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13 de Mayo del 2019
Historias
Lectura: 30 minutos
13 de Mayo del 2019
Redacción Plan V
Las tres razones del correísmo para revocar el mandato a Lenín Moreno
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Foto: Presidencia de la República

Lenín Moreno el día de su posesión. La revocatoria de su mandato solo puede ejecutarse, previa recolección de firmas equivalente al 15% del padrón nacional, partir del 24 de mayo del 2019 hasta el 24 de mayo del 2020.

El correísmo intentó empezar un proceso de revocatoria del mandato de Lenín Moreno. Pidió al CNE la entrega de los formularios de recolección de firmas, pero el Consejo inadmitió el pedido de forma unánime. En la petición, a la que tuvo acceso Plan V, se exponen las razones que el correísmo tiene para terminar con el gobierno del presidente que ellos llevaron al poder.

El documento que Galo Valarezo Valdivieso presentó al Consejo Nacional Electoral, para pedir que este organismo entregue los formularios para la recolección de firmas para la revocatoria del presidente Lenín Moreno, fue inadmitido por unanimidad por parte de los cinco vocales concejeros del CNE. Estos se basaron en un informe de la dirección jurídica del organismo, el cual incorporó las razones para pedir la revocatoria contra Moreno, y la vez las razones para no dar paso al trámite.

Estas son las razones que presentó el peticionario, las cuales exponen los argumentos legales que el correísmo tiene en contra de Moreno y con las cuales, a pesar de una primera inadmición, volverían a insistir:

"El Programa de Gobierno 2017-2021 que presentó Lenin Moreno al momento de inscribir su candidatura para la Presidencia de la República contiene varios compromisos en los siguientes cuatro ejes: Sociedad, Educación, Producción y Trabajo Digno. En sus casi dos años de gobierno, la administración del Presidente Lenin Moreno ha incumplido varios de estos compromisos, e implementado políticas de regresión y menoscabo de derechos.

"Para cada uno de estos cuatro ejes del Programa de Gobierno, una relación no exhaustiva de los incumplimientos del Presidente Lenin Moreno es la siguiente:

A. El eje de la "Sociedad"

"En el Programa de Gobierno del Presidente Lenin Moreno se dispuso que “nuestro más grande objetivo es erradicar definitivamente la pobreza extrema”. Para el cumplimiento de este propósito, el Gobierno debía reducir el porcentaje de pobreza extrema. Sin embargo, la pobreza extrema multidimensional aumentó 2,4%: en diciembre de 2018 fue del 16,7% y en diciembre de 2017 era del 14,2%, una variación estadísticamente significativa. En diciembre de 2016, la pobreza extrema multidimensional fue del 13,9%. Estas cifras demuestran que las acciones del Gobierno de Moreno se han burlado de su compromiso de reducir la pobreza extrema: todo lo contrario, la está incrementando.

Existe un recurrente incumplimiento del Gobierno de Lenin Moreno con respecto a las metas establecidas en el Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021, especialmente con relación a la construcción de vivienda de interés social, la creación de universidades técnicas, generación de empleo, incremento de generación eléctrica, crecimiento de la red vial, ampliación de los derechos de participación, mejoramiento de la seguridad de los ciudadanos.

"El Programa de Gobierno de Lenin Moreno anunció que iba a declarar como “prioridad nacional la erradicación de la violencia de género". Sin embargo, la asignación en el presupuesto para alcanzar este compromiso disminuyó en el Presupuesto del año 2019 que presentó el Presidente Moreno. El año 2018, el monto asignado fue USD 1.2 millones, mientras que en 2019 se entregará apenas USD 660.000 para la prevención y erradicación de la violencia de género y otras formas de violencia, lo cual implica una reducción de casi la mitad de los recursos para este fin.

El Programa de Gobierno dispuso en materia de relaciones internacionales que, “fiel a nuestra política de declarar al Ecuador un país de paz y convivencia pacífica, auspiciamos el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y el ELN”. A pesar de ello, el 18 de abril de 2018, el Gobierno ecuatoriano anunció que su participación como garante del proceso de paz con el ELN.

en la reforma promovida por Lenin Moreno se reducen significativamente el número de frecuencias para la operación de medios públicos, del 33% al 10% del espectro radioeléctrico.

"También en materia de relaciones Internacionales, el Programa de Gobierno comprometía al Gobierno ecuatoriano con la integración regional: “Fortaleceremos la institucionalización de los organismos de integración regional, en particular UNASUR, CELAC y ALBA”. Sin embargo, las acciones del Gobierno de Lenin Moreno han contradicho este compromiso.


Para los peticionarios de la revocatoria, el gobierno de Moreno aumentó la pobreza extrema en el Ecuador.

"Primero, el 6 de julio de 2018 anunció que convertiría a la sede de la UNASUR en un centro de educación superior indígena (la universidad Amawtay Wasi, administrada por la CONAIE), sin haber siquiera hecho un pedido formal a la UNASUR para la devolución del inmueble, Después, el 23 de agosto de 2018 el Gobierno del Presidente Lenin Moreno anunció que abandonaba el ALBA.

"En materia de distribución equitativa de las frecuencias de radio y televisión, el Programa de Gobierno de Lenin Moreno propuso lo siguiente: “Continuaremos trabajando para cumplir con la asignación equitativa de frecuencias de radio y televisión (33% público, 33% privado y 34% comunitarios) y de igual manera la distribución de la publicidad estatal. Fortaleceremos los medios públicos, comunitarios y privados”. Sin embargo, el Presidente Moreno presentó una objeción parcial al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación el día 17 de enero de 2019, cuyo propósito es incumplir con la asignación del 34% del espectro radioeléctrico para el sector comunitario, pues se supedita el cumplimiento de este porcentaje a la demanda y a la disponibilidad de frecuencias, es decir, que el derecho adquirido a recibir el 34% de frecuencias de radio y televisión de los medios comunitarios se convirtió en una expectativa sujeta a disponibilidad de espectro. Esta es, además, una norma discriminatoria, porque esta limitación para el sector comunitario no se establece para el sector privado. Finalmente, en la reforma promovida por Lenin Morenos (SIC) se reducen significativamente el número de frecuencias para la operación de medios públicos, del 33% al 10% del espectro radioeléctrico destinado al funcionamiento de estaciones de radio y televisión".

B. El eje de la "Educación"

"En el Programa de Gobierno del Presidente Lenin Moreno se asumió el compromiso de mantener “el programa de becas más grande de América Latina para estudios universitarios en el Ecuador y en el exterior”. Sin embargo, el Gobierno de Lenin Moreno redujo sustancialmente su inversión en el programa de becas, si comparamos las cifras del presupuesto del año 2018 con las del año 2019. En el presupuesto del año 2019 estableció un monto de USD 76.112.886,25 mientras que en el 2018 el monto asignado fue de USD 92.344.620,85.

el Gobierno de Lenin Moreno redujo sustancialmente su inversión en el programa de becas, si comparamos las cifras del presupuesto del año 2018 con las del año 2019.

"En el Programa de Gobierno del Presidente Lenin Moreno se asumió este compromiso: “Aumentaremos y orientaremos la inversión en ciencia, tecnología e innovación hacia el cambio productivo, con el fin de contar con sólidos núcleos de investigación y desarrollo tecnológico en todo el país”. Sin embargo, el Gobierno de Lenin Moreno redujo en la proforma del año 2019 la inversión en los programas de “Gestión de la Investigación” “Investigación Desarrollo Innovación y/o Trasferencia” pues mientras en el Presupuesto General del Estado año 2018 el monto para ambos programas era de 111.897.565,43 USD, el monto del Presupuesto del año 2019 fue de 84.598.702,58 USD. Es decir, una disminución de más de 25 millones USD.

"En el Programa de Gobierno dispone: “Continuaremos con la regulación y el control de medios de pago como son las tarjetas de crédito, cheques y otros instrumentos, a fin de evitar monopolios y cobros excesivos por su utilización”. Sin embargo, durante el Gobierno del Presidente Moreno se destapó la corrupción de las instituciones financieras de cargar costos de servicios no autorizados a sus clientes de tarjetas de crédito, en la que, conforme fue de conocimiento público y notorio, estuvo involucrado un alto funcionario del régimen. Así también, a contramano de este compromiso, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera dictó una resolución por la que se modificó la fecha desde que era exigible el pago de la obligación, aumentando el monto de la deuda contraída en favor de las instituciones financieras y en perjuicio de los usuarios de tarjetas de crédito.

Las cifras demuestran que entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018 el empleo no pleno aumentó del 24,1% al 28,8% de la población económicamente activa del Ecuador.

"También el Programa de Gobierno de Lenin Moreno estableció el siguiente compromiso: “Se establecerá un listado de productos y servicios que el sector público y las empresas públicas deberán comprar, de manera exclusiva, a las organizaciones comunitarias, asociativas, cooperativas, artesanales y micro y pequeños productores. Al menos el 30% del presupuesto de compras públicas de bienes y servicios se abrirá como un incentivo de acceso para este sector económico”. Sin embargo, el Ejecutivo no ha emitido ninguna norma ni ha implementado ninguna medida de política pública para cumplir este compromiso.

"Otro compromiso del Programa de Gobierno fue: "Vamos hacia la industrialización del petróleo, aumentando su capacidad de refinación en cerca de 500.000 barriles por día, con la puesta en marcha de la Refinería del Pacífico”. Sin embargo, en la Rendición de Cuentas del año 2018 de la Empresa Pública Petroecuador se lee que la capacidad de refinación de la refinería de Esmeraldas es de 110.000 barriles por día, de La Libertad es de 45.000 barriles por día, y de Sushufindi es de 20.000 barriles por día. En total, apenas unos 175.000 barriles diarios, una cifra muy inferior a la prometida".

D. El eje del "Trabajo Digno"

"En el Programa de Gobierno del Presidente Moreno se asumió el siguiente compromiso: "Generaremos trabajo digno para todos los ecuatorianos". Pese a ello, el desempleo y el empleo no adecuado han crecido durante el Gobierno de Moreno, lo que implica el aumento del número de ecuatorianos que no tienen un trabajo digno, sea porque deben laborar menos de ocho horas o sea porque pasaron a trabajar en el sector informal de la economía.

"Las cifras demuestran que entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018 el empleo no pleno aumentó del 24,1% al 28,8% de la población económicamente activa del Ecuador, mientras que la tasa de empleo adecuado en el 2018 se redujo en 1,7% en relación con el 2017. Y el Presidente Lenin Moreno, lejos de haber fomentado el trabajo digno, se encuentra en una campaña agresiva para despedir a un gran número de servidores públicos.

El Programa de Gobierno de Moreno no tenía previsto el endeudamiento y el consecuente sometimiento a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).


La situación de la economía nacional es uno de los argumentos para pedir la revocatoria del mandato.

"Por Decreto Ejecutivo, el Presidente dispuso la eliminación de todas las vacantes en las instituciones del Estado. En otro instrumento de la administración pública se prohibió “nuevas contrataciones de personal bajo la modalidad de servicios ocasionales prescritos en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), hasta el cierre del ejercicio fiscal del año 2018 y todo el ejercicio fiscal 2019” y se dispuso que: “Ninguna entidad pública podrá superar el plazo de doce meses máximo de los contratos de servicios ocasionales, es decir, permitir la suscripción de contratos ocasionales prorrogados, con la misma persona u otra, bajo esta modalidad, para suplir la misma necesidad, en la respectiva Institución pública”.

"Además, la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas dispuso “la reducción de al menos el 10% de la nómina del Talento Humano" con varias empresas públicas vinculadas a la Función Ejecutiva. Todas estas son acciones concretas en perjuicio del trabajo digno y empleo de la población.

"El Programa de Gobierno de Moreno no tenía previsto el endeudamiento y el consecuente sometimiento a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, como es de conocimiento público, el Gobierno ha concluido negociaciones para un préstamo con el FMI pero ha mantenido en secreto los compromisos adquiridos con esta entidad internacional, que históricamente siempre han significado importantes reducciones de derechos para los trabajadores y un fuerte incremento de cargas fiscales para todos los ciudadanos, así como disminución de subsidios e Incremento del costo de la vida para afectar a los sectores más vulnerables de la sociedad, y privatizaciones de empresas públicas de sectores estratégicos".

2. El incumplimiento de las disposiciones de participación ciudadana

"El requerimiento de información de los asambleístas a las diversas instituciones públicas es un ejercicio de los derechos de participación. Así lo ha declarado la Corte Constitucional en la Sentencia No. 009-15-SIN-CC, del 31 de marzo de 2015, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 504, del 20 de Mayo 2015 que en su parte pertinente dice:

“… por un lado, se encuentran ciudadanos que ejercen una función pública, que es la de asambleísta, y por otro lado los ciudadanos que no ejercen tal condición. Ahora bien, la aplicación del principio de igualdad entre estos dos actores sociales viene derivada de la misma Constitución cuando se conceden derechos a favor de los ciudadanos ecuatorianos, sin hacer una distinción de la función que estos cumplan. Dentro de estos derechos que se conceden están los de participación y puntualmente el derecho a fiscalizar los actos del poder público, es decir, que el hecho de que un ciudadano ejerza la delegación de asambleísta no le quita ni le incrementa su derecho que como ciudadano tiene de fiscalizar los actos del poder público, es más, la misma constitución le concede facultades especiales para hacerlo ostentando su misma calidad de asambleísta”.

"Por esta interpretación de la Corte Constitucional, la negativa de las autoridades públicas de entregar la información que solicitan los asambleístas deviene en el incumplimiento del derecho de participación política. A pesar de lo cual, el Presidente Lenin Moreno, mediante oficio suscrito el 3 de julio de 2017 y comunicado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, dispuso lo siguiente:

“He dispuesto y recordado a los Ministros, Ministras y Secretario de Estado que únicamente están obligados a responder solicitudes de información provenientes de la Función Legislativa que sean canalizadas a través de la Presidencia de la Asamblea Nacional, por las vías oficiales y siempre que no estén en oposición con normas legales que impiden entregar información protegida por el ordenamiento jurídico”.

a negativa de las autoridades públicas de entregar la información que solicitan los asambleístas deviene en el incumplimiento del derecho de participación política.

Dos días después, en oficio circular No. T.01-SGJ-17-0138 de 5 de julio de 2017 suscrito por la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República y dirigido a Ministros y Secretarios de Estado, al amparo del Oficio del Presidente Moreno, les advirtió a estas autoridades que “únicamente están obligados a responder solicitudes de información provenientes de la Función Legislativa, que sean canalizadas a través de la Presidencia de la República”. La Asamblea Nacional desconoció la validez estos dos oficios de la Presidencia de la República el 10 de abril de 2018 en una Resolución que declaró “inconstitucional e ilegal” a los oficios “ya que violentan y restringen el rol fiscalizador de los asambleístas”. A pesar de esto, se sigue negando información a los asambleístas por las autoridades de la Función Ejecutiva.

"Lo descrito constituye una clara vulneración del derecho ciudadano de los asambleístas de participar en la fiscalización de los actos de la administración de la Función Ejecutiva, lo que encuadra en lo dispuesto en la segunda causal del artículo 25 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana."

3. El incumplimiento de las funciones establecidas en la Constitución y la Ley correspondientes al Presidente de la República

"El artículo 141 de la Constitución prescribe que el Presidente de la República es el Jefe del Estado y de Gobierno y el responsable de la administración pública, tiene sus atribuciones (Art, 147.3) definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva, un mandato constitucional que no puede ser delegado a otras autoridades de rango inferior y, mucho menos, a unas que no han sido electas por votación popular. El artículo 72.1 del Código Orgánico Administrativo prohíbe, de forma expresa, la delegación de competencias reservadas por el ordenamiento jurídico a una persona u órgano administrativo concreto. La rectoría de políticas públicas que los Ministros tienen de las áreas a su cargo, de acuerdo con los artículos 141 y 154.1 de la Constitución, deben entenderse sometidas a la definición y a la dirección del Presidente de la República, la autoridad elegida por el pueblo ecuatoriano para el cumplimiento de su Plan de Gobierno.

"Sin embargo, lejos de ejercer de manera responsable la competencia reservada a su cargo, el Presidente Moreno dictó el Decreto Ejecutivo No 660, del 5 de febrero de 2019, por el que ha delegado la definición y la dirección de las acciones de su gobierno a un Gabinete Estratégico, presidido por el Secretario General de la Presidencia y compuesto por éste y otros funcionarios de la Presidencia (Vicepresidente, Secretario General Jurídico, Secretario Particular, Secretario Nacional de Gestión de la Política y Secretario General de Comunicación de la Presidencia), por el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y por los cuatro funcionarios que están a cargo de los Gabinetes Sectoriales. El objeto de este Gabinete de once autoridades, no electas por el pueblo, es el reemplazo del Presidente Lenin Moreno en el cumplimiento de su obligación constitucional del artículo 141 y el ejercicio de la ''dirección estratégica del gobierno".

El objeto de este Gabinete de once autoridades, no electas por el pueblo, es el reemplazo del Presidente Lenin Moreno en el cumplimiento de su obligación constitucional.

"Además, el Decreto Ejecutivo No 660 creó los cuatro Gabinetes Sectoriales cuyos titulares integran el Gabinete Estratégico. Estos son el Gabinete Sectorial “de lo Social”, cuyo titular es el delegado del Presidente al IESS; “de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura”, cuyo titular es el Ministro de Energía; “de Seguridad”, cuyo titular es el Ministro de Defensa; y “Económico y Productivo”, cuyo titular es el Ministro de Economía. Estos Gabinetes Sectoriales, entre sus atribuciones, tienen la formulación y la aprobación de la política intersectorial, la aprobación de la inversión pública y la definición de los criterios de su priorización, así como el seguimiento de las “acciones gubernamentales de sus miembros” de los que deben reportar al Presidente del Gabinete Estratégico. Otra de sus atribuciones es: "Sugerir sobre temáticas que necesiten ser elevadas al Presidente de la República” (Art. 3.f). Es decir que este sistema de administración pública funciona sin necesidad de contar con el Presidente de la República, salvo en caso que sea estrictamente necesario a juicio y discreción de los miembros dc los Gabinetes Sectoriales.

"Es irresponsable que un Presidente de la República haya delegado a una porción selecta de autoridades públicas por las que nadie depositó un voto y sin la debida garantía sobre la transparencia de sus actos, el ejercicio de las atribuciones de definición y dirección de las políticas públicas del Estado ecuatoriano que, como representante de la voluntad popular, nunca debió delegar.

"Esta es la justificación de la tercera causal de revocatoria consagrada en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana".

La petición concreta

"En los tres apartados anteriores se encuentra la debida fundamentación que justifica esta solicitud de dar inicio al proceso de revocatoria del mandato en contra de Lenin Boltaire Moreno Garcés, Presidente de la República del Ecuador, por haber incurrido esta autoridad en las tres causales tipificadas en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en concordancia con el artículo 105 de la Constitución de la República del Ecuador, en los siguientes términos:

"Por la forma cómo ha asignado los recursos en el Presupuesto del Estado, por las normas que ha buscado implementar a través de su rol de co-legislador y por las políticas que ha impulsado desde su función de Presidente de la República, todas regresivas de los derechos y contrarias al Programa de Gobierno aprobado en las urnas, el cual se comprometió a cumplir y respetar.

"Por la dejación de sus funciones como Presidente de la República en una camarilla de autoridades por las que nadie ha votado y que no son transparentes en sus actos.

"Por contradecir la voluntad popular que pedía el sostenimiento de las políticas progresistas y no su desmantelamiento para el beneficio de grupos económicos, que buscan volver a capturar el Estado como en los años noventa.

"Por el incumplimiento a las normas sobre participación ciudadana, en particular aquellas relacionadas al acceso a la información pública.

"Porque la responsabilidad de esta traición sistemática al Programa de Gobierno y a su compromiso con los ecuatorianos y con la Historia recae en el Presidente de la República".

Las razones del CNE para rechazar el pedido

La Dirección Jurídica respondió que "el peticionario en su solicitud asevera que no ha cumplido con los cuatro ejes de su Plan de Trabajo en cuanto a: Sociedad, Educación, Producción y Trabajo Digno, agregando únicamente copias certificadas de la Proforma Presupuesto General del Estado publicada en el Registro Especial Edición Especial Nro. 695, aspectos que no guardan relación con la propuesta concreta constante en el Plan de Trabajo, ni respaldan de forma clara, precisa, concordante y suficiente los supuestos incumplimientos en que habría incurrido la autoridad cuestionada, y que pretenden sea la causal para iniciar un proceso revocatorio; en este sentido, es imposible para este Órgano Electoral determinar la efectiva validez de dicho incumplimiento.

el Plan de Trabajo presentado por el Presidente de la República que fue parte de los requisitos para su candidatura, no constan fechas o plazos individualizados.

"Es importante denotar, que no se puede pretender que cualquier intento de medio probatorio sea incorporado a un proceso y así determinar ciertos incumplimientos por parte de una autoridad de elección popular; es decir, no se puede presumir el incumplimiento del plan de trabajo si no ha sido justificado; así como también se debe considerar que la ejecución del mismo es una meta. Al respecto el Tribunal Contencioso Electoral, ha manifestado que: "(...) el Plan de Trabajo puede ser sujeto a modificaciones o ajustes con base en razones técnicas, financieras o jurídicas, sin que ello implique un incumplimiento, sino por el contrario se convierte en una garantía de que los proyectos planificados puedan cumplir con las metas y objetivos propuestos". (Sentencia causa 109-2015-TCE)

"Para finalizar, en cuanto a los supuestos incumplimientos descritos por el proponente, se debe aclarar que en el Plan de Trabajo presentado por el Presidente de la República que fue parte de los requisitos para su candidatura, no constan fechas o plazos individualizados para la ejecución de los proyectos y propuestas; por lo cual, se entiende que son realizables y ejecutables dentro de todo el periodo de gestión (2017-2021); además, el mismo plan de trabajo claramente determina que las propuestas son de un PLAN PLURIANUAL (sic), el mismo que se refiere o extiende a varios años".

Sobre el inclumplimiento a las disposiciones de participación ciudadana

"El peticionario en su escrito señala, que se ha negando información a los asambleístas por parte de las autoridades de la Función Ejecutiva. Es pertinente mencionar que no se especifica qué tipo de información ha sido negada, y a la vez, analizar la pretensión de la vulneración del derecho a la participación ciudadana; ya que la solicitud de información por parte de la Función Legislativa es un atribución propia de este Órgano Electoral y es competencia de aquellos funcionarios hacer efectivo la entrega de información, incluso agotando las instancias correspondientes. Además, no se establece con certeza cuál es la afectación de la participación ciudadana. Al respecto la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su artículo 3, establece que este derecho permite garantizar la democratización de las relaciones entre la ciudadanía y el Estado en su diferentes niveles de gobierno; más no los conflictos entre funciones del estado".

El peticionario no establece fundamentos claros, al mencionar que la autoridad de la cual se pretende revocar el mandato, incurre en el incumplimiento de las funciones establecidas en la Constitución

"Análisis sobre la negativa de acceso a la información púbica.- El peticionario no determina las disposiciones legales incumplidas en este punto, y se limita a la descripción general de peticiones de información entre la Función Legislativa y la Función Ejecutiva, que en esencia son actos propios de aquellas funciones, más no de la ciudadanía, así mismo, no determina con claridad que disposiciones legales han sido incumplidas, y guarden relación con la descripción de las condiciones en las que se habría producido la inobservancia".

Sobre el incumplimiento de las funciones establecidas por la Constitución

"El peticionario menciona y cuestiona las actividades ejecutivas que en base a sus funciones y atribuciones le competen al Presidente de la República conforme lo señalado en el artículo 141 de la Constitución de la República del Ecuador, pues como ciudadano no es competente para realizar la interpretación de la norma constitucional y plantear que no es competente para realizar y delegar las acciones y funciones que tiene a su cargo; pues, cabe mencionar que tanto el presidente, así como a los servidores públicos cuya nominación le corresponda, no estarán exentos de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.

"Por lo tanto, es oportuno señalar que el peticionario no establece fundamentos claros, al mencionar que la autoridad de la cual se pretende revocar el mandato, incurre en el incumplimiento de las funciones establecidas en la Constitución y la Ley, pues no puede cuestionar las decisiones asumidas en el cumplimiento de las funciones y atribuciones que por ley le corresponden".

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