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25 de Noviembre del 2019
Historias
Lectura: 31 minutos
25 de Noviembre del 2019
Fermín Vaca Santacruz
Tres testimonios que desnudan la tragedia de Nicaragua
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Foto: Articulo66 Nicaragua

La Policía nicaragüense rodea una iglesia en la localidad de Masaya, en donde se refugia un grupo de madres de prisioneros políticos. También les cortaron el agua y la luz. 

 

Organizaciones de derechos humanos en Nicaragua creen que por lo menos 600 personas ha muerto en los disturbios que empezaron el año pasado, cuando el Gobierno de Daniel Ortega intentó una reforma a la seguridad social. No menos de mil personas habrían desaparecido, mientras militares, policías, jueces y fiscales evidencian su parcialidad absoluta. Opositores han sido condenados a más de 200 años de cárcel.

El reino del caos y la barbarie. Entre historias tan inverósimiles que parecen mitos urbanos y declaraciones de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Human Rights Wacht, la Conferencia Episcopal Nicaragüense, y el Gobierno de la vecina Costa Rica, la situación de violencia e impunidad en Nicaragua no parece tener límites ni solución en el mediano plazo. 

Cerca de 70 mil personas han huido a Costa Rica, el vecino democrático de Nicaragua, mientras el conflicto entre el Gobierno de Daniel Ortega y sus simpatizantes y buena parte de la población se mantiene en una escalada constante. 

En las protestas más recientes, ha sido clave el papel de la Iglesia Católica, en cuyos templos protestan los manifestantes mientras, afuera, las "turbas" o colectivos sandinistas armados, acechan. 

En un reciente comunicado, Human Rights Watch denunció el caso de una huelga de hambre en una iglesia católica, que el Gobierno trató como un caso criminal. "El 14 de noviembre de 2019, un grupo de madres de detenidos en el contexto de la represión de 2018 inició una huelga de hambre en el interior de la Iglesia San Miguel Arcángel en Masaya, Nicaragua, para exigir la liberación de sus hijos y otros 130 detenidos. Más tarde ese mismo día, miembros de la Policía Nacional rodearon la iglesia y amenazaron a las madres, impidieron el ingreso al edificio e interrumpieron el suministro de agua potable y electricidad, conforme indicaron fuentes locales. La policía también aprehendió y detuvo a 13 activistas que, según medios locales, entregaron agua a las madres a través de las ventanas de la iglesia". 

"El 22 de noviembre, otro grupo de activistas, entre quienes había dos líderes de oposición, fueron arrestados mientras se dirigían a entregar agua a las personas que participaban en la huelga de hambre en Masaya. Fueron llevados de regreso a Managua y puestos en libertad. Al 22 de noviembre, la huelga de hambre en Masaya continuaba y crecía el temor por la salud de los huelguistas, que siguen sin acceso a medicamentos y sin recibir atención médica, indicó a Human Rights Watch una fuente confiable", agregó la entidad.

En un comunicado, la Iglesia Católica de Nicaragua denunció el asedio contra el templo y el encierro del párroco en su propia sede, al tiempo que se evidenció el conflicto entre el clero y el Gobierno. 

Los reportes sobre la criminización de la protesta social son también constantes. Estudiantes, manifestantes y disidentes son acusados de terrorismo, de tráfico de armas y de otros delitos graves, en la intención de atajar las protestas. Las teorías de conspiración están a la orden del día.

Los reportes sobre la criminización de la protesta social son también constantes. Estudiantes, manifestantes y disidentes son acusados de terrorismo, de tráfico de armas y de otros delitos graves, en la intención de atajar las protestas. Las teorías de conspiración están a la orden del día. 

Según un informe del diario nicaragüense La Prensa, la Policía detuvo a los activistas cuando intentaban llevar víveres a los familiares de presos políticos que se manifestaban en la iglesia de Masaya. La Policía aseguró que entre las pruebas presentadas están varias bombas molotov y varios tipos de armas con números de serie borrados. 


Para protegerse de la Policía y los paramilitares, los pobladores montan barricadas o "tranques". Foto: AFP

Las dudas sobre el proceso judicial contra estos activistas son señaladas también por La Prensa en otra nota, en donde no duda en calificar como "orteguistas" tanto a la policía cuando a los jueces y fiscales. 

La postura de Costa Rica y de la Iglesia Católica

El conflicto en Nicaragua ha provocado una lenta diáspora. Quienes puede huyen hacia los países vecinos, en especial hacia Costa Rica, en donde buscan asilo y protección. Quienes no pueden dejar el país, resisten en una constante situación de violencia. 

De su lado, el Gobierno de Costa Rica mantiene frecuentes duelos diplomáticos con Nicaragua. En un reciente comunicado, la Cancillería de San José "reiteró su derecho a seguir expresando su preocupación por lo que acontece en Nicaragua, cuando lo estime pertinente” y a "denunciar el recrudecimiento de la represión y la violencia contra la población civil".

Costa Rica recordó al régimen de Nicaragua que “las detenciones arbitrarias, el acoso a la ciudadanía, en particular aquellos que se han solidarizado con los numerosos presos políticos, así como otras graves violaciones a los derechos humanos, son de pleno conocimiento de la comunidad internacional, y han sido ampliamente documentados. Por ello pierde el tiempo el Gobierno de Nicaragua pretendiendo disimular esta realidad”.

Para Costa Rica  “las detenciones arbitrarias, el acoso a la ciudadanía, en particular aquellos que se han solidarizado con los numerosos presos políticos, son de pleno conocimiento de la comunidad internacional, y han sido ampliamente documentados. Por ello pierde el tiempo el Gobierno de Nicaragua pretendiendo disimular esta realidad”.

Costa Rica también expresó su “condena el recrudecimiento de la represión y la violencia contra la sociedad civil en Nicaragua, deplora el asedio y la intimidación de la que son víctimas las madres de los presos políticos del Gobierno de Daniel Ortega, las cuales alcanzaban ese día su octavo día en huelga de hambre, pidiendo la liberación de sus hijos y hace un llamado al Gobierno de Nicaragua para que cesen los actos represivos contra la población nicaragüense, y se restituyan y garanticen los derechos de manifestación, libertad de prensa y expresión. Finalmente, Costa Rica hace un llamado para que se retome la vía del diálogo en Nicaragua”.

Costa Rica recordó a Nicaragua, que “cuando se está en presencia de violaciones masivas a los derechos humanos es lícito para la comunidad internacional manifestarse al respecto e incluso tomar acciones concertadas, nada de lo cual se puede considerar “injerencia” o “intervención”. Más aún, en la medida que la represión, la violencia y otras graves violaciones a los derechos humanos en contra de la población nicaragüense se ha traducido en un éxodo de decenas de miles de nicaragüenses hacia el territorio costarricense, Costa Rica tiene además un legítimo interés en que el Gobierno de Nicaragua cese su política de represión y persecución en contra de sus ciudadanos”.

“Por todo lo anterior, Costa Rica se mantendrá vigilante de lo que acontece en la hermana República de Nicaragua, no sólo reiterando el contenido de su comunicado sino también reservándose el derecho de seguir expresando su preocupación por lo que acontece en este país, cuando lo estime pertinente. Finalmente, Costa Rica reitera su llamado para que se retome la vía del diálogo en Nicaragua, como un primer paso para que eventualmente la democracia pueda retornar a este país”.

Una persona vinculada al clero católico de Nicaragua, que habló con este portal a condición del anonimato, describió las fuertes tensiones entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal, que ha acogido a manifestantes que cuestionan a Ortega en sus templos. El conflicto es político e ideológico, pues los obispos, que recomendaron la renuncia de Ortega y el adelanto de elecciones, no lograron que se acogiera la propuesta. 

El conflicto en Nicaragua ha provocado una lenta diáspora. Quienes puede huyen hacia los países vecinos, en especial Costa Rica, en donde buscan asilo y protección. Quienes no pueden dejar el país, resisten en una constante situación de violencia.

Magias, maleficios y otros relatos

Entre las leyendas urbanas que circulan está la historia de Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega y vicepresidenta del país, a quien parte de la población atribuye prácticas de magia negra y santería caribeña, así como la creencia en supersticiones de todo tipo. Conocida como La Chayo o La Chamuca (la bruja) la mujer, que tiene una gran influencia en el Gobierno personal de su marido, es constante protagonista de historias como su supuesta práctica de rituales mágicos. Una historia relata que la exhumación de los restos del Libertador Simón Bolívar en Caracas, cuyo esqueleto mostró en televisión el régimen chavista, tuvo la intención de obtener muestras de sus huesos para supuestos rituales siniestros. En un redondel de Managua, inclusive, se levanta un monumento a Hugo Chávez en donde, se dice, se reúnen en la noche creyentes en magias sobrenaturales para invocarlo. 

Otras historias dan cuenta de misteriosos fletes de camiones en la noche y madrugada, que supuestamente transportan cadáveres de secuestrados y desaparecidos para depositarlos en los lagos que rodean la ciudad.

Un ex trabajador de un medio de comunicación nicaragüense, que también pidió la reserva de su identidad, comentó que los empleados del canal eran obligados a participar en marchas y contramarchas, a favor del Gobierno, así como formaban "unidades de investigación" cuyo objetivo era difamar a opositores y disidentes por medio de "reportajes" dudosos. El hombre decidió huir a Costa Rica, donde actualmente vive, cuando al canal controlado por el Gobierno (a los gobiernistas e informantes  del Gobierno en Nicaragua se les conoce como "sapos") llegó un cargamento de fusiles AK 47 para ser empleados supuestamente "cuando se ofreciera". 

Nicaragua, en tres voces

Este portal logró documentar tres historias de nicagüenses que viven el conflicto en su país. Dos de ellos se encuentran en el exilio en Costa Rica, distante ocho horas en bus desde Managua, mientras que otra se mantiene en el país en el marco de una organización de defensa de derechos humanos. 

Tres relatos que permiten conocer, de primera mano, la situación de tres generaciones de nicaragüenses que han vivido a la sombra del Gobierno personal de Daniel Ortega, el comandante que es el hombre fuerte del país tras derrocar al dictador Anastacio Somoza Debayle a fines de los años 70. Antes de él, los Somoza habían gobernado el país en una suerte de dictadura dinástica desde 1937. 

Álvaro, el exiliado

Álvaro Bagnarello tiene 59 años. Nació y creció en Nicaragua. Cuando era niño, recuerda que en su país vendían unas curiosas pantallas de vidrio de colores que uno podía colocar frente a la televisión en blanco y negro para hacerse a la idea de cómo se vería una pantalla a color. Durante su vida, ha visto la génesis y el ejercicio del poder de Daniel Ortega, un revolucionario que en su juventud imitaba a Fidel Castro en casi todo, incluyendo su intención  de permanecer en el poder por las buenas o por las malas. 

Álvaro vive en Costa Rica desde principios de los años 80, y es uno de los primeros exiliados como consecuencia del triunfo del orteguismo. Desde el país vecino ha seguido la situación de Nicaragua, como activista de derechos humanos.  Para él es importante destacar que en Nicaragua, desde que Ortega conquistó el poder en 1979, el único que ha gobernado realmente ha sido él. 

La revolución sandinista de Daniel Ortega triunfó un 19 de julio de 1979. De la misma forma que Fidel Castro entró en La Habana para derrotar a Batista, el comandante Ortega se posesionó del poder tras derrotar a un tirano de derechas.

Álvaro Bagnarello ha visto la génesis y el ejercicio del poder de Daniel Ortega, un revolucionario que en su juventud imitaba a Fidel Castro en casi todo, incluyendo su intención  de permanecer en el poder por las buenas o por las malas.

"Supuestamente asumió el poder una junta de Gobierno, en donde Ortega era el coordinador pero el poder político lo ejercía de manera real él", recuerda Álvaro. "Los demás miembros eran figuras decorativas", destaca, y menciona como Violeta Barros de Chamorro, quien luego llegó a ser presidenta por la vía electoral, se apartó de esa primera junta. Ortega inició incautaciones y aunque se presentó en un momento como una revolución democrática, pronto quedó claro que solo iban a seguir el modelo cubano. Aunque la salida de Somoza incluyó la supuesta realización de elecciones, estas no tuvieron lugar hasta 1984, destaca el activista. En esas elecciones ganó Ortega, quien se mantuvo hasta 1990, a pesar de que con apoyo de los Estados Unidos de Ronald Reagan se había organizado un grupo armado conocido como Los Contras.

En las elecciones de 1990 ganó Violeta Barros de Chamarro quien gobernó hasta 1996, pero para Álvaro "el poder real lo siguió conservando Daniel Ortega, por medio del Ministerio del Interior y la Dirección General de Inteligencia, en donde habían asesores cubanos y de Europa Oriental". 

Para el activista, el Gobierno de Chamorro nunca tuvo control efectivo del Ejército ni de la Policía de Nicaragua. En 1996, con la subida al poder de Arnoldo Alemán, recuerda Álvaro, la corrupción motivó que el sandismo lograra llevarlo a la cárcel. Para 2006, Daniel Ortega había recuperado el poder efectivo como presidente. 

Pero durante todo ese tiempo, no había habido protestas tan graves como las que empezaron el año anterior, pues Daniel Ortega realizó un pacto con los sectores empresariales locales mientras, por su lado, se acercaba al dinero venezolano por medio de la ALBA, una entidad de la que también formó parte el Ecuador de Correa. Ortega contribuyó también al sostenimiento de Cuba.

"El descontento estaba latente", recuerda Álvaro, quien destaca que en 2018, el Gobierno de Ortega pretende bajar las pensiones de los jubilados pero subiendo los aportes, lo que curiosamente, fue parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esta  medida provocaría la actual situación de conflicto en el país. 

"El 18 de abril de 2018 los adultos mayores salieron a protestar por la rebaja de sus pensiones y las turbas sandinistas los atacaron. Esto indignó a muchos sectores de la población, sobre todo a los jóvenes", recuerda el activista. 

Según la Asociación Nicaragüense por los Derechos Humanos, dice Álvaro, habría muerto más de 600 personas en los últimos choques desde abril de 2018. Los fallecidos serían víctimas de policías, de grupos de paramilitares e, inclusive, habría muertos por su antigua militancia en los Contras. 

"Comparada con esta dictadura estalinista, la de Somoza era un remedo de dictadura", cree el exiliado y activista de derechos humanos.

"No hay protestas masivas, pues son reprimidas violentamente. Ahora hay protestas exprés, hay presos políticos, no permiten el ingreso del papel para el diario La Prensa, mientras El Nuevo Diario desapareció. Los medios independientes no reciben ningún tipo de información y hay un virtual estado de sitio". Para el activista, tanto la Policía cuanto el Ejército responden personalmente a los Ortega Murillo, al igual que la Asamblea Nacional. "Comparada con esta dictadura estalinista, la de Somoza era un remedo de dictadura", cree el exiliado. Varios grupos de exiliados nicaragüenses han viajado hacia Panamá, Costa Rica y Estados Unidos. "Quisiéramos que Estados Unidos fuera mucho más beligerante", estima, aunque admite que el actual Gobierno de Washington ha implementado sanciones. 

María, la abogada

María Oviedo es abogada penalista de 36 años y fue fiscal en su país. Ahora, desvinculada del poder judicial, forma parte de la Comisión Permanente de Derechos  Humanos una organización de defensa de los derechos humanos en Managua que aún subsiste, pues el Gobierno ha quitado la personería jurídica a varias de las organizaciones de la sociedad civil. La organización, que cuenta con filiales en Costa Rica y en Miami, Estados Unidos, se ha empeñado en la defensa de cientos de detenidos, en especial a raíz de las protestas de 2018. 

Para María, los políticos en Nicaragua han destruido la institucionalidad y la democracia, y se han dedicado "al asalto" de las arcas públicas. Pero, además de ello, la abogada destaca que el régimen ha recurrido a actos de represión y criminalización contra los críticos. Despliegues excesivos de la fuerza pública, y una policía que se estaría dedicando a arrestos arbitrarios y torturas, configuran un panorama en el que no hay debido proceso ni confianza en las instituciones, destaca. 

"Las instituciones del Estado trabajan bajo órdenes del presidente y la vicepresidenta. Hay un Estado policial, hay trabajos de inteligencia y el uso de policías o fuerzas paramilitares del Gobierno para robar, matar y torturar". María destaca la presencia de grupos armados que recorren las calles a plena luz del día con armas de guerra, que, en su criterio, provienen de las propias fuerzas de seguridad del país. 

Cuando sectores como los estudiantes, las feministas, los campesinos o las iglesias organizan algún tipo de movilización, se hacen evidentes las acciones de estos grupos que agreden a "mujeres, niños, ancianos" así como la presencia de todos los cuerpos de la Policía, "que cometen hasta delitos sexuales", destaca la abogada. 

La organización de María lleva la representación legal de por lo menos 240 casos desde abril de 2018 cuando empezaron las protestas. La gran mayoría son opositores que son procesados por delitos de extrema gravedad, como terrorismo.

La organización de María lleva la representación legal de por lo menos 240 casos desde abril de 2018 cuando empezaron las protestas. La gran mayoría son opositores que son procesados por delitos de extrema gravedad, como terrorismo. La presentación de pruebas falsas y la parcialidad escandalosa de los jueces, provocó el rechazo de la comunidad internacional que, destaca María, empezó a desconfiar de la gran cantidad de procesos por "terrorismo" (más de 400) que la justicia nicaragüense empezó a montar. 

La presión internacional, destaca, motivó que se apruebe una ley de amnistía para la liberación de presos políticos, pero el Gobierno aprovechó para incluir ahí que todas las personas que hayan cometidos delitos -las muertes atribuidas a la policía y los paramilitares entre ellos- no tengan ningún tipo de responsabilidad penal. Además, señala la abogada, se incluyó en la ley de amnistía, que abarcó desde abril de 2018 hasta junio de 2019, una reserva según la cual si las personas beneficiadas vuelven a protestar contra el Gobierno, sus efectos se anulan. La singular ley, destaca María, ha beneficiado a quienes han cometido crímenes más que a los opositores criminalizados. Si un familiar de alguien muerto por la policía o los paramilitares hace una denuncia, simplemente se archiva apelando a este esquema de impunidad, asegura la abogada. 

Para María, esa amnistía con piola no cumple con los estándares internacionales. Por lo menos 156 personas estarían presos en el país en relación con los últimos disturbios. 

Los abusos judiciales en Nicaragua, recuerda María, tuvieron su caso más emblemático en la condena contra el dirigente campesino Medardo Mairena, al que un juez condenó, según reseña La Prensa de Nicaragua, a 216 años de prisión en total.

Los abusos judiciales en Nicaragua, recuerda María, tuvieron su caso más emblemático en la condena contra el dirigente campesino Medardo Mairena, al que un juez condenó, según reseña La Prensa de Nicaragua, a 216 años de prisión en total. La nota de La Prensa destaca que Mairena fue acusado de crimen organizado, terrorismo, secuestro simple, robo agravado, entorpecimiento de servicio público, autor intelectual de cinco asesinatos y daño agravado. Otro campesino, Pedro Mena, supuestamente involucrado en un choque con la policía en el que murieron cinco uniformados, fue condenado por crimen organizado, terrorismo, secuestro simple, robo agravado, entorpecimiento de servicio público, y como autor intelectual de cinco asesinatos a un total de 210 años de cárcel.

Y estas penas, que La Prensa califica como "ridículas" se dan en un país, asegura María, cuya Constitución establece que la pena máxima es de 30 años y que no hay acumulación de penas. Para la abogada, el objetivo del juez era causar miedo entre la población. Según cifras de la ONG habría por lo menos mil desaparecidos en los últimos meses, en relación con las protestas. 

Muchas de estas desapariciones ocurrieron durante los "tranques" que fueron barricadas organizadas por los vecinos en los barrios para impedir el paso de fuerzas paramilitares. Otro caso que evidencia la poca credibilidad de la justicia del país centroamericano es la muerte de la estudiante brasileña Rayneia Da Costa, quien fue asesinada en las calles de Managua por un paramilitar. Según María, el criminal fue un ex militar que se sintió "amenazado" por la estudiante de medicina brasileña. El asesino fue procesado y condenado a 15 años pero luego se benefició de la misma amnistía ya reseñada. La familia de la joven calificó el proceso como "una payasada" y contó con el apoyo del Gobierno del Brasil. 

"La policía trabaja a órdenes del Gobierno", explica la abogada, quien afirma que hay listas de opositores a los que inclusive se les niega la atención en los hospitales públicos. "Todo el aparataje estatal funciona en base a la familia y el entorno del presidente", destaca la abogada. "Lo que vive Nicaragua es una dictadura", asegura. 

Kevin, el estudiante

Kevin Espinosa es un joven esbelto de 19 años, que luce un cerquillo sobre la frente que, con frecuencia, se acomoda con la mano derecha. Va a cumplir sus 20 años como exiliado político en Costa Rica, país en donde debió instalarse luego de que recibiera amenazas por medio de las redes sociales tanto en Managua, donde estudiaba comunicación, cuanto en Sébaco, la localidad del norte de Nicaragua donde nació. 

Luego de terminar el colegio, Kevin viajó a Managua, para estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Tras graduarse del colegio en 2017, se inscribió en la Universidad para estudiar comunicación para el desarrollo, carrera que le parecía a tono con sus inquietudes sociales. Apenas estaba en primer semestre cuando estalló la crisis de abril del año 2018. Pero desde los 14 años había sido socorrista de la Cruz Roja y desde los 16 años se interesó en la política. El joven ha crecido prácticamente con Daniel Ortega como presidente, pero ello no impidió que se sintiera crítico frente a la doctrina del Gobierno. 

Kevin Espinosa es exiliado político en Costa Rica, país en donde debió instalarse luego de que recibiera amenazas por medio de las redes sociales tanto en Managua, donde estudiaba comunicación, cuanto en Sébaco, la localidad del norte de Nicaragua donde nació.

"Yo quería hacer un cambio de desde dentro. Formé parte de la Unión de Estudiantes de Nicaragua, que está alineada con el Gobierno". En la universidad donde estudiaba Kevin, la mayoría simpatizaba con el régimen. Cuando fue electo presidente de su clase, en abril de 2018,  ocurrió un suceso que sacudió a los jóvenes. La reserva Indio Maíz, un bosque protegido, sufrió un incendio al parecer provocado por un agricultor, pero Kevin y muchos alumnos creen que tras el incendio había la intención de explotar los recursos de la reserva con el apoyo del Gobierno. 

La reforma a la Seguridad Social que pretendía reducir el monto de las pensiones de los jubilados, provocó protestas de los ancianos y la solidaridad de los jóvenes ante los ataques a los abuelos. 

"Salí de la universidad y fuimos a otra universidad donde había un plantón. Los del Gobierno nos agredieron con piedras y botellas. Había jóvenes con camisas del Gobierno agrediendo a los otros estudiantes". Al día siguiente, 19 de abril, cuando se recordaba la muerte del estudiante Roberto González, más de mil estudiantes fueron encerrados en un auditorio y se pretendía que fueran a una contramarcha gobiernista. 

La presencia de la Policía, que empezó a disparar con munición de verdad, provocó heridos y lesionados que perdieron ojos, recuerda Kevin. La policía y jóvenes del movimiento sandinista 19 de Julio reprimían a los manifestantes. Para el 11 de mayo, Kevin participó en la toma de la Universidad. Con su experiencia como socorrista, se sumó a un puesto médico, y cerca de las dos de la mañana, la Policía atacó con armas de fuego como fusiles de asalto AK 47. Los estudiantes se defendían con cohetes y morteros de pólvora, recuerda el joven. 

Uno de esos cohetes le explotó a un joven y Kevin se acercó a ayudarlo, mientras sonaban tiros disparados por la Policía.

Kevin volvió a Sébaco, pero en esa localidad el "tranque" o barricada que se había montado los pobladores fue atacada a tiros por la Policía. Para principios de julio, Kevin empezó a recibir amenazas en sus redes sociales, en especial en Facebook. Desde su perfil continuó criticando al régimen y le dijeron que ya sabían quién era, donde vivía y de quién era hijo. 

Sébaco tiene 35 mil habitantes y todos se conocen. Kevin se encerró en su casa hasta que decidió contarles a sus padres que lo amenazaban por internet. Luego empezó a huir. Su familia le recomendó salir del país, y logró sacarle el pasaporte y obtener la visa para Costa Rica.

El 9 de noviembre de 2018 Kevin viajó a San José por vía terrestre. Ha cumplido ya un año en ese país y está pidiendo refugio a Costa Rica. Ahora trabaja en una organización costarricense, mientras trata de rehacer su vida en el país vecino. 

La postura del Ecuador

En su más reciente comunicado sobre Nicaragua, la Cancillería del Ecuador "lamentó" que el Gobierno de Ortega impidiera el paso de una misión de la OEA a su territorio.

"El Gobierno del Ecuador lamenta la decisión del Gobierno de Nicaragua de impedir el ingreso a su territorio de la Comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tenía por objeto realizar gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en ese país.

En su más reciente comunicado sobre Nicaragua, la Cancillería del Ecuador "lamentó" que el Gobierno de Ortega impidiera el paso de una misión de la OEA a su territorio.

Dicha Comisión fue creada mediante resolución 2943 de la Asamblea General de la OEA, en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, y está conformada por representantes de Argentina, Canadá, Estados Unidos, Jamaica y Paraguay, además de un funcionario de la Secretaría General.

El Gobierno del Ecuador reafirma su apoyo a la Comisión de la OEA sobre Nicaragua y hace un llamado al Gobierno de Managua para que revea esta decisión y permita la entrada y el normal desarrollo del trabajo previsto por la Comisión".

No obstante, las relaciones con el régimen nicaragüense se mantienen con normalidad, y en marzo de este año, el canciller José Valencia recibió las credenciales del nuevo embajador de ese país, Franklin Duarte. La embajada del Ecuador en Managua es ejercida por María Belén Moncayo. 

 

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