Una de las críticas más repetidas contra la Inquisición española es que fue un tribunal en donde no había juicios, sino que solamente se dictaban sentencias de muerte. Algo parecido parecen sentir los medios de comunicación del país, pues en lo que va del año 2015, dos matutinos, La Hora de la familia Vivanco y El Universo, de la familia Pérez, han optado por cambiar de estrategia legal: de asistir a las audiencias en la Supercom para desvirtuar las acusaciones, a declararse de plano en "resistencia" y abandonar el banquillo de los acusados de la entidad. 

Aunque el superintendente de Comunicación, el ex periodista de televisión Carlos Ochoa, debería presidir las audiencias, nunca se lo ha visto en tales funciones, que delega en funcionarios de menor rango de la Supercom. Ochoa, sin embargo, suscribe todas las resoluciones del organismo de control administrativo. 

El pasado fin de semana, el diario El Universo, que había concurrido a las audiencias en su contra, fue multado con el 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas (SRI), que ha sido estimada por Fundamedios en no menos de USD 350 mil dólares. La Supercom le dio la razón al secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, quien ha pedido una réplica sobre un tema del IESS, en donde la Secom disponía colocar un titular que el medio guayaquileño consideró inaceptable. Como El Universo ya había sido sancionado 1 de junio de 2015 por este mismo caso, además de obligarlo a publicar el artículo tal como ha pedido la Secom, sin modificarle, literalmente, ni una letra, se le ha considerado reincidente en el caso. De ahí la multa contra la empresa periodística, una de las más grandes en el ramo en el país.

Pero no es la única sanción que ha sufrido El Universo. La primera multa fue de USD 90 mil, por la polémica caricatura de Bonil sobre el allanamiento en la casa del opositor Fernando Villavicencio, en donde se obligó también al autor a disculparse por lo publicado.

Otra caricatura de Bonil, publicada un año más tarde, también mereció una sanción de la Supercom, que consideró que el caricaturista ofendió al asambleísta de Alianza PAIS Agustín Delgado, quien fue visto en el Pleno de la Asamblea leyendo con dificultad un texto. Aunque en esa ocasión no hubo multa económica contra El Universo, el medio debió pedir disculpas, y el caso se mandó a la Fiscalía para que se investigue un presunto "delito de odio" contra el legislador afroecuatoriano. El caso fue archivado por el Ministerio Público.

En mayo de este año, en cambio, la publicación de una nota sobre el IESS irritó al Gobierno, que a pesar de que logró la publicación de sus argumentos en El Universo, protestó porque estos no salieron hasta con el mismo tipo de letra que en el correo enviado por el régimen. 

Mientras los argumentos legales de El Universo han sido desechados, el periódico se ha declarado en resistencia, según lo que establece el artículo 98 de la Constitución. El Universo pagó, en su momento, los USD 90 mil por la caricatura de Bonil, pero no se ha pronunciado sobre esta nueva y abultada sanción.

El tratamiento noticioso de la situación del IESS, a propósito de la polémica por el 40% de las pensiones jubilares, provocó también una sanción en contra del diario Expreso, de propiedad de la familia Martínez. Fue el propio presidente del Consejo Superior del IESS, Richard Espinosa, quien denunció a Expreso, medio que, en su criterio, tampoco le publicó la réplica tal como quería que saliera, titulando  “pedido de réplica” y no “rectificación” o “aclaración”. Expreso fue condenado, también, a pedirle disculpas públicas a Espinosa. A principios de marzo, la Supercom sancionó de oficio a por un titular que, en su criterio, era inadecuado, con una amonestación. 

En mayo, en cambio, Extra, otro periódico de la misma casa editorial, fue sancionado por publicar la foto de un menor de edad, en lo que, para la Supercom, constituyó una violación a los derechos de la niñez y adolescencia y a la Ley de Comunicación. La multa contra Extra fue de veinte salarios básicos unificados, es decir, USD 7080, por haber publicado el rostro de un niño extranjero que había sido alejado de su madre. Lo curioso es que el diario había obtenido una autorización notarizada de la madre para difundir la imagen del menor, que estaba desaparecido, con el afán de ayudar a su localización. Este argumento no fue considerado válido por la Supercom, que le puso reparos a la autorización de la madre.

La Hora y El Comercio tampoco logran desvirtuar las acusaciones

Mientras los dos principales periódicos de Guayaquil han sido sancionados, los medios de Quito también han sufrido medidas administrativas en lo que va del semestre. El Comercio, propiedad del empresario extranjero de medios Ángel Gonzáles, se vio obligado a publicar, en primer página, una disculpa pública al ministro de Electricidad, Esteban Albornoz. Albornoz protestó porque El Comercio había titulado, en primera plana, que el proyecto hidroeléctico Coca Codo Sinclair tendría un ajuste en el precio de USD 606 millones. Aunque el propio autor de la nota, el periodista Alberto Araujo, concurrió a la Supercom a explicar como las cifras las había entregado el propio Gobierno, la Supercom dispuso que El Comercio rectifique al gusto del funcionario y le pida cumplidas disculpas. El gesto fue duramente criticado por el periodista José Hernández, ex editor general de El Comercio cuando era administrado por la familia Mantilla, quien calificó al rotativo como "insustancial".

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En marzo, El Comercio había sido amonestado por escrito, pues el remitente de una carta de réplica sobre el lío de Coca Codo Sinclair también se sintió agraviado. 

En febrero, El Comercio fue amonestado, pues el ministro de Defensa, Fernando Cordero, se quejó de que una carta de réplica a la entrevista que el medio había hecho a un militar retirado no fue publicada adecuadamente. 

Mientras tanto, el diario La Hora, de propiedad de Francisco Vivanco, también perdió la audiencia frente al alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, quien había denunciado al periódico por no publicar ni una línea del acto de rendición de cuentas del burgomaestre. La sanción en contra de La Hora fue de diez salarios mínimos, (USD 3540) que el medio no pagó tras declararse en rebeldía. 

En abril, La Hora había sufrido una amonestación escrita, por haber publicado una nota sobre las organizaciones de personas desaparecidas en el país que, a criterio de la Superintendencia, no había sido hecha de acuerdo con las normas básicas del oficio periodístico. En el banquillo de los acusados se sentaron Francisco Vivanco, director del medio, y su sobrino y editor general, Luis, quienes tampoco pudieron convencer a la Supercom de que se deseche la sanción. La Hora había dejado con la silla vacía a la Supercom en un caso anterior, cuando un ciudadano se quejó de un titular. Como la Ley de Comunicación establece que la audiencia continúe aunque no estén presentes las partes denunciadas, se le sancionó con una amonestación escrita. En marzo, en cambio, La Hora fue multado con cinco salarios básicos, por no calificar como "opinión" sino como "publicidad" a una carta abierta del consejero del Consejo de Participación David Rosero, quien había pagado por ese remitido en el cual replicaba al presidente Rafael Correa. 

En enero, La Hora había sido sancionado por una queja del alcalde Castillo, cuando publicó que los policías municipales de Loja  usaban toletes eléctricos, y Castillo reclamó que tales toletes aún no llegaban a la capital provincial. 

Las denuncias desechadas

Mientras los medios privados reciben un aluvión de sanciones, la Supercom desechó, en los mismos seis meses, varias de las denuncias en contra de los medios del Estado. 

Este fue el caso de la denuncia que presentó el asambleísta por Zamora Chinchipe, Cléver Jiménez,contra el diario oficial El Telégrafo, por un supuesto linchamiento mediático. A pesar de que el abogado de Jiménez presentó algunas pruebas sobre lo que podría considerarse mala fe contra el opositor, la Supercom desechó la queja, argumentando que Jiménez nunca pidió una réplica ni una rectificación al diario estatal. El caso fue resuelto a principios de junio.

A principios de mayo, en cambio, la Supercom desechó otra queja de Cléver Jiménez, esta vez contra Ecuador TV, medio oficial que en un reportaje había vinculado al ex asambleísta con el caso de la avioneta de Jet Sky, presuntamente vinculado al narcotráfico. Como en el caso de El Telégrafo, la denuncia contra Ecuador TV fue desechada por supuestamente no haberse presentado a tiempo el pedido de réplica ni haberse aportado pruebas de linchamiento mediático.

En abril, la Supercom desechó la denuncia del opositor Andrés Páez, quien había denunciado a todos los medios oficiales por no haber publicado sus denuncias sobre presuntas irregularidades en el concurso para la Corte Nacional de Justicia. La Supercom estimó que Páez no fundamentó adecuadamente su denuncia, pues algunos de los emisores de noticias del Gobierno no son medios de comunicación, otros publican revistas deportivas, mientras que El Telégrafo y EcuadorTv sí habrían publicado sus denuncias. 

No obstante, la Supercom ha desechado también denuncias contra Diario Extra y Revista Líderes del grupo El Comercio. 

Los medios audiovisuales, al banquillo

Radios y canales de TV también han sufrido sanciones en este semestre. Radios como Canela, Radio Fútbol, Radio Novedades, Radio Atalaya, Radio Gitana, Radio La Otra, Radio Cobertura Vox, Radio Colón, Radio Eres, Radio La Fabu, Radio Genial Exa, entre otras, han recibido sanciones administrativas por no cumplir diversas partes de la Ley de Comunicación.

Los canales de TV, en cambio, también han recibido sanciones, relacionadas con su programación. El caso más reciente, ocurrido en junio de 2015, fue la sanción contra Teleamazonas por supuestamente difundir contenido violento en horario familiar. Teleamazonas fue sancionado con cinco salarios mínimos por la transmisión de episodios de lucha libre norteamericana. El noticiero de Teleamazonas recibió una amonestación escrita por una nota sobre Guillermo Lasso, que la Supercom consideró mal realizada.

En mayo, Canal Uno fue sancionado con una multa mayor, de diez salarios mínimos, por una situación similar: la transmisión de un espacio que la Supercom consideró no fue exhibido en el horario adecuado. Canal Uno también fue obligado a disculparse con los afroecuatorianos, por presuntos contenidos discriminatorios en el programa "Los Compadritos", en un caso que se inició con un informe del Cordicom.

Aunque en la gran mayoría de las audiencias han estado presentes los abogados de los medios sancionados, declararse en "resistencia" frente a las acciones de la Supercom podría significar que el banquillo de los acusados de la Supercom se quede con las sillas vacías.