“A la clandestinidad no nos regresan”, dijeron hoy representantes de la Plataforma Organizadas por una Ley de Aborto Justa y Reparadora (OLA), que anuncia una movilización para el próximo 25 de enero, día en que el Pleno de la Asamblea tendrá el segundo y último debate del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Las organizaciones temen que este proyecto termine siendo regresivo en derechos y lamentaron que los dogmas religiosos se quieran imponer en su discusión.

Rechazaron las declaraciones del presidente Guillermo Lasso, quien el pasado viernes dijo: “Están aprovechando esa ventana para ir más allá de lo que estableció la Corte (Constitucional). Téngalo por seguro Tania que, ya no solo en el campo personal sino como presidente de la República, mi obligación será vetar esa ley a efectos que no vaya más allá del fallo constitucional”. Para las organizaciones, esta es una presión política para el Legislativo que deberá ir al segundo y último debate para su aprobación.  Johanna Romero, de la Plataforma, dijo que, en caso de un veto, Lasso deberá fundamentar su decisión con evidencia científica y no con dogmas o estereotipos como aparentemente lo hace.

Sybel Martínez, de la Alianza por la Niñez y Adolescencia, cree que el proyecto de ley en términos generales está bien trazado, al menos en el papel. “Sus ejes giran en torno a la autonomía de la vida, trata la reparación integral, la misma ley es una reparación”, manifestó. Pero lamentó que la Comisión de Justicia no haya podido aguantar la presión política y social. La Comisión había propuesto inicialmente un plazo de 28 semanas para las mayores de edad y sin plazo para las menores de edad. Después de la polémica, lo cambió a 22 semanas para las menores de edad, 20 semanas para las mayores de edad.

Martínez también rechazó las expresiones del asambleísta Ricardo Vanegas contra Karina Marín, quien participó el viernes pasado en el debate sobre los plazos. Marín es un referente en temas de discapacidad. “Así no se juega” dijo la activista quien se refirió a Vanegas como un misógino y maltratador de las personas que no están de acuerdo con su “fanatismo”. Vanegas es parte de la Comisión de Justicia que tramita la ley.

En la rueda de prensa también participaron María Espinosa, de Amazon Frontlines, y Susana Guijarro, médica especialista en atención a niñas y adolescentes. Estas son sus nueve argumentos para pedir que la ley no tenga plazos.

1. La Asamblea está generando un limbo legal. La imposición de plazos dejará a un grupo de mujeres, las más vulnerables, sin la posibilidad de acceder a un servicio digno y quedarán fuera de la norma. Por lo tanto, estarán condenadas a ir a la clandestinidad. Poner plazos implica separar en grupos a las víctimas como si las secuelas de una violación se pueden diferenciar por semanas. Consideran que aquello es discriminación.

2. Aborto seguro o clandestinidad. El movimiento de mujeres considera que ese debería ser el eje de la discusión y no el número de semanas para la interrupción del embarazo. Porque, con o sin ley, las mujeres seguirán abortando en un contexto donde la violencia contra las mujeres se ha incrementado. Tras la despenalización de esta causal por la Corte Constitucional, aseguran que se han seguido atendiendo embarazos producto de una violación.

3. La maternidad no puede ser impuesta. Esta es una forma de tortura. Hace más de una década, eso ya lo han dicho organismos internacionales que han señalado que no permitir el aborto en casos de violación “constituye una violación de los derechos humanos de mujeres y niñas, incluido el derecho a no sufrir tortura o trato cruel, inhumano o degradante”. La maternidad forzada, explicaron las organizaciones, potencia los daños irreparables de una violación respecto a los proyectos de vida de las mujeres.

Foto: Luis Argüello/PlanV

4. En otros países de la región no hay plazos. Recordaron que en Colombia, Argentina o Brasil no hay plazos porque las secuelas de una violación no terminan a las 20 o 22 semanas, en referencia el plazo que estableció la Comisión de Justicia en su informe para el segundo debate. Se cree, dijeron las organizaciones, que pasado cierto tiempo se borran las secuelas.

5. No se puede comparar el aborto libre con el aborto por violación. Creen que establecer plazos para la interrupción voluntaria significa un desconocimiento absoluto del problema. Hablar de la edad gestacional sin mencionar a las víctimas es convertirlas en sujetos sin capacidad de decisión. Sostienen que el aborto por violación ya es una excepción y por lo tanto imponer plazos sería establecer una excepción a la excepción. Un embarazo producto de una violación es no deseado desde el primer día.

6. La edad gestacional es un falso dilema. Las semanas de gestión han sido la excusa perfecta para que este proyecto de ley sea regresivo, afirmaron. Para las organizaciones, la principal pregunta en este tema debería ser: “¿por qué una mujer podría llegar al segundo semestre a interrumpir su embarazo?”. Consideran que, si bien este es un grupo reducido, de hasta el 3% de los abortos, quienes llegan tarde a los servicios de salir son las niñas y mujeres más vulnerables, pobres y en peligro extremo. Por lo tanto, el informe actual deja por fuera a las más vulnerables. El movimiento ha demandado una ley sin plazos para no dejar por fuera a estos sectores. Abogan para que no se caiga en la romanización de la maternidad.

7. Las mujeres de la Amazonía, las más afectadas. Si algún sector quedará excluido de la ley tal como está planteada, este será el de las mujeres amazónicas. Así lo dijo la abogada María Espinosa, quien contó que en esta región ni siquiera hay paracetamol para enfrentar la emergencia sanitaria. Las mujeres en entornos rurales están obligadas a aceptar social y culturalmente esos embarazos. El 67% de las poblaciones pobres o extrema pobreza son mujeres. Los legisladores están condenando a las mujeres ruralizadas a acceder a abortos clandestinos, dijo Espinosa.

8. El aborto por violación es una causal sobre niñas. Es decir, las más afectadas son las menores de edad que viven en círculos de violencia. La semana pasada, en la Comisión de Justicia, el ginecólogo Octavio Miranda explicó que los embarazos de 8 de cada 10 adolescentes en Ecuador son producto de una violación. Niñas entre 12 y 14 años tienen dos hijos, y entre 15 y 19 años, tres hijos. Hoy el movimiento de mujeres lamentó que el debate haya vuelto a ‘cero’ en este tema.  En ese sentido, imponer plazos es una barrera que afectará sobre todo a las niñas. “Les negamos tiempo cuando deben decidir sobre ese crimen atroz. Cómo podemos ser tan crueles, es increíble”, dijo Martínez.

9. El aborto como moneda de cambio. Al movimiento de mujeres le preocupa que este tema esté siendo usado para pactos políticos. “Están a un telefonazo de cambiar su decisión”, dijo Martínez. Consideran que no solo el anuncio de Lasso de vetar la ley es un riesgo, sino que el proyecto también está en peligro en la Asamblea que no está a tono con la protección integral de los derechos de las mujeres y niñas. Pidieron a las asambleístas aliadas del movimiento de mujeres que pongan su mayor esfuerzo para la aprobación de la ley y hagan una “diferencia”, pese a las decisiones de sus bancadas.