El espionaje no solo se lo hace a través de Hacking Team, sino a partir de una serie de seguimientos, atribuidos a organismos de inteligencia del Estado, para espiar a ciudadanos ecuatorianos en actividades públicas o privadas.

Este portal publicó el 30 de mayo de este año el informe Los blancos de la inteligencia sobre el seguimiento y espionaje que funcionarios del Estado hicieron a las actividades de recolección de firmas del grupo Yasunidos, cuando intentó promover una consulta popular para que los ciudadanos ecuatorianos decidiesen si se permitía o no explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní.

Este seguimiento se extendió a otros políticos, según informes a los que tuvo acceso Plan V y que luego fueron corroborados por el diario británico The Guardian. Documentos que están publicados en el portal www.ecuadortransparente.org. Ahí constan políticos como Mauricio Rodas, objeto de seguimiento durante su campaña presidencial para las presidenciales del 2013; o Andrés Páez, asambleísta por Pichincha del movimiento CREO o Mery Zamora, y otros.  

Los hackeos, seguimientos e infiltraciones también se dieron en los casos de Martha Roldós, en enero del 2014, a quien hackearon sus cuentas de correo personales de las cuales extrajeron documentos que fueron publicados por El Telégrafo -diario correísta que funciona con dinero público- en un reportaje de "investigación", el cual fue felicitado por el presidente Correa. Y también está la difusión en el noticieron de la autodenominada televisión pública, Ecuador TV, de conversaciones privadas de un presunto grupo de WhatsApp a través del cual se habría estado organizando una jornada de protestas en contra el gobierno, y a los cuales los "periodistas" oficialistas denominaron Pelucoleaks.

Estas son las tres historias de espionaje que presentamos a los lectores:

Las felicitaciones del Presidente por hackeo

Martha Roldós, la hija del ex presidente Jaime Roldós, está complemente segura: su correo electrónico fue intervenido y muchos de sus mensajes fueron a parar a manos de la prensa oficialista, en especial del Diario El Telégrafo, que dirige el periodista Orlando Pérez.

Por ello, la política guayaquileña, patrocinada por el abogado porteño Juan Vizueta, ha llamado a confesión judicial al director de El Telégrafo, para que, ante un juez de lo civil del Guayas, responda a una serie de inquietudes entregadas en un sobre cerrado.

La confesión judicial, que está prevista para el 12 de agosto, a las 09:00, en la Unidad Judicial del Complejo Judicial Florida Norte de Guayaquil, tiene el propósito de esclarecer una serie de publicaciones de El Telégrafo, que, citando los correos privados de Roldós, reveló una dudosa "exclusiva": los mensajes que la política de oposición había cruzado con personas y entidades de Estados Unidos para la implementación de una fundación, llamada Milhojas, con sede en Panamá, cuya misión es defender la libertad de expresión e información en el Ecuador.

Según una providencia firmada por Vanessa Mercedes Wolf Avilés, Jueza Civil y Mercantil de la Unidad judicial del Guayas. Orlando Pérez deberá comparecer acompañado de un abogado, de manera personal, en la fecha indicada.

En diálogo con este portal, Martha Roldós, quien presentó una queja en la Supercom por la publicación de sus mensajes personales -queja que fue rápidamente desechada por el organismo administrativo de la información- aseguró que, aunque ni la Supercom ni la Fiscalía han avanzado en la investigación sobre quiénes y cuándo obtuvieron sus correos y los publicaron con gran despliegue en el periódico del Gobierno, ella cuenta con pruebas suficientes para probar que se cometió un delito contra su privacidad, por lo que la confesión judicial a la que llama al director de El Telégrafo es el paso previo para otras acciones legales. 

Rotundamente, Roldós niega que haya ocurrido una filtración en este caso, pues está absolutamente segura que los destinatorios de sus correos no los reenviaron a nadie, de manera que es imposible que hayan ido a parar a manos de la prensa oficialista sin una intervención deliverada en sus comunicaciones. 

El abogado Vizueta patrocinó también a Karla Escobar, asesora del ex candidato presidencial Guillermo Lasso, y presentó un pedido de confesión judicial ante la justicia de la provincia de Pichincha, esta vez, citando al estrado al secretario de Inteligencia, Ronny Vallejo. Escobar había solicitado que se llame a confesión judicial al titular de Inteligencia por una posible violación de sus derechos, toda vez que según una publicación de internet, sus números de telefóno habrían sido intervenidos, sin orden judicial, por la Secretaría Nacional de Inteligencia. 

No obstante, el juez civil de Quito que conoció el caso argumentó que "siendo esta vía por demás improcedente y más aún sí se analiza que solo el petitorio obedece a especulaciones que no han sido comprobadas por parte de la peticionaria; por las razones expuestas y realizado este análisis SE NIEGA LO SOLICITADO por la peticionaría Ab. KARLA ESCOBAR SCHULTDT, en tal virtud, se dispone que, dejando copias certificadas en autos se desglose la documentación aparejada a su petición, en especial el sobre cerrado y el archivo de la causa".

El juez encontró una serie de falencias en la demanda de Escobar, como por ejemplo, que no había hecho constar el nombre completo del Secretario de Inteligencia, y que el marco legal vigente blinda a la Secretaría de cualquier acción judicial, así como que Escobar no habría determinado de forma adecuada cuáles son sus derechos supuestamente violentados.

Los pelucoleaks: un caso de filtración

De distinta naturaleza sería el llamado caso "Pelucoleaks" que consistió en la publicación en Youtube de un vídeo, reproducido luego por los medios oficialistas como GamaTV, en donde se presentaban una serie de capturas de pantalla de un chat de un grupo de Whatsapp, en donde se mostraron las conversaciones entre periodistas, empresarios y ciudadanos de oposición para la coordinación de las marchas en la avenida de Los Shyris, al norte de Quito. 

El abogado Juan Carlos Solines, experto en derecho informático, y uno de los mencionados en el vídeo de Youtube, explica que en este caso lo más probable es que haya habido una filtración de las conversaciones en Whatsapp, por parte de alguna persona que fue sumada al grupo por los propios administradores. 

Solines recuerda que en la aplicación de mensajería instantánea se puede crear grupos a los que se agrega personas a voluntad del administrador, sumando sus números de teléfono a la conversación. Cualquier persona pudo haber tomado capturas de pantalla desde su celular y guardado las conversaciones, para luego enviarlas a terceras personas.

Aunque esto sería cuestionable en términos legales, pues se trata de una conversación, a pesar de ser grupal, privada, Solines precisa que en este caso, más que un hackeo en términos estrictos, es evidente la presencia de uno o varios "infiltrados" que hicieron las capturas de pantalla y luego las difundieron.

En el grupo de Whatsapp, aparecen nombres como el de Bernardo Abad, ex periodista de Teleamazonas y actual funcionario del Municipio de Quito, o Janneth Hinostroza, periodista investigativa y por ello blanco de críticas oficiales; así como de empresarios como Enrique Lamotta, dueño de una exclusiva red de gimnasios de Quito; Alicia Borja, empresaria de restaurantes, la ex concejal María Cárdenas, José Luis Iturralde, de la tienda Bugatti, entre otros. Aparecen también políticos como Andrés Páez y Diego Salgado, del movimiento Creo.

Para Solines, la confesión judicial solicitada por Martha Roldós en contra de Orlando Pérez podría encontrarse con el argumento de la "reserva de la fuente" a la que es posible que apele Pérez si es que es cuestionado sobre la forma en que obtuvo El Telégrafo  los correos privados de la política guayaquileña. 

El Dato Seguro no es tan seguro

A estos dos casos se suma una serie de seguimientos de datos personales de los que supuestamente han sido víctimas varios periodistas y políticos por parte de dos agentes de la Senain, que según publicó tambien el diario inglés The Guardian, penetraron en los archivos estatales de estas personas. 

Los datos sobre Inés María Manzano Diaz, abogada ambientalista guayaquileña y ex candidata a la Vicepresidencia de la República, en binomio con Mauricio Rodas, no son públicos.

En el portal estatal www.datoseguro.gob.ec están registrado y concentrado todo lo que el Estado debe saber sobre ella: registros de propiedades, registros mercantiles (como cargos ejecutivos y otros actos societarios), antecedentes policiales, todos sus datos del Registro Civil, y todos sus movimientos migratorios. Se supone, lo dice la ley, que esos datos no pueden ser consultados sin autorización del titular.

Pero la usuaria que en este caso consultó esos datos, sin que Inés Manzano lo supiera, es Karen Sofía Rodríguez Abendaño, de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Senain. Lo hizo el 15 de noviembre del 2012, cuando Manzano era candidata en la campaña presidencial de los últimos meses del 2012, según los documentos atribuidos a la Secretaría de Inteligencia.

La misma agente de la Senain tiene registrado su nombre en la búsqueda de información sobre otros personajes en ese periodo. Aunque estos procedimientos no fueron durante su administración, el actual secretario de Inteligencia, Rommy Vallejo, un ex teniente coronel de la Policía Nacional, ha negado que sus agentes investiguen a ciudadano alguno sin seguir un debido proceso. Esto es, un ciudadano que esté sometido a una investigación fiscal o por orden de un juez. 

La abogada ambientalista Inés Manzano, ¿tiene alguna investigación judicial en curso? Lo mismo podrían preguntarse Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente, o Abdalá Bucaram Pulley,  Carlos Vera Rodríguez, Rodrigo Fernando Freire, Jipa Hualinga, Patricio Donoso Chiriboga, Fernando Villavicencio, Eduardo Alberto Bonilla Salcedo, activista de CREO y muy cercano a Guillermo Lasso; o Xavier Bonilla (Bonil), Anabella Azin Arce (esposa de Álvaro Noboa), Nicolás Isa Obando, Mario Pazmiño Silva, Gilmar Gutiérrez Borbúa, Mario Crespo Ampudia o Luis Fernando Balda.

Ninguno de los mencionados en esta nota tiene conocimiento de ello, y probablemente se enteren al respecto al leer esta historia. Menos uno: Fernando Villavicencio Valencia. El periodista especializado en temas estratégicos, y político de oposición, ha hecho recientes denuncias en su cuenta de Twitter de que la Senain ha ingresado a sus datos personales por medio de datoseguro.gob.ec y exigió publicamente una explicación de porqué ha sucedido esto y pidió la orden judicial por la cual agentes de la Secretaría de Inteligencia habrían ingresado a sus datos personales. Ninguna autoridad ha hecho pùblica su respuesta, de haberla.

Los datos de los ecuatorianos están contenidos en la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, que de acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, es la responsable de la custodia de estos datos, a los cuales solo puede tener acceso el titular de los mismos o un juez.

La información oficial dice que datoseguro.gob.ec "es el portal que aglutina la información registral pública de diversas Instituciones del Estado Ecuatoriano, en donde cada ciudadano puede acceder de forma fácil y segura a su información".

Pero la Ley en mención determina los límites del uso de la información. Su artículo 6 determina que:

"Son confidenciales los datos de carácter personal, tales como: ideología, afiliación política o sindical, etnia, estado de salud, orientación sexual, religión, condición migratoria y los demás atinentes a la intimidad personal y en especial aquella información cuyo uso público atente contra los derechos humanos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales.

El acceso a estos datos sólo será posible con autorización expresa del titular de la información, por mandato de la ley o por orden judicial.

También son confidenciales los datos cuya reserva haya sido declarada por la autoridad competente, los que estén amparados bajo sigilo bancario o bursátil, y los que pudieren afectar la seguridad interna o externa del Estado. La autoridad o funcionario que por la naturaleza de sus funciones custodie datos de carácter personal, deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger y garantizar la reserva de la información que reposa en sus archivos.

Para acceder a la información sobre el patrimonio de las personas el solicitante deberá justificar y motivar su requerimiento, declarar el uso que hará de la misma y consignar sus datos básicos de identidad, tales como: nombres y apellidos completos, número del documento de identidad o ciudadanía, dirección domiciliaria y los demás datos que mediante el respectivo reglamento se determinen. Un uso distinto al declarado dará lugar a la determinación de responsabilidades, sin perjuicio de las acciones legales que el/la titular de la información pueda ejercer.