La máxima autoridad de la Defensoría Pública lleva encargada desde agosto de 2018. Desde hace más de tres años, Ángel Torres se ha venido desempeñando como defensor público subrogante. Pero esta semana uno de los participantes en un concurso pasado, Ángel Jarrín, puso una acción de protección reclamando el cargo.

Las medidas cautelares solicitadas le fueron otorgadas por un juez de garantías penales en una unidad judicial al norte de Guayaquil. La defensa de Jarrín argumenta que obtuvo 99,69 para el concurso de designación de defensores públicos a nivel nacional.

Según la acción de protección, el actual defensor habría quedado en segunda posición con una calificación de 93,03. El accionante se declaró como “legítimo ganador”.

La defensa de Jarrín, representada por Joselito Argüello, hizo un llamado público al presidente del CPCCS, Hernán Ulloa. “Ecuador tiene un nuevo defensor público. Públicamente le pido (A Ulloa) que cumpla con la orden judicial. Caso contrario estarán incurriendo en desacato y seguiremos las acciones penales correspondientes”.

Señor abogado Hernan Ulloa públicamente le pido que cumpla con la orden judicial dirigida a usted para que se respete la línea legal, meritocrática y lógica de designación del Defensor Público.

Dejen los manoseos. El q merece es el mejor puntuado . Punto. pic.twitter.com/m2UT5ocW2R

— Joselito Argüello S. (@JoselitoPaladin) April 14, 2022

La Defensoría Pública solicitó la presencia de la Policía Nacional en su matriz, ante la alerta de su equipo de seguridad, para “resguardar el edificio, la integridad de los funcionarios y los bienes de la institución”. El actual defensor público fue designado por el CPCCS transitorio. Según la Corte Constitucional, los nuevos Consejos de Participación Ciudadana no tienen las mismas facultades que el de Transición, entre ellas los encargos.

También hay tres medidas cautelares que indican que no se puede retirar el encargo ni designar Defensor Público Subrogante sin que se realice un nuevo concurso.

Según la Defensoría, el puntaje al que aduce Jarrín no es de la evaluación defensorial ya que desde el último concurso realizado en 2015 no se ha evaluado a los defensores públicos. Además, la Defensoría Pública declaró que el sorteo que dispuso la designación de Ángel Jarrín como máxima autoridad fue realizado de manera irregular.

Ante los hechos, la Defensoría Pública presentó una denuncia en contra de Juan Carlos Terán, el juez que otorgó las medidas cautelares por la presunción de un sorteo irregular, que se presume habría sido efectuado de forma manual. Según el director jurídico de la Defensoría Pública, Marco Maldonado, le corresponde al Consejo de la Judicatura nombrar al subrogante del defensor público general luego de que el CPCCS designe al titular mediante el concurso correspondiente.

Otro de los argumentos de la Defensoría Pública es que Ángel Jarrín no cumple con los 10 años de ejercicio profesional en derecho, uno de los requisitos constitucionales para ejercer el cargo. Mientras tanto, el juez de Guayaquil convocó a una audiencia para este viernes 22 de abril. La Defensoría declaró que no ha sido notificada y que no es parte procesal. “La notificación fue únicamente al CPCCS”, según detalla el comunicado.

El asesor jurídico de la Defensoría indicó que el encargo fue otorgado por unanimidad con sustento en las facultades extraordinarias de la consulta popular en 2018 para encargar o cesar autoridades. “La Procuraduría emitió un pronunciamiento aclarando que el CPCCS tiene la atribución para designar a la primera autoridad, y corresponde al Consejo de la Judicatura nombrar al subrogante”, aclaró Maldonado.

La pugna por la máxima autoridad de la Defensoría Pública llega en medio de un proceso de designación paralizado. Es un órgano autónomo de la Función Judicial cuyo fin es garantizar el acceso a la justicia de las personas que no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. Funciona con autonomía administrativa, económica y financiera; es representada por el Defensor Público General y cuenta con recursos equivalentes a los de la Fiscalía General del Estado.