La protección al asambleísta Cléver Jiménez marca un nuevo tiempo en el movimiento indígena. El legislador por la provincia de Zamora Chinchipe es un símbolo de la resistencia, que es propia de la cosmovisión de los miembros de esa tendencia.

Estos momentos de ataques políticos han sido un buen pretexto para dejar diferencias y juntarse. La Conaie pese a un silencio incómodo de los más altos dirigentes, también ha cerrado filas para proteger la libertad de Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. Eso lo confirma Fanny Campos, la coordinadora Nacional de Pachakutik (PK). “La adversidad por defender la democracia, los derechos, nos ha hecho coordinar muchas acciones. Hoy es la libertad de Cléver. Pero coordinamos el trabajo no sólo por una persona, la decisión colectiva es a favor de todos los perseguidos”, indica. Otros son Pepe Acacho y Paty Gualinga, quien está entre las opcionadas para dirigir la Conaie.

La decisión de proteger a Jiménez se adoptó en el Consejo Político de PK donde están representantes a escala nacional, de la Amazonía, Costa y Sierra. Ellos ejecutaron el cerco protector, cuenta Campos, por el pedido de las bases de esa agrupación. La explicación es contundente. Hay dirigentes que consideran que Jiménez se convirtió en uno de los pilares fundamentales de esa agrupación y que PK obtuvo buenos resultados el 23F gracias al trabajo de fiscalización que ha hecho el legislador.

PK tiene ahora 5 prefecturas, 30 alcaldías, 133 juntas parroquiales, 80 concejales rurales y 50 urbanos. “Estamos creciendo y fortaleciéndonos. El puntal, el referente, es Cléver Jiménez. Pensaron que estábamos invisibilizados. Pero dimos un repunte. Mientras a PK se lo tope, se lo trate mal, seguiremos creciendo”, asegura Campos.

En ese camino de crecimiento y unidad se dio la convocatoria hecha por el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, para tratar la situación de los que consideran perseguidos por el gobierno y armar la estrategia de defensa desde las calles y los campos. A Tundayme, comunidad indígena del norte de Zamora Chinchipe, llegaron unas 1000 personas, según los organizadores, entre delegados y dirigentes de las comunidades de todo el país. Quizá la protagonista fue la vaca solidaria, que servirá para hacer una colecta de 140 000 dólares que es la multa que los sentenciados deben pagar al presidente Correa, según determinó la juez nacional Lucy Blacio.  Aunque el abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, había anticipado que ese dinero no se cobrará.

Jiménez, Villavicencio y Figueroa recibieron medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, las cuales han sido desconocidas por el Estado ecuatoriano y por el propio presidente Correa, actor en este juicio.

En la reunión de Tundayme estuvieron presentes la madre y esposa del asambleísta Jiménez, quienes recibieron muestras de solidaridad de los delegados. Su presencia sirvió para que Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, la cual agrupa a las nacionalidades de la Sierra, recordara cómo su propia familia vivió su corta prisión cuando fue condenado a 8 días por luchar contra la explotación minera en Azuay: "cuando tocaban la puerta de la casa o pasaba una motocicleta o se activaba alguna alarma, mis hijas se asustaban y entristecían, pensaban que venía de nuevo la policía por su padre”.

Para este dirigente, el problema más grave que enfrentan las comunidades es la presencia de las empresas mineras, la explotación de los proyectos mineros a cielo abierto y el desplazamiento de las familias indígenas de sus territorios ancestrales.

La voz de los dirigentes y delegados fue de advertencia al gobierno:

Gerónimo Yantalema, asesor político de la Ecuarunari, rechazó la minería a cielo abierto, la criminalización de la lucha social y denunció que las asambleas sobre la Ley de Aguas no se están llevando de una manera transparente. Le preocupa que los intereses de las transnacionales y grupos de poder primen sobre los derechos legítimos de las comunidades "que han cuidado y sembrado el agua desde tiempos inmemoriales".

Pepe Acacho, asambleísta shuar y sobre quien pesa también una orden de prisión, indicó en la misma reunión que si se llegan a ejecutar las boletas de prisión en su contra, no huirá del país. Indicó que confía en que si le llega una multa, la vaquita lo apoye a él también.

De su parte, el nuevo presidente de la Federación Shuar por la provincia de Morona Santiago, Agustín Guachapá, rechazó la política minera extractivista a gran escala y la persecución política y económica al asambleísta Jiménez y donó a través de la vaquita un dólar para el presidente Rafael Correa.

Rosa Cabrera, madre de Jiménez, dijo que con odio y persecuciones no se construye nada, el país se puede reconstruir con amor y comprensión. Recomendó al Presidente como buen cristiano que ha dicho ser, revise las actuaciones propias y ajenas.

Cuando habían intervenido varios otros delegados, el prefecto Quishpe Lozano, luego de rechazar la minería a cielo abierto y a gran escala en la provincia y en la Amazonía, se mostró en contra de la emisión del decreto16, exigió atención al sector agrícola y solicitó que el gobierno revise la ley 010. Quishpe informó que se prepara la vuelta a la República de la vaquita que acompañó la marcha en defensa del agua del 2012, para –en una minga nacional– recolectar los 140 000 dólares para el presidente Rafael Correa, puesto que Cléver Jiménez no cuenta con estas cantidades: "La marcha nacional va porque va, a menos que el gobierno cumpla las promesas y respete los derechos”.

La escuela de los derechos

María Gabriela Albuja, con su pareja José María Vacacela, inició la escuela Inti Samana (El descanso del Inca) en 1982. Ellos no se cansan de defender lo que construyeron con esfuerzo y no están de acuerdo con que la escuela esté intervenida por el Estado a pretexto de homogenizar la educación. Vacacela se pregunta: ¿por qué no cumplen lo que está en la Constitución? ¿La interculturalidad y la plurinacionalidad fueron sólo un adorno? “Eso es lo que no se cumple, dice. El gobierno se encarga de dividir y pone gente manejable en los puestos de trabajo”.
Albuja indica que de Inca Samana han surgido profesionales de calidad: "médicos, ingenieros... Mi hija Nina pasó por Inca Samana y ahora está estudiando arquitectura en la estatal de Cuenca”.
Albuja también tuvo que enfrentar un juicio por parte del Estado, acusada de terrorismo y sabotaje en la ciudad de Saraguro. El día del supuesto atentado, ella no estaba en Saraguro ni en Loja. Estaba en Quito, en una capacitación.

Una mujer que asistió al encuentro con las comunidades pone un dólar para ayudar a pagar la multa.

No a la socialización

Raúl Ankuash es un joven parlamentario de la Asociación Shuar de Bomboiza. Él dice que en su comunidad han resuelto rechazar cualquier tipo de talleres de asambleas o socialización que el gobierno pretenda llevar adelante en sus territorios. Tienen líos no sólo con las empresas transnacionales, sino también con los mestizos que han llegado a comprar sus tierras. La necesidad hace que algunos vendan. Los abogados ayudan a vender, engañándolos muchas veces sobre los precios, indicándo que pueden construir las asociaciones en otro lugar. Raúl Ankuash manifiesta su molestia y preocupación puesto que no se respetan sus territorios. "Más allá de las firmas por el Yasuní, si el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional no las aprueban, si los intereses de la clase política y sus agendas ocultas hacia el 2017 les llevaran a otra coyuntura seguramente y cuando los taladros y ansias mineras invadan sus territorios ¿qué hacer ?", se pregunta.
Raúl reflexiona: “cuando destruyan nuestros territorios, muchos de los que dicen defendernos seguirán viviendo tranquilamente en los edificios de la González Suárez, en Samborondón, seguramente mirarán desde las terrazas, vía tecnología nuestra desgracia, ¡tenemos que organizarnos!”.

Con la colaboración de Jean Cano