La fórmula es un secreto a voces entre los políticos no solamente de América Latina, sino de países europeos como España. Consiste en recibir y canalizar dinero negro para la política que escapa al control de las autoridades electorales y permite pagos que evaden los límites del gasto electoral fijados y declarados.

Un informe detallado lleva un nombre clave militante y culinario: "arroz verde". Se trata de lo que supuestamente es la minuciosa contabilidad que dos operadoras del correísmo y asesoras de la Presidencia de la República, llevaban de dineros que recaudaban a grandes empresas transnacionales con contratos en el país, entre ellas, la brasileña Odebrecht, conocida en la región por sobornar políticos y financiar campañas, "cortesía" que luego les era compensada con contratos de obra pública en el Ecuador.

Jorge Rodríguez, de la Comisión Anticorrupción de los movimientos sociales, fue enfático: hay que tomar "de las orejas" a los funcionarios de auditoría y control interno de algunas entidades del Estado, pues un muestreo que la Comisión realizó, permitió determinar que, con dinero público, se habrían pagado bienes y servicios que podrían no haber sido entregados. 

Görel Bini Gustafsson es una mujer de aspecto típicamente nórdico. No  muy alta y robusta, vestida con un chal negro en la tarde del Quito lluvioso de abril, atiende a los medios en el piso ejecutivo del Swissotel capitalino, en donde se aloja. Lleva el pelo corto, y sus facciones y las de su esposo, Dag Gustafsson, parecen sacadas de una saga del norte de Europa. Ambos deben pasar de los 60 años y reciben a los periodistas con cierta desconfianza.