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4 de Septiembre del 2020
Historias
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4 de Septiembre del 2020
Redacción Plan V
Sobornos: Correa aparece en la audiencia final; decisión de los jueces se conocerá el lunes 7 de septiembre
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Correa estuvo presente en la audiencia de este 4 de septiembre. La decisión de los jueces es crucial para que el exmandatario pueda o no participar en las próximas elecciones. Fotos Corte Nacional de Justicia

 

El exmandatario apareció por primera vez en una audiencia dentro de este proceso. Junto a Rafael Correa, otros 15 procesados más plantearon recursos de casación. Sus defensas solicitaron a los jueces declarar su estado de inocencia. Los magistrados Lauro de la Cadena, José Layedra y Milton Ávila se tomarán tres días para informar sobre su decisión.

“Señores magistrados, en sus manos está parar (la persecución). Interpol les rechaza todo, Bélgica se les ríe. No se metan con empresarios honestos, en sus manos está hacer justicia y cambiar la historia”. Con esas frases, Rafael Correa terminó su intervención ante el tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). El exmandatario apareció por primera vez en una audiencia dentro de este proceso cuyo juicio de primera instancia comenzó en febrero pasado.

Correa usó un traje oscuro y lentes para participar en los últimos minutos de la audiencia de casación. Repitió lo que ya ha dicho por sus redes sociales y en sus entrevistas durante estos más de siete meses de diligencias: “Jamás he permitido un soborno, es una persecución política, están destruyendo familias por perseguirme a mí. Para tratar de inculparme se han inventado nombres (Arroz Verde, sobornos) y cuadernos escritos de un viaje de Quito a Guayaquil”. Aseguró que los archivos del juicio fueron manipulados desde 2018.

De nuevo acusó de fraude procesal al juez Iván León, que presidió el primer tribunal que lo condenó a ocho años de cárcel en la trama Sobornos 2012-2016. Afirmó que León con la secretaria Marta Caiza de la Fiscalía cambiaron la acusación en su contra. Dijo que lo acusan por recibir 6.000 dólares del Fondo de Solidaridad, al que pidió un préstamo y agregó: “que pagué hasta el último centavo, no buscan la verdad buscan destruir”.

El Tribunal de Casación de la CNJ se tomará tres días más, hasta el lunes 7 de septiembre a las 15:00, para informar su decisión sobre los pedios de casación de 16 procesados y de esa forma ratificar o no las sentencias. Si las confirma, sepultaría las aspiraciones del exmandatario a ser candidato en las elecciones presidenciales de 2021. Correa fue presentado como binomio del precandidato presidencial Andrés Arauz, por el movimiento Centro Democrático.

Aunque la defensa del exmandatario y Arauz han adelantado que presentarán recursos de aclaración para dilatar el proceso para ganar tiempo antes de que la sentencia quede en firme, un tema que entró en polémica esta semana. La presidenta de la Sala de lo Penal de la CNJ, Daniella Camacho, en una carta de respuesta a una consulta del Consejo Nacional Electoral dijo: “Cabe señalar que en la legislación ecuatoriana, el recurso de apelación pone fin al juicio. El recurso de casación, no es una tercera instancia, sino un recurso extraordinario que puede plantear el agraviado por una sentencia que se encuentra ejecutoriada”. Aunque luego se desdijo y aclaró que la certificación sobre en qué estado está la sentencia le corresponde a quien la tramita, en este caso, el conjuez Lauro de la Cadena, a cargo del tribunal de casación, integrado también por los magistrados José Layedra Bustamante y Milton Ávila Campoverde.

En la audiencia que arrancó el 3 de septiembre, Alfonso Zambrano Pasquel, abogado de Correa, sostuvo que su defendido no incurrió en una infracción en su deber como mandatario y que no se apartó de su rol. Correa y Jorge Glas, su exvicepresidente, fueron declarados culpables en calidad de autores mediatos por instigación en el delito de cohecho pasivo propio agravado. En la réplica, Zambrano agregó que Correa encargó a su exasesora Pamela Martínez una actividad lícita. El autor mediato, dijo, tiene el dominio del hecho, el instigador no.Según la Fiscalía, altos altos funcionarios del Gobierno anterior recibieron dinero de empresarios, que fueron utilizados en actividades relacionadas con el accionar político del movimiento del que formaban parte y en campañas publicitarias. A cambio, los empresarios fueron favorecidos con contratos con el Estado, utilizando figuras como la del convenio de pago.


Los magistrados Lauro de la Cadena, José Layedra y Milton Ávila deberán resolver los pedidos de casación.


 

En dos instancias, los jueces declararon la existencia del delito de cohecho pasivo propio agravado, tipificado en el artículo 285 del Código Penal y sancionado en el artículo 287 ejusdem, en relación con el artículo 290 ibídem (ahora artículo 280, incisos primero, tercero y cuarto COIP).

Junto a Correa otros 15 procesados más en ese caso plantearon recursos de casación. Sus defensas solicitaron a los jueces aceptar los cargos casacionales que presentaron y declarar su estado de inocencia. Algunos de los acusados sostuvo que hubo una indebida aplicación del artículo 287 del anterior Código Penal, que dice: “El culpable será condenado a reclusión mayor de cuatro a ocho años y multa de dieciséis a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América, si ha aceptado ofertas o promesas, o recibido dones o presentes por cometer, en el ejercicio de su cargo, un delito”.

Por ejemplo, Vanessa Zabala, defensa de Vinicio Alvarado, afirmó que existe una indebida aplicación del artículo 287 del COIP y que se ha aplicado una norma ajena a la conducta probada. Pablo Lizarzaburu, defensor de Víctor Fontana, afirmó que el 287 no es aplicable para cohecho activo. María del Mar Gallegos, defensora de Alexis Mera, también cuestionó la interpretación de ese artículo.


Las audiencias se desarrollaron con las medidas de protección por la emergencia sanitaria. 

También algunos acusados cuestionaron la aplicación del artículo 42 del Código Penal anterior. Este se refiere a los autores “que han perpetrado la infracción, sea de una manera directa e inmediata, sea aconsejando o instigando a otro para que la cometa”. Por ejemplo, Félix Zamora, abogado de Pamela Martínez, afirmó que a su defendida no se le puede imputar un delito de acuerdo a competencias y atribuciones que no tenía. Asimismo, Ramiro García Falconi, defensor del empresario Ramiro Galarza, manifestó que no se puede imputar un delito por actos que no se realizaron porque Galarza no tenía la potestad de hacerlo, no tenía una posición ejecutiva en la empresa Consermin. Juan Pablo Albán, defensa técnica de Teodoro Calle, coincidió en que hubo un error en la aplicación del artículo 42.

La defensa de Viviana Bonilla se basó en que el rol que cumplía la exgobernadora del Guayas en la trama no ha sido comprobado. Mientras que Ernesto Salcedo, abogado de Cristian Viteri (cuyo paradero es desconocido), dijo que también se aplicó de forma indebida la norma anterior para concluir si Viteri fue objeto de sobornos. El primer elemento es que el funcionario debe ser funcionario público y Viteri era coordinador de campaña, sostuvo y agregó que Viteri no formó parte de una estructura criminal.


La fiscal Diana Salazar durante la audiencia pidió a los jueces que se ratifiquen las condenas. 

El último pedido admitido a casación fue el de Laura Terán. Su abogado, Luis Muñoz Pasquel,  dijo que los cargos casacionales presentados tienen que ver con la indebida aplicación del artículo 14  reformado al artículo 26 del COIP, que se refiere al dolo. La fiscal General, Diana Salazar, lo refutó y afirmó que los jueces de apelación interpretaron correctamente la norma. Según la fiscal, Terán sistematizaba las entregas de los empresarios facilitando la trama de sobornos. Agregó que Terán conocía plenamente lo que realizaba.

En su intervención,  Salazar solicitó a los magistrados que desechen los recursos de casación presentados y que se ratifique la sentencia impuestas. Señaló que los pedidos de casación no cuentan con los criterios requeridos para que se acepten las pretensiones de las defensas técnicas, pues “la sentencia entregada por el Tribunal de Apelación contiene el sustento jurídico necesario y no existe errónea interpretación ni aplicación de la normativa ecuatoriana; por lo tanto, cumple con los principios de constitucionalidad y legalidad”.

Sostuvo que el delito de cohecho tiene varias clases en artículos y que el artículo 287 como el artículo 290 se encuentran contempladas en la normativa legal vigente.

A los argumentos de la Fiscal se sumó el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, en su calidad de acusador particular. Sobre Correa, dijo que hubo una estructura que aceptó sobornos y que la conclusión a la que se llega en la sentencia es lógica, que no cabe alegar un error de interpretación, manifestó.

Al final de la audiencia también intervino Alexis Mera y dijo: “Enfrento a la justicia por eso estoy encerrado en mi casa, si dicen que tengo toda la plata del mundo ya no estuviera aquí, estuviera en México, Argentina. Pero estoy encerrado con 7 policías en mi casa. No voy a apoyar a un proyecto político jamás así me vaya a la cárcel”.

Mientras que los empresarios Teodoro Calle y Pedro Verduga pidieron al tribunal que tome una decisión justa y que sean imparciales e independientes.

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