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13 de Noviembre del 2017
Historias
Lectura: 14 minutos
13 de Noviembre del 2017
Redacción Plan V
Abuso sexual: la interminable cascada de denuncias

El pasado 25 de octubre, frente al Ministerio de Educación en Quito, se llevó a cabo un plantón de activistas y familiares de víctimas de abuso sexual en planteles.

Dos casos evidencian que, pese a las denuncias de presuntos abusos, maestros y rectores siguieron en funciones o fueron trasladados a otra institución. Algo que contradice al exministro de Educación, Augusto Espinosa, quien aseguró que durante su administración había la disposición de que a la menor sospecha de abuso sexual se debía separar al docente del contacto con los estudiantes. Las cifras de violencia sexual en las instituciones educativas recién empiezan a destaparse: acoso sexual se registró en el 50,4% de los casos; el abuso sexual en el 36,4% y la violación en el 11%.

Los planteles educativos no son espacios seguros. Así lo afirman padres de familia, abogados y activistas. Las cifras también hacen su parte: 6 de cada 10 estudiantes han sufrido algún tipo de violencia en estos espacios, según el Ministerio de Educación. Sobre abuso sexual se estiman 882 casos entre 2014 y 2017. Pero a raíz de lo sucedido en instituciones como Aampetra, Réplica Aguirre Abad y Mushuk Pakari (con decenas de investigaciones por abusos), las alarmas se prendieron. Desde entonces las denuncias sobre presuntos casos de violencia en los que están involucrados docentes y hasta rectores de las instituciones continúan.

Es el caso de una institución en Vinces. En una denuncia enviada por una maestra al ministro de Educación, Fánder Falconí, el 28 de agosto de 2017, ella narra lo siguiente: “La autoridad encargada (...)  acosa y pervierte a muchos estudiantes de la Unidad Educativa por lo que tiene una denuncia por abuso sexual a un estudiante (...) con indagación previa No. 120801815120083 y que mañosamente ante denuncias hecha en niveles superiores al Distrito (Coordinación Zonal) ha emitido un certificado en el que consta no tener antecedentes de delito alguno ante el pedido que han realizado autoridades y que mi persona con documento emitido por la Fiscalía desmiento y compruebo lo dicho”.

6 de

cada 10

estudiantes han sufrido algún tipo de violencia en estos espacios, según el Ministerio de Educación.

En efecto la denuncia llegó a la Fiscalía de Vinces por presunto abuso sexual. El denunciante fue un padre de familia, quien narra que en marzo de 2015 conoció de los hechos. Explica que accedió a una conversación entre el profesor (cuando aún no era rector) y su hijo en Facebook. “Es ahí donde me entero que este sujeto hoy denunciado ha abusado de mi hijo desde los 13 años de edad y posiblemente él le facilitaba la droga, tanto así que he tenido que solicitar ayuda a la Dinapen en varias ocasiones para rescatarlo y ponerlo en una clínica de rehabilitación”.  La denuncia fue conocida por la fiscal Liliana Delgado de la Fiscalía de Vinces, en la provincia de Los Ríos, quien el 11 de octubre pasado pidió el archivo de la causa a la jueza Letty Zambrano, quien se pronunció en no estar de acuerdo con la decisión y elevó la consulta al Fiscal Provincial de Los Ríos, a fin de ratifique o rectifique la solicitud de archivo.

Sobre la denuncia, el rector quien también ha sido denunciado por supuesta agresión contra la maestra, afirmó a Plan V que en el caso de abuso no hay ninguna prueba en su contra. “Es una patraña política para desprestigiar el trabajo que he venido haciendo para la juventud vinceña. Hay un grupo de maestros, específicamente 5, que no toleran el cambio que ha habido. Ellos hacían lo que les daba la gana, no pedían permiso para salir a la institución, dejando botando a sus estudiantes, donde se no cumplía el plan de contingencia. Me gustaría que investiguen años atrás cómo era la institución: ¿en qué administración murió una niña con droga en la institución? Se han metido en mi vida privada y en mi administración. Tengo el respaldo con firma de 45 de 50 docentes de respaldo y apoyo a mi administración”.

Pero mientras continúan las investigaciones, el rector sigue en funciones. Según el protocolo de acción inmediata ante casos de violencia sexual que establece el Ministerio de Educación, después de identificada la situación esta se informa al rector y al departamento de consejería estudiantil (DECE), si estos no son los agresores. El DECE elabora un informe y lo comunica a los representantes legales. El caso se deriva a un hospital en caso de emergencia y se realiza la denuncia máximo en 24 horas en la Fiscalía y en los Distritos de Educación, para que luego las autoridades hagan un seguimiento a la investigación y de las medidas de reparación. Para el abogado Wladimir Andocilla, quien ha investigado el tema en las instituciones, hay dos falencias en el protocolo: no hay un sistema de protección a la víctima y el rector y el DECE son los que hacen las denuncias. “¿Qué pasa cuando el rector está involucrado?”, se pregunta. Para él existen cabos sueltos que permiten que los casos no se conozcan o traben las investigaciones.

En Vinces un rector fue denunciado por abuso. La fiscal de Vinces pidió el archivo de la causa a la jueza Letty Zambrano, quien se pronunció en no estar de acuerdo con la decisión y elevó la consulta al Fiscal Provincial de Los Ríos.

¿Por que no se separaron a los docentes con estas denuncias del sistema? Es una de las preguntas que más ha perseguido al exministro de Educación, Augusto Espinosa, quien estuvo en esa cartera desde mayo de 2013 hasta noviembre de 2016 cuando se candidatizó para asambleísta y ganó. En una entrevista con diario Expreso, aseguró que la disposición era que a la menor sospecha de abuso sexual se separe al docente del contacto con los estudiantes. Agregó que “está recabando la información de cuántos docentes fueron separados”. “¿Usted como ministro no lo supo? ¿recién está recabando información ahora?”, le preguntó el periodista de Expreso, Roberto Aguilar, a lo que Espinosa respondió: “No supe y estoy recabando esa información. Había una disposición muy clara”.

Pero las cifras recién han empezado a destaparse. Ante la presión pública, el Ministerio levantó 5.511 encuestas a estudiantes del octavo y décimo de educación general básica, y de primero a tercero de bachillerato en 126 instituciones educativas a escala nacional para conocer sobre esta situación. La muestra incluyó estudiantes de instituciones educativas pequeñas, medianas y grandes de la sierra, costa y Amazonía; a su vez se consideró los niveles de sostenimiento: fiscal, fiscomisional, municipal y particular, tanto de áreas urbanas como rurales.

Fue así que se logró tener un diagnóstico actualizado de un problema que ha avanzado silencioso en los establecimientos. El resultado: 882 casos denunciados entre 2014 y 2017. De ellos, 236 (26.76%) se dieron en el Distrito Metropolitano de Quito, que corresponde a la Zona 9. La siguiente zona con más casos es la N.4 (Santa Elena, Bolívar, Los Ríos y Galápagos, Guayas, excepto los cantones de Guayaquil, Samborondón y Durán). Allí se registraron 149 denuncias (16,89%). Le siguen la zona 4 (Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas) y la zona 1 (Esmeraldas, Imbabura, Carchi, Sucumbíos) con 98 y 93 casos respectivamente. Esos como los lugares con mayor incidencia del problema, según el sondeo. Por años, el mayor número de denuncias se registraron entre el 2016 y el 2017 con 389 y 391 casos, respectivamente. En el 2015 hubo 88 y en el 2014, 9.

Un profesor fue denunciado en cinco ocasiones por presunto abuso sexual en una institución en Alausí. De las cuales dos llegaron a juicio y las otras tres están en investigación. Mientras enfrentaba esos procesos legales siguió como profesor.

La encuesta también evidenció los delitos más recurrentes en cuanto a violencia sexual:  acoso sexual se registró en el 50,4% de los casos; el abuso sexual en el 36,4% y la violación en el 11%.  Además de las 882 denuncias, el 63,6% de los casos el implicado fueron personas vinculadas al sistema educativo. De esta cifra, el 51% corresponde a maestros, siendo este el grupo mayoritario.

A este grupo pertenece Salomón T., un profesor de 48 años de edad, del colegio Juan Francisco Yerovi, de la parroquia rural Tixán, en Alausí. Su caso ha causado revuelo e indignación. Fue denunciado en cinco ocasiones por presunto abuso sexual en esa institución. De las cuales dos llegaron a juicio y las otras tres están en investigación. Hace tres meses recibió la condena de prisión por 18 años, 9 por cada menor abusada. El hecho ocurrió en el año lectivo de 2015 - 2016 contra alumnas del cuarto año de básica, según confirmó el fiscal del caso, Javier Ochoa Cárdenas, a Plan V.

Pero antes de que sea sentenciado y mientras enfrentaba los procesos judiciales, Salomón T. fue trasladado a otra institución, en Chunchi. Paolo Merchán, quien estuvo en la Junta Cantonal la Protección de Derechos de esa localidad, recuerda el caso. El profesor llegó en el 2016 a la Unidad Educativa Santiago de Chile, ubicado en un lejano y pequeño caserío llamado Magna. Es una escuela que ni siquiera tiene una línea telefónica. Hasta la Junta llegó una madre con la denuncia; ella aseguró que el profesor se orinaba frente a sus alumnos y les pedía que le tocaran los genitales.

Fue entonces que al investigar, la Junta supo que el maestro tenía un proceso penal. “Aunque tenía denuncias penales en Alausí seguía trabajando en Chunchi. Nunca lo separaron de la nómina de profesores. Cuando lo denunciaron en Magna lo sacan de la institución, pero lo ponen a trabajar en algo administrativo en las oficinas del Distrito. Ahí creo que hubo falta también de la Fiscalía porque debía pedir medidas cautelares para que esté fuera del plantel educativo”, contó Merchán a
Plan V.

Pero después de que hiciera la denuncia, la madre volvió a la Junta para retirarla. Merchán relata que la señora le informó que ella junto a otras madres que estaban reclamando por el profesor llegaron a un acuerdo con el Distrito de Educación de Alusí-Chunchi. En una página con fecha del 9 de marzo de 2017 se lee que el “acta de compromiso” fue firmado en el aula de audiovisuales con madres y representantes de estudiantes de octavo, noveno y décimo junto con la psicóloga de la institución. Allí manifiestan que no acudirán al Hospital de Chunchi con los menores y que lo único que piden es que se cambie al profesor de institución. Según Merchán, el hospital les quedaba muy lejos y nunca le permitieron que un psicólogo del hospital ingrese a la institución.


Acta de compromiso en la que los padres en Chunchi, cantón de Chimborazo, desisten de la denuncia contra un profesor con la condición de que lo cambien de institución.

-¿Por que no se separaron a los docentes con estas denuncias del sistema? Es una de las preguntas que más ha perseguido al exministro de Educación, Augusto Espinosa, quien estuvo en esa cartera desde 2013 hasta 2016.

La hoja finaliza con la firma de siete padres y madres. Merchán asegura que el documento es verdadero y que llegó a la Junta desde el Distrito. “Es un papel donde el Distrito solo le hace firmar a los padres de familia, pero no hay el nombre de ninguna autoridad. Los padres son analfabetos. (El Distrito) lo  envió a la Junta , yo viví eso en carne propia”.

Plan V se contactó con el Distrito de Alausí y Chunchi, donde un funcionario dijo que sobre el caso la única persona autorizada para hablar era Carolina Báez, directora de la Coordinación 3, en Ambato. Plan V llamó a Báez, pero dijo que era necesario agendar una entrevista con su comunicadora porque no tenía la documentación en el momento de la llamada. La respuesta al pedido de entrevista aún está pendiente. Sin embargo, el fiscal de Chunchi, Javier Ochoa, confirmó a Plan V la existencia de esa denuncia que fuera remitida por la Junta. “Es una denuncia que no llegó el Distrito sino por la Junta”, reiteró.

Pero las denuncias continuan. Glenda Soriano, presidenta de la Unión Nacional de Educadores de Guayas, aseguró tener al menos 50 denuncias que involucran a docentes en funciones en casos de violencia en esa provincia. De estos, 22 casos están en Milagro. Por eso este gremio y asambleístas como Jeannine Cruz piden el juicio político para el asambleísta Augusto Espinosa. “Se mantienen en las instituciones como ocurre en Guayquil, en Milagro. O lo que ocurre, por ejemplo, en Chone donde una maestra denunció un abuso sexual y ahora ella tiene un sumario administrativo”.

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