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7 de Septiembre del 2020
Historias
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7 de Septiembre del 2020
Redacción Plan V
Tribunal ratifica sentencia contra Correa y lo señala como el instigador del cohecho
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El caso Sobornos nació de una investigación de los periodistas Fernando Villavicencia y Christian Zurita. 

La sorpresa del día fue el voto salvado de un juez en la sentencia. Le corresponde al magistrado Milton Ávila quien se apartó en dos puntos de la resolución de mayoría, es decir de los jueces Lauro de la Cadena (ponente) y José Layedra. Es la primera vez, durante todo este proceso, que no hay unanimidad en un veredicto.

El Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia ratificó este lunes, 7 de septiembre, la condena a ocho años de cárcel contra Rafael Correa y 15 procesados más. Con ese fallo sepultan la posibilidad de que el expresidente participe en las elecciones de 2021. Correa aspiraba a la Vicepresidencia en binomio con Andrés Arauz.

Resolución del Tribunal de Casación en el caso Sobornos. Ver PDF

De la Cadena informó que coincidieron con el tribunal de primera instancia y consideraron a Correa y a su exvicepresidente, Jorge Glas, como instigadores. Correa, como líder de AP, aconsejó a Pamela Martínez para que arme la distribución de los sobornos y el sistema ilícito en una oficina paralela a la Presidencia de la República. Los jueces sostuvieron que sin la influencia de Correa el delito no se hubiera materializado.  Mientras que Glas instigó desde los sectores estratégicos y luego como Vicepresidente para obtener recursos económicos para el beneficio propio y de su movimiento político.

Con esos argumentos, el Tribunal ratificó la decisión de sus antecesores y sostuvieron que los recursos planteados por los procesados fueron improcedentes y que no se ha atentado al derecho a la defensa de los mismos. Afirmó que el delito de cohecho tiene diversas clases y subtipos.

También señaló como coautores por el delito de cohecho agravado a los ex altos funcionarios del correísmo Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Christian Viteri y Pamela Martínez. Sobre esta última, el Tribunal casó la sentencia y le rebajó la pena de 38 meses y 12 días a 9 meses y 15 días. Además cambió la figura del empresario Alberto Hidalgo de cómplice a la de autor directo y con ello le aumentó la pena de 2 años y ochos meses a un total de 8 años, que fue la pena original que le impusieron los jueces de primera instancia.

La sorpresa del día fue el voto salvado de un juez. Le corresponde al magistrado Milton Ávila, quien se apartó en dos puntos de la resolución de mayoría, es decir de los jueces Javier de la Cadena (ponente) y José Layedra. Es la primera vez que, durante todo el proceso, no hay unanimidad en un veredicto.

Ávila consideró que hubo una indebida aplicación del artículo 290 del anterior Código Penal y se debía aplicar el 286 de esa misma normativa que sanciona al cohecho con penas entre 3 y 6 años. Por esa razón que impuso la pena privativa de libertad de 6 años a los autores y de 3 años a los cómplices, asimismo consideró que la conducta de Bonilla y Viteri al recibir los dineros del cohecho fueron posteriores a la ejecución del delito por lo que se les debería juzgar por fraude procesal y confirmó su estado de inocencia. El magistrado se adhirió al voto de mayoría en las otras partes de la sentencia.

“No ha ganado la Fiscalía General. Todo el Ecuador ha sido vencedor porque la justicia se está inaugurando en este país. Que sea un mensaje claro, que no importa desde las más altas estructuras del poder, la ley es para todos”, dijo la fiscal Diana Salazar en rueda de prensa a final de la audiencia. Dijo que una vez que 10 jueces han confirmado la teoría de la Fiscalía continuará investigando otros casos que ameritan la atención de la institución. Agradeció a su equipo.

Cronología del caso Sobornos

3 de mayo. Los periodistas Fernando Villavicencio y Christian Zurita publicaron la investigación Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador, la primera de una serie que llamaron Arroz Verde. Ese nombre salió de un extenso y detallado informe que en febrero de 2014 recibió la asesora de Correa, Pamela Martínez Loayza. Allí relataron cómo la campaña del binomio Rafael Correa/ Jorge Glas fue financiada por multinacionales bajo el mecanismo de facturas cruzadas. Días más tarde, los investigadores publicaron “Todos los nombres de Arroz Verde” donde aparecieron los nombres de altos funcionarios del anterior gobierno y los empresarios que fueron relacionados a la trama.

4 de mayo de 2019. Al día siguiente de la publicación, la Fiscalía detuvo a Pamela Martínez y a su asesora, Laura Terán. Se dio como como parte de la investigación previa, abierta de oficio por la entidad, a través de un parte policial que citó a la publicación periodística como información sobre la existencia de un posible delito. Martínez fue detenida en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, cuando pretendía viajar hacia México. La detención de Terán ocurrió en la vía pública, en un parqueadero en Tanicuchí, en Cotopaxi. Ese mismo día se les dictó orden de prisión preventiva. La Fiscalía dijo que determinó que las dos procesadas formarían parte de una presunta organización conformada por exfuncionarios públicos y empresarios. Ellas habrían administrado y movido fondos mediante un intrincado sistema de recaudación de dinero en efectivo y mediante cruce de facturas.


Pamela Martínez (foto) y Laura Terán colaboraron con la justicia durante este proceso. Foto: El Universo

31 de mayo de 2019. Se detiene a Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte, en Guayaquil, como parte de las investigaciones que realizaba la institución por un presunto delito de concusión. Un día después, la Fiscalía les formula cargos por un presunto delito de concusión. La jueza Daniella Camacho ordenó la prisión preventiva en contra Mera, mientras que para Duarte, la prohibición de ausentarse del país, presentación periódica ante la Jueza y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica. Además, la jueza dispuso la incautación y prohibición de enajenar bienes, por un valor de 3.5 millones de dólares para Mera y de 2.5 millones de dólares para Duarte. El 3 de julio, a Mera se le aceptó la apelación a la prisión preventiva y se le ordenó arresto domiciliario. 


Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte fueron los primeros altos funcionarios del anterior gobierno que fueron detenidos y vinculdos a la trama Sobornos. 

En julio de 2019 se cambió de nombre al caso. De Arroz verde pasó a llamarse Sobornos 2012-2016. 

9 de julio 2019. La Fiscalía anunció que el caso denominado “Arroz Verde” en adelante pasará a llamarse “Sobornos 2012-2016”. La fiscal Diana Salazar lo dijo durante su comparecencia en la Comisión legislativa de Fiscalización que investiga los aportes privados a la campaña presidencial de Rafael Correa para las elecciones de 2013.

19 de junio de 2019. La Fiscalía reformuló cargos en contra de Mera y Duarte y los acusa por su presunta participación en los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en concurso real de infracciones. Este proceso se acumuló a la primera causa que se siguió en contra de Martínez y Terán.

8 de agosto de 2019. La Fiscalía vinculó a 22 personas: 10 funcionarios públicos y 12 empresarios. La jueza Daniella Camacho dictó prisión preventiva en contra de Correa, Glas, Vinicio Alvardo, Walter Solís y Yamil Massuh. Para los otros 17 procesados dispuso su presentación los lunes y jueves en la Corte Provincial del Guayas y en la Corte Nacional de Justicia.


La jueza Daniella Camacho estuvo al frente de las primeras audiencias del caso. 

1 de septiembre de 2019. Laura Terán dio su testimonio anticipado. Mencionó que por orden de Martínez y Correa creó archivos con códigos para identificar los nombres de las autoridades. Por ejemplo, “Victoria Andrade listado”. “Victoria Andrade II”, “Victoria II finales”, “Victoria III LT”, “Verde”, “Verde final”.

3 de septiembre de 2019. La fiscal Diana Salazar receptó el testimonio anticipado de Martínez. La procesada confirmó que había entregado dinero a Alianza País por disposición de Correa.

9 de septiembre de 2019. Cierre de instrucción fiscal. La Fiscalía solicitó que se señale fecha y hora para audiencia de evaluación y preparatoria de juicio

25 de noviembre de 2019. Luego de once días de audiencia preparatoria de juicio, la jueza Daniella Camacho suspende la audiencia hasta analizar la información presentada por las partes procesales. La reinstalación fue convocada para el 3 de enero de 2020, para informar si llama a juicio a los 24 ciudadanos por el presunto delito de cohecho.

3 de enero de 2020. La jueza Camacho llamó a juicio a 21 de los 24 procesados, por su presunta participación en el delito de cohecho.

10 de febrero de 2020. Inicia el juicio contra los 21 procesados. La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, sostuvo que las investigaciones determinaron la existencia de una estructura integrada por funcionarios públicos del más alto nivel jerárquico, que facilitaron la entrega de recursos a través de cruce de facturas y dinero en efectivo por parte de empresarios, para beneficiarse de contratos con el Estado.


El juicio del caso sobornos empezó el pasado 10 de febrero. 

Uno de los testimonios más polémicos durante el juicio fue el de la perito criminóloga. fue uno de los más refutados por los procesados y hasta fue amenazada. 

19 de febrero de 2020. Durante el juicio, la Fiscalía pidió la comparecencia de una perito criminóloga, que presentó los resultados de su pericia de perfilación criminológica. Concluyó que la pericia científica estableció la existencia de una estructura criminal, integrada por funcionarios públicos y empresarios de alto nivel, que estaban distribuidos por niveles de operación; es decir, manejada por líderes, tenía coordinadores y mensajeros; y que incluso utilizaban jerga delincuencial. Pero su testimonio fue uno de los más refutados por los procesados. Incluso recibió amenazas.


Pedro Verduga junto a su abogada Gabriela Moreira al ingreso a la audiencia. Confirmó que la cúpula de Rafael Correa le pidió dinero a cambio de los pagos pendientes de obras.

5 de marzo de 2020. La fiscal Diana Salazar, presentó su alegato de cierre, en el décimo tercer día de audiencia de juzgamiento. Pidió al Tribunal que los procesados sean sancionados con el máximo de la pena, aumentada en un tercio, por existir la agravante de haber ejecutado el hecho punible con la participación de dos o más personas. También solicitó una reparación integral de 1.130’420.108 dólares, además de disculpas públicas a la ciudadanía y la publicación de la sentencia en los portales web de las entidades afectadas y en tres diarios de circulación nacional.

La Fiscal General acusó como autor mediato a Correa y como autores directos a los exfuncionarios y empresarios procesados.


Los jueces de primera instancia fueron Iván Saquicela, Iván León y Marco Rodríguez.. Foto PlanV

07 abril de 2020. El Tribunal de la Cote Nacional sentenció a 8 años de pena privativa de libertad a dieciocho procesados, entre ellos, Correa, Glas, Mera, Duarte, Alvardo y Solís; la excandidata a la Alcaldía de Guayaquil, Viviana B.; y el exasambleísta Christian Viteri. Asimismo a 9 empresarios. Mientras que Martínez recibió 38 meses con 12 días y Terán 19 meses con 6 días, condenas atenuadas por haber colaborado en la investigación de Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos. Como reparación integral al Estado, los jueces dispusieron a los condenados que deberán publicar la sentencia en tres diarios de circulación nacional, pedir disculpas públicas en la Plaza de la Independencia, en Quito, y se ordenó el comiso de sus bienes inmuebles. A esto se suma la colocación de una placa en la Presidencia de la República del Ecuador, con el siguiente texto: «Los recursos públicos siempre se deberán administrar honradamente y con apego irrestricto a la Ley. La función pública es un servicio a la colectividad, con sujeción a la ética como principio rector».

24 de junio de 2020. Inicia la audiencia de apelación a la sentencia por cohecho por parte de 20 sentenciados. El 2 de julio, el Tribunal de apelación terminó de escuchar a todas las partes procesales y dispuso una suspensión de la audiencia para analizar todos los argumentos presentados durante cinco días.

El 20 de julio, el Tribunal de Apelación cambió algunos elementos de la sentencia original. por ejemplo, redujo la pena impuesta a Laura Terán por su colaboración con la justicia. 

20 de julio de 2020. El Tribunal de Apelación de la Corte Nacional anunció su decisión y ratificó la pena para 18 de ellos. Es decir, 17 deberán cumplir con una pena de 8 años y una más (gracias a su cooperación eficaz) una condena atenuada de 38 meses y 12 días. Los magistrados coincidieron en su mayoría con la sentencia de primera instancia, excepto en los siguientes puntos: Laura Terán, quien –debido a sus aportes en la investigación– vio reducida su pena a 3 meses y 6 días; y, en torno al empresario apelante Alberto Hidalgo, cuya participación fue considerada accesoria por los jueces y, por lo tanto, su participación en el delito fue cambiada a la de cómplice. Su pena se redujo a 32 meses. Además, respondiendo al principio de favorabilidad, el Tribunal resolvió que la suspensión de derechos de participación política de los sentenciados sea por el mismo tiempo de la condena. Finalmente, señaló que, para cumplir con la reparación integral, los instigadores, coautores y autores directos deberán pagar 778.224 dólares cada uno y 368.632 dólares cada cómplice.

3 de septiembre. Inicia audiencia de casación en la Corte Nacional para 15 de los 20 sentenciados por cohecho en el caso Sobornos. Durante dos días, la Fiscalía y los acusados presentaron sus argumentos. En las horas finales de la diligencia, apareció Correa para decir a los jueces. “Señores magistrados, en sus manos está parar (la persecución). Interpol les rechaza todo, Bélgica se les ríe. No se metan con empresarios honestos, en sus manos está hacer justicia y cambiar la historia”. Se anuncia que la decisión de los jueces se conocerá el 7 de septiembre.


El 4 de septiembre, Correa apareció en la audiencia para decir sus últimas palabras. 

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