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28 de Marzo del 2016
Historias
Lectura: 9 minutos
28 de Marzo del 2016
Redacción Plan V
'Un ciudadano cualquiera' versus Fernando Villavicencio

Foto: Presidencia de la República

En su informe semanal del 19 de marzo, el presidente Correa pidió al fiscal "como un ciudadano cualquiera" que se apresure la indagación abierta contra Villavicencio y Jiménez. 

 

El presidente Correa, dijo que, como un ciudadano cualquiera, pedía por favor a la Fiscalía que acelere el caso de instrucción fiscal en contra del periodista y activista político Fernando Villavicencio. Su defensa alerta sobre el hecho de que la Fiscalía está lista para atender tan comedida petición.

"Es gravísmo el asunto del hackeo y no sé por qué no ha avanzado esa investigación, señor fiscal. Como un ciudadano más, usted es autónomo, pero sí exijo celeridad en la justicia, se está demorando la justicia. Tuvimos un hackeo, gravísimo, a las cuentas de la Presidencia, del asesor jurídico, se han hecho investigaciones, se tienen fuertes indicios, pero todo está paralizado. Así que por favor, como un ciudadano más, si pueden acelerar un poquito (...) este caso. Como un ciudadano cualquiera tengo derecho a recibir justicia oportuna. Justicia que tarda no es justicia. Nuestras cuentas fueron hackeadas, hay claros indicios de quien lo hizo y todavía no se hacen las acciones del caso. Así que, por favor, como un ciudadano más, exijo justicia". 

El ciudadano presidente Rafael Correa, "un ciudadano cualquiera o un ciudadano más" -como se autocalificó por cuatro ocasiones en el Enlace Ciudadano 467-, hizo este comedido llamado a la Fiscalía para que reemprenda la acción penal en contra del periodista y activista político, Fernando Villavicencio. El pedido al fiscal fue como reacción al llamado de Villavicencio -dentro del pacto político Compromiso Ecuador, de Guillermo Lasso- a conformar una Comisión de la Verdad para conocer los actos de corrupción en los cuales pudo haber incurrido la administración del presidente Rafael Correa.

El pedido al fiscal fue como reacción al llamado de Villavicencio -dentro del pacto político Compromiso Ecuador, de Guillermo Lasso- a conformar una Comisión de la Verdad.

Como al parecer el pedido de cualquier ciudadano, como lo es el presidente Correa, tiene atención inmediata, la defensa de Villavicencio denunció que la fiscal subrogante, Cecilia Armas, estaría a pocas horas de emitir una nueva instrucción fiscal contra el ex legislador de Pachakutik, Cléver Jiménez y su  ex asesor, Villavicencio. La investigación fiscal solicitaría la emisión de medidas como la prisión preventiva por haber “usado indebidamente información reservada” de  la Presidencia de la República.

La instrucción fiscal fue preparada con rapidez, dijo la defensa de Villavicencio, porla agente fiscal Elizabeth Gaibor, conjuntamente con abogados de la Presidencia, luego que el presidente Rafael Correa llamó la atención a esa entidad, en su enlace 467 del 19 de marzo de este año.

El pedido de Correa fue una reacción a las declaraciones del 14 de marzo que Fernando Villavicencio realizó en Guayaquil, cuando se unió al proyecto Compromiso Ecuador. Villavicencio dijo que aceptó la invitación del candidato porque se comprometió a constituir una comisión de la verdad que fiscalice la administración de  Rafael Correa. Por esta decisión política, Correa tachó a Villavicencio de "sinvergüenza".

La respuesta de Correa fue acusar a Villavicencio de huir cobardemente y no haber asumido su responsabilidad por haber evitado la cárcel por la sentencia de injurias que los condenó a 18 meses de prisión, pese a contar con Medidas Cautelares de la CIDH. Luego el mandatario llamó la atención a la fiscalía para que impulse una nueva instrucción fiscal.

Lea aquí la crónica del allanamiento a la casa de Fernando Villavicencio y Kléver Jiménez, la noche del 26 de diciembre del 2014.

El hackeo al que se refirió el presidente Correa se fundamentó en los violentos actos realizados por el Estado la noche del 26 y madrugada del 27 de diciembre de 2013, cuando elementos de élite de la policía ingresaron a la fuerza y allanaron la vivienda de Villavicencio Valencia y su familia. Los agentes de la fuerza pública se llevaron computadores, tablets, teléfonos celulares y documentación. El operativo se ejecutó en presencia de sus dos hijos menores y su esposa, y durante el allanamiento no se le permitió contar con la presencia de su abogado defensor.

Simultáneamente, dentro del mismo “Acto Urgente“ y en ausencia del legislador Jiménez, fue allanado su despacho en la Asamblea Nacional. Al día siguiente el operativo se cumplió en el domicilio del asambleísta.

Los allanamientos fueron pedidos por la Presidencia de la República y ordenado por el juez de la Corte Nacional Jorge Blum y el fiscal general, Galo Chiriboga.

Horas después del hecho, el Presidente Rafael Correa reveló a los medios de información que tenía en sus manos las evidencias encontradas tanto en la casa de Fernando Villavicencio, como en las oficinas de la Asamblea Nacional y el domicilio del entonces legislador Cléver Jiménez. El Presidente Correa atacó públicamente a Villavicencio acusándolo de hackear su cuenta de correo electrónico y otras de varios funcionarios del gobierno, durante meses, y aseguró -sin demostrarlo- que en el allanamiento a su domicilio se habrían encontrado “cosas terribles“, pruebas contundentes del espionaje de alto nivel.

Pero los pronunciamientos de Correa solo confirmaron la violación del debido proceso, la vulneración de la cadena de custodia, al haber accedido a las supuestas pruebas, que debían permanecer bajo custodia exclusiva de la Fiscalía.

Luego el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, confirmó la falsedad de sus acusaciones, al afirmar que quien había hackeado los emails de la Presidencia, había sido la compañía petrolera Chevrón.

La fiscalía nunca determinó la existencia de un delito en el supuesto hackeo, de hecho el presidente Correa aseguró que el entonces asambleísta Jiménez “no podía encender una computadora”. Pero la fiscalía debe cumplir con las órdenes de Correa y para perseguir nuevamente a Jiménez y Villavicencio se ha inventado la supuesta figura penal de “uso indebido de información” al haber revelado documentos sensibles de la presidencia.

El asesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, confirmó la falsedad de sus acusaciones, al afirmar que quien había hackeado los emails de la Presidencia, había sido la compañía petrolera Chevrón.

Hoy el gobierno pretende acusar a Jiménez y Villavicencio de difundir supuesta información reservada. Pero, de hacerlo, dice su defensa, se les puede revertir la situación, toda vez que tendrían que procesar a diario El Telégrafo y su director Orlando Pérez, quienes "obtuvieron de forma fraudulenta los correos electrónicos de la ex asambleísta Martha Roldós, con el agravante de que ellos sí difundieron los emails íntegros, algo que Jiménez y Villavicencio jamás hicieron", cita el comunidado de la defensa de Villavicencio.

El supuesto hackeo se basó en la información que Cléver Jiménez, en el estricto derecho de sus actividades como legislador, solicitó a la Procuraduría General del Estado sobre un posible conflicto de intereses en la contratación del estudio jurídico internacional Foley Hoag para defender al Ecuador. Foley Hoag también defendió los intereses de Chevron en Birmania.

El pedido de Correa a la fiscalía tendría como objetivo evitar que Jiménez y Villavicencio participen en las elecciones de 2017. Jiménez es candidato a presidir el Movimiento Plurinacional Pachakutik. La emisión de una instrucción fiscal y la acusación de un juez penal los inhabilitaría para participar como candidatos a cualquier cargo de elección popular.

De otro lado, el jurista argentino, Ignacio Boulin Victoria, presentó una denuncia y petitorio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, con los siguientes argumentos:   "Desde el inicio del gobierno del Presidente Correa, la prensa independiente fue restringida. La falta de independencia de la justicia fue lo que permitió que estos ataques quedaran impunes. El presidente Correa marca en una sabatina a alguien e inmediatamente un fiscal presto a los deseos Ejecutivo comienza a perseguir penalmente a los mencionados en los discursos presidenciales. Queremos poner en conocimiento de este patrón sistematático a la honorable Comisión". Villavicencio y Jiménez tienen medidas cautelares de la CIDH, una forma de protección legal que el gobierno ecuatoriano ha desconocido.

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