Se trata de recientes análisis suscritos por el coronel (r) Mario Pazmiño, en donde se describe un escenario poco alentador. Golpeado por fuerza por una enfermedad infecciosa y mortal, el Ecuador puede caer, nuevamente, en escenarios de desestabilización política, conflictividad social y aumento de la pobreza. ¿Qué puede hacerse para evitarlo? ¿Qué instituciones e instancias deben hacerse cargo de la situación? 

En primer lugar, Pazmiño, quien fue director de Inteligencia del Ejército hasta el advenimiento del correato (fue cesado por el presidente Rafael Correa luego del bombardeo de Colombia a un campamento de los altos líderes de la guerrilla del país vecino), destaca que en el corto o mediano plazo, el país podría "enfrentar un conflicto de explosión social e inestabilidad política por un bajo nivel de liderazgo gubernamental, la falta de consensos políticos, la corrupción generalizada, la falta de cohesión nacional y la iliquidez en la economía nacional que se refleja en una grave crisis económica".

Otro escenario que describen los informes del ex militar se refiere a "la indisciplina y desobediencia de la población en el distanciamiento social, que  puede generar un nuevo rebrote del COVID 19 con repercusiones catastróficas al Sistema de Salud que afectará a la Seguridad Integral del Estado, sumado a esto la acción transversal de la corrupción en las entidades públicas generan descontento social, que puede repercutir en actos de sedición urbana que afectarían al sistema democrático del país".

Finalmente, el coronel en retiro reflexiona sobre que "se origine un estallido social con repercusiones en la vida democrática del país, debido a la crisis sanitaria, la desestabilización política, la iliquidez financiera del Estado, falta de liderazgo gubernamental, desinformación maliciosa, grave impacto del desempleo, desarrollo productivo y, sobre todo, por la grave afectación psicológica y moral de la sociedad".

En cada uno de los escenarios, Pazmiño analiza los síntomas actuales y hace algunas propuestas para enfrentar cada uno de los peligros, que, en su lectura, pueden amenazar al Estado nacional en el Ecuador. 

La pobreza que conduce a la desobediencia y a un eventual estallido social

Mario Pazmiño sostiene que "durante la aplicación del estado de excepción por calamidad nacional del COVID-19, en el país se produce una indisciplina social debido a que el confinamiento sumergió en una crisis psicosocial a muchos hogares que no pudieron respetar las medidas de seguridad, por la falta de ingresos económicos para su manutención diaria y satisfacción de necesidades básicas. Es considerable el número de ciudadanos sancionados que no respetaron dichas medidas, sometiéndose a las multas impuestas".

Atribuye este fenómeno a que "a más de la indisciplina ciudadana y las últimas medidas económicas planteadas por el gobierno, las noticias falsas (fake news), la detestable corrupción desatada en plena pandemia, el cuestionado manejo de la crisis, la inmensa desinformación, han creado descontento y malestar en la población que se rehúsan a cumplir las disposiciones, creando un escenario que podría provocar un estallido social". Aunque el ex militar sostiene que el derecho a la resistencia está consagrado en la Constitución, no es menos cierto que "la indisciplina social puede ser la causa para la presencia de factores de desobediencia civil impuesta por determinados grupos anarquistas, similar al evento ocurrido en Octubre de 2019 alterando la seguridad ciudadana y el orden público, generando violencia desmedida sobre la base de la protesta social y fomentando un clima de terror, a fin de ir a la desestabilización del sistema democrático del país".

Este escenario, que el coronel en retiro estima puede considerarse como una "grave alteración del orden público", puede tener algunos ingredientes, entre los que destaca "El descontento social, por parte de los ciudadanos, quienes han sentido que sus derechos, garantías y libertades están siendo vulnerados; tal cual sucedió el mes de octubre del 2019 y que es de conocimiento público", además de "el aprovechamiento de los grupos antagónicos y/o de interés que instigan a la población, para tomar ventaja de una determinada situación en particular, e intentar desestabilizar el orden constituido y/o lograr protagonismo político", así como "la desesperanza social, en la cual, la sociedad reaccionaría violentamente ante la búsqueda de una solución a sus necesidades básicas, especialmente la de una posible situación de hambre, de falta de trabajo y empleo, debido a la presencia del COVID-19". 

Frente a esta posible situación, Pazmiño formula algunas recomendaciones. En primer lugar, recomienda a las autoridades políticas y fuerzas de seguridad del Estado "la planeación de estrategias y medidas conjuntas que permitan mantener la seguridad y el orden público de una manera ordenada en el marco de los derechos humanos", así como que la legislación actual sobre derechos humanos sea revisada por la Asamblea Nacional, pues, estima,  es necesario "se elabore un nuevo proyecto de legislación, a fin de que se proteja a la mayoría de la sociedad ecuatoriana y evitar que un grupo reducido de personas, con intereses particulares o gremiales se amparen en dicha legislación para cometer actos vandálicos, violentos y terroristas".

La pobreza, el desempleo y el subempleo son factores que impiden una cuartentena eficaz.  Foto: EFE

El papel de los servicios secretos del Estado, concentrados en el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) (la antigua Senain creada por el correato) le parece también significativo, pues sostiene que su función debería ser "producir inteligencia estratégica oportuna e inmediata sobre riesgos y amenazas, internos y externos que podrían atentar a la seguridad pública y ciudadana; a fin de evitar acontecimientos violentos y terroristas como los ocurridos en meses anteriores, priorizando el esfuerzo de búsqueda hacia los grupos antagónicos". Para el coronel en retiro, esos "grupos antagónicos" son, principalmente, "miembros del movimiento de la Revolución Ciudadana que están en el país y en el exterior, líderes indígenas e infiltrados extranjeros que tuvieron participación activa en las protestas de octubre de 2019".

Pazmiño asegura también que el CIES debería conformar "salas situacionales que permitan orientar y sostener la toma de decisiones adecuadas y pertinentes durante el desarrollo de situaciones de crisis o de alto riesgo a la seguridad del Estado, con personal profesional competente y con experiencia en el área de Inteligencia", lo que hace pensar que, en su opinión, no existen actualmente. El CIES debería también "intensificar el esfuerzo de búsqueda para determinar indicios y estructurar escenarios probables que pudiesen llevar a una reacción de la sociedad o grupos de ella, a un accionar de magnitudes desastrosas".

Además de las acciones del Centro de Inteligencia, Pazmiño ha formulado algunas recomendaciones a la gestión política del Gobierno, entre ellas, "que adopte políticas públicas y estrategias ante movimientos sociales, que pretendan ejecutar acciones de sedición urbanas conocidas como amenazas hibridas, a fin de neutralizar sus intenciones posiblemente violentas y, sobre todo para solucionar los problemas y deficiencias psicosociales existentes". Para el coronel en retiro, el Gobierno debería enfocarse "en el sector de la producción, del empleo, del comercio, de la salud y de la seguridad de los ecuatorianos, a fin de evitar oportunamente reaccione violentas de la sociedad".

Pazmiño reflexiona sobre los recientes escándalos de corrupción en el Gobierno: "Los bochornosos casos de corrupción generados en los últimos días que involucran directamente a altas autoridades del gobierno y de otras dependencias que, a pesar de la delicada y trágica situación de emergencia sanitaria, pobreza y desesperación que sufre la nación, fueron maquinados y ejecutados sin el menor miramiento y con alevosía. Afectan directa y gravemente a la salud mental y psicológica de la sociedad ecuatoriana, que se encuentra hastiada, cansada y decepcionada por la inacción y permisiva actitud del gobierno ante esta antipatriótica, insensible y reprochable actitud de sus colaboradores y malos ciudadanos". En opinión del militar en retiro, estos manejos, al parecer ilícitos, han tenido un impacto negativo sobre el sistema de salud nacional. "Las entidades de control, investigación y de justicia intervienen a destiempo y de manera selectiva porque, probablemente obedecen a un pacto del silencio, de complicidad e impunidad, en deterioro de la sociedad ecuatoriana y de los intereses nacionales del Estado-Nación, siendo uno de ellos la Seguridad Integral del Ecuador".

Finalmente, Pazmiño cree que una medida que se debe tomar es "motivar a la Fiscalía General del Estado para que inicie, de oficio, los procesos legales correspondientes, de los casos de corrupción denunciados durante la emergencia sanitaria. A fin de garantizar la Seguridad Integral del Estado, amenazada por una posible explosión social por indignación, hartazgo y repudio que acusa la sociedad ecuatoriana".

La posibilidad de nuevos rebrotes de la enfermedad en el país 

Otro escenario señalado por el analista de inteligencia es la posibilidad de que un rebrote de los casos de la enfermedad por coronavirus provoque una nueva situación de caos médico similar a la ocurrida en Guayaquil durante marzo y abril. 

El anunciado "cambio de fase" que pasa por un recetario de medidas identificadas por colores y cuya decisión final trasladó el Gobierno a los 221 alcaldes de los cantones de la República, llama la atención del analista de inteligencia por algunos aspectos. 

En primer lugar, Pazmiño señala que "si el COE Nacional no adopta medidas complementarias para controlar integralmente la epidemia, (si) los GADs se empeñan en cambiar el color del semáforo de seguridad y no cuentan con información epidemiológica confiable, mientras que la ciudadanía profundiza su indisciplina social debido a factores socioeconómicos que la presionan", "se corre el riesgo de que se presente una segunda ola de contagio con un alcance, todavía incierto, en aquellas provincias donde la epidemia ocurrió en forma explosiva". Al mismo tiempo, para Pazmiño, es evidente la disyuntiva entre la protección de la salud de las personas y las presiones por reactivar la economía. 

La emergencia sanitaria pone a prueba a los cuerpos de seguridad y socorro del Estado. Foto AFP

Por ello, cree que es importante "prestar especial atención a las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí y Los Ríos, disponiendo de ser necesarias medidas de máxima restricción social y aislamiento", así como "adoptar medidas adicionales en las provincias de Santa Elena, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Cañar, que corren el riesgo de convertirse en posibles zonas de epidemia explosiva, pues al ser áreas de contagio medio y el COVID19 se transmite con mayor velocidad, provocaría un mayor número de fallecimientos", apreciación que coincide con algunos informes presentados por los funcionarios del Gobierno.

Entre las medidas, recomienda "cuarentenas complementarias espaciales, aislamiento total de áreas y sectores que sean considerados como focos de infección, intensificar medidas de higiene en la población, aislar a pacientes leves que incumplan la cuarentena domiciliaria en lugares específicos de retiro temporal", enre otras.

"El regreso al nuevo estado de normalidad implica enfrentar el dilema de flexibilizar la cuarentena para reactivar lo más pronto la economía o alargar el aislamiento social para evitar el repunte de contagios con el costo de vidas que esto representa; en ambas alternativas está de por medio la población vulnerable que está afectada por el subempleo, desempleo y la pobreza; disyuntiva que se irá resolviendo a diferentes ritmos, según las decisiones que vayan adoptando los COEs Cantonales".

En este marco, Pazmiño formula algunas recomendaciones al Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que reúne a los titulares de los poderes públicos. Entre ellas "la revisión y análisis de entidades del Gobierno Central que dupliquen atribuciones y responsabilidades en materia de investigación de actos de corrupción y se disponga su inmediata eliminación o reestructuración, tal es el caso de la Secretaría Anticorrupción (ente político) para que no dificulte los procesos investigativos que realiza la Fiscalía General del Estado como ente titular de la acción penal". La Secretaría fue será "cerrada" en los próximos días, según anunció el miércoles el presidente Lenin Moreno. Pazmiño cree saludable también que "los funcionarios públicos incursos en actos de corrupción no puedan ser contratados para cumplir funciones en la Administración Pública, como tampoco ser nominados para representaciones diplomáticas", aunque aquí hace abstracción del debido proceso y la presunción de inocencia.

En otro apartado de su informe relacionado al problema sanitario, el coronel en retiro afirma enfáticamente que se "evidencia que las cifras oficiales que emite el COE-Nacional no son las reales, pues la realidad siempre superará el número de pruebas aplicadas, y la velocidad con la que se atiende a los supuestamente infectados, no es la óptima, debido a las deficiencias y debilidades en los Sistemas de Salud Público y Privado".

Este problema de las cifras, afirma, debería motivar que se piense en "redefinir los protocolos de registro de información de contagios y fallecimientos acaecidos en los hospitales Públicos de tercer nivel; hospitales privados, en las viviendas, espacio público, etc., a fin de disminuir la afectación a la imagen internacional del país, disminuir la tendencia hacia un escenario negativo, que afecte la Seguridad Integral del Estado, a corto plazo".

Un liderazgo político pobre en el Gobierno

En otro eje de su análisis, el coronel en retiro pone la lupa en la gestión política del actual Gobierno. En primer lugar, cree que hay "la injerencia de actores políticos antagónicos con intereses velados de desestabilización del orden constituido, para lo cual vienen utilizando estrategias psicológicas que buscan desinformar para generar desconfianza e incertidumbre, disminuyendo el liderazgo político del Presidente de la República y los funcionarios gubernamentales durante el manejo de la crisis sanitaria".

Estima también que "uno de los objetivos de la desestabilización es buscar el fraccionamiento político al interior del Gobierno, lo cual puede ser grave para la materialización de las estrategias nacionales durante la conducción política de la presente crisis". Pazmiño opina que el actual Gobierno debería ser un "ente monolítico" que "represente un poder político real", aunque aquí hace abstracción también del escaso margen de maniobra política del actual Gobierno, como se evidenció en la falta de apoyo en la Asamblea Nacional en sus propuestas de leyes económicas urgentes más recientes. 

Pazmiño advierte que "el aspecto económico constituye un factor preponderante, que si no se lo maneja adecuadamente podría llevar al país a un escenario catastrófico de impredecibles consecuencias para la estabilidad democrática y supervivencia misma del Estado ecuatoriano".

Para evitar que esto ocurra, el coronel retirado sostiene que una de las posibles soluciones es "fortalecer el liderazgo político del Presidente de la República, a fin de recuperar la credibilidad de la ciudadanía y éste pueda tomar decisiones sin el rechazo popular, para lograr el objetivo permanente de “Unidad Nacional”, para lo cual es necesario que el primer mandatario asuma con responsabilidad y compromiso patriótico el liderazgo de la conducción política estratégica a través del COSEPE, con el asesoramiento del más alto nivel de Estado".

Este "fortalecimiento del liderazgo" del presidente Lenin Moreno, podría pasar por algunas medidas, que el analista de inteligencia enumera a continuación, como "buscar acciones de consenso con otros actores políticos con fuerte liderazgo; renovar su Gabinete ministerial con personas probas alejadas del correismo; reducir las instituciones no indispensables para la conducción política del Estado, así como eliminar la cuota política del Servicio Exterior; tomar la decisión política de combate frontal al flagelo de la corrupción, con acciones contundentes y pragmáticas como disponer la recuperación de los recursos que se encuentran en paraísos fiscales y sancionar de manera ejemplar los actos de corrupción que se vienen dando en el sector público; despolitizar el Centro de Inteligencia Estratégico, para que el Ejecutivo cuente con un organismo confiable que le permita un adecuado y oportuno proceso de toma de decisiones", concluye Pazmiño.