Al menos 59 niñas y mujeres fueron atendidas, por día, en los hospitales del país por una emergencia obstétrica durante el 2019, según las cifras del INEC publicadas en junio último. Plan V revisó la base de datos del Registro Estadístico de Camas y Egresos Hospitalarios del año pasado en el que se detalla el número de atenciones que recibieron por este tipo de complicaciones.

En total, 21.709 niñas, adolescentes y mujeres estuvieron internadas en centros hospitalarios por  11 causas relacionadas con emergencias obstétricas, que son aquellas situaciones en las que está en riesgo la vida de la mujer embarazada por diferentes circunstancias.

Las emergencias obstétricas es uno de los temas que más polémica ha generado tras la aprobación del Código de la Salud por la Asamblea, el pasado 25 de agosto. Se encuentra en el artículo 201 que dice lo siguiente: “Serán consideradas emergencias los abortos de cualquier tipo y por cualquier causa aparente, y todas las patologías que comprometan la salud materno-fetal. Se prohíbe a los establecimientos prestadores de servicios de salud; y, a las y los profesionales de la salud negar la atención de estas emergencias, y deberán respetar la confidencialidad, privacidad, el secreto profesional y los derechos de las mujeres, sujetándose a la normativa y protocolos establecidos por la Autoridad Sanitaria Nacional”.

Los grupos pro vida y la Iglesia han cuestionado este articulado porque lo consideran como una posibilidad de dar paso al aborto, que en Ecuador solo es legal bajo dos causales: cuando el embarazo es producto de una violación a una mujer con discapacidad intelectual o cuando este pone en riesgo la vida o salud de la madre. Hace un año, el 17 de septiembre de 2019, la Asamblea negó la despenalización del aborto en caso de violación, casos de incesto, estupro o inseminación no consentida. Faltaron cinco votos para que pase esa reforma en el Código Integral Penal. Ese día, monseñor Alfredo Espinosa, arzobispo de Quito, pidió en rueda de prensa a los asambleístas, antes de la votación, “que no se manchen las manos de sangre, que no voten a favor de un crimen”.

Ahora los grupos conservadores han vuelto a plantear los mismos cuestionamientos en una normativa destina principalmente a los médicos y a los servicios de salud. Incluso precandidatos presidenciales como Guillermo Lasso han pedido al Ejecutivo que no dé paso a este tema y en una carta pública dijo lo siguiente: “El artículo 201 ignora el derecho a la vida del niño por nacer, que la Constitución protege desde el momento de la concepción. Es evidente que la normativa aprobada en la Asamblea abre espacio para la impunidad del crimen del aborto, que puede ser provocado y llevado a condición de emergencia obstétrica mediante fármacos que, ilegalmente, son ofrecidos en las redes sociales”.

Pero las organizaciones de mujeres y grupos feministas consideran que es “absurdo” negar una atención adecuada a las mujeres que llegan con abortos inducidos a una emergencia hospitalaria. El presidente Lenín Moreno tiene 30 días para vetar o no esta normativa.

Mientras sigue el debate, las cifras revelan que miles de niñas, adolescentes y mujeres han enfrentado estas urgencias que ponen en riesgo su salud materno-fetal. En el 2019, la principal causa fue el aborto espontáneo que registra 10.271 egresos hospitalarios, es decir el retiro de un paciente hospitalizado de los servicios de internación de una casa de salud. Le sigue el parto prematuro con 4.715 egresos y el aborto no especificado con 4.054 casos.

Este último corresponde a los abortos auto inducidos, explica Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío. Dice que ahora las críticas de los grupos conservadores ponen en entredicho también al aborto espontáneo que tiene los mismos síntomas que el auto inducido: dolor, sangrado o infección. En ambos casos las mujeres van como último recurso a los servicios de salud. En ese contexto, los dos tipos de abortos deben ser atendidos, sostiene. “¿Cómo pueden categorizar a la emergencia como legal o ilegal? La emergencia es emergencia”, afirma.

Si se suman los diferentes tipos de abortos que constan en la base de datos del INEC (aborto espontáneo, médico, no especificado, otro aborto, intento fallido de aborto, complicaciones consecutivas al aborto) estos alcanzan el 76% de los casos.

El 17 de septiembre de 2019, la Asamblea rechazó la despenalización del aborto por violación. Foto: @SororasManta

Sobre el parto prematuro, Gómez de la Torre dice que es otra situación que estaría sujeta a la discrecionalidad del médico. “Hay casos de mujeres que han sido acusadas de provocarse el parto. Son mujeres que llegan a las emergencias obstétricas pero con embarazos de más de 20 semanas que ya no califican como abortos”. La experta cuenta que se han dado casos de mujeres que llegan con el feto muerto y son denunciadas. “Los casos de parto y aborto suceden a miles de mujeres que se van a enfrentar al escrutinio. Sería el médico quien tendría que decidir si esa mujer llega o no con una emergencia obstétrica legal.  ¿Cómo se puede hacer una caracterización en ese sentido? ¿Van a definir emergencias obstétricas legales o ilegales? Eso es lo que están planteando”, se pregunta.

La base de datos también permite revisar las cifras por grupo de edades. Revela que 226 niñas, entre 10 y 14 años, acudieron a un centro hospitalario por una complicación. De ese grupo, 111 niñas tuvieron un aborto espontáneo, es decir el 49% del total de este grupo; 27 ingresó al hospital por un aborto no especificado (aquel que es auto inducido); y 64 niñas por un embarazo prematuro. Aunque este grupo representa el 1% del total de atenciones causa preocupación. Para Gómez de la Torre lo que dicen estas cifras es que cientos de niñas que han sido violadas han tenido que sufrir una complicación durante su embarazo. También se observa que casi la mitad de ellas tuvo un aborto espontáneo porque sus órganos reproductores son inmaduros, según la experta. “Los abortos y las complicaciones obstétricas son mayores en los dos extremos de la vida de las mujeres: cuando son niñas o cuando son adultas, entre sus 45 y 50 años”. 

Asimismo, 3.809 adolescentes entre 15 y 19 años acudieron al hospital por este tipo de complicaciones el año pasado. Este es el segundo grupo que más acudió por una emergencia obstétrica. Representan el 17,5% del total de esas atenciones. Y de las 3.809 adolescentes, 1.643 tuvieron un aborto espontáneo, es decir el 43%; y 1.138 pasaron por un parto prematuro, es decir el 30% de las adolescentes. En este grupo aparecen fallecimientos durante estas emergencias. Una joven murió por una embolia obstétrica, que es cuando entra el líquido amniótico en el torrente sanguíneo; otra falleció por una causa no especificada y otra por secuelas de causas obstétricas directas. “Una tercera parte de estas 3.809 adolescentes ha sufrido violencia sexual, que es el dato del INEC. Su encuesta sobre la violencia a la mujer dice que un tercio de las mujeres vive violencia sexual. La encuesta se hizo a jóvenes desde los 15 años”, dice Gómez de la Torre.

Pero un tercio de las mujeres entre 20 y 54 años, que también han sufrido una emergencia obstétrica, también podrían haber sido víctimas de violencia sexual, agrega la experta. De acuerdo a las cifras del INEC, el grupo de mujeres entre 20 y 24 años es el que más complicaciones tuvo durante su embarazo. En el 2019, 5.331 mujeres de esas edades pasaron por los hospitales y de ellas, el 46% tuvo un aborto espontáneo; un 20% un aborto no especificado y un 24% un parto prematuro.  A este grupo le siguen las mujeres entre 25 y 29 años.

En el 2017, 9.950 mujeres llegaron a los servicios de salud y de emergencia con abortos no especificados (o auto provocados). En el 2019 esta cifra bajó a 4.054.

Para la directora de la Fundación Desafío todas las emergencias implican un riesgo para la vida de las mujeres. “La base de datos de egresos hospitalarios nos habla de que miles de mujeres fueron a los servicios de salud por emergencias obstétricas. (El Código) es necesario porque de lo contrario se estaría poniendo en riesgo a estas mujeres que llegan por abortos o partos prematuros. Estaría permitiendo que muchos médicos y obstetras puedan negarse a la atención y que eso sea legal es crear un precedente nefasto”.

La Iglesia, el principal cuestionador

La Iglesia Católica en su primer pronunciamiento sobre el Código de la Salud, del 26 de agosto pasado, dijo que con la aprobación de la normativa se afectaba a los derechos humanos consagrados en la Constitución como el derecho a la vida desde la concepción. “Al promover el aborto de una manera ambigua o indeterminada, como emergencia obstétrica. La verdadera emergencia obstétrica se da solo cuando el aborto se encuentra en curso de manera involuntaria”.

Pero en el programa Hora 25 del pasado 6 de septiembre, monseñor Luis Cabrera, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, dijo que coincide plenamente que cuando se trata de una emergencia se debe atender a la persona y salvar su vida, más allá de sus convicciones éticas o religiosas. “Eso está clarísimo”. Agregó que sobre el tema de la confidencialidad también está de acuerdo. “El médico no es un agente que investiga o que tenga que denunciar”.

Sin embargo, Cabrera mencionó que el término confidencialidad le deja algunas preguntas desde el punto de vista ético. Qué pasa, dijo, si el violador está en la casa y es el que provocó el aborto. “¿Qué hacer desde el punto de vista ético?, ¿se calla (el médico)?”.

Sobre la posición de la Iglesia de que las emergencias pueden abrir la puerta al aborto manifestó: “Podría también los abortos inducidos o provocados simplemente se los considera emergencia y se los pase por alto. No lo dice aquí (en el artículo), pero hay esa posibilidad... Los médicos ya (no tendrían) una disposición legal, pero desde el punto de vista moral deberían hacer algo”.

  Punto de vista  

“El Estado ecuatoriano es un Estado laico”

La demora de ocho años en la aprobación del Código de la Salud se debió a temas polémicos, que incluso tuvieron negativas de los gremios médicos porque no se lograba poner en los textos lo que significa tener un Código. Para nosotros era importante abrir ese debate e incorporar sus propuestas. Este trabajo se ha debido a la nueva integración de la Asamblea producto de la ruptura de lo que fue Alianza País, con su bloque correísta, para llamar al consenso. Ya no es una sola visión, una sola postura sino que amplía las visiones.

En el debate vimos posiciones absolutamente radicales. Ya pudimos escuchar a la Iglesia con los mismos argumentos que ahora expone y asambleístas dogmáticas y religiosas, sin respetar que el Estado ecuatoriano es un Estado laico, así está establecido por la Constitución. Por eso se dejó suspenso cuando el Código solo debía pasar a votación. ¿Qué hubo allí? Yo creo que tuvimos una estrategia importante de ir presionando la aprobación del Código cada vez que había un tema relacionado con la crisis sanitaria.

Creamos un chat en el cual estamos representantes de varias bancadas que conformamos para la despenalización del aborto. Esa experiencia que fue muy dura y muy frustrante, de haber perdido por dos votos la aprobación de la despenalización del aborto nos hizo tomar todas las precausiones para no fallar esta vez. Me dejó una lección muy dura porque cuando hacíamos la contabilización de los votos para la despenalización dimos por descontado la posición de una bancada de asambleístas y no fuimos a la precisión de uno por uno. Ahora hablamos con cada uno. Lo que se hizo es conocer el criterio de cada uno de los miembros de la Comisión de Salud y luego conocer si esta posición era compartida con cada una de las bancadas. Esta vez no dejamos ese vacío. De Creo ya sabíamos que no teníamos un solo voto. Y que tampoco el Partido Social Cristiano votar. Fue grato conocer la posición de Pachakutik de que tendríamos su apoyo. Me parece que esta demora en la aprobación del Código sirva para que realmente haya una presión no solo al interno sino también afuera de la Asamblea. Eso permitió que tengamos una votación más amplia.