En septiembre de 2021, una asesora de  la Dirección del Servicio Nacional de Aduanas (SENAE) estaba con su familia en un centro comercial de Guayaquil. La funcionaria se disponía a ingresar al cine, cuando un individuo la abordó para  ofrecerle USD 3 millones por un alto cargo de operaciones en la Aduana, que debía ser entregado a una persona de su entorno. Este fue el relato de la directora del SENAE, Carola Ríos, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que empezó a dar pistas sobre los intereses de sectores opacos por ocupar cargos públicos en la Aduana.

Una llamada a la línea policial 1800-DELITO llegó a la Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra la Eficiencia en la Administración Pública. Esa llamada vino desde el despacho de la directora del SENAE. Según Carola Ríos, apenas su asesora le comentó lo sucedido se comunicaron con la fiscal general del Estado. Asesoradas por la Fiscalía, ellas hicieron la denuncia de manera anónima, “para no alertar a los implicados”, dijo Ríos.

Tras 10 meses de investigación, la Fiscalía apunta a presuntos actos de corrupción relacionados con la oferta de cargos en instituciones públicas a cambio de sumas de dinero. El Gobierno de Guillermo Lasso inició una política de integración de scanners y mejores tecnologías de control aduanero, que según Ríos no es del agrado de algunas personas.

La operación policial  "Danubio" detuvo este 21 de julio de 2022 a ocho personas por presunta asociación ilícita, en conexión con este caso. El operativo se desarrolló en Guayas, Pichincha, Cotopaxi y Azuay. Durante la madrugada se empezó este operativo a través de 17 allanamientos en donde se levantaron indicios como celulares, USD 25 mil dólares, computadoras, pendrives, documentación y hojas de vida relacionadas al presunto delito. La Fiscalía también allanó las oficinas de Recursos Humanos del SENAE en Guayaquil.

La Policía Nacional inició 17 allanamientos en 4 provincias del país relacionadas con el caso Danubio. Se decomisó dinero en efectivo, celulares y hojas de vida. Foto:Policía Nacional. 

La Fiscalía formuló cargos contra los ocho detenidos y un juez dictó prisión preventiva, sin embargo, la defensa apeló y se llegó a las medidas cautelares alternativas de presentación periódica y prohibición de salida del país.

Desde hace 10 meses la Fiscalía ha venido levantando comunicaciones telefónicas y evidencias de reuniones entre los implicados. Habría roles y jerarquías dentro de una presunta estructura que incluye a intermediarios y captadores de personas para ubicación en cargos.

Según información de la Fiscalía, los procesados buscaban a funcionarios con poder de decisión en las unidades de talento humano de instituciones públicas, principalmente del SENAE. “Su objetivo habría sido ubicar a una persona en el cargo de jefe de Operaciones o de Distrito para manejar las exportaciones e importaciones de la entidad”, informa el comunicado.

La cifra de USD 3 millones habría sido ofrecida para la Subdirección General de Operaciones, una de las tres subdirecciones conexas a la dirección nacional. Monto que “iba a ser financiado por exportadores, a cambio de favores en un futuro”, según comunicó la Fiscalía. El caso está en instrucción fiscal que dura 90 días. Esto es lo que se sabe.

Estos serían los ochos detenidos del caso Danubio. Debido a que el caso sigue en instrucción fiscal no se puede revelar la identidad de los implicados. Foto: Policía Nacional

El origen del caso

Los hechos relatados a continuación fueron las declaraciones públicas que hizo Carola Ríos, directora del SENAE, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional:

Al inicio de su gestión, Carola Ríos mantuvo reuniones con operadores, cámaras, exportadores y productores del país. En una de esas reuniones, Ríos conversó con Camilo M., Juan A., y otros dos hombres representantes de una organización social. El motivo del encuentro fue una solicitud de esa organización para recibir donaciones fruto de las mercancías abandonadas que tiene para adjudicación la Aduana.

Para una próxima ocasión, Ríos fue invitada por la misma organización a la inauguración de una infraestructura de agua en el centro del país. Ante la declinación de Ríos, “esa organización dijo que le preocupaba el cargo de la dirección distrital de Latacunga porque no era de la zona”, dijo la directora.

Pero Ríos tenía un viaje pendiente a Latacunga para constatar como funcionaba ese punto aduanero luego de la desactivación del aeropuerto. También quería conocer al director distrital. Durante su visita recorrió comunidades desde Pujilí hasta Quilotoa recibiendo solicitudes escritas de donaciones por parte de las comunidades. También mantuvo una reunión con personal aduanero y del Taller Aeronáutico. Se resolvió que el Ministerio de Inclusión Económica y Social atendiera las solicitudes recopiladas por Ríos.

Hasta este punto esta era una de las tantas solicitudes de donaciones que recibe una institución como la Aduana. Pero según Ríos las reuniones con la organización social representada por Camilo M., y Juan A., “cambiaron de tono”. Ríos declaró que empezó una persecución de Juan A. con una de sus asesoras hasta que “la encontró y torpemente le hizo esta propuesta de pagar por el cargo más relevante en el área de operaciones”.  Ese habría sido el encuentro por los 3 millones de dólares en un centro comercial.

El cargo en cuestión es la Sub Dirección Nacional de Operaciones, que es una de la tres sub direcciones por debajo de la Dirección Nacional. Ríos se comunicó directamente con la fiscal general Diana Salazar, quien delegó a la fiscal Romero. La fiscal le aconsejó que se haga la denuncia anónima mediante 1800-DELITO. Desde ese punto la Fiscalía recopiló bitácoras, videos de entradas y mensajes sobre el caso.

Pero este miércoles 20 de junio de 2022 un nuevo fiscal, que había tomado el caso, llamó a Ríos para indicarle que estaban en el departamento de talento humano del SENAE en Guayaquil solicitando información. De septiembre 2021 a la fecha la Fiscalía recopiló elementos de convicción para ocho personas. Todavía no está claro quienes pertenecen al SENAE y quienes son externos.

Carnets del seguro social y cuadernos con información fueron parte de los elementos de convicción. Foto: Fiscalía General del Estado.

Un grupo de funcionarios que operarían en las sombras

Un informe que reposa en la Asamblea Nacional al que PlanV tuvo acceso reveló el modus operandi de la presunta compra de cargos públicos en el distrito de Guayaquil y cargos cercanos a la dirección general. La investigación asegura que hay un grupo liderado por una alta directiva, que tiene todo un equipo a su cargo en estas operaciones de presunta corrupción.

Según el informe dentro del grupo hay una asesora que hace las funciones de recaudadora. Esta persona gestiona salidas de cargas cobrando valores de hasta USD 100 mil por contenedor. Se señala que es un equipo de funcionarios que preparan los canales y las facilidades, y que han venido trabajando por años bajo esta modalidad. Esta persona tendría relación con la Oficina de Fortalecimiento Institucional Ético y Lucha contra la Corrupción (OFIELC) y también influencia en las denuncias que llegan a esa oficina aduanera.

Paralelamente se revela que USD 1 millón llegó a manos de la funcionaria que hacía las labores de recaudadora, quien viajó a Centroamérica “valiéndose de su pasaporte diplomático para que no le revisen las maletas”.

Hay otro recaudador que forma parte de este “equipo” de funcionarios. Este alto directivo es quien, según el informe, recibió los USD 3 millones en una ciudadela en Guayaquil para entregar ese monto y gestionar un cargo. Estos dos recaudadores habrían gestionado USD 500 mil a través de alguien muy cercano a la dirección general para el ingreso de un asesor, “quien a espaldas de todos ofrece puestos en el mercado negro a los más grandes contrabandistas y carteles de la mafia”.

Una de las afirmaciones de Carola Ríos en la Comisión de Fiscalización fue que se está fortaleciendo la OFIELC. Por otro lado, el informe  revela que esa oficina sirve “para perseguir gente, crear falsas denuncias y sembrar el terror entre los funcionarios que no se alinean”.

Este segundo recaudador tendría el control sobre el buzón de denuncias de funcionarios y habría perseguido a funcionarios que “no se dejan, ni escuchan sus propuestas”, detalla el informe. Según los detalles de esta investigación, este recaudador habría creado falsos partes policiales y cobrado USD 5 mil por cada funcionario no adherente que se da de baja.

Ambos recaudadores trabajarían para una funcionaria que estaría un peldaño más arriba en el presunto grupo.

El recaudador en mención tendría el control del 80% de las declaraciones de importación, en cifras de dinero unos USD 2000 mil millones. Pero este recaudador es un alto directivo administrativo, que tendría gente a nivel operativo a su cargo.

Hasta aquí se revela un equipo con una funcionaria al mando de dos recaudadores, que a su vez tienen inspectores operativos a su cargo. En este punto entra en la escena una nueva funcionaria, “la mujer de los canales y la ejecutora de las estadísticas más sucias del sistema aduanero”, detalla el informe. Luego de las gestiones del recaudador, esta funcionaria realizaría cobros junto con un abogado que vende estos servicios puertas afuera.

Todos estos procesos habrían sido manejados por un contador y administrador de la funcionaria en el tope de la cadena jerárquica del grupo.

La más alta directiva del grupo habría gestionado el ingreso de armas con empresas de courier y “cambiazos de carga” en bodegas de Quito. Esta funcionaria tendría un negocio privado, ligado a este equipo, con “pactos con las transnacionales de la droga” para exportaciones. Al mismo tiempo, las denuncias presentadas en la OFIELC habrían sido eliminadas por uno de sus recaudadores.

El operativo incautó $25 mil dólares en efectivo dentro de los varios allanamientos realizados de madrugada. Foto: Fiscalía General del Estado.

Aparentes efectos de la política de control aduanero de Lasso

La Aduana tiene como objetivo canalizar las importaciones y exportaciones nacionales. Dentro de la investigación todavía no se sabe cuál es el nexo del empresario y ex asesor ad honorem del Gobierno, Juan José Pons, que ha estado vinculado al banano, de los principales productos de exportación ecuatorianos.

Se supo a través de la Fiscalía que se ofertó hasta USD 3 millones por un cargo. Cifra por demás abultada si se toma en cuenta que el director de la institución tiene una remuneración mensual de USD 4.463.

El asambleísta Fernando Villavicencio mencionó al almirante Carlos Vallejo, que ocupaba la Sub Dirección Nacional de Operaciones. Ese cargo era el que se habría querido comprar por los $3 millones. Vallejo, quien renunció el 30 de junio, había sido nombrado por Carola Ríos. “El presentó su renuncia porque cumplió un año. No encontramos elementos internos que lo relacionen a la denuncia”, confirmó Ríos.

Villavicencio le había pedido a Ríos que inicie una investigación sobre presuntos vínculos de Vallejo con una red de importadores “dirigida por Xavier Jordán y Leonardo Cortázar, dos personas que aparecen en la piscina de Miami con Ronny Aleaga”, dijo el legislador  en la Comisión de Fiscalización.

El SENAE es una institución que maneja millones de dólares en recaudaciones. En 2021 en acciones de recaudación reportó USD 1203 millones. La balanza comercial ecuatoriana para 2021 fue la siguiente: USD 19.698 millones en importaciones y USD 22.287 millones en exportaciones. Los principales puertos son los de Guayaquil, Manta, Quito, Latacunga y Tulcán. Esta es una lista del flujo que hay en los puertos ecuatorianos y muestra donde podrían estar los mayores intereses:

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En noviembre de 2021 el presidente Lasso emitió el decreto 227 en el cual dispuso que todas las mercancías que salgan del país pasen por un sistema de escaneo anti narcótico. Los récords de incautación de droga en 2021 superaron al 2020. En el primer semestre de 2022 también hay cifras mayores al mismo periodo del año pasado.

Según la directora del SENAE el decretó requirió que se haga un manual para los equipos de escaneo y que se fije una tarifa de inspección. Los puertos fueron llamados a implementar los nuevos equipos y tuvieron los primeros acercamientos con los proveedores. Una negociación privada pero regulada por la Aduana. Según el SENAE se necesitan “los mejores equipos” para cumplir con los estándares fijados en los manuales.

Los intereses en la Aduana

Entre los elementos de convicción presentados por un fiscal de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción están seguimientos, filmaciones, grabaciones y fotografías. En una rueda de prensa, la Policía confirmó que hay personas que se dedican a contactar personas del círculo social aduanero.

El agente confirmó que entre los vinculados estaba un ex funcionario del SENAE que había sido desvinculado en 2020 por haber estado involucrado en irregularidades. “Por cada trámite se manejaban montos de USD10 mil. No eran pagos únicos y eran contactos usualmente por vía telefónica”, dijo este agente en una rueda de prensa transmitida por la radio policial Vigia.

“Hay mafias cercanas a la institución. ¿A quién le interesa que Carola Ríos no esté en la Aduana, a quién le interesa que los scanners no se implementen? Seguramente a los grupos vinculados al narcotráfico”, declaró la directora del SENAE. Ríos recalcó en que todo quedó en un intento, y la presunta compra del cargo no se concretó.

Se vincula a Juan José Pons, ex asesor del Gobierno de Lasso

La Fiscalía relacionó dentro del caso a Juan José Pons, quien fue asesor ad honorem del presidente Lasso en temas bananeros. El empresario y político no estuvo dentro de los 8 detenidos, pero la Fiscalía confirmó que su hogar fue allanado.

En una carta escrita por Pons para la Comisión de Fiscalización, a la que se excusó de asistir,el exasesor gubernamental indicó que hay gente que se ha tomado su nombre. Pons se excusó de comparecer en la comisión legislativa e indicó que está cooperando con la Fiscalía. La directora del SENAE confirmó que conoce a Pons ya que este es representante de una asociación de exportadores de banano.

En julio de 2021 Guillermo Lasso presentaba a Juan José Pons como asesor. Lasso había expresado en declaraciones a la prensa que eran amigos “de toda la vida”. La asambleísta correísta Pamela Aguirre pidió en octubre de 2021 las declaraciones patrimoniales de los consejeros ad honorem de Lasso. Según Aguirre, Pons no habría presentado su declaración.

La Presidencia manifestó en un comunicado que “nadie está por encima de la ley” y que brindará todas las facilidades para que la Fiscalía realice una investigación exhaustiva. Por su parte la Secretaría Anticorrupción, iniciativa de este gobierno, indicó que sus funciones son las de evitar actos de corrupción y que una vez que estos inicien es la Fiscalía la institución a cargo.

Juan José Pons es un empresario y político ecuatoriano. Fue asesor ad honorem en este Gobierno para el presidente Guillermo Lasso en temas bananeros. Foto: Asamblea Nacional

Según el portal Primicias, Pons dejó de ser consejero de Lasso luego de que el presidente derogara el decreto que lo designó como asesor y lo reemplazara con un reglamento para el fomento del banano.

Para la directora del SENAE, los operativos recientes contribuyeron a un “festín mediático” y culpó a la prensa de involucrar a funcionarios que no están procesados por la Fiscalía. Además, Ríos fue contundente en aseverar que en la Aduana “no se venden puestos, nada está a la venta. Ni puestos ni cargos, absolutamente nada”.

Sin embargo, para el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, esto no es así. “Cuando los medios de comunicación construyen una narrativa lo hacen porque la Fiscalía públicamente anuncia un operativo de allanamiento de Juan José Pons y su hijo. Este no es un invento de la prensa, esto es real”, dijo.

En la Comisión de Fiscalización la directora del SENAE confirmó la existencia de otros casos de corrupción que ya han pasado la instrucción fiscal. Por lo mismo se revelaron los nombres de dos funcionarios que fueron desvinculados de la institución.

Los casos fueron los de una funcionaria del distrito de Guayaquil, Cynthia Vergara, quien tiene un proceso por concusión. Vergara atendía a clientes, “este juicio es por haber solicitado un valor a un usuario por agilizar un trámite de aduana”, confirmó el SENAE. También se emitió el dictamen de destitución a Alfredo Reyes que “se hizo de la vista gorda”, según confirmó la directora del SENAE, en la inspección de importación de mercancías chinas.