El pequeño Luis tiene 12 años, es ecuatoriano y está en un albergue provisional estadounidense en la frontera con México, en Texas. El viajó solo, desde su natal Azógues y –como miles de menores de edad como él– viajó para reencontrarse con sus padres. Estos migraron a Estados Unidos y permanecen de modo ilegal en ese país. Los padres de Luis acordaron un pago de 8000 dólares hasta depositarlo en sus brazos. No lo logró.

La llegada de los niños y jóvenes viajando solos a los Estados Unidos es una ola que no tiene precedentes en la historia de las migraciones en la región. Las autoridades estadounidenses calculan que –desde octubre del 2013– al menos 57 000 menores de edad fueron interceptados en la frontera. Se prevé que la cifra suba a 90 000 hasta mediados de septiembre. Y para el 2015 se espera que sean retenidos unos 145 000 niños que intentan cruzar la frontera.

Según el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos,  Jeh Johnson los niños y niñas llegan a un ritmo de 200 a 250 por día.

El gobierno estadounidense los ha ubicado en hogares de acogida en un plazo de 72 horas y les otorga garantizar asesoramiento jurídico, cuidados médicos y psicológicos. Sin embargo, la crisis es tan grave que las autoridades se han declarado impotentes para atender la llegada masiva.

En estos centros permanecen durante 34 días en promedio. Luego, en un 85% de los casos, los niños son devueltos a un miembro de su familia ya presente en Estados Unidos a la espera de que su caso sea examinado por un tribunal.

Pero debido al flujo sin precedentes de la primera semana de julio, aproximadamente 2000 niños se encontraban aún en centros de detención de la policía en las fronteras, superando el plazo establecido de 72 horas para ser ubicados en un hogar de acogida.

Tres refugios fueron abiertos por el departamento de Salud en las bases militares de Texas (San Antonio), Oklahoma (Lawton) y California (Oxnard). Pero el número de niños fue tan alto que el presidente Obama debió autorizar la apertura de otros dos albergues por el desbordamiento de los ya habilitados.

Las tres cuartas partes de estos niños y niñas llegan desde Honduras, Guatemala y El Salvador, pero también hay de México y Sudamérica, y otros lugares tan lejanos como Sri Lanka o África.

La mayor parte escapa de la violencia. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos envió una misión a la frontera con México y a  los tres países centroamericanos, a mediados del 2013, y presentó su informe en noviembre de ese año.  El texto es estremecedor y muy ilustrativo.  Como una parte de su trabajo, la misión se entrevistó con mujeres salvadoreñas que habían sido devueltas por las autoridades mexicanas y estadounidenses. Ellas hablaron con la misión luego de una sesión de atención psicológica.

Este es el relato:
“Cuando la psicóloga abandonó la habitación, las mujeres, una por una, compartieron las motivaciones que tuvieron sus hijos, nietos y sobrinos para emigrar. La madre de una joven de 16 años que había sido continuamente acosada por la pandilla del vecindario explicó: “Yo sé que enviarla a los EE.UU. no es la mejor solución, pero, ¿qué otra cosa podemos hacer? No tenemos dónde ir”. Agregó que, en busca de una solución, se puso a trabajar en su casa como peluquera para así pasar las tardes con su hija; entonces, las pandillas le exigieron que pagara “la renta”. Al no poder cumplir con los pagos exigidos, cerró el negocio y comenzó a trabajar en un pueblo cercano, dejando a su hija a merced del acoso de las pandillas mientras ella se encontraba fuera de la casa. “Es una situación intolerable. Sé que el viaje es peligroso, pero estar aquí también es peligroso”.

“Una mujer mayor, abuela de dos muchachos de 14 y 16, quienes habían escapado del acoso y la amenaza de reclutamiento por los pandilleros en la escuela, expresó que recibiría a sus nietos con los brazos abiertos pero reconoció sentirse aterrada por lo que pudiera ocurrirles una vez estén de vuelta en casa. Ella recuerda haberse mudado de vivienda varias veces para escapar de las pandillas. No hay dónde ir, se lamentó.

"En ausencia del padre, los menores se hallan desprotegidos ante los pandilleros y otros elementos criminales. Los niños, mayormente los varones, son enviados por las madres –que se quedan solas en las zonas rurales u otras áreas– para que trabajen y ayuden al sostenimiento de la familia. Las jovencitas también pueden ser objeto de acoso y violencia sexual; los pandilleros las reclutan para convertirlas en sus “amiguitas”.

57 niños en la frontera

Las autoridades ecuatorianas afirman que hay un alarmante crecimiento de menores no acompañados, que llegan desde las provincias de Azuay, Cañar y Chimborazo, con la intención de reunirse con los padres que han emigrado a Estados Unidos años atrás.

La Embajada del Ecuador en Washington, a través de los consulados en la frontera con México determinó que durante el 2013 alrededor de 21 menores ecuatorianos cruzaron el borde, mientras que hasta julio de este año, se encontraron unos 36 menores, cuyas edades fluctúan entre los 14 y 17 años.  Sin embargo también hay dos niños menores de 7 años de edad, seis niños tienen entre 8 y 14 años y el resto entre 14 y 17 años. En año y medio 57 niños, más de dos por mes. La mayor parte de ellos fue encontrada en albergues de Texas.

Como miles de estos niños, Luis debió viajar por semanas una distancia de más de 5000 kilómetros, que involucra al menos cuatro países. Un viaje lleno de peligros. Se ha documentado toda clase de abusos, como extorsión, violaciones, violencia física, secuestro, mutilaciones, prostitución; muchos son obligados a trabajar como mulas del narcotráfico. La mayoría de los niños escapa de la violencia en sus países, y la discriminación económica. Escapan de las maras y de la presión para reclutarlos a ellos o sus familiares, de situaciones de violencia doméstica y de la violencia del narcotráfico.

Las autoridades cuentan sólo los detenidos, no los que lograron pasar. Pero también hay niños que han muerto. Como fue la historia de Noemí Álvarez Quillay.  Tenía 12 años de edad cuando su abuelo la subió en el bus que la llevaría de El Tambo, parroquia azuaya, a Quito. Fue la noche del 4 de febrero del 2014. Su destino era New York, más precisamente en el Bronx, donde sus padres vivían y desde donde habían contratado los servicios de un coyote para que llevara a su hija sana y salva, en su segundo intento por llegar a Estados Unidos.

Noemí fue capturada en Nicaragua en su primer intento, en mayo del 2013. Y luego fue detenida en Ciudad Juárez, en México e ingresada en un albergue para menores. Mejor dicho, fue rescatada por las autoridades en un hecho confuso que no se ha aclarado por parte de las autoridades mexicanas.

Domingo Fervas Ubes, de 52 años fue quien tenía a la niña en su poder. Se presentó como contrabandista contratado por la familia, según versión de la policía de Ciudad Juárez, cuando fue capturado mientras orinaba en el camino fuera de una camioneta, donde estaba Noemí.  Luego dijo que era mentira, pues la policía mexicana sacó a la niña de su domicilio. La niña, de 12 años, fue ingresada al refugio Casa de la Esperanza, en condición de grave crisis emocional. Estaba aterrada, declaró el médico del lugar.  Según las versiones, el 11 de marzo, Noemí entró al baño y nunca reapareció. Fue encontrada colgada del cuello con la cortina del baño.

Las autoridades ecuatorianas exigieron a México una explicación. A cuatro meses del deceso aún no se había conocido el resultado de la autopsia. Por la falta de resultados, no se descarta la hipótesis de que Noemí fue una de las víctimas del negocio ilícito de trata de mujeres. Sólo ella pudo saber lo que padeció en tan largo viaje.

Esta historia es tanto o más dramática que la de tres niñas, de 4, 6 y 8 años de edad, cuya madre falleció en el desierto y sus hijas cruzaron solas la frontera con Estados Unidos.

Cuando los niños solos e indocumentados cruzan la frontera mexicano estadounidense pueden ser detenidos por las patrullas de la frontera u oficiales del ICE, Inmigration and Customs Enforcement. Son conducidos luego a los albergues regentados por el Departamento de Salud de los Estados Unidos. Ahí reciben alimentación, atención de salud, vestuario, clases de inglés y recreación. Luego los ponen en manos de jueces de migración, que determinan si son devueltos a sus familiares que viven en Estados Unidos o –si no aparecen estos– son derivados a albergues para infantes, que en ese país son unos 60. 

El pequeño Luis está en esta situación.  Sus parientes no aparecen en el albergue de Texas, y su traslado a uno de los albergues definitivos puede tardar hasta tres años. Las autoridades diplomáticas ecuatorianas en ese país  consideran que la promesa de la reunificación familiar incentiva el “negocio” de los coyoteros, que pueden recibir de entre 15 000 a 25 000 dólares por llevar a un niño de Ecuador hasta EE.UU. Pero este tráfico de menores puede ocultar, en el caso de las mujeres, un boyante negocio de trata y prostitución infantil.

La Embajada del Ecuador y los consulados emprendieron una campaña de sensibilización en los Estados Unidos, para que los padres tomen conciencia de las amenazas y peligros que enfrentan los niños al intentar cruzar solos la frontera.  Los consulados ecuatorianos tienen comunicación directa con los agentes de la ICE y las patrullas fronterizas. También con los albergues que acogen a los niños para precautelar sus derechos.

Hacia un acuerdo migratorio

El Ecuador busca que el tema impulse la aprobación de la reforma migratoria en Estados Unidos. De acuerdo al censo de ese país, del 2010, unas 655 000 personas de origen ecuatoriano residen en Estados Unidos, legalmente.  Se estima, sin embargo, que contando con indocumentados, la cifra puede aumentar a un millón y medio.

La inmigración ecuatoriana es la novena mayor de origen hispano y representa el 1,3% de la población hispana inmigrante en los Estados Unidos. Los Estados donde existe mayor población ecuatoriana son New York, New Jersey, Florida, Illinois, California y Connecticut. El 60% de migrantes ecuatorianos está en los dos primeros Estados mencionados.

El Ecuador apoya, como Estado, el proceso de reforma migratoria que beneficie a los cerca de un millón de  ecuatorianos indocumentados que se cree viven en Estados Unidos. Obama ofreció en campaña una reforma migratoria amplia e integral para 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Seis años después no ha podido hacerlo. Es más, las deportaciones de indocumentados son las más altas en la historia de ese país. En junio el Senado aprobó la ley para el fortalecimiento de la seguridad en la frontera.