La  mujer anciana, de piel curtida por el sol y de escaso cabello, se detuvo frente a una iglesia cerrada. Unió sus manos. Cerró sus ojos y rezó. Se abstrajo por unos instantes del caos que la rodeaba. Esa escena ocurrió en Carapungo. Cientos de vecinos del barrio, ubicado en el ingreso norte de Quito, caminaron sin rumbo por las calles: unos por llegar a sus casas, otros en busca de alimentos, otros para protestar. No hubo buses, ni taxis, ni siquiera servicio de la aplicación Uber. El populoso lugar quedó aislado. Nadie podía ni entrar ni salir.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, arrancó su discurso con una frase: “es importante que nos mantengamos informados”. Por eso pasó, ayer domingo 6 de octubre, una hora al aire en cadena nacional para dar su versión sobre las protestas en contra de las medidas económicas implementadas por Lenín Moreno la semana pasada. Pidió separar dos sectores: a los inconformes por las medidas económicas y a los vandálicos que se dedicaron a saqueos en distintas ciudades.

El paso de Mauricio Rodas por el Municipio de Quito deja una promesa inconclusa, una que evocaba  ser una novedosa e ingeniosa solución a los problemas de movilidad de la ciudad. Lo cierto es que en alguna medida el proyecto Quito Cables  sí podía ser una solución viable, el problema fue que durante cuatro años se han gastado al menos 13 millones de dólares y la gente no ha visto resultados.

Para los ecuatorianos el castigo corporal a los niños no solo es normal, sino necesario para ser unas personas de bien y por lo tanto lo asimilan como una práctica valiosa para su vida. Entre los castigos más recurrentes están los correazos, las nalgadas, los jalones de oreja, los baños de agua fría. Los menos frecuentes, en cambio, son los roces con ortiga, los azotes con cabestros o varas, las patadas. En Ecuador, usar esas formas de violencia constituye la mejor manera de criarlos.