El presidente Rafael Correa hizo el anuncio desde Tulcán, el pasado viernes 16 de octubre: parte de los subsidios a combustibles con los que el Estado baja los precios serán retirados. La medida afecta, en especial, a los derivados que se usan en los procesos de producción industrial y al combustible de avión.

Según precisó el presidente, se pretende con ello no afectar a los sectores populares, sino a los grandes empresarios e industriales, que, además, deberán reconvertir sus maquinarias para que utilicen energía eléctrica barata, de la que se espera producir por medio de las grandes plantas hidroeléctricas. 

Pero el de los subsidios es un callejón sin salida no solo para este Gobierno, sino para varios de los anteriores, debido al impacto político que tendría eliminarlos, pues esto significaría que las gasolinas y el gas doméstico subirían de precio. 

Solo en los siete primeros meses de 2015, el Estado pagó por concepto de subsidios por los menos USD 1218 millones. Solo en el subsidio que se entrega para mantener el precio de la gasolina super en dos dólares por galón, el Gobierno podría "ahorrar" USD 150 millones al año. Durante 2014, según precisó el Banco Central del Ecuador, el Estado pagó por concepto de subsidios a los derivados que consumen los ecuatorianos por lo menos USD 3900 millones, de los que las gasolinas súper y extra representaron el 35%, el diésel el 51% y el gas doméstico el 14%.

La factura de los subsidios, solo en la administración correísta, es decir, entre 2007 y 2015, suma por lo menos USD 21 558 millones, según cifras del Banco Central citadas por el diario El Comercio.

Pero la problemática no es nueva para el actual Gobierno: el 8 de mayo de 2013, la consultora internacional Wood Mackenzie elaboró, para el Ministerio de Recursos No Renovables, una "Estrategia confidencial de subsidios".

En el documento, al que tuvo acceso PLANV, se establece que, según datos de la Agencia Internacional de Energía actualizados al 2010, "Ecuador subsidia aproximadamente el 50% del costo total del suministro de energía", y, en esa época, los gastos en ese tema eran "mayores a los gastos de salud y educación en su conjunto".

Según el diagnóstico, los subsidios estaban dirigidos en su mayoría al sector residencial, "mientras que los sectores de transporte e industria juntos forman un tercio", así mismo, "se estima que un 7% de la energía subsidiada se pierde por contrabando hacia países vecinos".

La consultora internacional afirmó también que "en Ecuador el precio del GLP está subsidiado en un 89% y el país importa  aproximadamente el 88% de su demanda. Alrededor de un 20% del consumo nacional de gas se pierde por contrabando". 

De la misma manera, dice la consultora,"Ecuador produce solo un 35% de su demanda de diésel, pero subsidia el 70% de su precio, 20% de la demanda proviene del sector industrial que podría ser reemplazado por fuel oil. Se estima que alrededor de un 10% del consumo se pierde por contrabando".

Tal como se anunciado desde varias décadas, la consultora estima que es un hecho probado que los subsidios no benefician a la población más pobre: 

"Contrariamente a lo esperado, se ha visto que la distribución de los subsidios energéticos es muy poco equitativa. La desigualdad se acentúa en productos como la gasolina, por ser el auto propiedad casi exclusiva del quintil superior. El Banco Mundial encuentra que en algunos países el 93% de los beneficios de los subsidios a la gasolina se destinan al quintil más alto".

Otro aspecto que preocupó a los consultores internacionales es que "el consumo doméstico de energía está creciendo mas rápido que el PIB y que la producción de crudo del país. De seguir el crecimiento actual de la demanda energética, se espera que los pagos de subsidios excedan los ingresos del país del sector hidrocarburífero". 

Pero, ¿qué hacer frente a esto? La consultora presentó, en el mismo documento, una serie de recomendaciones sobre la posibilidad de eliminar no solamente una parte de los subsidios, como ha anunciado el Gobierno, sino su totalidad, y planteó algunas recomendaciones.

"De forma preliminar se podría estimar que la demanda en Ecuador tendría los siguientes impactos en los dos primeros años después de la eliminación de los subsidios: el GLP podría caer entre ~ 20-25%, los combustibles de transporte podrían caer ~ 5-15%. En el largo plazo la demanda se restablecería a un nivel acorde con los fundamentos de oferta y demanda".

Al mismo tiempo, dice el informe, "como promedio, en la región, un aumento de $0.95/galón en el precio de todos los combustibles resulta en un aumento de 3.8 % en los gastos domésticos. El impacto del GLP y del Querosene en el consumo residencial es mayor en países con bajo índice de electrificación. El impacto indirecto se refleja principalmente en el costo del transporte, que provoca aumentos en el precio de productos alimenticios y no alimenticios", pero confía en que en Ecuador, la hidroelectricidad mitigará algunos de los impactos en el bienestar". 

Según la consultora, "el sistema actual claramente no es sostenible y amenaza el futuro de la balanza de pagos del Gobierno de Ecuador, por lo que es necesario reformar el sistema  para hacerlo sostenible". 

Por ello, estima que "los subsidios actuales juegan un papel importante en la provisión de las necesidades más básicas a la población con bajos recursos en Ecuador. Cualquier sistema, nuevo o reformado, debe continuar otorgando algún tipo de ayuda, de la mejor y más eficiente manera posible. Hay que recordar que la gran mayoría de los subsidios a la energía no se destinan a la población que más lo necesita". 

En ese marco, el informe pide considerar que "en algunos países que han eliminado los subsidios a la energía, los aumentos de precios resultaron en un crecimiento de la inflación importante. El nuevo proceso reformado de subsidios debe considerar la hipótesis del aumento de la inflación y desarrollar herramientas capaces de gestionar adecuadamente dicha inflación".

Las conclusiones del informe, en 2013, fueron claras: eliminar los subsidios en un plazo no mayor a un año, ya sea de golpe en todos los derivados o por etapas, (primero el diésel, luego las gasolinas, luego el gas) y desarrollar un esquema de compensaciones directas para los más pobres, ante dos hechos que los consultores juzgan como inevitables: el aumento de los precios (inflación) y el descontento de la población, que puede, inclusive, llevar a la inestabilidad política. 

¿Decidió finalmente el Gobierno acoger, en todo o en parte, asesorías de este tipo? ¿Llevará el retiro del subsidio a los combustibles industriales y de aviación hacia el retiro de esos pagos en los combustibles que usa la ciudadanía? Es imposible saberlo, ante la habitual opacidad del régimen, pero de ser así, el propio documento recomienda una maniobra rápida que evite el descontento de la población y el desgaste político. 

ENTREVISTA

"Se ha vendido de una manera incoherente
el cambio de la matriz energética"

Augusto Tandazo. Abogado y analista petrolero

¿Cómo ver la anunciada privatización de las gasolineras de Petroecuador? Hay quienes consideran que este Gobierno es estatista, sin embargo, ha descubierto que no debe vender combustible. ¿Cuál es el trasfondo de esta medida?

No estoy de acuerdo en que este Gobierno sea estatista. El Estado tiene la opción de ser o no estatista según su comportamiento frente a la inversión extranjera. Pero este Gobierno ha hecho grandes contrataciones con empresas transnacionales, como cuando han trabajado con empresas de China y Brasil.

Fotos: Luis Argüello

Han dado todas las facilidades para el capital extranjero en temas como la producción petrolera y las hidroeléctricas, en donde se ven las imposiciones de las empresas chinas. Aquí no hay estatismo, ponen la direccionales a la izquierda pero el Gobierno va a la derecha. En el caso de Petroamazonas, esa fue una empresa constituida de manera coyuntural para que se haga cargo de los pozos de la Oxy, con ex empleados de esa empresa inclusive. Pero cuando se decidió qué hacer con Petroproducción y Petroamazonas, lo lógico era que Petroproducción absorba a Petroamazonas, y ocurrió lo contrario. ¿De qué estatismo hablamos? En el tema de los hidrocarburos, la Ley de Hidrocarburos establece claramente, en su artículo 68, que el almacenamiento y comercialización de los derivados es un servicio público, que por su naturaleza no podrá ser suspendido. Si es un servicio público, debemos considerar que el artículo 315 de la Constitución manda establecer empresas públicas para los servicios públicos. En el caso de la distribución de los derivados, está claro que ya está constituida la empresa para eso, y solo por excepción el empresariado privado puede intervenir en estos negocios.

¿Pero cuál es entonces el trasfondo de querer evitar que Petroecuador venda gasolina?

El Estado se ha convertido en un regulador del mercado, y en este momento, lo están sacando de ese papel. El servicio público debe prestarlo de manera monopólica el Estado, Por eso no entiendo que la Superintendencia de Control de Poder del Mercado hable de competencia desleal del Estado. Están poniendo la carreta delante de los caballos, no entienden la normativa del servicio público. Como luego se dieron cuenta de que entre las 49 gasolineras de Petroecuador, 40 están en la zona fronteriza, y son recientemente expropiadas, por estar a menos de 40 kilómetros de la línea de frontera. No han dicho qué va a pesar con los precios de las gasolinas en esas estaciones. ¿Qué mensaje quiere dar el Gobierno, es económico o político? Me parece que hay violaciones de la Constitución. También dijeron que van a vender las gasolineras y la franquicia, pero no pueden vender la franquicia. Es una medida atropellada y apurada como de costumbre. 

Hay quiénes han sostenido que esto es una vuelta al neoliberalismo ¿usted qué opina?

El neoliberalismo se instala con el acuerdo que firman Ronald Reagan y Margaret Thatcher y se basa en diez principios básicos. El octavo principio llama a privatizar empresas industriales. No están privatizando Petroecuador, pero sí una actividad importante. Eso es neoliberalismo puro. 

¿Se quiere beneficiar a empresas que comercializan combustible?

Pienso más bien que el Ecuador está empezando a mirar al Fondo Monetario Internacional (FMI). Como ya se han consumido los cupos de endeudamiento con China, que nos prestaba con tasas draconianas y la imposición de sus empresas, ahora están mirando hacia el FMI que no viene solo: viene con políticas de ajuste e imposiciones también. Para "regulizarnos" con ellos, se deberá seguir una línea de conducta. No han dicho nada del gas, no hay política de Estado, porque si la hubiera, hablarían también de las gasolinas. Dicen que los ricos consumen la gasolina Súper, pero no solo los ricos la consumen, y hay que tomar en cuenta que emite menos gases de efecto invernadero. Están tan preocupados por los subsidios, pero hay varios ministerios en el área energética, y simultáneamente el Ministerio de la Producción inicia un programa de biocombustibles, para sembrar caña de azúcar, hacer aguardiente y producir biocombustibles. La Constitución dice que la prioridad son los alimentos, pero ahora quieren crear un monopolio para producir biocombustibles, mientras compran el aguardiente a precios mucho más altos que la súper. Se están vendiendo enormes cantidades de aguardiente en un proceso que no nos lleva a nada. No se termina de entender de dónde vienen este tipo de medidas. Lo mismo ocurrió con las instalaciones de gas en tierra, que costaron USD 660 millones. Luego salen con que debemos tener cocinas de inducción. Uno no entiende qué les pasó.

¿Cómo ve usted la problemática de los subsidios, en especial del gas, en donde no hay una política clara en los últimos años?

Se ha vendido de una manera incoherente el tema del cambio de la matriz energética. El 13% del consumo de energía es electricidad, de la que el 7% es producción términa. Se piensa producir 2500 megavatios, y dejar solo en el 1% la producción térmica. Pero eso es en teoria: hay proyectos que se sabe que no llegarán a producir esa cantidad de energía, como en el caso de Coca-Codo. No se va a resolver el tema con los ocho proyectos hidroeléctricos, que se pudieron construir sin la necesidad de endeudarse. Nos van a inducir a usar más electricidad, pero si iban a hacer eso, para qué construyeron la infraestructura del gas que no sirve para otra cosa. Si se llega a construir la Refinería del Pacífico, se va a producir una enorme cantidad de gas que se debe usar en algo. El mundo no puede darse el lujo de consumir el petróleo a precios tan envilecidos, no se lo está valorando como materia prima insustituible. Los países industrializados quieren petróleo barato, y lo han logrado con una sobreoferta que ha bajado los precios del petróleo. El Ecuador tampoco debe desperdiciar el gas de esta manera. Hay subsidios que se deben eliminar gradualmente, porque hay que hacerlo, pero no comparto que haya paquetazo porque se ha subido dos centavos de dólar en la gasolina súper. Se desangra la economía nacional porque más de la mitad de los combustibles que usamos son importados.

Consultoras internacionales recomendaron mejorar la capacidad de refinación y producir más derivados. ¿Se debe aumentar la capacidad de refinación?

Es obvio que sí. Se debe lograr la seguridad energética del país. Pero hay problemas al construir la nueva refinería: Venezuela quiere que se construya la Refinería del Pacífico diseñada para el crudo venezolano, para atarnos a comprar su petróleo. Pero Venezuela no hizo ningún esfuerzo para financiar el proyecto, lo cual fue un error. Venezuela está quebrada desde el 16 de julio de 2008 que estamos en ese tema. Pero, si es tan fácil construir una refinería en la zona, ¿por qué no lo han hecho los otros países del Pacífico? Porque debe haber autosustentabilidad para el proyecto y creo que no la hay en este momento. El Ecuador debió pensar que la nueva Refinería debe estar atada a nuestro crudo, pero el Gobierno se lanzó al proyecto de Yasuní ITT que nació muerta. Perú está explotando petróleo en la misma zona y no pasa nada, pero acá se creo un mito al respecto y el país no tiene asegurado su suministro energético.