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14 de Diciembre del 2014
Historias
Lectura: 5 minutos
14 de Diciembre del 2014
Redacción Plan V
Las torturas de la CIA ponen a EE.UU. en la picota

La Central de Inteligencia Americana (CIA) instaló prisiones clandestinas en países como Polonia para torturar a presuntos terroristas a raíz de los atentados contra las Torres Gemelas.

 

La publicación de un informe del Senado de los Estados Unidos sobre las prácticas de tortura de la CIA sobre presuntos terroristas compromete la imagen de Estados Unidos como defensor de los derechos humanos. Para algunos, el informe evidencia la legalización de la tortura por parte de la superpotencia y sus aliados.

La denuncia salió -gracias a la separación de poderes en una República democrática- del Senado de los Estados Unidos.

En un informe especial (aquí el original en inglés), el Senado describió la serie de tratos inhumanos y torturas a los que habrían sido sometidos presuntos terroristas detenidos por agentes de la CIA y por fuerzas mercenarias al servicio de Estados Unidos, en el marco de las llamadas luchas globales contra el terrorismo. De las 6000 páginas del informe oficial, se han hecho públicas unas 500, a pesar de las protestas de la propia CIA y del Gobierno, que no ha dudado en acusar de parcialidad ideológica a sus redactores. El informe, además, concluye que las torturas fueron costosas e ineficaces, pues no lograron su propósito de obtener información relevante en la lucha contra los autores de ataques terroristas en suelo norteamericano. Según el documento, los responsables de la CIA engañaron también, de forma sistemática, al Congreso y al Gobierno de su país. 

De la lectura del informe se desprende una inventario de violencias cometidas contra los detenidos, que constan descritas en este blog.

Según reveló el Senado, ya que dentro del territorio de su propio país están prohibidas las torturas, los agentes norteamericanos pidieron el apoyo de una serie de países, tanto occidentales cuando árabes, para instalar centros clandestinos de torturas. Si bien en el documento oficial no constan los nombres de esos países, investigaciones de la prensa norteamericana han logrado determinar que la CIA instaló prisiones secretas en Afganistán, Polonia, Lituania, Rumania y Tailandia, además de la ya conocida en la Base Naval de Guantánamo, ubicada en Cuba. 

Varios países occidentales aliados de Estados Unidos permitieron la detención ilegal con fines de tortura de presuntos terroristas islámicos.

Algunos países árabes y africanos, entre tanto, permitieron a la CIA realizar interrogatorios de sus detenidos en sus propias prisiones, lo que significa que los tratos crueles fueron ejecutados con el consentimiento de esos gobiernos. Entre los involucrados, siempre según la prensa norteamericana, estarían Egipto, Siria, Libia, Paquistán, Jordania, Marruecos, Gambia, Somalia, Uzbekistan, Etiopia yYibuti.

Pero lo más sorprendente, según los medios de los Estados Unidos, es que países occidentales y democráticos permitieron la entrega de detenidos a la CIA, sin darles acceso a recursos legales y a sabiendas de que los llevaba a centros de torturas: Alemania, Italia, Reino Unido, República Checa, Irlanda, Grecia, Dinamarca, entre otros.  Ningún país latinoamericano aparece involucrado en el inventario de centros de detención ilegal y colaboradores con las torturas. 

Las torturas denunciadas por el Senado, que asegura se habría maltratado a no menos de 120 personas en estos centros, incluyen dolorosas prácticas como la "rehidratación rectal", muertes por hipotermia, golpizas y otros tratos crueles e inhumanos, expresamente prohibidos por convenciones internacionales. La revelación produjo una tormenta política en Washington, en donde se responsabilizó de las atrocidades a los altos funcionarios de la administración del ex presidente George W. Bush. 

Para el intelectual de izquierda argentino Atilio Borón, en un reciente artículo, el informe sobre las torturas platea por lo menos tres conclusiones. La primera, que el informe revela "el carácter farsesco de la democracia norteamericana", que, en su criterio, es más bien una plutocracia en donde gobiernan los grandes capitales financieros. La segunda conclusión, señala Borón, es que es evidente que no se perseguirá a los responsables, pues el Gobierno del presidente Barack Obama parace firmemente resuelto a garantizar la impunidad en este caso. Finalmente, Borón concluye que, a pesar de que es la prensa norteamericana la que ayuda a armar el rompecabezas del informe, hay, en su opinión, una gran complicidad de los grandes medios del país del norte al negarse a utilizar el término "tortura" y hacer una presentación más bien eufemística de los hechos. 

Para Borón, Estados Unidos no tiene autoridad moral para emitir informes sobre derechos humanos. 

 

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