“… tenía 13 años, comenzó a sentirse extraña y empezó a notar que su cuerpo cambiaba, pero no sabía lo que le pasaba… nunca recibió educación sexual… estaba embarazada de su padre… se deprimió y pensó en quitarse la vida, botándose de una quebrada…”.

“… sufrió violencia por parte del personal de salud… “cómo es posible que haya podido abrir las piernas antes y ahora para parir no quiere” …”

“… el agente policial… le preguntó cómo se había sentido durante las violaciones, si le había gustado, si las había disfrutado”.

El juez de la Corte Constitucional (CC), Ramiro Ávila, arrancó el razonamiento de su voto concurrente con testimonios de mujeres víctimas no solo de violación sino también del sistema penal que las criminalizaba por abortar y de los servicios clandestinos de salud. Él fue uno de los siete jueces que apoyaron declarar como inconstitucional el numeral 2 del artículo 150 del Código Penal Integral Penal (COIP) y con ello despenalizar el aborto por violación en el Ecuador. La sentencia de la CC es un hito histórico en materia de derechos humanos para las organizaciones sociales y el movimiento feminista en el país.

Los otros seis jueces que fallaron a favor fueron Karla Andrade, Agustín Grijalva, Alí Lozada, Enrique Herrería, Daniela Salazar y Hernán Salgado. Las juezas Carmen Corral y Teresa Nuques Martínez votaron en contra.

Ávila fue el único que emitió un voto concurrente. Este “debe entenderse como un voto a favor tanto de la decisión como de las razones que lo sustentan”, aclaró Ávila. Pero quiso razonar su voto para “resaltar la importancia del caso y el avance jurisprudencial” que implica el fallo de la Corte.

Para explicar por qué apoyó esta decisión, el juez rescató los testimonios que han registrado organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. También aquellos que llegaron a esa Corte a través de Amicus Curiae, un recurso que pueden usar ciudadanos para intervenir voluntariamente en un litigio constitucional para aportar con su opinión. Ávila sostuvo su reflexión sobre los riesgos por los que pasa una mujer cuando se practica un aborto en la clandestinidad con tres experiencias, una de ellas dice lo siguiente:

“Cuando estaba en primer semestre de la Universidad aborté. Estaba desesperada, no quería ser madre, recién empezaba a estudiar. El día del aborto, tuve que encerrarme en el baño de la Universidad… Yo solo quería gritar del dolor, pero lloré en silencio. Como el dolor era insoportable, tenía miedo de que al llegar a la casa lo noté mi familia, entonces fui acostada en la parte trasera de un taxi hacia un hostal, aunque gritaba por dentro: llévenme a un hospital, ¡siento que me muero! Luego en el baño de esa habitación del hostal, sentía que me desangraba y después de un mareo intenso, pasó… El tiempo pasó, pero los gritos de dolor desde la clandestinidad permanecen. Actualmente, tengo terror de quedarme embarazada nuevamente. No disfruto completamente cuando tengo una relación sexual. Después de abortar, tuve una infección que duró años, y por la vergüenza y el miedo no acudí inmediatamente a la doctora. Tengo depresión y ansiedad, en algún momento tuve ideas suicidas”.

“A veces los números nos hacen perder la sensibilidad y se pierde de vista que, atrás de cada cifra, existen mujeres de carne y hueso”, escribió el juez Ávila y enseguida remató su opinión con este relato:

“Cuando aborté sentí que se me iba todo. Me dolía el alma y el cuerpo, hasta que no aguanté más y tuve que ir a un centro ginecológico, me hicieron un legrado porque no salió todos los restos del bebé, ese aborto fue por violación. Mi experiencia negativa fue que casi me muero desangrada o me podía quedar sin útero por los restos que quedaron del embarazo”.

Entre los Amicus Curiae que llegó a la Corte estuvo el de Olga Rosero, comunicadora social, quien en 2013 realizó una investigación sobre las trayectorias de aborto de mujeres jóvenes en Quito. Allí recoge y analiza testimonios de mujeres que decidieron practicarse un aborto. En esas historias se evidencia las diferentes violencias que han sufrido estas mujeres. La investigadora explica que en la capital hay consultorios médicos que ofrecen este servicio, unos cuentan con todo lo necesario y otros no brindan ninguna garantía para la salud de las mujeres como lo confirma este testimonio documentado por la autora:

“…atrás del consultorio era la casa de él, [del médico] eso había sido la lavandería, había sido adecuado, puesto baldosa en el piso y pared había dos camillas, una camilla donde tú te acostabas y una camilla que era la camilla de operación, un baño horrible […] tu pasabas y te ponía anestesia general, sin haberte hecho ningún examen, ninguna prueba, nada, vos no sabes si te vas a despertar o no; y, está la hija de él jugando ahí afuera, que es como una cosa así muy dura de procesar, esto es muy bizarro, casi subreal”.

Ávila consideró injusto y desproporcionado que las mujeres que han sido violadas, además deban soportar el peso de la persecución penal. El juez se apoyó en este relato:

“Ya ha pasado más de un año y no sé por qué sigo llorando. De repente, mientras estoy haciendo cualquier cosa, lloro y no puedo controlarlo. Me tiembla el cuerpo, me siento mal… sucia, avergonzada… la violación es una herida que no sana nunca. No importa que te hayan violado hace diez años, duele ahora…”.

Ese testimonio consta en el Amicus Curiae que presentó la socióloga Nancy Carrión Sarzosa, quien ha realizado investigaciones sobre el tema y ha sido participante de organizaciones feministas del país. En su escrito, Carrión explica el síndrome de trauma por violación, que se presenta inmediatamente después de esa agresión sexual, que tiene impactos en la salud mental y efectos pueden durar toda la vida. En el documento que presentó a la Corte se lee este caso:

“Yo hasta ahora, aunque sé que estoy lejos, en otro país [respecto al violador], sigo sintiendo miedo cuando veo un carro blanco en la calle. Me late fuerte el corazón, me sudan las manos, me pongo muy nerviosa cuando veo un carro blanco. ¿Y si es él que vino a hacerme algo?”.

Ávila enfatizó que esta sentencia tiene efectos inmediatos. Manifestó que cuestiones como la exigencia de opiniones médicas, de juicios penales, de pericias, de orden judicial, entre otros aspectos, son obstáculos para que las mujeres y niñas accedan a este derecho. Esto, en su opinión, “podrían acarrear responsabilidad tanto de la entidad como de las personas que impiden el ejercicio del derecho”. Esa urgencia la ilustró con este testimonio:

“Si me desangraba todo se iba a saber, iba a ir presa… Tuve fiebre, tiritaba, estaba asustada y no podía llamar a ningún médico para que me explique qué pasaba, solo teníamos al internet y a la clandestinidad… después del dolor del cuerpo vino el dolor por la sociedad, porque miles de mujeres tienen que pasar por esto solas, porque ningún profesional puede guiarte porque corres el riesgo de morir. Morir por decidir. No me arrepiento de lo que decidí, lo hice por mí, por lo que quiero y sueño”.

Los detalles de una sentencia histórica

La Corte, en su sentencia de 51 páginas, explica las razones por las cuales encontró que la frase “en una mujer que padezca de discapacidad mental” del artículo 150 numeral 2 del COIP era inconstitucional. Con esa frase, el COIP penalizaba al resto de mujeres que no entraban en esa causal, pero también eran víctimas de violación. La Corte no encontró un criterio que justifique el trato diferenciado entre las mujeres víctimas de violación y por lo tanto pidió que esa frase sea expulsada del ordenamiento legal.

“Al contrario, se evidencia que, al momento en que aplica el poder punitivo del Estado a las mujeres que han sido víctimas de violación que interrumpan voluntariamente su embarazo sin tener una discapacidad mental, se produce una conducta discriminatoria grave que las revictimiza pues deben enfrentar un proceso y sanción penal”, sostiene en la sentencia.

La Corte además aclaró que tras su decisión dejó de ser punible el delito de aborto consentido en casos de violación para todos los sujetos activos del mismo, es decir tanto respecto de las mujeres que han sido violadas como del “médico u otro profesional de la salud” que realice el procedimiento. Asimismo, sostuvo que -en ningún caso- se podrá penalizar la interrupción voluntaria del embarazo por el hecho de que no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito de violación.

El máximo tribunal constitucional también se refirió a las niñas y adolescentes que no cuenten con autorización de su representante legal. En su sentencia, la Corte recordó que las violaciones, por lo general, se producen en el seno familiar. Para que las menores puedan ser asistidas médica y psicológicamente ante un embarazo no deseado por una violación, la Corte estableció que las autoridades competentes (sanitarias, fiscalía, policía judicial, juntas cantonales de protección de derechos, defensoría del pueblo, entre otros) deberán prever mecanismos adecuados y confidenciales para que puedan realizar su denuncia, examen médico, declaración jurada o lo que corresponda.

La Corte consideró necesario un marco regulatorio apropiado, que lo encargó al Defensor del Pueblo. Le dio el plazo de dos meses para que presente un proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo en caso de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación sexual. Este proyecto deberá ser conocido y discutido por la Asamblea Nacional dentro del plazo máximo de 6 meses, contados desde la presentación del proyecto de ley. La Corte pidió “los más altos estándares de deliberación democrática y respetando los criterios establecidos en esta decisión”.

La sentencia no invita a abortar

Tras el fallo de la Corte Constitucional, diversas personalidades cuestionaron en redes sociales la decisión. Por ejemplo, la abogada ambientalista Inés Manzano publicó una columna de opinión en Expreso llamada “Y lo siento”. “Miércoles 28 de abril para Ecuador es el Día de los Inocentes de ahora en adelante”, escribió en referencia al día en que se conoció la sentencia del tribunal constitucional. “Prácticamente nos han abierto la puerta a todos los abortos, a menos que la Asamblea Nacional haga las aclaraciones legales al respecto poniéndole límite al desbande de toda esta sangrienta decisión”, fue otro de sus argumentos.

Mi editorial de hoy en @Expresoec porque lo peor que puede pasar es quedarnos callados, ante una decisión sangrienta.
Y si, yo prefiero zanjar este asunto vis consulta popular: Se puede o no asesinar a un hijo? pic.twitter.com/7NTIxStlvo

— Ines Manzano (@inesmanzano) May 1, 2021

Adelantándose a esos criterios, Ávila hizo esta aclaración en su voto concurrente: “Despenalizar el aborto no significa que la Corte promueve el aborto ni que se está invitando a las mujeres a que aborten. Despenalizar el aborto significa valorar la vida y dignidad de las mujeres y prevenir su muerte. Si una de las finalidades del Estado es garantizar la vida, desde la perspectiva de la salud pública, se debe optar por el medio que menos daño produzca. Uno de los medios, es descriminalizar el aborto, que no es sinónimo en modo alguno a legalizarlo o promoverlo”.

La organización Surkuna también explicó los alcances del fallo: “Ninguna mujer, niña o adolescente puede ser forzada a abortar. El fallo de @CorteConstEcu garantiza, que no sea penalizada si decide abortar”.

[Hilo] Frente a la desinformación generada en medios de comunicación el día de hoy, aclaramos algunos puntos:
 Ninguna mujer, niña o adolescente puede ser forzada a abortar. El fallo de @CorteConstEcu garantiza, que no sea penalizada si decide abortar. #AbortoPorViolación

— Surkuna (@SurkunaEc) May 4, 2021

Otro criterio que despertó polémica fue el de Teresa Arboleda, presentadora de noticias de Ecuavisa. Ella escribió en su cuenta de Twitter: “Art. 171,3 del COIP: Se considera violación cuando la víctima sea menor de 14 años. Toda niña o niño menor de 14 años que haya tenido relaciones se considera violación. Aún cuando hayan sido relaciones sexuales CONSENTIDAS entre enamorados”.

Surkuna también reaccionó a ese criterio y publicó: “Las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, jamás consintieron la relación sexual. Según el fallo de la @CorteConstEcu la violación anula el consentimiento, genera incapacidad de defenderse, causa afectaciones a la salud mental de las víctimas”.

Cepam Guayaquil también salió a aclarar ese punto y recordó el caso de Paola Guzmán, una estudiante que se suicidó después de ser víctima de violación por parte del vicerrector de un colegio público. “Recordamos que según el COIP en el Art. 171.3 se considera violación cuando la víctima sea menor de catorce años. El fallo de la @CorteIDH en el Caso Paola Guzmán deja claro que todo acto sexual sin consentimiento o si ese consentimiento fue viciado es una violación”.

Recordamos que en según el COIP en el Art. 171.3 se considera violación cuando la víctima sea menor de catorce años.
el fallo de la @CorteIDH en el Caso Paola Guzmán deja claro que todo acto sexual sin consentimiento o si ese consentimiento fue viciado es una violación. pic.twitter.com/Ol45o2KgZo

— CEPAM-Guayaquil (@CepamGuayaquil) May 4, 2021