Back to top
17 de Junio del 2019
Historias
Lectura: 15 minutos
17 de Junio del 2019
Redacción Plan V
Sky Jet, Sinaloa, DGAC, Base de Manta: las piezas otra vez se juntan
0

Fotos: Captura de Video UNIVISIÓN

El avión ejecutivo Gulfstream N378MB (arriba), una avioneta Cessna y otra aeronave fueron incautados por la DEA en Estados Unidos. Los dueños de Sky Jet Elite Corp. dijeron que los aviones que iban a ser devueltos, pero hasta el momento no ha ocurrido, según Cléver Jiménez.

 

Eduardo L., ex subdirector de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) en la época de Rafael Correa, fue detenido el pasado 12 de junio. Se lo acusa de estar involucrado con el cártel de Sinaloa. Su nombre saltó en el 2014 después de que tres aviones de su compañía, Sky Jet Elite Corp., fueron retenidas por la DEA. En su defensa asegura que se comunicaba con los otros procesados porque su nombre sonaba nuevamente para la DGAC.

Los agentes la consideran como la operación más grande contra el narcotráfico aéreo en Ecuador. Ocurrió el pasado 12 de junio, a las 22:50. Ese día, la Policía Antinarcóticos detuvo a nueve personas, 7 inmuebles allanados y 3 vehículos retenidos. Entre los aprehendidos está Eduardo L., cuyo nombre saltó a la luz pública en 2014 tras el escándalo de las avionetas Sky Jet Elite Corp. Tres aeronaves de esa empresa fueron incautadas en ese año por la DEA, sin que la agencia norteamericana antidrogas diera mayores explicaciones. Pero la cadena internacional Univisión reportó irregularidades en los vuelos sobre todo de uno de esos aviones. La compañía Sky Jet Elite con Eduardo L. a la cabeza, quien además fue un alto funcionario de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), negó cualquier posibilidad de que estén relacionados con narcotráfico o lavado de activos. En Ecuador, las investigaciones quedaron sepultadas hasta ahora.

Narcotráfico desde la Base de Manta

Según la Policía, la banda detenida la semana pasada se dedicaba al tráfico internacional de drogas, mediante vuelos controlados y no controlados hacia Centroamérica y México. Su centro de operaciones era Guayas, principalmente. Pero también Azuay, Manabí, Santa Elena y Pichincha. A Eduardo L. lo identifican como el cabecilla de la red criminal, junto con Marco M.Xavier S. Estos últimos eran los coordinadores. De acuerdo a las investigaciones, los líderes mantenían “contacto directo con ciudadanos mexicanos pertenecientes al Cartel de Sinaloa”. Otra pieza clave de la organización era Juana R., quien era funcionaria de la DGAC y se encargaba de “limpiar los vuelos”. El resto de detenidos son miembros activos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y uno de la Policía Nacional.

Todos ellos cumplían tareas de coordinación, transporte, seguridad, acopio, camuflaje y posterior envío de la droga hacia México desde la Base Aérea de la FAE en Manta. Según la Policía, la droga ingresaba por el Ala de Combate Nro. 22. Este operativo se deriva de la operación Impacto 348, del 12 de septiembre del 2018. En esa intervención policial se decomisó más de una tonelada de cocaína, avaluada en 12 millones de dólares, en las instalaciones de las instalaciones de la Base Aérea de Manta. Dos militares de la FAE fueron detenidos y sentenciados a 17 años y 4 meses de cárcel. El comandante de la FAE, Patricio Mora, aseguró en ese momento que se trataba de un caso aislado y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, negó que la Base sea un centro de acopio de droga. Pero ahora, según la Policía, esa tonelada de droga iba a ser enviado por la misma organización que acaba de ser detenida. También hacían vuelos desde pistas clandestinas, según el coronel Walter Villarroel, jefe de Antinarcóticos de la Zona 8.


En la operación Impacto 348, dos militares fueron detenidos con una tonelada de droga en un camión en la Base Aérea de Manta. Fueron sentenciados a 17 años 4 meses de cárcel. Fotos: Policía Nacional

Eduardo L., ¿de nuevo a la DGAC?

En su declaración ante el juez Marco Torres Alvarado, de la Unidad de Flagrancia de Garantías Penales de Guayaquil, Eduardo L. reveló que su nombre supuestamente formaba parte de la terna para Director General de la Aviación Civil en el actual Régimen. Eduardo L. fue subdirector de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) en el gobierno de Rafael Correa. Ingresó en noviembre de 2007, según lo confirmó él mismo a Ecuavisa cuando pidió una rectificación por un reportaje sobre Sky Jet Elite Corp en 2014.


De izquierda a derecha. En esta imagen de 2014 se ve a Fernando Larrea, abogado de Sky Jet Elite Corp. y tío de los hermanos Larrea; Juan Pablo Larrea y Eduardo L., accionistas de la empresa. En esa rueda de prensa negaron actividades irregulares por parte de Sky Jet Elite Corp. Foto: Archivo La República

El viernes 14 de junio pasado, en la audiencia de formulación de cargos, Eduardo L. aseguró que es consultor privado de aviación y que fue contactado por Xavier S. “Me contactó porque había la posibilidad de que yo forme parte de una terna para Director General de la Aviación Civil, se conversó de manera muy ligera de un taxi aéreo. A mí nadie me conoce como Dante”. Plan V quiso confirmar esa afirmación con el ministro de Transporte, Aurelio Hidalgo. Él preside el Consejo de Aviación Civil, entidad que designa la terna para director del DGAC. A esta redacción fue enviada el acta del 23 de abril de este año con la terna para la selección del último director del organismo rector en aviación civil. El nombre de Eduardo L. no costa. 

En la audiencia, la abogada de Eduardo L. negó que su cliente estuviese registrado en las fotos del caso y cuestionó que su representado no haya sido informado de que estaba siendo investigado. “Los derechos de los investigados han sido ignorados y vulnerados”, manifestó la jurista.

En su declaración ante el juez Marco Torres Alvarado, de la Unidad de Flagrancia de Garantías Penales de Guayaquil, Eduardo L. reveló que su nombre supuestamente formaba parte de la terna para Director General de la Aviación Civil en el actual Régimen.

Marco M. por su parte dijo que no tiene negociaciones con mexicanos. “Me están inculpando que conozco a unas personas de allá , yo no conozco a ninguno, lo conozco a Eduardo, solicito se aclare este tema que está manchando mi nombre, no soy delincuente”. Su abogado dijo que la Fiscalía no ha demostrado que Marco M. haya hablado con mexicanos ni que haya viajado a México.

Xavier S. negó que haya recibido un millón de dólares, como sostiene la Fiscalía. “Yo conversé con Eduardo porque me enteré que estaba en una terna. Con la señora Juana no he tenido contacto desde hace mucho tiempo, la señora fiscal debe probar que a mí me han dado un millón de dólares.”. Mientras que Juana R. declaró que conoció a Eduardo L. “Lo conocí al capitán Larrea, fue mi jefe directo, solo conozco al señor Xavier S. y a Marco M., a mi me pidieron como asesora, trabajo 30 años en la aviación civil, yo soy una servidora pública y mi hoja está intachable”. El resto de los implicados se acogieron al silencio.

El caso Sky Jet, sepultado

Univisión reportó el 31 de julio de 2014 que desde hace varios meses estaba siguiendo los movimientos del avión ejecutivo Gulfstream N378MB que volaba con regularidad desde el sur de Florida, Estados Unidos, a Ecuador, pero sin reportar pasajeros. Según la investigación periodística, la aeronave salía de Fort Lauderdale con destino a Galápagos y Cuenca; y también cubría rutas a Nueva York. La cadena obtuvo los registros de 21 vuelos y en estos solo se había enlistado un pasajero. La cadena recogió declaraciones de Cléver Jiménez, en ese entonces asambleísta, quien dijo que ese avión habría hecho varios viajes con altos funcionarios del gobierno de Correa. Esa aeronave fue incautada por la DEA junto a otra avioneta Cessna y otro avión más. La DEA, aclaró Univisión, se incauta de avionetas sospechosas de narcotráfico, pero también por llevar dinero no declarado.

En ese momento Sky Jet Elite Corp. no dio respuesta a las inquietudes del periodista Germán Reyes de Univisión. La empresa y sus directivos salieron a la luz pública cuando el reportaje fue replicado por medios nacionales. Juan Pablo Larrea, hermano del hoy procesado Eduardo L., dijo en rueda de prensa que tuvo reuniones con representantes de la DEA y que no había indicios de actividades criminales por lo que estaban tramitando la devolución de las aeronaves incautadas. Cuestionó notas de prensa en las que aparecía el peso de los cargamentos que habían supuestamente transportado. “Para poder llevar esa cantidad de carga necesitaríamos un Boeing 767, solo con ese avión podemos llevar esa cantidad de carga, no con un avión de dos asientos”. En esa misma rueda de prensa estuvo acompañado de Eduardo L.

Asimismo, Juan Pablo Larrea negó que en sus aviones fueran transportados Correa, sus familiares, amigos o altos funcionarios del Gobierno. También dijo que su empresa no hacía vuelos a Cuenca. Aseguró además que siempre sus aviones ha transportado pasajeros. En una carta de rectificación enviada a Ecuavisa, el empresario manifestó lo siguiente: “Es una obligación de las normas internacionales que regulan la aviación, generar una lista de pasajeros (manifiesto de pasajeros) sin embargo esa información por tener datos sensibles y confidenciales no pueden ser entregados de manera indiscriminada e irresponsables a cualquier persona, sino a pedido de la autoridad competente, que el caso que nos ocupa fueron oportunamente y por obligación entregadas a las autoridades americanas, absolutamente todo los vuelos que ha realizado el avión Gulfstream III Matrícula N378MB registró pasajeros, los cuales se entregaron a las autoridades competentes en cada destino, esta noticia lo único que hizo fue levantar la sospecha que los aviones de la compañía Sky Jet Elite hacía vuelos de manera irregular, lo cual no lo vamos a tolerar bajo ningún concepto”.

Fernando Larrea, abogado de la empresa, deslegitimó la noticia de Univisión porque aseguró que su origen era una denuncia de Emilio Palacio y de Cléver Jiménez. 

En esa misma rectificación, los hermanos Larrea dijeron que el Gulfstream que el avión era de 1981 y que no costaba 2,5 millones de dólares. “Nosotros no estamos obligados a demostrarles a ustedes la verdad porque nos asiste el derecho a la honra y también el derecho a la presunción de inocencia”.

Fernando Larrea, abogado de la empresa y tío de los hermanos Larrea, deslegitimó la noticia de Univisión porque aseguró que su origen era una denuncia de Emilio Palacio, exeditorialista de diario El Universo, quien salió al exilio en Miami. La calificó de infamia. De igual manera rechazó las declaraciones de Jiménez, que en ese entonces estaba con un orden de prisión por un juicio que le puso Correa. “Los asambleístas mentirosos se esconden y no dan la cara”, dijo el abogado Larrea.

La incautación, dijeron los accionistas, les significó pérdidas de 200.000 dólares y anunciaron acciones legales contra Univision y los medios ecuatorianos que replicaron la información. Es así que tras la denuncia, en Ecuador se inició la persecución contra los mensajeros. Ecuavisa fue sancionado el 29 de septiembre de 2014 por infringir el artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación por supuestamente no permitir la réplica de los empresarios. La demanda fue presentada por el abogado Marcelo Larrea y también estuvo dirigida contra diario El Comercio.

Larrea presentó también una demanda por supuesta asociación ilícita contra Jiménez y Palacio. Según  Sky Jet Elite Corp., hubo “concertación de voluntades para asegurar que el presidente Rafael Correa viajó en un avión de Sky Jet Elite vinculado al delito de tráfico de drogas, así como por “conspiración” para afectar a la empresa aérea privada”.

“El tiempo nos ha dado la razón, todo lo que manifestamos fue cierto, todas las denuncias que hice en su momento fueron documentadas y siempre las acompañé con firma y rúbrica”.

Cléver Jiménez.

Correa también salió a cuestionar la información. “Alguien ha leído o visto en los medios mercantilistas algo sobre el increíble intento de involucrar al Presidente con el narcotráfico…por parte de Emilio Palacio y Cléver Jiménez? Increíble “espíritu de cuerpo”… y deshonestidad periodística! Prohibido olvidar!”.

Jiménez dijo a Plan V que desconoce el estado de esa investigación previa que se abrió en su contra y que reposa en la Fiscalía de Pichincha. Recordó que él obtuvo documentos de la DGAC sobre los vuelos del avión Gulfstream N378MB que no registraba ni carga ni pasajeros. La entidad le entregó esos documentos cuando Jiménez era legislador. “El tiempo nos ha dado la razón, todo lo que manifestamos fue cierto, todas las denuncias que hice en su momento fueron documentadas y siempre las acompañé con firma y rúbrica”.

El exasambleísta, hoy prefecto de Zamora Chinchipe, dijo que esa información la compartió con Univisión, quienes siguieron la pista de las naves en Estados Unidos. Jiménez contó a Plan V que no alcanzó a entregar esos documentos a la Fiscalía pues en ese momento tenía una orden de prisión y su libertad estaba en peligro. “Parte de esa persecución y el acelerar mi salida de la Asamblea fue por este tema”, asegura. “Ellos dijeron que los aviones fueron retenidos por la DEA temas administrativos. Pero la DEA solo persigue narcotráfico y lavado de activos”. Según Jiménez, hasta el momento, esas aeronaves no fueron devueltas a Sky Jet Elite, como lo anticiparon sus accionistas en el 2014.

[RELA CIONA DAS]

¿Todos los caminos conducen al glifosato?
Daniel Pontón C.
El San Pedro, sustancia ancestral, a la cárcel. ¿Mañana, la ayahuasca?
Redacción Plan V
Seguridad nacional: un tema urgente
Ana Minga
El dinero negro en las campañas electorales: un limbo legal y político
Redacción Plan V
San Lorenzo, un año después
Guillermo Rovayo
GALERÍA
Sky Jet, Sinaloa, DGAC, Base de Manta: las piezas otra vez se juntan
 

[CO MEN TA RIOS]

[LEA TAM BIÉN]

¿La DAC mintió sobre los vuelos del Gulfstream?
Fernando Villavicencio Valencia
Sinaloa y sus hilos en la justicia de Ecuador
Redacción Plan V
Narcotráfico: ¿son confiables las Fuerzas Armadas?
Narcotráfico: Penas mínimas para banda de ex escolta presidencial
Redacción Plan V

[MÁS LEÍ DAS]

Los mineros de Buenos Aires: "la Policía nos extorsionaba"
Redacción Plan V
Juliana Campoverde: crónica de un juicio que tardó siete años
Susana Morán
Los siete indicios de "microfraudes" y cómo pudieron afectar las elecciones
Redacción Plan V
El chef Andrés Román va de shopping por San Blas
Redacción Plan V