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¿Cuánto nos cuestan los viajes de los asambleístas?

Foto: Asamblea Nacional

Aunque se anunció, como muestra de austeridad, que se suspenderían las giras internacionales, miembros de la Legislatura siguen recibiendo viáticos. 

 

¿Galo Lara en la antesala de un indulto?

Galo Lara, durante una de las audiencias judiciales. Fue sentenciado a diez años de prisión por complicidad en el triple crimen de Quinsacocha (Los Ríos). Su defensa dice que es un preso político.

 

El titular de la Secom, Andrés Michelena, reveló que una de las preocupaciones del presidente Lenín Moreno es la situación del exasambleísta Galo Lara y anunció que el presidente recibirá a la delegación humanitaria del Instituto Iberoamericano para la Democracia, IID (por sus siglas en inglés), con sede en Miami, para resolver su caso.
Lenín Moreno: crónica de un año de transición democrática

Fotos: Presidencia de la República

El presidente Lenín Moreno se dirige a la Asamblea y al país para informar de su primer año de gestión.

 

La estrategia de Lenín Moreno impidió la trampa del cartel liderado por Rafael Correa, quien desde su ático en Bruselas se plantó como el único opositor político de Moreno, acusándolo de “traidor” y desatando contra él una campaña de desprestigio dentro y fuera del país.
Las reformas a la LOC no eliminan el control de contenidos de los medios
Redacción Plan V

Foto: El Universo

El Gobierno propone desmantelar la Supercom, pero pasar su personal, bienes y atribuciones a la Defensoría del Pueblo. 

 

La Corte Constitucional tiene una serie de amplias atribuciones fijadas por la Constitución de Montecristi, que son mayores que la del antiguo Tribunal de Garantías Constitucionales. 

 

Los pecados capitales de la Corte Constitucional
Redacción Plan V

Foto: Diario Extra

Militares patrullan la zona de Mataje. El control de la zona pasó a ser responsabilidad directa del Ministerio de Defensa. 

 

Frontera Norte: el culebrón policial

Foto: EFE

El narcotraficante colombiano Diego León Montoya Sánchez, alias "Don Diego"

 

Ecuador: la cercana relación con los capos de la droga
Mariana Neira

Fotos: Luis Argüello

En el parque anexo al Consejo de Participación Transitorio, un grupo de manifestantes dio su apoyo a los integrantes del Consejo. 

 

El Consejo Transitorio se blinda con olor de multitudes
El Consejo de Participación apunta ahora contra la Corte Constitucional, a la que somete a un proceso de evaluación que rompió la unanimidad de los siete consejeros. El informe sobre la gestión del Consejo de la Judicatura también se conocerá esta semana, y no se descarta que los integrantes de la instancia judicial puedan ser cesados. El Transitorio logró apoyo político del Ejecutivo, el Legislativo y varios movimientos sociales durante la semana pasada.

Fue una semana de apoyos políticos y manifestaciones de respaldo. En el edificio del Consejo de Participación Transitorio, una instalación en el centro de la capital, hay un desfile constante de personas que concurren a apoyar a los consejeros. 

Foto: Presidencia de la República

El presidente Rafael Correa visitó el Kremlin durante su mandato, en 2013. Actualmente es entrevistador del canal RT donde tiene su propio programa. 

 

Las sorprendentes similitudes entre el Ecuador de Correa y la Rusia de Putin
En un nuevo libro del periodista Steven Lee, corresponsal de The New York Times en Moscú, se presenta una semblanza del poderoso presidente de Rusia, quien escaló pacientemente en el funcionariado y la política de la Rusia posterior a la caída de la URSS hasta convertirse en un hombre indispensable en su país. Pero muchos de los rasgos del Estado de Putin coinciden con el Ecuador de Correa.

En este libro se sigue la trayectoria vital y política del presidente de Rusia. 

En un solo año se han gastado cerca de USD 13 millones en burós jurídicos internacionales para defender causas internacionales del Estado ecuatoriano; además, otros 620 mil se gastaron en promoción.

 

La costosa defensa internacional del Estado
14 estudios jurídicos en Estados Unidos, España, Panamá, República Dominicana, Suiza, Colombia y Perú se encargan de la representación en una treintena de casos, que incluyen demandas contra Ecuador y otras planteadas por el país. Los pagos a estas firmas son millonarios, y en estos no se incluyen los gastos por viáticos que los funcionarios de Procuraduría reportan para reuniones en el exterior o asistir a audiencias y diligencias judiciales o relacionadas con los arbitrajes.

Más de USD 12 millones destinó el Gobierno ecuatoriano, solo en el 2017, para pagar a estudios jurídicos internacionales para que defiendan al país en los arbitrajes, juicios y controversias que enfrenta. Una revisión de los pagos de la Procuraduría General permite determinar cuáles burós actúan internacionalmente en nombre del Estado y en qué causas.

Foto: Luis Argüello

El alcalde metropolitano de Quito, Mauricio Rodas, concurrió a la Fiscalía a declarar y ofreció toda su colaboración para esclarecer el caso. 

 

Las tres denuncias que sacuden al Municipio de Mauricio Rodas
Tres cuestionamientos relacionados con movilidad son investigados por la Fiscalía de Pichincha en el Municipio Metropolitano de Quito. Sacudido por escándalos, sin un liderazgos político y con permanentes conflictos internos, el Cabildo que dirige Mauricio Rodas ataja las críticas con operaciones mediáticas y en redes sociales, con escaso éxito. De su lado, el concejal Garnica arremetió contra los medios y aseguró que no hay ningún indicio serio en su contra.

El allanamiento al Palacio Municipal de Quito y la indagatoria abierta contra dos concejales de Quito y seis funcionarios del entorno del alcalde Mauricio Rodas iniciaron como una serie de denuncias públicas del Observatorio de Movilidad que, según el abogado Cristóbal Buendía, quien lo dirige, fueron ignoradas en su momento tanto por el alcalde metropolitano de Quito, Mauricio Rodas, cuanto por el concejal independiente Sergio Garnica, quien forma parte del Directorio de la Empresa de Pasajeros, la entidad municipal que regenta el trolebús, la ecovía y los corredores de bu

Foto: Consejo de Participación Ciudadana

Los siete integrantes del Consejo de Participación Transitorio sostienen que pueden destituir y nombrar a funcionarios en la Función de Transparencia y Control Social según la consulta popular. 

 

La "gran escoba" del Consejo Transitorio en la Función de Transparencia
El Consejo de Participación Transitorio se aplica a fondo en la remoción de las autoridades de control heredadas del correato, mientras que el conflicto con el Consejo Nacional de la Judicatura, que dirige Gustavo Jalkh, sufre una escalda verbal y política. La caída de Carlos Baca Mancheno de la Fiscalía General dio paso al encargo del fiscal provincial de Carchi, mientras Julio César Trujillo no escatima epítetos contra el CNJ. La veeduría de la Fundación Democracia y Desarrollo sostiene que el Transitorio se está extralimitando en sus funciones.

Parafraseando al  ex presidente de Estados Unidos Theodore Roosevelt: "habla suavemente y lleva una gran escoba, así llegarás lejos". La caída del polémico ex superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, fue el primer indicio de cómo el Consejo de Participación Transitorio, presidido por Julio César Trujillo, iba a operar en las siguientes semanas.

Foto: Presidencia de la República

El correísmo ortodoxo pretende hacer creer que el régimen anterior no tuvo una política permisiva y hasta cómplice con las guerrillas de Colombia. 

 

Terrorismo y comunicación en la estrategia correísta
La lógica más elemental señala que la falsa premisa del “no involucramiento en el conflicto colombiano” jugó durante el correato como un artificio diplomático para disimular precisamente lo contrario; nunca existió en los hechos la neutralidad que publicitaba el régimen, más bien, se negó reiteradamente a tratar a las milicias articuladas al narcotráfico como lo que eran; muchos ecuatorianos no han olvidado las abiertas muestras de simpatía y beneplácito que mutuamente se extendían entre jerarcas del régimen correísta y sus amigos pseudo marxistas.

Los recientes atentados y crímenes del narcoterrorismo que han segado la vida de siete compatriotas y mantienen secuestrada a una pareja de jóvenes, son producto del conflicto que el Estado colombiano mantiene durante más de cinco décadas con grupos armados de distinta naturaleza, muchos de cuyos integrantes, con el tiempo, han pasado a formar parte de carteles delincuenciales. Una de las bandas de disidentes de las Farc es directamente responsable de los dramáticos hechos que comentamos.

Los concejales independientes Sergio Garnica y Eddy Sánchez reiteraron que no piensan renunciar a pesar de la instrucción fiscal en su contra. 

 

El Municipio de Quito sacudido por denuncias sobre coimas
La Fiscalía de Pichincha investiga una presunta red de coimas en el Municipio Metropolitano de Quito, que involucraría la regularización de taxis informales y las compensaciones al transporte en buses, así como otros aspectos como la limpieza del Trolebús. Dos concejales presuntamente involucrados anunciaron que no piensan renunciar, mientras la justicia de Pichincha les impuso medidas cautelares por 90 días.

Los concejales independientes de Quito, Eddy Sánchez y Sergio Garnica, que llegaron a sus curules con el apoyo de Alianza PAIS y movimiento Vive, respectivamente, desmintieron que vayan a renunciar como consecuencia de una indagación de la Fiscalía de Pichincha, que investiga la posible existencia de una red de sobornos en el Municipio de Quito. 

La presencia en el Ecuador del crimen organizado implica el movimiento de gran cantidad de dinero y de millonarias ganancias blindadas con violencia. 

 

En el narcotráfico, las penas son de nosotros, las ganancias son ajenas
Cabría preguntarse por qué nos negábamos a aceptar esa realidad; por qué insistíamos en que el Ecuador era una “isla de paz” cuando la violencia ha ido creciendo y la incautación de droga es más intensa. Si bien se sabía que el narcotráfico es un importante sostén del circulante de la economía ecuatoriana, cabe analizar por qué en la actual coyuntura el problema se visibiliza.

“Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”
Atahualpa Yupanqui

Foto: API

El opositor a Correa, Fernando Balda, ha demandado a los policías ecuatorianos que coordinaron su secuestro en Bogotá, donde se había refugiado de la persecusión judicial del correato. 

 

La traición a los agentes de Inteligencia del caso Balda
En una carta dirigida al entonces presidente Rafael Correa, la agente de inteligencia Diana Falcón, ahora detenida por el caso Balda, asegura que los procedimientos estuvieron apegados a la legalidad. Dice que ella habría ido a Colombia “cumpliendo órdenes directas del Secretario de la Secretaría Nacional de Inteligencia, del Comandante General de la Policía y del Director General de Inteligencia”.

El caso del espionaje a Fernando Balda está lejos de acabar. Más bien, mientras pasan los días, aparecen más datos que configuran un entramado de espionaje que llegaría al más alto nivel de la institucionalidad del Ecuador y una posible traición a los agentes que operaron por esas órdenes superiores. De hecho, los agentes buscan una salida legal convirtiéndose en testigos protegidos pero la Fiscalía, según su abogado defensor, Diego Chimbo, tiene el caso en el congelador.

Foto: Plan V

Las denuncias sobre presiones a la justicia por parte del Gobierno correísta fueron documentadas por organizaciones internacionales. 

 

Ecuador: Injerencia política en el poder judicial
Human Rights Watch documentó doce casos en los cuales un juez o fiscal manifestó que representantes del consejo o del Ministerio de Justicia, o asesores de Correa, directa o indirectamente sugirieron cómo pronunciarse en ciertas causas. Cuando los jueces no acataron las instrucciones, el Consejo de la Judicatura inició procedimientos administrativos en su contra, y en la mayoría de los casos los jueces fueron posteriormente suspendidos o destituidos.

Las autoridades ecuatorianas deberían llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre denuncias creíbles de injerencia política en el poder judicial, según Human Rights Watch.

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