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19 de Octubre del 2021
Historias
Lectura: 17 minutos
19 de Octubre del 2021
Redacción Plan V
Tres sectores ponen presión al Gobierno y Lasso militariza las calles
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El presidente Guillermo Lasso justificó el nuevo estado de excepción por el aumento de la delicuencia. Foto: Presidencia de la República

 

El nuevo estado de excepción para garantizar la seguridad ciudadana coincide con los anuncios de protestas contra el Régimen por el precio de los combustibles y de los productos agrícolas. Sectores sociales consideran que el Gobierno ha abusado de esta medida y temen que exista represión en las manifestaciones. Agricultores, indígenas y trabajadores calientan las calles.


El presidente Guillermo Lasso sorprendió la noche de este lunes, 18 de octubre, con un nuevo estado de excepción que se suma al de la crisis carcelaria. Mediante el decreto 224, declaró esta medida por grave conmoción interna por el aumento de la actividad delictiva y dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas para apoyar la Policía Nacional en los operativos de seguridad ciudadana.

Lasso emitió el Decreto 224 el 18 de octubre. Ver PDF

Esto ocurre en medio de los anuncios de las organizaciones sociales e indígenas de una movilización nacional para el 26 de octubre. Los trabajadores también se movilizarán a la Asamblea, este miércoles, para dejar un proyecto laboral. La presión política y social ha escalado en las últimas semanas y este lunes manifestaciones sobre todo de agricultores se registraron en Guayas, Los Ríos, Carchi, entre otras provincias.

La decisión de Lasso generó el rechazo inmediato de los sectores sociales. Los trabajadores calificaron esta declaratoria como una medida “perversa”, mientras que la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE) consideró que el estado de excepción será para reprimir a los protestantes. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos rechazó “el uso abusivo” de esta figura y pidió a la Corte Constitucional que declare al decreto como inconstitucional.

El estado de excepción rige en todo el país, pero tendrá énfasis en las provincias con los mayores indicadores de delincuencia. La Secretaría General de Comunicación había informado que en la cadena el mandatario se refería también a las paralizaciones, pero en los nueve minutos de su intervención habló de la unidad nacional y no se refirió a los anuncios de las organizaciones. Fabián Pozo, secretario General Jurídico de la Presidencia, aclaró en su Twitter que el decreto no restringe derechos y que se dispone medidas previstas en la Constitución.

Los diálogos con tropiezos

“Desconocer la tensión política que existe en este momento sería una ingenuidad”, dijo Juan Manuel Fuertes, subsecretario del Ministerio de Gobierno, después de que este lunes, 18 de octubre, se instalaran solo dos de las seis mesas de diálogo programadas con la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin).

El Gobierno ha intentado abrir diálogos con distintos sectores sociales que han reclamado por el alza de los combustibles y la falta de empleo, pero esta semana empezó con tropiezos. Solo las mesas de género y diversidad y de fortalecimiento organizativo se instalaron. Según Fuertes, el presidente de la Fenocin, Gary Espinoza, no asistió por cuestiones de salud y además hubo problemas logísticos para el arribo de las delegaciones a Quito.

Pero más temprano, el vicepresidente de la Fenocin, Jatari Sarango, hacía otro anuncio. El dirigente afirmó que si primero no se resuelve el alza del precio del combustible, se acogerán al derecho a la resistencia. Sarango dijo que acudieron a un diálogo con Lasso, pero aún no han visto resultados frente al incremento de los combustibles, de las concesiones mineras y de los precios de los productos del campo. “El 70% de los productores son indígenas y alimentan al país”, manifestó en una rueda de prensa con otras organizaciones sociales.

Jatari aseguró que la Fenocin no está dividida y que no ha descartado el diálogo. Pero necesitan un diálogo con resultados, agregó, porque el aumento del combustible afecta la canasta básica familiar y porque las mujeres rurales -que son las más marginadas- venden sus productos “a precio de gallina muerta”. “En ningún momento se ha dicho que vamos a apoyar las políticas del Gobierno. Podemos ir (al diálogo), pero que se den resultados”, manifestó.

“Desconocer la tensión política que existe en este momento sería una ingenuidad”, dijo Juan Manuel Fuertes, subsecretario del Ministerio de Gobierno.

“Sobre las discrepancias comunicacionales al interior de las organizaciones nosotros no podemos intervenir, ni somos responsables de aquello”, respondió Fuertes sobre esas declaraciones. Para él, la instalación de las dos mesas es evidencia de que hay un diálogo en marcha. Dijo que la coordinación ha sido con el presidente de esa organización y tampoco ven una división dentro de la Fenocin.

Por la tarde del lunes, el Ministerio de Gobierno informó que las mesas técnicas se instalarán el jueves 21 y que se ampliarán los temas de dos de ellas para abordar los combustibles y subsidios y otra para el desarrollo amazónico. El Gobierno insistió en que existe un diálogo en marcha. Sin embargo, este miércoles, 20 de octubre, está prevista una manifestación a favor del Régimen. Según Diego Ordóñez, asambleísta de CREO, la marcha no la organiza el Gobierno sino un grupo llamado Frente Nacional Independiente, aunque la invitación está colgada en la cuenta oficial de CREO en Twitter con la frase “A Quito lo defendemos todos”. Ordóñez contó que ese Frente se formó durante la campaña electoral y que vendrá desde distintos sectores de la Costa hasta Quito. Esto para evidenciar que existe apoyo al presidente Lasso  y que las marchas campesinas, sobre todo de los arroceros, de los últimos meses están alentadas por sectores políticos cercanos al correísmo. Una marcha de respaldo es un ejercicio democrático, dijo Fuertes.

“¿Con quién dialoga el gobierno nacional? Con las organizaciones que tienen la predisposición”, respondió Fuertes a la inquietud sobre sus interlocutores en la sociedad civil. “Y con las organizaciones reconocidas legítimamente”, manifestó el subsecretario. Pero este lunes, al menos, tres sectores han protestado o han anunciado movilizaciones para la próxima semana.

Los agricultores. Los arroceros se han convertido en los protagonistas de las protestas más largas en lo que va del gobierno de Guillermo Lasso y en su primer dolor de cabeza. Incuso derivaron en la salida de Tanlly Vera como ministra de Agricultura. Vera renunció el mismo día que se inició una nueva jornada de protestas de agricultores de Guayas y Los Ríos. El 12 de julio, el gremio bloqueó durante ocho horas varias carreteras de Guayas, la principal productora de arroz. Esto generó la reacción de Lasso, quien dijo que las puertas estaban abiertas para todos aquellos que quieran el diálogo. “Pero aquellos que quieren comenzar con el chantaje de un paro, pues bueno, que se encuentren con la ley”. Otras movilizaciones se registraron el 11 de agosto y el 8 de septiembre.


Protestas en Carchi. En esta provincia, el lunes 18 de octubre hubo el cierre de la vía Tulcán- Bolívar. Agricultores y maestros  protestaron por el alza de combustibles y él no cumplimiento de la LOEI. Captura de Video Une Facebook

Este sector ha exigido una lista oficial de los precios de productos agrícolas. Reclaman también por el incremento del precio del combustible. Luis Pilalto, dirigente arrocero, fue quien anunció la ruptura del diálogo con Vera y anticipó un paro nacional agropecuario para octubre. A las protestas de los campesinos también se han unido jubilados y educadores.

Estas protestas han sido señaladas por el Gobierno por tener vínculos con la oposición. Han sido identificados militantes del PSC como el alcalde de Daule, Wilson Cañizares, y la legisladora Zolanda Plúas, como personajes que han estado cercanos a las protestas de los arroceros. El PSC fue aliado de CREO. El movimiento correísta UNES ha respaldado también esta protesta.


Protestas en Guayas. En la vía Puntilla, Samborondón, arroceros reclamaron un precio justo para su producto.  Captura de video:@Belenza11

Este lunes, 18 de octubre, junto a maestros y trabajadores, los arroceros volvieron a protestar en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y Carchi.

Este lunes, 18 de octubre, junto a maestros y trabajadores, los arroceros volvieron a protestar en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y Carchi. Los agricultores han usado camiones y sacos de arroz para bloquear las vías, también se registró la quema de llantas. El Frente Nacional Agropecuario para la Soberanía Alimentaria del Ecuador (Fenasae) fue el convocante de esta última jornada. La conforman pequeños y medianos productores agropecuarios de leche, banano, arroz, maíz, caña, palma, pescadores artesanales, y la Federación Única Nacional de Afiliados del Seguro Social Campesino, entre otras organizaciones gremiales. Además de los precios de sustentación, piden control del contrabando del Perú y Colombia y de la importación de productos agropecuarios del extranjero. Rechazan, dice la Fenasae, “la preferencia del gobierno nacional a los agroexportadores”.


Protestas en Manabí. Pescadores artesanales, el Frente Popular y la UNE cerraron la vía Manta - San Mateo. Foto: UNE Facebook

Los indígenas. Un diálogo con resultado. Eso es lo que piden las organizaciones sociales que se han convocado a una nueva movilización nacional prevista para el 26 de octubre. “No queremos visitar el Palacio de Gobierno por turismo”, dijo Eustaquio Tuala, presidente del  Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos (FEINE) sobre los llamados al diálogo del Gobierno. Tuala fue uno de los primeros dirigentes indígenas que asistió al Palacio de Carondelet para iniciar conversaciones. El pasado 4 de julio, aseguró acogerse al Ecuador del Encuentro planteado por Lasso. Pero ahora cuestionó al Presidente por tomar decisiones como “el único jefe” y olvidar a los mandantes. Rechazó la muerte cruzada y dijo que esa propuesta falta el respeto a la democracia. La FEINE es parte de las organizaciones que integran el Parlamento Plurinacional de los Pueblos, junto con la Conaie, el FUT, el Frente Popular y la Fenocin, que llamaron a la resistencia y la vigilia de la política de Lasso este lunes, en una rueda de prensa.

Un anuncio que se veía venir después de que Leonidas Iza, presidente de la Conaie, dijera el pasado 4 de octubre que no había “apertura” de Lasso en relación al precio de los combustibles. Ese día, el dirigente de la mayor organización indígena del país se reunió con el Primer Mandatario en el Palacio de Carondelet. Alexandra Vela, ministra de Gobierno, lamentó las declaraciones de Iza porque, según ella, hubo coincidencias en, al menos, once puntos.  Este lunes, Iza dijo que todas las organizaciones del Parlamento han participado de diferentes espacios de diálogo con el Presidente. Pero frente a los temas económicos urgentes no ha existido ningún resultado.

La tensión aumentó después de que Lasso acusara al dirigente indígena, el pasado 13 de octubre, de ser parte del “triunvirato de la conspiración” junto con el expresidente Rafael Correa y el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. “No ande inventando cucos y supuestos fantasmas”, le respondió. El único que se está auto desestabilizando, dijo el dirigente, es el propio Presidente. Iza dijo que el movimiento indígena ha sido sensible con la situación económica del país, pero aseguró que el Gobierno ha mantenido una posición radical frente a la imposición de políticas del FMI. Reiteró que la medida del 26 de octubre será una movilización y no una paralización.


Protesta en Chimborazo. Campesinos, indígenas, maestros, estudiantes salieron a las calles este lunes 18 de octubre. Foto: UNE Facebook

En la mañana, Iza y otros dirigentes indígenas marcharon hasta la Corte Constitucional para presentar una demanda contra el Decreto 95 para duplicar la producción de petróleo del país hasta un millón de barriles diarios. Según los indígenas, este decreto viola el derecho internacionalmente reconocido de los pueblos indígenas a la consulta y el consentimiento libres, previos e informados. En las siguientes semanas, las organizaciones y comunidades indígenas también presentarán una segunda demanda contra el Decreto Ejecutivo 151, que busca relajar los controles ambientales para acelerar la entrada de empresas mineras extranjeras en la Amazonía.

La Conaie tendrá una Asamblea este viernes en Chimborazo. Miembros de esta organización informaron que después de un análisis se pronunciarán sobre el decreto emitido por Lasso que declara el estado de excepción a escala nacional. 

Los trabajadores. José Villavicencio, dirigente de los trabajadores, se refirió al decreto de Lasso y lo calificó como “perverso” el uso de estados de excepción primero para ingresar proyectos de ley para que sean calificados como urgentes en la Asamblea y segundo para limitar la movilización ciudadana. “El estado de excepción no va a acallar el pronunciamiento y la participación del pueblo. Pero sin duda es un mecanismo perverso que está usando el presidente Lasso para cumplir con las imposiciones del FMI”.

su proyecto tiene 439 artículos, más disposiciones generales y transitorias. Lo construyeron las organizaciones del FUT como la Cedocut, UNE, UGTE, con la ayuda de expertos laborales.

Las organizaciones sindicales han rechazado las reformas laborales de Lasso y ahora buscan presentar su propio proyecto de ley. Este miércoles, 20 de octubre, presentará un articulado a la Asamblea Nacional. Se movilizarán desde la Caja del Seguro, en Quito, hasta el Legislativo, desde las 15:00.

Villavicencio explicó que su proyecto tiene 439 artículos, más disposiciones generales y transitorias. Lo construyeron las organizaciones del FUT como la Cedocut, UNE, UGTE, con la ayuda de expertos laborales. Según Villavicencio, no es la primera vez que presente una reforma a la actual ley. En el 2012 ya presentaron un proyecto, pero fue archivado, y desde el 2015 han trabajado en una nueva propuesta.

El proyecto contempla los siguientes ejes: estabilidad laboral, salarios dignos, derechos a la contratación colectiva por rama de trabajo y a la organización, protección del trabajador, derecho seguridad social, regulación del trabajo en la minería, artesanal, aprendices. “Es un código moderno que se pone a tono de la Constitución de 2008”, dijo el dirigente. En su propuesta, los trabajadores establecen que la jornada laboral no sea menos de 30 horas al mes. Esto en oposición a las jornadas reducidas que plantea el proyecto de Ley Creando Oportunidades de Lasso.

Plantean también una jubilación patronal acumulada donde el empleador entregue el porcentaje correspondiente al IESS. Lasso propuso eliminar este beneficio que se paga, en la actualidad, después de los 25 años de trabajo. Asimismo, mantienen la normativa actual en cuanto al periodo de prueba, es decir tres meses y luego un contrato por dos años. En el proyecto oficial, el contrato va después de los cuatro años. Para este sector, la estabilidad es uno de los ejes principales porque es la única manera que un trabajador pueda tener un proyecto de vida. Lasso planteó la Ley Creando Oportunidades como una norma paralela al actual Código de Trabajo. “No se puede tener dos leyes para regular la misma actividad, unos con derechos y otros con derechos a medias”, manifestó Villavicencio.

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