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21 de Mayo del 2018
Historias
Lectura: 11 minutos
21 de Mayo del 2018
Redacción Plan V
7 puntos para entender el conflicto minero en Río Blanco

Foto: Corape

Desde agosto de 2017 se registran protestas en  la provincia de Azuay y Río Blanco. La mina empezó a operar en 2016.

 

¿Qué está pasando en Río Blanco? Un informe de Yasunidos Guapondelig, en coordinación con la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), detalla la situación en esa zona considerada como uno de los proyectos mineros emblemáticos del país operado por la empresa china Ecuagoldmining. El reporte fue enviado para el Examen Periódico Universal de DDHH a China.

1. ¿Dónde es el conflicto?

El proyecto minero a cargo de Ecuagoldmining está ubicado en la comunidad de Río Blanco, que pertenece a la parroquia de Molleturo, en Cuenca. Sus concesiones están dentro del bosque protector Molleturo-Mollepungo, colindante con el Parque Nacional Cajas, ecosistema páramo y nacimientos de agua. Según el informe de Yasunidos, basado en la página web de la empresa y en el catastro minero del Ecuador, sus concesiones limitan con el Parque Nacional Cajas. Adicionalmente, el proyecto se encuentra ubicado dentro de la Reserva Mundial de la Biósfera de El Cajas, una de las cinco reservas de este tipo que tiene Ecuador junto al Podocarpus-El Cóndor, Yasuní, Sumaco y las islas Galápagos.

2. ¿Qué es Ecuagoldmining y qué hace en Ecuador?

Ecuagoldmining South America S.A. es parte de Junefield Mineral Resources Holdings Limited, cuya mayor parte del capital es de origen chino. Fue fundada en Hong Kong en 1990. Se enfoca en tres áreas: bienes raíces comerciales, tiendas por departamentos y la minería industrial. Sobre este último punto, su mayor actividad está en Perú con 930 concesiones y luego en Ecuador, dice el informe. El proyecto de Río Blanco está en manos de la empresa china desde 2013. Pero en 2016 inició la construcción de la mina. Según el informe, “no se tiene información de la transacción por la que Junefield adquirió dicho proyecto, suponemos que se la realizó fuera del país con la anterior propietaria, la empresa International Minerals Corporation de Canadá, provocando lucro para esta empresa sin que el Estado cobre impuestos por aquello”.


Video oficialista sobre el inicio de las operaciones de la mina de Río Blanco

3. ¿En qué estado está el proyecto minero?

605.000

onzas de oro y 4,3 millones onzas de plata se estima que exista en la mina con una producción de 240 mil toneladas de mineral al año

El proyecto se encuentra en fase de explotación desde el 11 de agosto de 2016. El gobierno de Rafael Correa anunció en ese entonces que con este proyecto se daba inicio a la minería de mediana escala en el país. Según datos oficiales, se estima que en el interior de este yacimiento existen 605.000 onzas de oro y 4,3 millones onzas de plata, con una producción estimada de 240 mil toneladas de mineral al año. Su vida útil está calculada en 11 años y tendrá una inversión de USD 90 millones. En ese anuncio, el Gobierno dijo que la minera “ha puesto en práctica un exhaustivo Plan de Relacionamiento Comunitario en las comunidades de Cochapamba, Río Blanco, San Pedro de Yumate y Molleturo”.

4. ¿Qué conflicto hay en la zona por la minera?

Yasunidos relata que desde la llegada de esta compañía, la zona se volvió conflictiva. Hay enfrentamientos entre y dentro de las comunidades. La práctica de la minera, según el colectivo, es comprar líderes o lideresas que reciben beneficios de la empresa, sostiene la organización. También asegura que: “La empresa hace uso de otra empresa de seguridad privada, seguridad que ha propiciado escenarios de violencia contra las comunidades en zonas de influencia. Existen denuncias sobre estos casos. Adicionalmente cuenta con protección policial que siempre circula por las comunidades afectadas y protege, en ocasiones el ingreso a la mina”.


Comuneros han denunciado violencia por parte de la empresa minera. El Gobierno los ha investigado por los policías heridos de 2017

5. ¿Qué protestas se han dado en la zona?

  • Desde el 11 de agosto de 2017 hasta octubre se registraron las primeras protestas a la entrada al campamento minero. Comuneros acamparon al ingreso de esas instalaciones y cerraron la vía de ingreso. Pedían que se suspendan las actividades mineras en la zona. Los trabajadores de la mina fueron acompañados por la policía para que puedan ingresar.
  • Entre el 8 y 9 de octubre, Andrés Durazno y Mónica Guarango, dirigentes de Río Blanco, denunciaron que la seguridad de la empresa Ecuagoldmining arremetieron contra la casa donde se reunían los comuneros y que está ubicada frente a la minera. Según un boletín de la CEDHU, los hombres lanzaron piedras contra el techo hasta perforarlo e insultaron a sus ocupantes mientras hacían sonar sus machetes contra las paredes de la casa donde habían niños. Esto fue denunciado ante Fiscalía. Ecuagoldmining negó los hechos.
  • Pero el punto más crítico de estas protestas ocurrió el 10 de octubre de ese año cuando en los enfrentamientos resultaron heridos dos policías. El colectivo cuenta que tras los incidentes de la víspera, el Gobierno envió más uniformados a resguardar a la minera. En la gresca una moradora de la comunidad fue golpeada y detenido un menor de edad con discapacidad auditiva y mental. Las agresiones a los policías, dice el reporte, fueron atribuidas a los trabajadores de la empresa minera. El entonces ministro del Interior, César Navas, dijo que investigará estos hechos y denunciará a los culpables. Estos casos aún están siendo resueltos en los juzgados.
  • El último enfrentamiento en el campamento minero se dio el pasado 8 de mayo. Hubo un policía herido y maquinaria afectada. Según el gobernador del Azuay, Xavier Enderica, los manifestantes lanzaron bombas molotov que incendiaron una parte del campamento. Pero colectivos sociales apoyaron la protesta y denunciaron el secuestro de dirigentes, entre ellos Yaku Pérez, presidente de la Ecuarunari. El Gobierno informó que cuatro personas fueron detenidas.

6. ¿Ha causado un impacto ambiental el proyecto minero?

El proyecto se encuentra ubicado dentro de la Reserva Mundial de la Biósfera de El Cajas, una de las cinco reservas de este tipo que tiene Ecuador junto al Podocarpus-El Cóndor, Yasuní, Sumaco y las islas Galápagos.

Yasunidos sostiene que existen graves impactos ambientales. Uno de ellos sobre los ojos de agua debido a la apertura de vías o construcción de infraestructura del campamento como el polvorín, sobre humedales en el territorio. Citan el caso específico de la llamada Laguna de Cruzloma. “El cual fue rellenado con material de la apertura de vías; también existen afectaciones al río Chorro, producto de las mismas actividades mencionadas anteriormente”.

El colectivo agrega que: “Como la empresa se encuentra ya en fase de explotación, es cuestión de tiempo, de no cerrarse el proyecto, que se muestren mayores afectaciones al ambiente, más aún teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en una zona de páramo, zona sumamente sensible”. También denuncia que el estudio de impacto ambiental que presentó la empresa no fue consultado con las comunidades, algo que contradice la norma nacional. Tampoco hubo consulta previa como lo establece la Constitución.

Asegura que las comunidades más afectadas son la de Río Blanco, Llano Largo, Cochapamba, Yumate, Shin Alto, en general, las Zonas altas, medias y bajas de la Parroquia de Molleturo. “Sin embargo, al ser la zona alta de Molleturo ecosistema páramo (donde se ubica el proyecto) lugar en el que nace el agua para las zonas de la costa sur ecuatoriana, estaría afectando también a varios sectores ahí ubicados, empezando por el cantón de Naranjal en la provincia del Guayas, zona de producción agrícola amenazada por los impactos que generará el proyecto minero”. El informe añade que no se puede determinar un número exacto de afectados. Pero solo en la parroquia Molleturo hay 7.166 personas y en Naranjal, 69.012 personas.

7. ¿Qué derechos humanos ha afectado y a quiénes?

Según Yasunidos, ochos tipo de derechos han sido violados: el derecho a un ambiente sano porque la empresa está afectando el agua que usa la comunidad; el derecho a la salud pues el conflicto que existe pone en riesgo la salud psicológica de los comuneros y daños físicos a las personas en algunos de los enfrentamientos; el derecho a una vivienda adecuada pues muchas personas han preferido vender sus terrenos por la conflictividad del lugar; los derechos laborales y derecho a la libertad sindical, aseguran que la empresa no ha permito que se cree un sindicato; el derecho a la participación; el derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas de la zona de influencia del proyecto; el derecho a la libertad y seguridad personal, denuncian que las vías que servían para comunicar comunidades se privatizaron para uso de la compañía; y derecho al debido proceso.

La reacción del Gobierno

Tras los incidentes del 8 de mayo, varias organizaciones y cámaras rechazaron las protestas. La Cámara de Minería del Ecuador sostuvo que este proyecto cuenta con todos los permisos ambientales, legales y de seguridad para su desarrollo y aseguró que el dirigente, Andrés Durazno, ha sido el protagonista de varios hechos violentos en contra de la empresa. Se sumaron también Comité Empresarial Ecuatoriano como del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción. “Estos sectores del país, además, rechazan cualquier atentado a la inversión privada o pública y se solidarizan con la empresa Ecuagoldmining S.A, así como con los 193 trabajadores por los graves incidentes suscitados el martes pasado”, dice un boletín del Ministerio de Minería.


En 2016 el exvicepresidente Jorge Glas inauguró la mina de Río Blanco dando inicio a la explotación minera de mediana escala. Él estuvo a cargo de los sectores estratégicos. Ahora cumple una sentencia por asociación ilícita.

El Ministerio de Minería se unió a esas muestras de apoyo y dijo que los hechos violentos son protagonizados por grupos externos a las comunidades de influencia del proyecto minero Río Blanco, Cochapamba, Zhín Alto y Llano Largo, e impulsados por entidades y grupos activistas como Yasunidos, Ecuarunari, CONAIE, Colectivo Pachamama y la Organización de la Zona del Sur de Molleturo,  quienes en sus redes sociales se han acreditado estos actos de resistencia, añade el remitido. “Esta Cartera de Estado ratifica su trabajo por el desarrollo de una minería responsable y bien hecha en el país”, finalizó.

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