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9 de Noviembre del 2020
Historias
Lectura: 14 minutos
9 de Noviembre del 2020
Mariana Neira

Periodista de investigación, dirigió la redacción de la revista Vistazo en Quito.

Las zancadillas de los gobiernos a los luchadores contra la corrupción
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Ec. Jorge Rodríguez, cofundador y ex coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, conformada en el 2015 bajo mandato de los movimientos sociales, centrales sindicales y organizaciones indígenas del Ecuador. Foto: Luis Argüello / Archivo PlanV

 

La historia reciente del Ecuador ha sido la creación de Comisiones Anticorrupción, pero ese mismo Estado se ha encargado de boicotearlas, bajarlas de nivel o simplemente desaparecerlas. Jorge Rodríguez, quien acaba de fallecer, fue uno de los más empeñados ciudadanos en la lucha contra la corrupción desde la sociedad civil.


@MarianaNeiraL


Ha fallecido Jorge Rodríguez, uno de los estrategas de la Comisión Anticorrupción, una institución cívica que con apenas una decena de personas honestas lucha contra un Estado corrupto. Ellos son la voz de los ecuatorianos que dicen: ¡basta al enriquecimiento ilícito de los funcionarios deshonestos!

Esta lucha comenzó en febrero de 1997, cuando el presidente Abdalá Bucaram fue destituido. De inmediato le sucedió Fabián Alarcón que el 4 de marzo de 1997 creó con decreto ejecutivo la Comisión Anticorrupción. “Formaba parte del acuerdo entre las bancadas legislativas que destituyeron al ex presidente Abdalá Bucaram”.


1996. Abdalá Bucaram, presidente de la República y Rosalía Arteaga, vicepresidenta, realizan el juramento en la ceremonia de posesión en el Congreso Nacional, presidido por Fabián Alarcón (der.). Entre Bucaram y Arteaga, en calidad de edecán militar, el teniente coronel Lucio Gutiérrez.

Los periodistas que hacíamos investigación y habíamos vivido los embates de los corruptos nos preguntábamos cuánto tiempo duraría esta Comisión. Y suponíamos que sus denuncias serían secundarias, no se atrevería a tocar a los poderosos. Nos equivocamos. Este grupo de ilustres no tenía miedo de nada ni de nadie. Prueba de eso son sus investigaciones a presidentes y vicepresidentes que, sintiéndose descubiertos pusieron zancadillas a la Comisión para debilitarla o desaparecerla. Esta pugna con los gobernantes corruptos fue tenaz como lo veremos en esta ayudamemoria.

Bucaram se fue al autoexilio dejando huellas de grandes actos corruptos en su gobierno que fueron investigados y juzgados, como los casos Mochila Escolar, Gastos Reservados y la red Peñaranda que, según descubriría la Comisión, estaba dedicada a la tramitación ilegal de dinero del Estado.

Primer ex presidente denunciado: Fabián Alarcón 

“A mediados de enero 1999, la Comisión Anticorrupción señaló que de 15 casos de corrupción que investiga, unos 13 ó 14 se cometieron durante la gestión de Fabián Alarcón, entre estos encontró que 2.089 personas fueron contratadas irregularmente en el Congreso, mientras Alarcón era su presidente.

Estas personas nunca cumplieron labores en el Congreso pero sí cobraron sus salarios. El perjuicio al Estado alcanzó la suma de 32 mil millones de sucres. Fue el ‘caso Piponazgo’ o ‘caso de los Pipones’.

La Corte Suprema de Justicia ordenó la detención preventiva del ex-presidente Interino Alarcón, encerrado el 17 de marzo 1999. Habiendo permanecido en esa condición durante seis meses, recuperó su libertad al amparo del informe de la Contraloría que lo liberó de responsabilidades”.

Segundo ex presidente denunciado: Jamil Mahuad

En agosto de 1998, Jamil Mahuad asumió la presidencia de la república y por la Constitución de 1998, la Comisión se convirtió en un organismo del Estado llamado Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), entidad autónoma, con independencia económica y administrativa para “representar a la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. Sus miembros eran seleccionados por diferentes sectores de la sociedad civil y designados por colegios electorales convocados por el Tribunal Supremo Electoral”.

Mientras tanto, a Mahuad le llegaba un remolino de problemas, el principal, la crisis bancaria. Expidió una ley de salvataje bancario que destinó recursos del Estado para atender a los problemas de los bancos privados que habían quebrado e impedir la quiebra de otros. El gobierno lo hacía, se dijo, para proteger los ahorros y al sistema financiero nacional.

Una parte del dinero líquido recibido del Estado como préstamo, los bancos lo usaron para comprar dólares o colocarlo fuera del país. El Banco Central trató de evitar la devaluación monetaria. Entre agosto de 1998 y febrero de 1999 vendió 700 millones de dólares de la Reserva Monetaria Internacional. En marzo del 99, agotada la disponibilidad de sucres en las bóvedas, se recurrió al congelamiento, por el lapso de un año, de los depósitos del público superiores a los quinientos dólares.

Pese a todo, quebraron muchos bancos.​ El gobierno creó la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) para que se encargara de devolver el dinero de los clientes de los bancos quebrados”.

Cientos de miles de ecuatorianos perdieron sus depósitos bancarios y desesperados emigraron a Estados Unidos y Europa, básicamente. Algunos se suicidaron.

Mahuad decretó la dolarización pero no fue suficiente y un movimiento de coroneles e indígenas realizó un levantamiento, el 21 enero del 2000, que devino en su destitución. Mahuad se exilió en Estados Unidos. La CCCC y Víctor Granda, presidente del Partido Socialista, presentaron ante la justicia, entre enero y mayo del 2000, la denuncia por ‘Violación de derechos y peculado’. Hubo un sobreseimiento provisional, pero “el 14 de diciembre de 2006, Jaime Velasco Dávila, Presidente de la CSJ hace comparecer a Víctor Granda y Jorge Rodríguez para que rindan declaraciones y entreguen documentos probatorios. Se estimó el perjuicio en USD 8.000 millones, por lo que se reabrió el juicio, y el 13 de junio de 2007, dicta auto de reapertura del sumario”. 

En el 2013 Mahuad fue sentenciado a 12 años de prisión por el delito de peculado. Por pedido de la justicia ecuatoriana, la Policía Internacional (Interpol) emitió el 27 de mayo de 2014 difusión roja. La Interpol finalmente se negó a detener a Mahuad bajo el argumento de que su requerimiento por la justicia de Ecuador era tema político que no les compete. En mayo del 2017, ante la apelación de la defensa del ex presidente, su pena fue rebajada a 8 años.


Recién posesionada en el cargo, la fiscal general del Estado, Dra. Diana Salazar Méndez, recibió a los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, quienes le extendieron su deseo de éxitos al frente de la Institución y solicitaron la revisión de las denuncias presentadas por la entidad de carácter cívico. Detrás de la fiscal Salazar, el Ec.  Jorge Rodríguez, entonces coordinador de la Comisión, y a su lado Germán Rodas, actual coordinador. 

Tercer ex presidente denunciado: Lucio Gutiérrez

Lucio Gutiérrez ganó la presidencia de la república y se posesionó en enero del 2003. De inmediato empezaron las denuncias en su contra y de su gobierno. Se dijo que había recibido un aporte para su campaña electoral de un narcotraficante manabita, que había introducido ilegalmente afiches publicitarios electorales desde México; que un cuñado suyo estaba formando una empresa de seguridad privada; que habrían comprado equipos de espionaje y elaborado una ‘lista negra’ de opuestos al régimen y periodistas, y que fomentó el nepotismo con una larga lista de parientes del presidente en cargos públicos.

La CCCC investigó la supuesta introducción ilegal de afiches publicitarios desde México y descubrió que fueron 185.000, valorados en 500.000 dólares. El gobierno rechazó la denuncia, igual la fiscalía que pidió el archivo del caso pese a que “la importación de ese material fue corroborada por Anticorrupción con la copia de la factura 1387 de la compañía Fecit S.A. de México”.

Pero la CCCC seguía con otras investigaciones y, para limpiar su imagen, Gutiérrez “sacó de la manga un ente anticorrupción”. Diario El Comercio lo informó: “horas antes de inaugurar la XXXIV Asamblea de la OEA, firmó el decreto 1776 que constituye una comisión de seguimiento para reactivar al Sistema Anticorrupción Ecuatoriano (SAE)”.

“La puesta en marcha del Sistema Anticorrupción del Ecuador (SAE), a partir de una Comisión adscrita a la Presidencia, no impresionó a unas cabeceras de prensa decididamente fiscalizadoras y hostiles que endilgaron al cabeza de tal comisión (conocida como Oficina Anticorrupción de la Presidencia, que desapareció), el dirigente del PSP, Alejandro Nájera, la elaboración de ‘listas negras’ de ‘enemigos’ del Gobierno, entre los que habría numerosos periodistas, así como la práctica de espionajes telefónicos”. (Fuente nota: ‘Lucio Gutiérrez Borbúa’, de cidob.org, de Barcelona, España).

Grupos sociales, entre los cuales estuvo quien luego sería el presidente de la "revolución", Rafael Correa, se agitaron y el 20 de abril 2005 Gutiérrez fue derrocado. Fugó al Brasil, que le dio asilo político. “Al poco tiempo, el ex mandatario renunció a su estatus y viajó a Estados Unidos para denunciar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el ‘golpe de Estado’. Luego se dirigió a Perú, donde inició el trámite para su asilo, pero en medio del proceso se trasladó a Colombia, que finalmente se lo concedió el 4 de octubre 2005. El 16 de octubre 2005 regresó a Quito para “recuperar el poder de las manos del usurpador” (su ex vicepresidente, Alfredo Palacio) y fue detenido.

La fiscal Cecilia Armas explicó que había siete causas abiertas contra Gutiérrez, entre ellas, malversación de fondos del Seguro Social; atentado al orden jurídico; la muerte del periodista chileno Julio García, acaecida durante las protestas previas a su derrocamiento; peculado en campañas de propaganda oficial e ilegalidades (que había denunciado la CCCC) en la adquisición de equipos para Radio Nacional (gubernamental)”, relataba diario El País de España.

Gutiérrez estuvo cinco meses preso en el Penal García Moreno.

Y llegó la "revolución" de Correa con harta corrupción 

Rafael Correa, elegido presidente del Ecuador en enero del 2007, asumió el poder y la autodenominada revolución ciudadana con su nueva Constitución creaba el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), con la misión de “elegir a las nuevas autoridades, combatir a la corrupción y lograr niveles de transparencia en la gestión pública”.

Entonces nombraron la Dirección Nacional de Investigación del Consejo que heredó los expedientes que tenían la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SNA que dependía del Estado). Pronto aparecieron los cuestionamientos a esta Dirección por la reducida cantidad de procesos tramitados. En 11 años de trabajo (1997-2008), la ex Comisión Anticorrupción despachó 4.600 procesos, de los cuales 600 tuvieron indicios penales que involucraban incluso a ex presidentes.

Por obra y gracia de la ‘revolución’, la CCCC desapareció, pero más pudo la voluntad de quienes la dieron vida, entre ellos, Jorge Rodríguez.  PlanV narró cómo en “en el vestíbulo de la casa del Colegio de Abogados de Quito, frente al Palacio Legislativo y ante las ruinas del viejo Palacio de Justicia, varios personajes se han dado cita el pasado 23 de julio de 2015. En el vestíbulo, en la zona donde se hacen trámites del gremio, se ha colocado una mesa y sillas de plástico. En pocos minutos está previsto que se anuncie, con la presencia del notario primero del Cantón, Jorge Machado, el inicio de las labores de la Comisión Nacional Anticorrupción, designada por el Colectivo Nacional Unitario de Trabajadores, Indígenas y Organizaciones Sociales”.

Tras este acto de renacimiento que desafiaba al poder de Correa, Jorge Rodríguez dijo que no temían una reacción “violenta” del Gobierno en su contra y la decisión la habían tomado porque  “Vemos enriquecerse una gran cantidad de personas a nuestro alrededor. Hay opacidad en los proyectos del Estado. Es evidente que hay corrupción”. (Nota de PlanV: ‘La Comisión que quiere resucitar el combate a la corrupción’).

De su parte, el gobierno de Correa creo la ineficaz Secretariá de Gestíón de la Transparencia Pública, una oficina con rango de ministerio, adscrita a la Presidencia de la República, cuyas pocas y tímidas denuncias nunca prosperaron. 

El récord de casos de corrupción registrados en la década correísta confirma que Jorge Rodríguez no estuvo equivocado.


Enero del 2017. Rafael Correa, presidente saliente, levanta la mano de Lenín Moreno, el sucesor, en la posesión del cargo. Pocos meses después romperían irremediablemente. 

Gobierno de Moreno: Comisión sobre Comisión

El plan para opacar a la ahora llamada Comisión Nacional Anticorrupción ha continuado en el gobierno de Lenin Moreno que el 6 de febrero 2019 creó la Secretaría Anticorrupción, dependiente de la presidencia de la república, y formó la Comisión de Expertos Internacionales contra la Corrupción para la ‘cirugía mayor’.

Ninguna le funcionó. La corrupción sigue, como también la lucha de ciudadanos con ética y valor para enfrentarla, entre ellos, los comisionados Julio César Trujillo, María Arboleda y Jorge Rodríguez que nos dejaron con una semilla de honestidad sembrada en la mente cristalina de las nuevas generaciones.

Les recordaremos siempre.

GALERÍA
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