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14 de Noviembre del 2021
Historias
Lectura: 12 minutos
14 de Noviembre del 2021
Susana Morán
Los 51 de la lista de la Penitenciaría
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Afuera de la Penitenciaría y de Medicina Legal de la Policía decenas de familiares acudieron a pedir información sobre sus internos. Muchos reclamaron por la falta de datos en esos lugares. Foto: Reuters

 

Una lista no oficial circuló después de la última masacre en la Penitenciaría del Litoral. Este medio revisó en el sistema judicial los 51 nombres que allí se mencionan y es posible confirmar que el 90% de ellos estaban en ese centro carcelario. Medios y abogados han confirmado el asesinato de cinco de ellos. Esas víctimas estaban en el área de transitoria, a donde por primera vez llegó el infierno de la violencia carcelaria.


En medio de la falta de información de los familiares de los internos asesinados -61 según la última cifra oficial- durante nuevos enfrentamientos en la Penitenciaría del Litoral, apareció una lista con 51 nombres. Las cámaras de televisión la grabaron pegada a un poste a las afueras del centro. También circuló en redes sociales, en cuentas de familiares y amigos. Pero ni la Presidencia, Criminalística o el Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) han confirmado si las personas allí mencionadas están entre las víctimas.

La lista describe que esas 51 personas estaban en el área transitoria, donde las autoridades confirmaron que se produjo la mayoría de asesinatos en la cuarta masacre carcelaria de este año. En lo que va de 2021 hay 321 personas asesinadas en los centros penitenciarios considerados como de máxima seguridad.

Tannya Varela, comandante de la Policía, dijo en la rueda de prensa del sábado pasado que 10 personas fueron asesinadas en el pabellón 2 y al menos 48 en transitoria. La Policía se concentró en defender al pabellón 2, que era el lugar de disputa entre bandas criminales y al que llegó recién siete horas después de iniciada la violencia. Valera, con un tono de resignación, mencionó que ante la falta de luz los uniformados no pudieron saber de otras zonas bajo ataque. El día de esta masacre, los reos de tres pabellones estuvieron sueltos, según la Comandante. Es decir, 2.400 internos deambulaban libremente en una cárcel de 8.000 presos y con un hacinamiento del 100%. 

 

El área transitoria es una zona donde se encuentran los recién llegados a la cárcel o están por salir después de pagar su condena. También están aquellas que han sido procesadas por delitos menores. Es la primera vez que una masacre llega a esta zona de gran vulnerabilidad. De acuerdo a Fernando Bastias, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, aquella lista la difundió el SNAI para brindar algún tipo de información a los familiares. Pero no es la lista oficial de los fallecidos, sino solo de aquellos que podrían haber estado en esa área. El SNAI no respondió a la inquietud sobre la veracidad de la información en este listado.

Pero después de revisar cada uno de esos 51 nombres en el sistema de la Función Judicial (SATJE) es posible confirmar que al menos el 90% (47) de los mencionados sí estaba en la Penitenciaría. Sobre el 10% restante, es decir sobre cuatro personas, no hubo datos en el sistema o existen inconsistencias. Por ejemplo, en esa lista estaba Édison, que solo tiene una causa por pensiones alimenticias. Su abogada, Gisella Macías, confirmó a PlanV que no tiene una medida de apremio personal (detención). En una búsqueda por su cédula, no registraba otros procesos. 

 

Tras revisar la situación legal de los 51 internos de la lista, 10 personas tenían prisión preventiva; 34 cumplían una sentencia y de 7 personas no hubo datos. En el listado están los nombres de Abraham Muñoz y Víctor Chele Loor, sentenciados por la venta irregular de la medicina Actemra para COVID-19. También está el nombre de José Luis Romo Rosales Castillo, exgerente de Seguros Sucre acusado por lavado de activos. Los tres tenían condenas recientes. Sus abogados no confirmaron a medios ni a los correos de este medio sobre el estado de sus clientes.


Hasta la mañana de este lunes, 15 de noviembre, el presidente Guillermo Lasso no ha hecho una aparición pública tras la masacre. Solo escribió unos tuits. Durante el fin de semana mantuvo una reunión con los titulares de las FF.AA. y de los ministerios de Gobierno y de Defensa. Para este lunes convocó a los titulares de los principales poderes del Estado a una reunión. Foto: Secom

Tras revisar la situación legal de los 51 internos de la lista, 10 personas tenían prisión preventiva; 34 cumplían una sentencia y de 7 personas no hubo datos. En el listado están los nombres de Abraham Muñoz y Víctor Chele Loor, sentenciados por la venta irregular de la medicina Actemra para COVID-19. También está el nombre de José Luis Romo Rosales Castillo, exgerente de Seguros Sucre acusado por lavado de activos. Los tres tenían condenas recientes. Sus abogados no han confirmado aún a medios ni a los correos de PlanV sobre el estado de sus clientes.

De ese 90%, ha sido corroborada la muerte de cinco personas a través de medios, organizaciones de derechos humanos o sus abogados. Uno de ellos es Jhon Roger Campuzano Triviño. Su abogado, Juan Vizueta, confirmó a este medio que Campuzano estaba en transitoria. Él tenía solo dos meses de detención por supuesta falsedad de información, un delito menor. Él fue contador de Ecuagran, una de las empresas involucradas en el caso de Isspol. Campuzano buscaba revertir la prisión preventiva. Esa audiencia se aplazó en varias ocasiones y llegó la masacre. De las otras cuatro personas, uno había sido condenado en julio pasado y tres no tenían sentencia.

Aunque no es posible afirmar que todos los reos de esa lista están entre las víctimas, es factible hacer una radiografía de quienes habitan el área transitoria. Allí estuvo Jordy, que fue a prisión por incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente. Es decir, violó el toque de queda en un sector de Guayaquil llamado la ‘Olla’. Vecinos reportaron al joven, de 28 años, quien estaba consumiendo marihuana. Cuando la Policía llegó, se resistió, golpeó e insultó a la Policía, según la sentencia. En la audiencia dijo: “el vicio es vicio, mi mamá me dijo que no salga, pero salí a comprar marihuana”. El juez lo condenó a cuatro meses en la Penitenciaría, debió salir en octubre pasado.

 

Las personas de ese listado estaban en la Penitenciaría por 12 diferentes delitos. La mayoría, 18 de ellos, eran procesados por tráfico de drogas. Pero no todos estaban relacionados con el tráfico a gran escala de estas sustancias. Al menos cinco de ellos, de entre 25 y 30 años, tenían condenas menores a 30 meses. Un joven tenía su boleta de libertad, pero aún seguía en prisión cuando sucedió la masacre. Al menos otros cuatro, sin sentencia, esperaban sus audiencias preparatorias de juicio para el 17 de noviembre.

El segundo delito con mayor frecuencia en este grupo fue el robo. Diez de los 51 estaban por ese delito. En ese grupo está Henry, a quien le faltaban tres de los 12 meses de su pena para salir de la cárcel por el robo de una cartera y un teléfono celular. Según la sentencia, el joven usó una tricimoto. También fue el caso de Luis, a quien se le acusó por robar cables eléctricos de una universidad. Le faltaba 14 meses para salir de la cárcel. O el de Douglas, cuya historia la relató su padre a El Comercio. Confirmó el asesinato de su hijo, que solo tenía 24 años y era consumidor. Lo detuvieron por haber robado un celular. No tenía sentencia.

 

Douglas era parte del grupo de los más jóvenes. De acuerdo a los datos registrados, quienes estaban en transitoria tenían entre 20 y 36 años, siendo el grupo mayoritario los de 26 a 30 años. Pero también estaba en esta área un adulto mayor que en el 2020 fue atendido por problemas cardiacos. Aunque en el sistema hay poca información sobre su caso, él había solicitado recientemente el cómputo de su pena para aplicar a una posible prelibertad.

 

La búsqueda en la base de datos permitió tener una idea clara de otros rasgos de estos internos. Por ejemplo, de los 34 sentenciados, al 47% le llegó la notificación de su condena este 2021. Es el caso de Víctor Enrique Guailla Gutama, quien fue condenado a 5 años por sabotaje, el pasado 1 de abril, seis meses después de su detención. La Alianza por los Derechos Humanos Ecuador confirmó su asesinato. Fue uno de los procesados por las manifestaciones del paro de octubre de 2019. La Policía lo acusó por la quema de dos motos y un patrullero impactado por piedras. Fue el único aprehendido de ese incidente. Tenía discapacidad auditiva. Su defensa apeló a la sentencia, pero la audiencia fue fijada para enero de 2022. La muerte, sin embargo, le llegó antes.

 

Al registrar su tiempo de condena, se puede afirmar que 28 de los 34 sentenciados que estaban en esa lista tenían penas menores de cinco años. Esto confirma que en transitoria están las personas por delitos menores. Los procesados por asesinato o tentativa de homicidio habían llegado recién a esta prisión, lo que explicaría su estancia en este lugar antes de pasar a un pabellón.

 

 

Con la base de datos de la Función Judicial fue posible establecer que al menos cuatro personas habían cumplido sus sentencias y esperaban una resolución de su caso. O ya tenían la boleta y no salieron por los disturbios de la semana pasada en la Penitenciaría. Esa fue la situación de Jorge, de 24 años. Él fue condenado a 30 meses en la cárcel por robo. Buscaba una rebaja de pena, pero su audiencia del pasado 9 de noviembre se suspendió por las requisas que hizo la Policía en la Penitenciaría. En la excavación de datos, se determinó que al menos otras siete personas les faltaba menos de un año para cumplir su pena.

 

Los listados oficiales de esta y las pasadas masacres de este año se ha convertido en una información esquiva desde las autoridades. Periodistas y organizaciones de derechos humanos han buscado acceder a esos datos, sin éxito. Hasta el mediodía de este domingo, 14 de noviembre, 34 cuerpos habían sido identificados de los 61 que están en la morgue de la Policía, que corrigió el número de fallecidos dado por la Fiscalía de 68 a 61. Entre ellos, hay 17 cuerpos decapitados o incinerados cuya identificación tardará más tiempo.

Solo el paso de las horas confirmará si Víctor, José, Jordy, Henry, Jorge y demás nombres de esa lista están entre las víctimas de una guerra que los sorprendió en la zona más vulnerable de la cárcel.

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