la indujo a proclamar el primer avance del cómputo a los votos en el que Andrés Arauz obtenía 31.50% de votos, seguido de Yaku Pérez con el 20.04%, en tercera posición Guillermo Lasso con el 19.97% y en cuarto lugar Xavier Hervas con el 16.28% de votos válidos.

“Estos resultados reflejan las tendencias de los candidatos a binomios presidenciales. Quiero recordar al país que, tanto el sistema de conteo rápido como el Sistema Informático de Escrutinio y Resultados (SIER) fueron debidamente encerados en presencia de un notario público”, pronunció Atamaint segundos antes de su metedura de pata.

Ante las buenas nuevas, un apoteósico Yaku Pérez se declaraba vencedor de la segunda vacante al balotaje. Acompañado de sus simpatizantes en las inmediaciones de la matriz del CNE, Pérez dijo que se mantendrían en vigilia permanente para “hacer respetar” la voluntad popular.

Tan pronto como el CNE actualizó los porcentajes de votos de su primer balance, el precoz triunfalismo de Pérez se extinguió. De acuerdo con el protocolo para la entrega de los resultados del conteo rápido —aprobado el 27 de enero de 2021, en la sesión ordinaria N°11 del Pleno del CNE— se determinó la toma de una muestra de 2.425 JRV, o lo que es lo mismo, el 6.05% del padrón electoral a escala nacional. Se acordó entregar resultados por candidato aproximadamente a las 20h00 en el centro de difusión de resultados y en presencia de los medios de comunicación. También se estableció que si la muestra otorga un margen de error de +-1%, los resultados serán entregados en un sobre a la Presidente Atamaint, quien a su vez proporcionará la información a los demás consejeros.

En teoría, todas estas pautas ceremoniales se cumplieron, sin embargo, instantes después del primer reporte divulgado por Atamaint, el vicepresidente Pita, en entrevista con TC, mostró un segundo informe con corte las 21h16, casi una hora de avance adicional respecto del primer comunicado. En ese lapsus, el número de actas escrutadas de la muestra ascendió a 2.344, es decir, 151 actas por encima de la ponderación expuesta por Atamaint.

Guillermo Lasso, junto a Yaku Pérez (de espaldas) protagonizaron un diálogo sobre un acuerdo para el reconteo de votos, el cual no se concretó. Foto: Luis Argüello / Archivo PlanV

En entrevista con NTN24, Pita justificó la demora en el escrutinio del segmento de actas seleccionadas por el ausentismo de los miembros de las JRV y la suplantación de sus lugares por gente sin la instrucción necesaria para tal efecto. “Yo quiero ser enfático: no por apresurarnos en compartir una información con la ciudadanía, nosotros podemos dejar de considerar que tenemos que trabajar sobre actas reales, generadas en las JRV y si eso nos toma una hora más que pena, pero eso nos da la confianza de decirle a la ciudadanía ‘esta es la proyección, bastante razonable, bastante justificada, respecto de cual será el resultado final del proceso’, esgrimió.

A las 21h52, el conteo rápido de la totalidad de actas escrutadas de la muestra definió el pronosticó para el balotaje. Arauz continuó a la cabeza, aunque con un valor ligeramente inferior a la primera estimación; esto es, 31.74% de votos. En segundo lugar se ubicó Guillermo Lasso, con 20.05% de votos, seguido de Pérez con 19.85% de votos y en cuarta posición Hervas, con el 16.16% de votos válidos.

Para curarse en sano, Atamaint sostuvo que el CNE no haría ningún conteo rápido para la segunda vuelta electoral. “Mi posición personal es que no debería haber este conteo rápido, pero sí lo pueden realizar instituciones que se encuentran fuera del CNE“, dijo Atamaint en entrevista con Teleamazonas el 16 de marzo.

Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Foto: El Universo

En consecuencia, el Pleno del CNE, el 18 de marzo, calificó la participación de tres empresas para que realicen sondeos y pronósticos en la segunda vuelta. Una de ella era Visión Empresarial S.A. (Viempsa), Click Research y Eureknow S.A.

Esta decisión fue ratificada en una plenaria virtual del 9 de abril en la que el Pleno del CNE resolvió no realizar conteo rápido “porque ya no había tiempo” y en virtud de un informe técnico que recomendaba no implementar esa metodología debido a que se trataba de una elección para una única dignidad y solo participarían dos binomios presidenciales.

Verdesoto discrepó de esta decisión porque consideraba que el conteo rápido serviría de respaldo en caso de que el SIER tardara en procesar las actas.

Pero este tampoco sería el único contratiempo de este proceso electoral. El 13 de enero el CNE admitió que 6.2 millones de papeletas, correspondientes a binomio presidencial, fueron impresas con logotipos que no pertenecían al Movimiento Amigo, tienda política de Daniel Mendoza, sentenciado por delincuencia organizada y que auspiciaba la candidatura de Pedro Freile. Pasadas las 21h00 pm de ese miércoles, el CNE confirmó que las papeletas con errores de impresión serían destruidas y reemplazadas con nuevas boletas con los correctivos del caso.

"Las autoridades electorales decidieron iniciar una investigación para determinar las responsabilidades al interior del órgano electoral que desembocaron en este incidente. Asimismo, los consejeros anunciaron que las papeletas a impresas con el logotipo equivocado serán destruidas y se reiniciará la impresión de ese documento, con el cambio respectivo, para lo cual ya se trabaja con el Instituto Geográfico Militar (IGM)", indicaba el comunicado.

El error, según las autoridades, estaba en el nombre del movimiento, pues en lugar de Movimiento Amigo, en las papeletas constaba el antiguo nombre de la organización política: Mejor EC, que cambiaron un año después de su polémica inscripción que Atamaint habría gestionado a cambio de la abstención de la exasambleísta alterna de Mendoza, Pinuccia Colamarco, en la votación del informe de la que Comisión de Fiscalización que recomendaba el enjuiciamiento político, en enero de 2020.

El error de impresión le costó al CNE, según los términos de referencia del contrato firmado con IGM, USD 561.900 adicionales a los USD 5.03 millones acordados originalmente.

Las pugnas interinstitucionales, de igual manera, tuvieron espacio en las elecciones de 2021. El rechazo a la candidatura rechazada de Álvaro Noboa fue motivo de discrepancias entre el CNE y el TCE. El juez Ángel Torres, ante la desestimación de la aspiración presidencial de Noboa, dispuso la destitución de Atamaint, Cabrera, Pita y Verdesoto. La sanción se derivó de la inobservancia de una sentencia previa del TCE en la que se ordenaba permitir a Justicia Social, —partido que auspiciaba a Noboa— realizar nuevos procesos de democracia interna. El fallo de Torres también disponía la suspensión de los derechos de participación por cuatro años y el pago de una multa de 70 salarios básicos unificados (USD 28.000) a cada consejero removido.

Al magnate bananero Álvaro Noboa, constante candidato en las elecciones presidenciales —en dos de las cualles disputó una segunda vuelta— se le impidió participar en los comicios del 2021. Foto: El Universo

El proceso se estancó por quince meses, tras la presentación de recursos de ampliación, aclaración, recusación de jueces y apelación hasta que el 3 de mayo de 2022, con el voto favorable de los jueces Roosevelt Cedeño, Fernando Muñoz y los conjueces Francisco Fernández y Solimar Herrera, y el voto salvado del juez Richard Gonzales, el Pleno del TCE dejó sin efecto la sentencia de primera instancia de Torres porque se aplicó “un proceso inadecuado, que vulneraría el derecho fundamental de las partes procesales a la seguridad jurídica y, sobre todo, al derecho a ser juzgadas por una autoridad competente, con observancia del trámite propio de cada procedimiento”, refiere un pasaje de la sentencia.

II. 2023, silencio cómplice, inercia gubernamental y negligencia reincidente

El domingo 5 de febrero de 2023, el organismo que desde su fundación ha sido un monumento al irrespeto de la voluntad ciudadana, alcanzó su punto culmen. Ese día se celebraron los comicios seccionales, de vocales del CPCCS y la votación del Referéndum propuesto por el Gobierno Nacional, con motivo de aprobar reformas constitucionales en materia de seguridad, institucionalidad y medioambiente.

Al igual que los procesos electorales previos, las recientes elecciones revivieron al fantasma del fraude en manifestaciones de pequeña y gran escala. Según el experto electoral y expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Medardo Oleas, este fue el proceso electoral más irregular que ha tenido la democracia en los últimos años.

“El fraude empezó desde que no se controló a las organizaciones políticas. Esa apertura libre permitió que participen más de 280 movimientos que no tenían ninguna representación ni estructura, llegando al extremo de que el CNE, en vez de eliminar a estas organizaciones que tuvieron un origen fraudulento por la recolección de firmas falsificadas, les permitiera participar en el proceso”, afirmó.

Para Oleas, el reglamento para la conformación de alianzas electorales afectó a la democracia e imposibilitó la valoración de candidatos y propuestas, porque blindó a movimientos que debían desaparecer pero que fueron absueltos de su eliminación por la conformación de coaliciones.

Del mismo modo, las elecciones primarias, según el experto, serían una mera simulación con la que se encubre el alquiler de los partidos políticos a prospectos con cierta notoriedad pública, pero sin una ideología identificable, muchas veces, incluso, con visiones absolutamente disímiles a las de la organización de la que son huéspedes.

Oleas comenta que antes los partidos pertenecían a una tendencia ideológica definida, pero ahora ni siquiera se reconoce a los partidos y movimientos por sus nombres. “Esto congestionó el sistema y no permite que se lo maneje adecuadamente”, lamentó.

Tampoco existió control electoral a la campaña anticipada, por lo que hubo un derroche de dádivas, principalmente en las provincias de la Costa ecuatoriana. La alcaldesa saliente de Guayaquil, Cinthya Viteri, protagonizó algunos de estos vergonzosos episodios con la entrega de pollos, mochilas, gas doméstico y kits para la gente de escasos recursos, pese a que el artículo 204 del Código de la Democracia lo prohíbe:

Art. 204.- Los sujetos políticos que aspiren o participen en una elección popular u opciones de democracia directa, no podrán entregar donaciones, dádivas o regalos a las ciudadanas y ciudadanos, a excepción de los artículos promocionales reglamentados.

Sobre este respecto, Fernando Villavicencio, Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, asegura que el Ecuador ha vivido un proceso electoral fraudulento en toda su dimensión. “Todo el proceso ha estado marcado por un fraude porque el inicio, o lo que se puede llamar la precampaña electoral, ha estado signada por un enorme peso de un gasto ilegal, ostentoso, millonario y el CNE se ausentó de sus obligaciones para controlar la precampaña electoral, en este caso liderada por el correísmo”, detalló Villavicencio.

Tal fue la falta de control de las autoridades electorales, que poco antes del inicio de la inscripción de candidaturas, la mayoría de los aspirantes debutaron en sus redes sociales, como tarima electoral multimedia para difundir masivamente sus propuestas, con la anuencia implícita del CNE. Enrique Pita, vicepresidente del organismo electoral —antes de crítico de Atamaint y su mayoría y ahora aliado estratégico— admitió en reiteradas ocasiones que la precampaña “desbordó” la capacidad operativa de la institución, por ejemplo, en redes sociales. Se atribuyo a una sentencia de la Corte Constitucional del año 2012 —cuando la digitalidad y el uso propagandístico y electoral de las redes sociales era incipiente, por no decir inexistente— fue el sustento de Pita y los consejeros de mayoría para no considerar a las campañas en redes sociales como sujetos de control.

Sin embargo, la consejera de minoría, Elena Nájera, disiente con estas aseveraciones. Una cosa es el control de las redes sociales lo cual no es procedente por respeto a las libertades democráticas y a los derechos humanos, dice, y otra muy distinta no monitorear las redes para conocer cuánto dinero han invertido los candidatos y candidatas y sus organizaciones en la campaña electoral y, sobre todo, que esa inversión se impute a sus gastos. Así también, es lícito conocer la procedencia de los dineros invertidos para la promoción de candidatos en redes sociales. De hecho, el artículo 25 del Reglamento para el Control y Fiscalización del Gasto Electoral aprobado en noviembre 2020, con voto a favor del consejero Enrique Pita, dispone:

Art. 25.- Gastos en redes sociales. - Los gastos por parte de candidatos, organizaciones políticas, sociales y redes sociales a favor de un candidato o respecto a determinada opción de democracia directa, serán considerados como gasto electoral que deberán ser reportados al Consejo Nacional Electoral y contabilizados a efectos de verificar los límites de gasto, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento.

La Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral será responsable de, finalizada la campaña electoral, solicitar al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, los datos que permitan identificar las cinco (5) redes sociales con mayor uso en el Ecuador. Dicha información permitirá requerir a las redes sociales un reporte sobre las promociones y publicidades a favor de candidatos o de organizaciones políticas contratadas durante la respectiva campaña electoral en el Ecuador a fin de contrastar dicha información con los expedientes de cuentas de campaña electoral.

¿Se cumplió con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de Fiscalización en las elecciones generales de 2021? ¿Se hizo o no el monitoreo de redes sociales de los candidatos y sus organizaciones políticas? Para nadie es un secreto en el CNE y fuera de él, que el consejero a cargo de la Dirección de Fiscalización y Control del Gasto Electoral es el ingeniero José Cabrera Zurita.

De otra parte, el Código de la Democracia estipula el monitoreo de la precampaña en medios de comunicación y el montaje de vallas publicitarias, como parte de las competencias del CNE. Es más, el organismo posee las facultades legales y los instrumentos normativos para penalizar esos comportamientos dolosos.

Justamente, el 13 de noviembre de 2022, Villavicencio denunció la colocación de estos gigantescos afiches en la provincia de Manabí e increpó a Atamaint para su inmediata remoción. Sólo allí, de acuerdo con los datos revelados por Tamara Montesdeoca, Presidente de la JPE de Manabí, se contabilizaron 40 vallas, pero para el Presidente de la Comisión de Fiscalización, su retiro fue un simple simulacro. “Este es un elemento importante que da cuenta que antes de iniciar el proceso legal, ya la precampaña estuvo marcada por la violación al Código de la Democracia”, aclaró. Por su parte, Montesdeoca aseguró que esa era competencia de la Delegación Provincial Electoral. “El momento en que las organizaciones reciben su asignación y presentan sus cuentas de campaña, se les va a imputar a ese gasto”, justificó.

Montesdeoca agregó que el retiro de vallas cumple con un procedimiento: primero se notifica a la organización política. Si no existe respuesta se insiste en el pedido, hasta que finalmente se procede a su remoción.

Incurrir en actos de campaña anticipada o precampaña electoral está tipificado como una infracción electoral grave en el artículo 278 numeral 7 del Código de la Democracia:

Art. 278.- Las infracciones electorales graves serán sancionadas con multas desde once salarios básicos unificados hasta veinte salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años. Se aplicarán a quienes incurran en las siguientes conductas:

7. Realizar actos de campaña anticipada o precampaña electoral.

Este tipo de infracciones pueden ser sancionadas con multas desde 11 hasta 20 salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años. El TCE es el órgano encargado de sancionar estas faltas, con arreglo a sus méritos, en cualquier etapa del proceso electoral. La Delegación también puede recomendar de oficio la sanción a través de un informe técnico.

Jorge Yunda, el candidato sin derechos de participación

No obstante, esto no garantiza que se frenen las aspiraciones electorales del candidato incurso en esas infracciones. El mejor ejemplo de ello es el ex alcalde de Quito, Jorge Yunda, investigado por peculado y cuyos derechos de participación le fueron revocados por el TCE el 19 de agosto del 2022, en segunda y definitiva instancia, por incumplimiento de una sentencia de julio de 2021 en la que se reconoció la validez del trámite de su remoción en el Concejo Metropolitano de Quito.

Inscripcion de la candidatura de Jorge Yunda para la Alcaldía de Quito, ahora en alianza con el movimiento Pachakutik. Foto Expreso

Esto no evitó la inscripción de su candidatura, el 23 de agosto de 2022, luego de interponer un nuevo recurso de ampliación y aclaración que nunca se evacuó por falta de quórum en el TCE. Eso dejó en firme la candidatura de Yunda, con el riesgo potencial de que ganase las elecciones sin poder asumir el cargo, toda vez que la resolución del recurso presentado pudo dirimirse en el transcurso de las elecciones.

En lo que respecta a los desperfectos informáticos, en su condición de asambleísta, Villavicencio solicitó información certificada a la Presidente Atamaint, a propósito del contrato con el que se adquirió la plataforma de nube  AZURE de Microsoft, para almacenar, compilar, implementar, alojar y administrar la información generada en el marco de las elecciones seccionales.

“Nosotros hemos sido alertados por propios empleados de Microsoft, cuyos nombres debo guardar la reserva, acerca del manejo de esta plataforma. El acceso a esta plataforma tenía dos códigos de seguridad y el contrato obligaba a las partes a manejar estos códigos. Sin embargo, se sabe que aproximadamente el 15 de enero, y luego ratificado el 1 de febrero, si no me equivoco en las dechas, estos seguros estaban liberados”, aseguró Villavicencio.

El ingeniero informático Francisco Endara conversó con Plan V y pormenorizó los detalles de lo dicho por Villavicencio. “Curiosamente, el 17 de enero se cortaron las seguridades de doble autenticación, eso es lo que requieren los administradores de red para ingresar y simplemente se suspendieron”, señaló Endara.

Eso permitiría, según Endara, que otra persona con el usuario del administrador pueda acceder sin la comprobación de que es el propietario de esas credenciales. Es decir, se tiene el control absoluto sobre el sistema para manipular bases de datos, transmisiones, crear usuarios y darles estos usuarios, a su vez, a otra persona con controles administrativos.

De acuerdo con el diagnóstico de Endara, para que el servidor del CNE consienta la entrada de un usuario no autorizado, se debe ingresar los datos de la credencial del administrador de red. Es decir, el código de acceso tendría que filtrarse o compartirse. “De lo que he visto, yo estoy seguro de sucedió eso”, esgrimió.

“Esto para mí no es cuestión de show. No gano nada. Yo sé lo que me han mostrado, yo entiendo que algo está pasando. Yo he visto muchas cosas, pero el camino correcto es a través de Fiscalía y Contraloría.

Lo importante es que se haga una auditoría forense”, dijo el experto informático. Endara sospecha que las revelaciones del medio digital La Posta, sobre una supuesta estructura criminal en las empresas públicas, antes y después de las elecciones, sirvieron para desviar la atención de la ciudadanía.

“Fue un escándalo que yo diría que salió hasta con saña. No digo que no haya corrupción en el Gobierno de Guillermo Lasso, que puede haber, pero sorprende la saña y el modo en que coincidió todo para despistar a los electores sobre la Consulta”, matizó.

Cabría colegir entonces que las fallas en el sistema informático, denunciadas en 2019 por Pita y Verdesoto, se mantienen hasta la fecha. Por esa razón, Endara afirma que el número total de sufragantes por JRV variaba entre los registrados en Prefectura, Alcaldía, Concejalías, Vocalías del CPCCS e incluso entre las ocho preguntas del Referéndum, un hecho matemáticamente imposible.

Un cálculo similar, pero con la variable del ausentismo, fue realizado por la matemática Anabelle Chacón, miembro del Observatorio Ciudadano de Control Electoral. Entre los hallazgos que encontró está una variación inexplicable en el porcentaje de ausentismo de pregunta a pregunta en una misma Junta Receptora del Voto.

“Si usted tiene 100 votantes y 20 no asisten a la Junta, esos mismos 20 votantes ausentes tienen que aparecer en todas las preguntas. Usted puede tener variaciones en los votos por las opciones o en los blancos y en nulos, pero lo que no puede variar es el número de ausentes”, explicó.

Los expertos consultados se hacen varias preguntas: ¿Estos mismos consejeros que se repartieron las provincias a conveniencia para “controlar” el proceso electoral 2023, son los más indicados para desarrollar una nueva elección, más aún cuando algunos de ellos llevan poco más de un lustro en funciones y no han podido superar la estela de duda e incertezas en sus acciones? ¿Lo ocurrido es falla del sistema de gestión administrativa del CNE, de su estructura institucional o estamos frente a un problema de cultura política que pone en evidencia cómo el proceso de reinstitucionalización impulsado por Julio César Trujillo resultó fallido? ¿La aletargada renovación parcial del CNE, ahora impulsada por un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de vida prematura y composición sospechosa, logrará oxigenar a una institución que publicita una transparencia que todavía no logra? ¿Cómo democratizar a la institución rectora de la democracia del país? 

Precisamente por la preocupación ciudadana respecto de la transparencia de las Elecciones seccionales 2023, la consejera Elena Nájera solicitó a la Contraloría General del Estado realice una auditoría integral del proceso electoral.

La redención del más correísta que Correa

Esta sería la manipulación de los votos y las cifras a nivel informático, pero a nivel técnico documental fue Enrique Pita quien denunció la existencia de un supuesto centro de reimpresión de actas de reconteo no oficiales del referéndum. El anuncio lo hizo ante los medios de comunicación, la noche del 8 de febrero en la Delegación Provincial del Guayas, dependencia que está bajo el control del consejero José Cabrera, quien fue auspiciado para llegar a su puesto por el Partido Social Cristiano.

El 9 de febrero pasado, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, denunció la existencia de un supuesto centro clandestino de llenado de actas de recuento de las elecciones del 5 de febrero. Foto: tomada de la cuenta de Twitter de Enrique Pita.

"En una visita protocolaria se ha detectado que existe un área en la cual se están imprimiendo actas de reconteo, que no son las que se generan precisamente en las mesas de reconteo, lo cual nos hace suponer que son falsas y que buscan modificar la tendencia de cuál fue la voluntad popular", dijo Pita en entrevista con Ecuavisa.

Al decir de Pita, en el lugar cinco personas llenaban las actas del referéndum para favorecer la opción del NO y practicaban las firmas del presidente y secretario de la JRV para validarlas. También había una impresora y un escáner conectados al sistema de escrutinios

Paralelamente a lo que sucedía en la Delegación de Guayas, agentes vestidos de civil allanaron un centro de cómputo del correísmo en la ciudadela La Alborada y confiscaron algunos computadores.

El exdirector de la Delegación de Guayas, John Gamboa, quien fuera condecorado por el consejero José Cabrera en octubre de 2022, con una placa que se encuentra ubicada en el pasillo de ingreso a esas instalaciones, no se presentó en el lugar al día siguiente de lo ocurrido y fue removido del cargo. Desde la clandestinidad, ese mismo día grabó un video en el contradijo a Pita y aseguró que no existía tal centro de cómputo paralelo, sino que se cambio el procedimiento de conteo por las presiones de varias autoridades.

El director del CNE Guayas aseguraba en esas declaraciones que no había un “centro paralelo” y que es “imposible” imprimir otras actas por las seguridades del sistema de escrutinio, “peor aún modificar sus datos, debido a la firma de los originales de la junta receptora del voto”.

Cuestionado sobre los sellos de seguridad que poseen las actas originales impresas y entregadas por el IGM al ente electoral, el consultor informático Mafla es enfático en afirmar que esos distintivos son marcas con las que se verifica la autenticidad del documento, más no es un atributo que brinde seguridad digital. “Esas son seguridades físicas, no digitales. Cuando se imprime un acta de reconteo es en papel común y el escáner lee el documento sin que los sellos lo invaliden”, aclaró.

El Pleno del CNE recomendó a la Delegación de Guayas el reconteo de las actas con inconsistencias, inclusive las ya recontadas. El 22 de febrero culminó el reconteo de 27.348 actas con novedades, de las cuales 22.000 correspondían al referéndum y a la elección de vocales del CPCCS.

Atamaint dijo que en Guayas el SÍ venció en las preguntas 1, 3, 4 y 7, mientras que el NO triunfó en las preguntas 2, 5, 6, 8. El 23 de febrero, horas antes de que se conozcan los resultados finales y totales de las elecciones para consejeros y consejeras del CPCCS y del Referéndum 2023, la misma Presidente del CNE desmintió en rueda de prensa a su vicepresidente, Enrique Pita, quien estuvo presente en la misma. Diana Atamaint dijo: “No existió ni existen centros de cómputo paralelos, el único centro de procesamiento de resultados que tiene el Consejo Nacional Electoral es el utilizado por esta administración”. En entrevista con Radio Sonorama, la presidenta aclaró que lo que realmente funcionaba en ese altillo era un centro de reimpresión de actas.

Pita respondió al poco tiempo a través de su cuenta de Twitter, con un lacónico mensaje y un video adjunto del momento exacto en el que sorprendió a las personas llenando actas y ensayando firmas. “Estas actas son de recuento también, ¿verdad? Y usted las está llenando. Por favor, se me levantan todos”, concluyó Pita en tono adusto.

“Existió un Centro de escrutinio paralelo en el que se imprimían y llenaban actas de recuento,  a conveniencia de quien lo dirigía, sin control en la Junta de Guayas, en ausencia de organizaciones políticas”, espetó en su trino.

En cuanto a la denuncia presentada en la Fiscalía por presunto fraude electoral, Pita y Atamaint acudieron el 10 de febrero a rendir su versión libre y voluntaria como parte de la instrucción fiscal.

¿Cómo entender que la Presidenta del CNE ponga una denuncia en la Fiscalía sobre un hecho que después ella misma desmentiría? ¿Recibió presiones al interior del CNE o por parte de actores ajenos a esa institución como en su momento denunció Gamboa? ¿Qué tipo de control realizó el consejero José Cabrera al trabajo de esta Delegación antes del proceso electoral?

A la Fiscalía también concurrió John Gamboa, quien sostuvo que se pretendió “hacer una cortina de humo, porque más que una investigación, que es lo correcto, directamente salieron a dar declaraciones diciendo que hay un fraude, diciendo que ha existido delito. Cuando en realidad ni siquiera se había puesto la denuncia, ellos ya sentenciaron”.

Ese mismo día, un juez dictó medidas sustitutivas a la prisión preventiva contra Jorge Rodríguez, funcionario del CNE, como parte de la indagación; esto es, presentación periódica y prohibición de salida del país.

Pero existen otras versiones que difieren con la de Pita. Un familiar de las jóvenes involucradas, que se encontraron en el altillo de la delegación y que pidió guardar en reserva su identidad, describió a Plan V cómo fue el ingreso del vicepresidente del CNE, Enrique Pita al lugar de la polémica: “Mira, mi sobrina trabajó ahí. Pita ha ido a decirle a Gamboa que altere la actas y que le haga ganar al SÍ en varias preguntas y Gamboa le dijo que no, porque lo que están haciendo es de la actas viendo que hay algunas inconsistencia porque llegaron sin numeración y ha puestos los resultados”.

Agrega que, “Gamboa le dijo que no se puede, porque el NO lidera en todas las preguntas y este señor (Pita) hizo el escándalo diciendo que había un (centro de) cómputo paralelo, si siempre eso ha habido en todas elecciones”. Finalizó diciendo que “(Pita) comenzó a insultar la madre a todos esos jóvenes y señoritas que trabajaban ahí, no hubo respeto para nada con su vocabulario vulgar”.

Para esclarecer este tema y dar respuestas a la preocupación de la ciudadana respecto a la transparencia de las Elecciones seccionales 2023, la consejera Elena Nájera solicitó a la Contraloría General del Estado, con fecha 8 de febrero, realice una auditoría integral del proceso electoral.

Para Villavicencio, el súbito cambio de actitud en Pita, se debe a sus cuestionamientos. Hasta antes de eso, Pita guardó silencio ante la campaña brutal del correísmo.

“Yo tengo evidencia de cómo dirigió el Sr. Pita la designación de toda la Junta Electoral de Manabí. Quienes lideran la Junta Electoral de Manabí son correístas, formados en la escuela del correísmo. Que me desmienta el vocal Pita”, espetó el legislador.

En otras palabras, según el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, la tercera provincia más importante del país, a cargo del vicepresidente Pita, fue entregada a una mayoría correísta.

“Apoliticismo” turquesa conquista el CPCCS

La calificación de las candidaturas de siete personajes evidentemente auspiciados por el correísmo sorprendió e indignó a la ciudadanía. En los videos promocionales y las fotografías oficiales, todos vestían los colores de Revolución Ciudadana, ensalzaban la figura del expresidente y prófugo de la justicia, Rafael Correa, y criticaban severamente al Gobierno y su propuesta de Consulta Popular.

Pero estos no fueron los únicos espacios donde presumieron su filiación correísta; también pautaron espacios en redes sociales para publicar un video en el que cantan y bailan uniformados. El excandidato Santiago Bechdach y la consejera electa Michelle Calvache denunciaron ante el TCE a los siete aspirantes por ser patrocinados por el correísmo y solicitaron su inmediata descalificación, pero esto no sucedió. La ley electoral impide que los candidatos al Consejo de Participación hagan campaña por fuera de la pauta del CNE y que sea apoyados por un partido o mivimiento político y se identifiquen abiertamente por este.

“Le pongo un ejemplo: el que más votos obtuvo por el correísmo fue Augusto Verduga. En la última edición de la Revista Vistazo dice que los hermanos Verduga son los alfiles de Rafael Correa y uno de ellos puede ser el posible candidato (en 2025). ¿Cómo se puede permitir eso? Un organismo ciudadano representado por un correísta declarado. Eso no es democracia”, afirmó Oleas.

La narcopolítica, una pelota que no está en la cancha de nadie

El Frente Parlamentario Anticorrupción (FPA) presentó una denuncia en la Fiscalía sobre supuestos vínculos del narcotráfico con algunos candidatos. Fernando Villavicencio comentó que en el informe elaborado constaban más de 40 candidatos, asesores y otros políticos que mantienen una relación cercana con el narcotráfico.

Uno de los vínculos hallados, por ejemplo, fue entre el narcotraficante Enrique Portocarrero y la alcaldesa electa de San Lorenzo, Adís Solís (Revolución Ciudadana-Amigo) que tiene varias investigaciones abiertas por beneficiar a personas vinculadas a actividades ilícitas.

Enrique Antonio Portocarrero Castillo durante su detención en Esmeraldas por el delito de asesinato, en 2012.

La candidata Adís Araceli S.R, por el movimiento RC5, quiere llegar a la Alcaldía de San Lorenzo, Esmeraldas. Foto: Facebook 

Otro caso es el de Agustín Intriago, alcalde reelecto de Manta y su presunta relación con Leandro Norero (+). Según Villavicencio, los socios de la empresa de Norero están relacionados con una de las empresas de Intriago. Además, dos empresas de Norero mantienen contratos con el Municipio de Manta.

El CNE tampoco hizo nada respecto de estas denuncias. La Presidente Atamaint dijo que las investigaciones correspondían a la Fiscalía y las únicas candidaturas que puede descalificar son aquellas con sentencias ejecutoriadas.

“El CNE tiene la competencia administrativa y jurisdiccional para calificar candidaturas y promover elecciones; temas como narcopolítica o delitos son competencia de la Fiscalía y otras instituciones”, aseguró Atamaint.

Tiempo después, el 25 de enero de 2023, el Ministro del Interior entregó información sobre presuntos vínculos de 28 políticos con el narcotráfico, la minería ilegal y delitos conexos. La información presentada, según el funcionario, fue recopilada de distintas fuentes. Entre las que destacó testimonios, publicaciones en redes sociales e informes de inteligencia policial. La pequeña muestra de un país durmiendo con el enemigo: ¿Inexplicable resignación gubernamental o autosabotaje?

El Frente Parlamentario Anticorrupción integrado por varios asambleístas presentó una denuncia respecto a supuestas vinculaciones de candidatos a alcaldes, prefectos y concejales con el narcotráfico. Foto: Asamblea Nacional

Sin embargo, el CNE no fue el único organismo que cometió omisiones injustificadas. Según Fernando Villavicencio, el conformismo con el que el Gobierno Nacional asumió la derrota de la Consulta Popular genera muchas dudas.

“A todo esto yo he denunciado un comportamiento inusual de varios funcionarios de alto nivel del presidente Lasso. Yo tengo información y lo he dicho: al menos cinco gobernadores y sus asesores me confirmaron de que tres días antes de las elecciones fueron advertidos para que se suspenda la participación y el control electoral. Hubo una disposición desde Carondelet para que las gobernaciones no lleven adelante control electoral”, aseguró Villavicencio.

A propósito de estas instrucciones, el asambleísta Villavicencio afirmó que habría sido dispuestas por el exministro de Gobierno, Francisco Jiménez, a quien recientemente se lo acusa de ser un “caballo de Troya” en el Gabinete de Lasso.

“Él siempre pensó en la posibilidad de una armonía, de ponerle música a la relación con el correísmo. Incluso antes de posesionarnos como asambleístas, él tuvo una desafortunada intervención, señalando que él era partidario del indulto al expresidente Correa, prófugo de la justicia”, recordó el legislador.

Un segundo episodio aparentemente disparatado de Jiménez acaeció días después de que Villavicencio reveló la famosa fotografía en la piscina “de los tetones” en la que aparece el legislador y miembro activo de los Latin Kings, Ronny Aleaga, el prófugo Xavier Jordán y Leonardo Cortázar, recientemente fugado. En esa ocasión, Aleaga solicitó la reunión con Jiménez para pedirle “que intenten controlar al asambleísta Villavicencio”, dijo entre risas.

Por si fuera poco, dijo Villavicencio, algunos legisladores de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) nunca estuvieron de acuerdo con la Consulta Popular. Es decir, no se hizo control electoral, había sectores del Gobierno Nacional en contra de la Consulta Popular y en Carondelet se reconoció el triunfo del NO anticipadamente. Esa es una de las razones por las que el Gobierno le debe explicaciones al país, explicaciones que hasta la fecha las ocultan en el silencio gubernamental.