La relación entre el Estado correísta y la constructora brasileña Odebrecht, cuyo principal fue detenido en su país acusado de corrupción, ha sido tensa y contradictoria.

La detención de Marcelo Odebrecht, nieto del fundador de la compañía, Norberto Odebrecht, representa un gran golpe de la justicia brasileña contra uno de los personajes más influyentes en la política del Brasil.

Su arresto llega tras una investigación que involucró a más de doscientos oficiales en cuatro estados. Tras meses de investigaciones que concluían que el esquema que involucraba tráfico de información de Petrobras y contratistas para sacar grandes tajadas de contratos inflados por bienes y servicios, no podía ser desconocido por los altos mandos de Odebrecht y la otra empresa involucrada en la investigación, Andrade Gutierrez. Otavio Azevedo, CEO de Andrade Gutierrez y Odebrecht fueron detenidos en la operación Lava Jato el viernes pasado.

La compañía Odebrecht es un emporio económico transnacional, constructora de estadios para el mundial de Brasil, el aeropuerto de Miami y es, además, el mayor empleador de Angola. Sus ganancias del 2014 reportan USD 31 mil millones y posee 181 mil empleados.

Odebrecht es conocida, también, por entregar contribuciones a políticos, y el propio Odebrecht ha declarado “Cuando eres líder de la industria, y nosotros somos el líder prácticamente de todas las industrias, naturalmente debes tranzar con los políticos de ese sector”. El esquema de corrupción se extendería hasta el ex-presidente de Brasil, Lula da Silva, quien habría influenciado para la adjudicación de contratos a Odebrecht con gobiernos extranjeros, según investigadores federales.

Por los próximos dos meses, los fiscales brasileños deben decidir abrir o no una investigación completa de los nexos entre Odebrecht y da Silva.

Lea (en portugués): Así fue la detención de los ejecutivos de la constructora. 

Una relación poco clara con el correísmo

En 2008, tras una serie de inspecciones, el presidente Rafael Correa decide expulsar del país a la constructora brasileña, al descubrirse serias fallas en la Central hidroeléctrica de San Francisco que construía. En ese momento, la constructora tenía en el país cuatro grandes proyectos, entre los que se contaban el Multipropósito Baba contratada por Hidrolitoral-Cedegé en  los cantones Buena Fe y Valencia con una presa de 1.099 hectáreas para regular el caudal del río Baba y evitar inundaciones, así como una central con 42 MW. También se había contratado la central Toachi-Pilatón, con una potencia instalada  de 228 MW, el sistema de riego de Carrizal-Chone en Manabí y el Aeropuerto de Tena, con una pista de 2.500 metros y una terminal de pasajeros de 2.400 m². 

En abril del 2009, Odebrecht declara que a pesar del cumplimiento de sus contratos en la construcción de la Central San Francisco, se expiden decretos ejecutivos que ordenan la militarización de sus campamentos, y la revocatoria del visado de ejecutivos de la empresa. Ratifica, además, su intención de seguir con diálogos y esperar una resolución al conflicto que llevó al Estado ecuatoriano a demandar, eventualmente, al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDS) en la Corte Internacional de Arbitraje en París. Y es que fue el BNDS el organismo que proveyó los fondos para el financiamiento de la obra.

Según la publicación de BRIO, “El agua drenada del día a la noche”, Marcelo Odebrecht, CEO de Odebrecht, se reunió con Marco Aurelio García, asesor especial para asuntos internacionales del gobierno de Brasil en el gobierno de Lula, para reclamar su intervención en el caso ecuatoriano, aduciendo, incluso, que la empresa había prestado dinero para la campaña de Rafael Correa.

La crisis entre el Gobierno y la empresa finalmente se soluciona a partir del oficio CC0-001-2010 (4 de febrero del 2010) del “Director Superintendente de la constructora Norberto Odebrecht S.A.” dirigido al Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos (Galo Borja para ese entonces) y otras autoridades que plantea “una tregua o suspensión total de los procesos legales”.

El 8 de junio del 2010, finalmente se firma un acuerdo con el que Odebrecht se compromete a pagar USD 20 millones por inactividad y a la reparación de obras, mientras que el gobierno, por su parte, a “resolver en forma amigable y definitiva la demanda arbitral” contra el BNDES.  Demanda que es finalmente desechada por la Corte Internacional de Arbitraje en París, y castiga al Ecuador con el valor de la deuda, más los intereses, por un valor total de USD  461 millones. Según información publicada en la época, fue el mismo presidente el Brasil, Lula Da Silva, quien intercedió a favor de la constructora. 

Pero la empresa brasileña pudo volver. Así, en agosto del 2012, se permite a Odebrecht volver a participar de las contrataciones públicas del Estado después de haber sido expulsada en 2008 por los daños en la hidroeléctrica San Francisco y demandada por USD 250 millones.

Además se dispone la terminación de los contratos Baba y Toachi Pilatón. En julio del 2010, Odebrecht se compromete a reparar San Francisco y el resto de obras civiles sin costo.

En septiembre del mismo año, la Contraloría deja sin efecto ocho glosas por USD 70,7 millones contra Odebrecht, tras la reparación de dicha hidroeléctrica además de la central Pucará y se le adjudicará, después, el contrato de Manduriacu por USD 124 millones. En el 2012, se contrata a Odebrecht para construir la refinería del Pacífico, por más de USD 228 millones, además de la preparación del terreno en el Aromo (Manabí), que “requerirá de una inversión de USD 13 000 millones”.  Odebrecht construye, además, tramos de la Ruta Viva en Quito, el poliducto Pascuales-Cuenca y el acueducto La Esperanza, además de otras obras.

Actualmente, la empresa brasileña forma parte del consorcio que posiblemente construya la segunda fase del Metro de Quito, para lo cual el Municipio Metropolitano se encuentra en conversaciones.

A pesar de que se trata de un hecho de dominio público, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre el caso.