El allanamiento al Palacio Municipal de Quito y la indagatoria abierta contra dos concejales de Quito y seis funcionarios del entorno del alcalde Mauricio Rodas iniciaron como una serie de denuncias públicas del Observatorio de Movilidad que, según el abogado Cristóbal Buendía, quien lo dirige, fueron ignoradas en su momento tanto por el alcalde metropolitano de Quito, Mauricio Rodas, cuanto por el concejal independiente Sergio Garnica, quien forma parte del Directorio de la Empresa de Pasajeros, la entidad municipal que regenta el trolebús, la ecovía y los corredores de buses. 

Aunque Buendía asegura que se reunió en por lo menos una ocasión con el alcalde Rodas y su entorno para informarle de la presuntas irregularidades, nada se hizo en el Municipio metropolitano para corregirlas, al tiempo que analistas como Gonzalo Ortiz Crespo creen y el ex alcalde Paco Moncayo creen que la situación se explica porque Rodas ha cedido a algunos concejales espacios de poder en la administración municipal, que deberían ser manejados por él directamente. 

Cristóbal Buendía, quien junto a su hermano Xavier lideran el Observatorio de Movilidad, son constantes críticos de la administración de Rodas. Desde hace varios meses han cuestionado el esquema de compensaciones a los buses urbanos, un dinero que el Municipio entrega a cada bus como un subsidio para que no se suban los pasajes en la capital. Cada bus recibe pagos trimestrales de USD 3000, algo que para Buendía es ilegal, pues se está subsidiando una actividad privada con dinero del Estado. Y no solamente eso: también sería un foco de corrupción, pues el Observatorio, desde hace varios meses, habría recibido denuncias de los propios choferes de que se les estaba pidiendo una comisión de USD 500 para agilitar el pago de USD 3000 en el Municipio. 

Buendía, en declaraciones públicas, ha cuestionado que se entregue las compensaciones, en especial, cuando supuestamente están condicionadas a una mejora del servicio en la ciudad y esto no ha ocurrido. Como no obtuvo respuesta del Cabildo, precisa, puso la denuncia ante la Fiscalía General por este caso, en especial, por los supuestos cobros de comisiones por parte de funcionarios de Movilidad municipales. 

Según explica Buendía, por lo menos USD 50 millones se han entregado a los buses en la capital para que no suban los pasajes, pero se ha podido determinar que hacerlo viola el Código de Finanzas Públicas. Hay por lo menos 2400 buses trabajando en este esquema en la ciudad, y se ha acordado seguirles pagando con dinero municipal hasta USD 25 millones más hasta fines del 2018. 

Buendía tiene su propia teoría sobre cómo supuestamente operaba esta red de corrupción en relación con los buses. Los dirigentes, como José S. de la Cámara de Transporte de Quito, presuntamente recaudaban el dinero de los sobornos entre los buseros y luego los entregaban, en dinero contante y sonante, a funcionarios municipales que, a su vez, repartían las ganancias ilícitas entre los funcionarios municipales. Durante los allanamientos, la Fiscalía pudo incautar cerca de USD 18 mil, en manos del funcionario Javier L, que supuestamente correspondían al pago de casi 40 buses y que iban a ser entregados a la red de sobornos. En la red, estima Buendía, podrían estar involucrados tres de los cuatro secretarios de Movilidad nombrados por Mauricio Rodas, así como por lo menos tres gerentes y ex gerentes de la Empresa de Pasajeros, nombrados por un Directorio en el que eran mayoría el alcalde Rodas y el concejal Garnica. 

Con relación a los taxis, explicó Buendía, aunque se dispone en la ciudad de cerca de nueve mil cupos, se habrían registrado por lo menos trece mil personas con la intención de tener un permiso de taxista. A eso habría que sumar la regularización de por lo menos siete mil camionetas de transporte y de tres mil buses escolares. La ordenanza que facilitó el proceso, por la que votaron 20 de los 21 concejales, sería el origen de este conflicto, estima Buendía, pues era necesario estar en una situación de transportista irregular para acceder a sus beneficios, al tiempo que daba a los funcionarios de Movilidad municipal amplias potestades discresionales. 

El papel de los dos concejales investigados, estima Buendía, sería facilitar las decisiones políticas de la trama, mientras los dirigentes del transporte, tanto en buses cuanto en taxis, serían quienes recaudaban el dinero para red de corrupción. Nuevamente, estimó que se presentaron denuncias de que cada aspirante a taxista debía abonar a la red hasta USD 5000 con tal de obtener su permiso de operación, y también habría denuncias de personas que, a pesar de haber pagado la coima, no recibían el permiso. 

El asambleísta por Pichincha Fabricio Villamar (CREO) pidió al fiscal investigar a los dirigentes de los transportistas y su patrimonio.

Un polémico contrato de limpieza en buses y trolebuses 

La segunda denuncia que investiga la Fiscalía tiene relación con un contrato de limpieza de las estaciones, los buses y los andenes del trolebús, la ecovía y los corredores de buses, que están a cargo de la Empresa de Pasajeros. La Empresa, de cuyo Directorio forman parte tanto el alcalde Rodas cuanto el concejal Garnica, contrató un servicio de limpieza de las unidades y la infraestructura por un año, con un valor mensual de USD 101.779. El contrato principal, destaca Buendía, se firmó por USD 1´221.335, pero luego se firmaron contratos complementarios que elevaron el precio hasta USD 1´441.278. El problema, explica Buendía, es que la modalidad de contratación que se usó tiene un techo de hasta USD 427.467, por lo que hay un monto excedido de por lo menos USD 1´015.311.

Según Buendía, en enero de 2015 se reunió con el propio alcalde Rodas para informarle sobre esta situación, que considera anómala, pero no obtuvo ningún compromiso del alcalde metropolitano. En esa misma época dirigió un oficio al concejal Garnica sobre la misma denuncia, del que no obtuvo respuesta alguna. Tanto en la reunión con Rodas, cuanto en la carta a Garnica, precisa Buendía, se les entregó indicios de un posible mal manejo de fondos públicos, sin que ni el alcalde metropotalitano ni el concejal independiente tomaran cartas en el asunto. 

La Contraloría General del Estado, dirigida por Carlos Pólit, habría estado haciendo un examen especial sobre el tema, pero no se conocieron conclusiones, así que en enero de 2018 fueron a la Fiscalía a denunciar el caso, como un presunto peculado cometido en el contrato de limpieza. 

La denuncia fue presentada contra Rubén L. ex gerente de la Empresa de Pasajeros, quien había dejado ese cargo pero seguía de asesor en la misma entidad. 

Es por esta denuncia, explica Buendía, que la Fiscalía ha sindicado a varios funcionarios y asesores de la Empresa de Pasajeros, además de haber allanado la Secretaría de Movilidad y otras dependencias municipales. 

Los nombramientos de Rodas en la Empresa de Pasajeros

La tercera denuncia que el Observatorio presentó contra la administración de Rodas tiene que ver con supuestas irregularidades en los nombramientos y en las contrataciones en las empresas municipales. 

El Observatorio, explica Buendía, puso la lupa en los currículos de los funcionarios nombrados por el Directorio de la Empresa de Pasajeros, en los que la mayoría está conformada por Rodas y Garnica. En el caso de Alexandra Pérez, quien fue nombrada gerenta de la entidad, se habría incumplido el perfil del puesto, pues la funcionaria en cuestión es sicóloga de profesión con una maestría en desarrollo local. Otros funcionarios, como el subgerente Galo Cevallos, y otros como Mario Piñeros, Magally Guillén y Mary Gaibor tampoco habrían podido acreditar títulos universitarios, a pesar de que eran requeridos para el cargo que ocupaban. Para Buendía, es especialmente grave el caso de Cevallos, quien subrogó a la gerente de Pasajeros a pesar de no tener registrado título universitario en la página del Senescyt. 

En este escenario, el alcalde Rodas fue llamado a declarar la semana pasada, y concurrió con sus abogados al despacho del fiscal provincial del Pichincha, Fabián Salazar. Para Buendía, Rodas podría ser responsable por omisión de las presuntas irregularidades, pues el alcalde metropolitano debe, según el Cootad, responsabilizarse por la gestión municipal. "Podrían haber omisiones y negligencias de Rodas, en especial, en el tema del contrato de limpieza sobre el que se le informó", dijo Buendía.

La versión de Sergio Garnica: "tengo enemigos invisibles" 

De su lado, el concejal independiente Sergio Garnica inició una ofensiva mediática, y concurrió a varios medios de la capital para explicar sus puntos de vista sobre la polémica. Garnica, quien no dudó en esgrimir la tesis correísta del "linchamiento mediático" en su contra. En una entrevista en Radio Sucesos, con Félix Narváez, Garnica aseguró que siempre advirtió de manera pública que no se debía hacer ningún pago por los permisos para los taxistas. Recordó que inició hace dos años una campaña con Justicia Vial contra la corrupción en el sector, y que inclusive llegó a poner denuncias en la Fiscalía porque supuestamente algunos dirigentes del transporte estaban pidiendo coimas a los taxistas y buseros. 

Garnica dijo que la denuncia de Buendía, que también incluye al alcalde Rodas y al concejal (AP) Carlos Páez, se debe al contrato de limpieza, pero aseguró que este se firmó en 2013 y que el contrato complementario se suscribió a pocos meses de que él llegara a la concejalía. Cuestionó que no se haya involucrado a Páez en el caso, aunque admitió que las denuncias de Buendía fueron "encaminadas correctamente" por el denunciante. Sobre la cifra de USD 80 millones que el fiscal Salazar cree se podría haber manejado, Garnica dijo que no conoce cuáles son la bases del millonario cálculo. 

Recordó que la Fiscalía "convocó a todos los medios para generar un linchamiento mediático" y aseguró que hay delincuentes que creen que tiene mucho dinero, por lo que su integridad habría sido puesta en peligro. Cuestionó la forma en la que Fiscalía actuó en su contra, y relacionó las diligencias del Ministerio Público con la formación de su propio movimiento político. 

Cuestionado por Félix Narváez sobre los motivos de este proceso, dijo que hay muchas "coincidencias" como la formación de su movimiento, el juicio político al ex fiscal Baca Mancheno, entre otros. "Tengo enemigos invisibles", dijo Garnica, quien aseguró que se debió encerrar al presidente Lenin Moreno por el involucramiento de uno de sus escoltas en un caso de narcotráfico. "A mi ya me sentenciaron", se quejó el concejal. 

Sobre el arma de fuego que fue incautada, dijo que está debidamente justificada su tenencia, y que el dinero incautado sería del movimiento de la Cámara de Transporte. Reveló que le incautaron el celular y que en el allanamiento en su oficina se buscó hasta dinero en el cielo razo. 

Garnica dijo que hay 10260 postulantes idóneos para taxistas y que los llamará a rendir versión. También dijo que hay 2300 buses, y que no es posible calcular los 80 millones de los que habla el fiscal con los montos de las supuestas coimas. Sobre el rol de los concejales, dijo que ellos no tienen potestades administrativas, y emplazó a los denunciantes a que se demuestren los cuestionamientos. 

Para el concejal Garnica no hay ningún indicio serio en su contra, y llamó a los periodistas a no "sentenciar, humillar y vejar" a los concejales investigados por la Fiscalía. Reiteró que advirtió, junto con Guillermo Abad de Justicia Vial, sobre la supuesta red de corrupción. Enfáticamente reiteró que es inocente, y que no piensa renunciar a la concejalía metropolitana. En varias ocasiones, el concejal arremetió contra los medios de comunicación, así como cuestionó a otros concejales que "se mofaban" de él durante el operativo fiscal. Finalmente, aseguró que lo único que un nuevo taxista debe pagar es un título habilitante de USD 115.