Para Itania Villarreal, exdirectora Nacional de Rehabilitación Social y del ex Penal García Moreno, se ha perdido el principio de autoridad en el sistema penitenciario. Con un Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) debilitado y numerosos estados de excepción en la historia reciente de las cárceles, es necesario revisar los problemas de fondo que terminaron en la matanza de más 250 presos en diversos episodios de violencia en lo que va de este año. Villarreal hace un desglose de estas causas.

1. Una institución como botín político. La politización ha causado mucho daño al sistema penitenciario porque dejó de ser administrado por profesionales que conozcan esta área. “Cada gobierno ha puesto a su personal y al no haber estabilidad, los programas quedan estancados y más si este funcionario desconoce el sistema”. Los proyectos toman entre dos y cuatro años para que den los resultados esperados, afirma. La politización y la improvisación han llevado a un caos permanente.

2. Las mega cárceles. El espacio físico es demasiado amplio para el poco personal que tiene la institución, dice la experta. Los 1.654 agentes de seguridad penitenciaria deben manejar una población carcelaria de cerca 39.000 personas. “Estas estructuras quedan en cemento y no se las puede aprovechar de mejor manera”. Los espacios que servían para talleres ahora son aprovechados, dice, para elaborar armas blancas o para almacenar. La población ha crecido, pero no la institución. Señala que este crecimiento implica una mejor dotación de tecnología. Cuestiona que hasta el momento no exista un sistema que permita seguir en tiempo real la situación legal y la ubicación del privado de libertad. Hasta el momento, el registro es manual. “Con tanto estado de excepción se aspiraba a fortalecer el sistema penitenciario”. Estas medidas han sido frecuentes. Entre 2007 y 2009, por ejemplo, se declararon estados de excepción cuando ella fue directora del ex Penal García Moreno, pero eso no ha resuelto la crisis permanente de las cárceles.

3. Muchos centros, pocos funcionarios. En el Ecuador existen 65 centros penitenciarios, entre centros de detención provisional y de privación de libertad, más 11 centros para adolescentes infractores. El personal del SNAI debe distribuirse entre todos estos lugares y eso disminuye aún más la capacidad de gestión de estos centros, dice la experta. Si a esto se agrega el hacinamiento que bordea el 30% en las cárceles el control de los internos resulta “insostenible”.

4. Una ley que afectó la vigilancia interna de las cárceles. El Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop) creó una deficiencia en las cárceles. Esta norma, que entró en vigencia en diciembre de 2017, establece grados en el Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria. Es decir, los guías penitenciarios pueden tener roles de conducción y mando (directivos) y de supervisión y ejecución operativa. Según la experta, quienes llegaron a cargos directivos no pasaron por pruebas de conocimiento, técnicas y psicológicas. “Tiene un cargo más alto, pero sin experiencia”, afirma. Pero además eso ha disminuido el número de agentes operativos que están en las cárceles, cuya formación también se ha estancado. Villarreal explica que antes los agentes tenían capacitaciones en la ESPE (Universidad de las Fuerzas Armadas) sobre técnicas para poder reaccionar ante un disturbio.

La violencia carcelaria se ha agudizado en el último año en Ecuador. Foto: Vistazo

5. El uso abusivo de la prisión preventiva. El Consejo de la Judicatura debe hacer una revisión de esta medida cautelar y que sea la última opción para los delitos menores, sugiere Villarreal. “No se puede llegar al populismo penal que además deriva en el hacinamiento”. El 29 de septiembre, Lasso decretó el estado de excepción en todo el sistema penitenciario y en ese documento dispuso que el Consejo de la Judicatura informe, en un plazo no mayor de 10 días, sobre el uso de la prisión preventiva en los procesos penales iniciados en el 2019, así como de las acciones tomadas para garantizar su calidad de medida de ultima ratio.

6. Beneficios penitenciarios estancados. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, dijo que existen 5.000 expedientes, en espera, para beneficios penitenciarios. Uno de los nudos críticos, según el presidente de la Corte, es que existe un número escaso de jueces de garantías penitenciarias para evacuar estos trámites. “Esto conlleva a que no puedan resolverse de forma oportuna los beneficios penitenciarios y se contribuya al hacinamiento carcelario”, dijo. En una entrevista en Teleamazonas, el pasado 4 de octubre, dijo que su propuesta es que los jueces penales conozcan de forma inmediata esos expedientes. También propone duplicar o triplicar el número de jueces de garantías penitenciarias. En Azuay existen dos jueces; en Guayas, cinco; en Manabí, tres. “Es imposible despachar los expedientes”.  Villarreal sostiene que es importante también que se investigue el porqué de este represamiento y desde qué fecha existe este retraso. “Si sumamos estos expedientes, más las repatriaciones y los indultos, por lo menos 10.000 privados de libertad estarían saliendo de las cárceles”, dice la experta.

Para Saquicela, el problema mayor está en la demora de los informes que debe hacer el SNAI, que se concentran en la ciudad de Quito. El presidente de la Corte propone la digitalización del expediente de los presos. Actualmente, los informes llegan a los jueces, dijo Saquicela, cuando los presos ya han cumplido su condena. La experta recuerda que antes cada director de cada centro de rehabilitación social era el responsable de despachar esos informes. “Se centralizó por el pretexto de la corrupción, ahora están estancados en el SNAI. ¿Acaso eso no es también corrupción, la falta eficiencia?”, se pregunta Villarreal. 

7. La falta de sistemas de seguridad. Hay que reforzar la seguridad interna y externa de los centros. La falta de cámaras de videovigilancia, de inhibidores, de los escáneres y de los rayos X han incidido en la crisis y en los ingresos irregulares de objetos prohibidos. Después de la masacre del 23 de febrero pasado, se conoció que en cuatro cárceles del país existen al menos 82 vulnerabilidades. Un informe de Inteligencia afirmaba que estos puntos débiles están en garitas, ingresos, terrazas, filtros de seguridad y hasta en cercos eléctricos. Y que las tecnologías están obsoletas o dañadas.

Villarreal también cuestiona la falta de inteligencia penitenciaria. Antes, la Policía Nacional y los agentes penitenciarios, en coordinación con las autoridades de las cárceles, se encargaban de esta tarea, según la experta. Pero, ahora, en el SNAI existe un grupo dedicado a estas labores, que ha sido cuestionado por la falta de resultados. “Las masacres no dan para pensar que ha existido inteligencia penitenciaria”. 

8. La corrupción. Es necesario evaluar el trabajo de los servidores que trabajan en el sistema penitenciario y revisar qué ha pasado con aquellos que han sido sancionados o tienen sumarios administrativos. “Hemos visto cómo a los funcionarios que han infringido se les ha calificado la flagrancia, pero han regresado nuevamente a trabajar. Y reinciden ingresando municiones, armas de fuego. Son ciertos servidores que se han inclinado a los intereses de las bandas de crimen organizado”, dice Villarreal.

9. La presencia de carteles internacionales. Esta es una de las razones para la extrema violencia que se vive en las cárceles, según Villarreal. Los carteles de narcotráfico han visto como un negocio a las cárceles, agrega. En la Penitenciaría del Litoral existen cerca de 9.000 privados de libertad, el cual es un mercado para el microtráfico. Argumenta que en lugares cercanos de este centro y de la cárcel regional de Guayaquil ha aumentado los decomisos de droga. El pasado 4 de octubre, la Policía decomisó más de 3 toneladas de droga en una casa ubicada en la vía a Daule, cerca del complejo penitenciario de Guayaquil.

Las incautaciones de droga y las redadas contra el narcotráfico son parte de la problemática. Foto: Policía Nacional

10. Falta de programas de rehabilitación. Pero, ¿por qué ha avanzado tanto la violencia? La experta dice que se debe a la falta de proyectos para los presos, quienes están en “un profundo ocio”. Los funcionarios como los administrativos y las trabajadoras sociales no se dan abasto para llevar a cabo estos programas. “Ahora ya no les importa acogerse a un programa de rehabilitación social. Es más lucrativo ser un microtraficante que acogerse a un plan de trabajo para sacar un oficio”. Villarreal asegura que cuando estuvo al frente del ex Penal García Moreno la mayoría de los presos participaba en actividades productivas. Asegura que falta difusión en los centros penitenciarios sobre la importancia de acogerse a estos programas para que tengan un futuro después del encierro. Eso evitaría la reincidencia. Critica la falta de organización de ferias de productos elaborados por los presos, algo que debería tener el apoyo de los ministerios de Trabajo y de Inclusión Social. “No se han hecho alianzas con los ministerios de Cultura y Deporte. ¿Dónde se les está dando recreación a los privados de libertad?”.